Inicio Opinión Una Estrategía para Oponerse a la Agresión de la Caverna .

Una Estrategía para Oponerse a la Agresión de la Caverna .

14/10/13. Es lamentable que se tenga que recurrir a un término que pensábamos ya superado, el de la caverna para identificar el núcleo duro que maneja los hilos que han cristalizado en la ruina colectiva de millones de víctimas financieras. Se equivocan, o mejor intentan confundir a la opinión pública, quienes se empeñan en culpabilizarnos por “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”, o apelar a una “herencia envenenada” cuando para herencia en realidad insoportable la que dejarán durante generaciones estas marionetas del poder.

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Con la perspicacia que aporta la larga experiencia política y las ideas claras, tenemos que volver como hace Julio Anguita al plano del marco legal que tan a menudo esgrimen quienes no lo cumplen en absoluto, la Constitución de 1978. Lo que sigue es un retorno al espíritu de ese marco legal que, al fin y al cabo, solo reproduce parcialmente principios básicos de Macroeconomía que los máximos responsables de aplicar desde el Gobierno se empeñan en ignorar, a pesar de que se escuden en una pretendida especialización académica cada día más pisoteada por estos impresentables ministros de la cosa.

Artículo 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Causa sonrojo ajeno comprobar cómo en aspectos esenciales, como es esta idea de la dignidad de la persona y la apelación significativa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos es hoy poco más que humo para los bien pagados representantes de los Público en España. Desde luego la política Social y Económica que está arbitrando este Gobierno vulnera de forma grosera estos principios constitucionales. ¿Es respeto a la dignidad de la persona el dejar sin fondos asistenciales a los más desfavorecidos, disminuidos, o a las familias expulsadas del mercado laboral, o condenadas a la mendicidad?
Estamos ante una situación equívoca que no tiene solución, a pesar de que el Gobierno en pleno asegura continuamente que estos Presupuestos del 2014 son los de la reactivación económica.

Un ejemplo nos pondrá delante del espejo. Suponemos que España es una granja en la que ha existido un cambio del titular, asegurando el nuevo dueño que va a aumentar la productividad lechera de las vacas, y que al tiempo va a ahorrar ingentes cantidades de dinero en pienso. Para cumplir su promesa cada día detrae una parte del pienso con el que se alimentan las vacas, pretendiendo que, al mismo tiempo aumente la producción lechera y la calidad de la misma. No hace falta haber estudiado en Oxford para adivinar que al final de un corto período de tiempo el granjero intentará ordeñar a las vacas cuando hayan fallecido de inanición.

Parece razonable exigir a los productores de bienes y servicios, que precisamente obtienen sus ganancias de vender esos productos a una población determinada, reviertan una parte de esos beneficios en mantener el nivel económico de esos consumidores para que sus ventas, al menos, se mantengan. Los impuestos sobre las ganancias persiguen precisamente esa redistribución para mantener el flujo del capital circulante en la economía real. Pero si una parte muy importante de los beneficios se desvían hacia la especulación financiera e inmaterial, el empobrecimiento progresivo de los consumidores hará resentirse inevitablemente el consumo, los impuestos y la recaudación inherente al consumo. Si a eso unimos una Reforma Laboral leonina, que permite el despido libre, la reducción brutal de los salarios reales, la disminución progresiva de la recaudación para la Seguridad Social y le unimos un brutal fraude fiscal por parte de las grandes fortunas y capitalistas especulativos sin control, la receta no se puede presentar como éxito en absoluto salvo que consideren imbéciles a los ciudadanos.

En estos momentos las bolsas de fraude a la Seguridad Social se hacen con total impunidad, incluso cotizando una hora al día (por si por descuido se presenta un inspector despistado) en trabajadores contratados a tiempo parcial, aunque trabajando en jornadas incluso superiores a las normales. En este panorama el sostenimiento de las pensiones es imposible y ha permitido el latrocinio del Fondo de Garantía de las Pensiones para atender otras obligaciones financieras del Estado.    
Esto es lo que dice literalmente la vigente Constitución en ese aspecto.

Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
De un repaso somero del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado se deducen varias graves discordancias. Aquí, para los fines propuestos, solo se cristalizarán en preguntas que deberían ser contestadas por los parlamentarios que apoyen este Proyecto.

¿Puede el Gobierno acreditar de forma creíble que ese 1%, que detenta el 98’80 % de la Renta Nacional, va a aportar la parte que le corresponde en justicia “mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, al sostenimiento de las Finanzas Públicas?

¿Es equitativo y justo que las SICAVs coticen el 1%, cuando lo hacen, mientras un trabajador ve gravadas sus rentas del trabajo casi 25 veces más en algunos casos? Las mafias de las finanzas, mal llamadas mercados, han hecho realidad la premonición doble de Marx, que el capitalismo lleva en sus genes su propia ruina (y la de una humanidad consumista) y que el gran chantaje es ese “ejército laboral de reserva”, los parados dispuestos a aceptar cualquier trabajo esclavo con un salario de hambre, sea una realidad.
  
¿Es justo y equitativo que la Iglesia Católica (su jerarquía) recibiera 11.000 millones de euros, libres de impuestos, mientras a los jubilados se nos impone un ridículo incremento del 0’25% para la eternidad, mientras las patatas suben el 44% y se sacan del IPC los incrementos de electricidad, del transporte o carburantes?  
Es una máxima en un estado de derecho, para garantizar la seguridad jurídica, que los contratos obligan a ambas partes cuando son suscritos de buena fe; la premisa conocida como “buena fe contractual” y que, entre otras cosas, obliga a que sus cláusulas no pueden ser modificadas por una de las partes. Ese condicionante está reforzado en el caso de los contratos de seguros. Todo el que empezó su vida laboral cuando estas condiciones eran la base del tráfico contractual convencional suscribió con el Estado un seguro que obligaba a que al trabajador se le detraía de forma automática de su salario una cuota obligatoria para mantener vigente ese contrato, tanto en sus aspectos sanitarios vitalicios como para garantizar su futura pensión. La cuantía de esa pensión era reconocida formalmente en el momento de pasar a clase pasiva, con el compromiso vinculante se revalorizar anualmente en función del IPC del ejercicio anterior, lo que quiere decir que eran incrementos de costes ya soportados por los jubilados y que quedan de esta forma, en aplicación de ese pacto explícito y literal, incorporados a la nueva base de la pensión.

Ahora este Gobierno, con prepotencia absolutista, modifica unilateralmente ese contrato se seguros vitalicios, pensiones y enfermedad, despreciando la opinión de la otra parte contratante, es decir los asegurados tanto pensionistas como enfermos, incluso los crónicos que en muchos coinciden.Veamos cómo se garantizan estos derechos en nuestra Constitución.
        
Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Está claro que este Proyecto de PGE, en su redacción actual, vulnera de forma clara principios fundamentales de la vigente Constitución. Está claro que, de imponerse el rodillo del PP para sacar adelante estos Presupuestos, estaríamos abocados políticamente a su denuncia por inconstitucionales, lo que pondría al actual Gobierno del PP frente a su peor alternativa.

EL OLVIDADO, POR RUINA PROVOCADA, CAPITAL HUMANO.

Cuando hacíamos nuestras primeras incursiones en Economía Política, se ponía especial énfasis en que el factor fundamental en la cadena productiva era el Capital Humano, que junto con el Capital Financiero-Empresarial, constituía la base imprescindible para la productividad. Sin un fuerte capital humano, cualificado y constantemente actualizado en sus conocimientos y técnicas, se consideraba que no era posible hablar de productividad de la economía real, la de producción y dinamización de la riqueza de un país. Embobados con el falso señuelo de la Economía Financiera, que especula con humo (y como tal se volatiliza a capricho de los grandes manipuladores de los mercados, esencialmente de los inmateriales) se han despreciado las bases de la economía real, la que inyecta capital sustantivo a la sociedad. Los departamentos empresariales de Recursos Humanos son un mero adorno, en los que priman más las componendas imaginativas y los enchufes que la valoración acreditable de unos Recursos, los Humanos, que parece que han perdido su valor como armazón real de las empresas y han pasado de ser “valores intangibles”, pero esenciales, a considerarse “valores inmateriales”, y por tanto invisibles a todos los efectos. Deriva suicida.

¿Cómo se puede hablar en serio de competitividad, incluso como recurso último de una exportación de calidad competitiva en los mercados, cuando el capital que la hace posible, el capital humano, es degradado hasta niveles de pura supervivencia y los trabajadores pasan de acumular un valor cualificado (que se traducirá en un producto de valor añadido) a ser simples números intercambiables de valor residual? ¿Cómo se puede tener la osadía de apelar a incrementos fantasmales de salarios que, en realidad, están siendo reducidos a su mínima expresión con la absurda falacia de que así, por la vía de la degradación salarial (le llaman “contención”, cuando de lo que hay que contenerse es de no mandar a la mierda a estos fantoches) se va a llegar a un futuro desahogado, que solo los embaucadores están avizorando en un horizonte de cincuenta años? En una reducción real de los salarios del 4% y un incremento del coste de la cesta de la compra de los productos básicos (no de caviar ni de yates) que supera con mucho el 10% ¿cómo se le puede aplaudir a un ridículo ministro que se permite hablar de “moderado incremento salarial” cuando se está preparando otras vueltas de tornillo para depreciar las pensiones (después de vaciar la caja del Fondo de Reserva para esos fines) y la destrucción intencionada de industrias enteras generadoras de riqueza, cultural y real? 

Hay conceptos, como el de empresa, que implica a trabajadores con una sólida cualificación, empatía con su empresa (de la que se sienten parte sustancial) a cuyo lado el papel del empresario es el de un mero gestor, muchas veces un especulador coyuntural poco o nada interesado en la conservación de esa actividad que, por el contrario, es vital para un capital humano del que en realidad desconoce incluso en su potencial.
 
Hay que confiar que nuestros mecanismos participativos sindicales y políticos pueda reconducir este panorama ruinoso a un terreno social y políticamente normalizado.

Y una apelación final a quien ha defraudado completamente a los votos recibidos en base a unas falsas promesas no solo incumplidas sino giradas negativamente en redondo:
Señor presidente del Gobierno de España, usted juró, en su toma de posesión todo lo solemnemente que pudo y supo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Uno de los principios fundamentales de esa Constitución implica respetar la dignidad de los ciudadanos; ¿es digno el trato que los trabajadores, las amas de casa, los consumidores, los contribuyentes, los asalariados, la Cultura, la Docencia, los pacientes y, salvo las clases privilegiadas,  están recibiendo? ¿Está siendo el Estado, del que ustedes son ahora los ejecutivos (parece que en realidad son los ejecutores/liquidadores  del Estado de derechos sociales que esa Constitución consagra) un eficiente redistribuidor de las rentas disponibles, tal como consagra también esta Constitución que solo usan como ariete contra los que no secundan sus políticas reactivas/liberales? El incremento, por otro lado ridículo, del empleo precario y esclavo a salarios de hambre ¿es todo lo que su maldita Reforma Laboral ofrece? Con los datos reales en la mano su estrategia lo único que ha traído a este país es más pobreza y un incremento brutal de la brecha entre el 1% más rico y el 99% de la ciudadanía, que además es la que está soportando el saneamiento de la banca a coste cero para los privilegiados, los rentistas y los fondos buitre internacionales. Usted ha elevado la Deuda Pública española desde el 56% al 100% actual. Ese es su verdadero legado insoportable para el futuro inmediato. Y desvalijar de forma impune el Fondo de Garantía de las Pensiones sin dar ningún tipo de explicación convincente.

Sí, señor presidente, en España hay dinero a pesar de sus lamentaciones y las de sus plañideras oficiales, pero está en las manos equivocadas.
    
Si usted, sus ministros y esa mayoría de comparsas que le acompañan en el Congreso, no son capaces de afrontar con la dignidad propia que esta Constitución consagra, tiene la obligación urgente de disolver las Cámaras y convocar de inmediato elecciones generales. El pueblo no soporta ni un día más su inutilidad para resolver los problemas urgentes de la ciudadanía. Y, por favor, no vuelva a cometer la torpeza de creer que una mayoría de los ciudadanos somos ingenuos; en este pueblo sabio hay más inteligencia de la que se imagina y de la que sus asesores le convencen con encuestas, que señalan a una mayoría dócil dispuestos a otorgarle una confianza que en absoluto merecen, como demuestran a diario. Por encima de los sobres y los números hay personas con inteligencia y ética, mucha más de la que las proyecciones parecen señalar.

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