La orden de la juez María Cubría ha marcado un punto que posiblemente tenga muy difícil repetición, colocar a fantoches de papel frente a un espejo insoportable. Baltasar Garzón dijo ya hace meses que esta guerra sólo la puede ganar la ciudadanía volcada en un objetivo común, ahora alcanzable. No podemos delegar ni descargar en otros, que pueden fallar, lo que nos corresponde a todos, a cada uno sin excusas. Todo apunta a que el Gobierno, con igual torpeza que ha echado gasolina al fuego del independentismo (por muy utópico e irreal que sea), se atreverá con la insolencia de los bobos a impedir la extradición de esta veintena de criminales de Derecho Humanos cuya presencia es reclamada por la Corte Suprema Argentina. Ya vimos impotentes lo que ocurrió con la farsa de los torturadores, Muñecas y “El Niño”; un juez desganado se limitó a preguntarles si querían ser extraditados. Antes ya había prosperado la falacia de todos los sinvergüenzas, todo está prescrito y, en todo caso, tenemos una Ley de Punto Final dictada para sacar a los rojos de la cárcel pero interpretada como amnistía sin paliativos y reconciliación de opereta. En realidad nadie del bando criminal se arrepintió nunca ni la judicatura limpió sus cloacas del TOP, para ellos y los suyos. Todavía recuerdo al suegro del ínclito Ruíz-Gallardón, Utrera Molina, disfrazado con la camisa azul mahón arengando a los suyos. Es evidente que en la alta magistratura todavía se huele a naftalina sin ventilar.
Con este escenario casi nadie duda de que, o bien por decisión directa del Gobierno (para evitarles el paseíllo a los encausados y no alterarles su siesta de golpistas vencedores) o por la repetición de la pregunta retórica formulada hace unos meses por el magistrado Guevara a los torturadores, se confirmará la invalidación de la parte sustantiva de la Justicia Universal y el trabajo de miles de víctimas en pos del Derecho Penal Internacional.
Ante esta situación sólo nos cabe la movilización ciudadana contundente. Las razones son muy claras; todas las maniobras tendentes a invalidar la orden internacional de arresto contra estos delincuentes de Delitos Permanentes, y por tanto imprescriptibles, se teñirá con la ignominia de los delitos conexos de Encubrimiento y/o Complicidad. Al igual que el acto prevaricador protagonizado por todos los que rubricaron la anulación de Acuerdos Internacionales suscritos solemnemente por el reino de España en materia de Justicia Universal, ahora tenemos la base inculpatoria evidente si finalmente se ampara la impunidad de esta veintena de viejos fascistas con argucias leguleyas.
La campaña nos la ponen en bandeja. Acusar ya sin tapujos a los cómplices y encubridores de beber en la fuente emponzoñada del franquismo y exigir su encausamiento, aquí o fuera. Veremos entonces el ridículo de unos teóricos gobernantes de pandereta eludiendo viajes internacionales por miedo a ser detenidos por la Interpol.