Para Roberto Vegas, secretario general de Izquierda Independiente, los informes de la inspecciones de los días 3 y 19 de febrero dan credibilidad a las deficiencias denunciadas por el partido, lo que confirma que no es un simple conflicto laboral.
“Estamos convencidos que los trabajadores cumplen con sus obligaciones y que puede que la empresa cumpla el pliego de condiciones, aunque con los datos obtenidos no se puede afirmar. Por eso señalamos como responsable principal de esta situación, no a la empresa concesionaria sino a la Comunidad de Madrid por hacer un pliego que no respeta la ley que estableciendo unas ratios de ancianos por gericultor superiores a los legalmente establecidos en la resolución del 2 de diciembre del 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención de la Ley 39/2006, lo que supone que haya menos personal del necesario y exigible. Podemos estar de acuerdo con la Consejería en la imposibilidad de evitar en un 100% los incidentes y caídas en los centros de mayores, pero podremos minimizarlos teniendo el número de gerocultores preciso. Para eso se requiere además de otras cosas una sensibilidad con nuestros mayores de la que parece carecen”, afirma Roberto Vegas.
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