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Un Contrato Social para el Siglo XXI

15/6/14. En estos días hemos asistido a una especie de griterío, legítimo es cierto pero griterío al fin y al cabo, coincidiendo con un acto reglado ya previsto en nuestro marco legal que, nos guste o no, es el referente actual para el caso de renuncia a la Jefatura del Estado por parte de su titular constitucional.

por Izquierda Independiente

Desde la convicción y utopía republicana se plantean muchas cuestiones que no están resueltas siendo la más importante y urgente el ponernos de acuerdo en lo mínimo necesario para algo tan esencial como delegar el ejercicio del Poder Político. Desde hace años la ciudadanía española viene demostrando de forma reiterada que no menos del 62% del cuerpo electoral tiene profundas convicciones conservadoras, por no hablar del reducto que en el seno de esa mayoría ciudadana es directamente reaccionaria. No hay nada más que remitirse al perfil de

De eso y de una estrategia para consensuar unos mínimos requerimientos democráticos para delegar ese Poder y que, al tiempo que representativo, sea transmisor legitimado de las demandas, carencias y consolidación de derechos, que hoy demandan de verdad los ciudadanos. 

Es este el momento de que pasen a un segundo plano los sanedrines que organizan sus objetivos, en formato de "programa electoral" de su partido político, para ofrecer como mercancía electoral precocinada y abrumadoramente incumplida.   De eso y de una estrategia para consensuar unos mínimos requerimientos democráticos para delegar ese Poder y que, al tiempo que representativo, sea transmisor legitimado de las demandas, carencias y consolidación de derechos, que hoy demandan de verdad los ciudadanos. 

Es este el momento de que pasen a un segundo plano los sanedrines que organizan sus objetivos, en formato de "programa electoral" de su partido político, para ofrecer como mercancía electoral precocinada y abrumadoramente incumplida. 

El principio que sustenta la Democracia de que la Soberanía reside en el Pueblo, sujeto originario de todo Poder, quien la delega  su gestión en Representantes Políticos, legitimados mediante el Sufragio Universal, principio que ha sufrido tal deterioro práctico que corre el peligro de ser un decorado de cartón piedra para ocultar una realidad que ya hace tiempo cambió a sus actores. Las nuevas generaciones claman, sin apelar a tanto formalismo de Teoría Política, por participar de forma efectiva en los procesos electorales y sobre todo en las consecuencias prácticas para nuestras vidas. Pero las recientes elecciones al Parlamento Europeo son una prueba evidente que la parte más importante de aquella máxima no se cumple, al memos en la dimensión que se le debería suponer. Con otras consideraciones de mayor calado, que serán el objeto de estas líneas, gravita el hecho paradójico de que, bajo la creencia electoral de que se han votado representantes populares en el ámbito europeo para una Cámara teóricamente legislativa, en realidad el Parlamento sólo sirve de caja de resonancia formal para refrendar, matizar o rechazar lo que propone el Consejo de Europa en las materias que nos condicionarán legalmente. Es el Consejo, reflejo de la voluntad legislativa de los Estados miembros, quien elabora y promueve las auténticas iniciativas legislativas, que además obedecen lógicamente a los intereses retardados de los Gobiernos nacionales. ¿Sirven entonces para marcar la agenda legislativa las propuestas electorales recogidas en los respectivos programas electorales? Sólo en la medida de que los políticos que detentan el poder de los Gobiernos nacionales sean más o menos sensibles a esos programas electorales europeos.

La pregunta a la que trata de responder esta reflexión es, ¿tenemos fórmulas para articular una auténtica participación ciudadana que haga efectiva la máxima arriba expresada, en todas las instancias que están llamadas a condicionar la realidad política? Esa fórmula deberá contar, como elemento fundamental y condicionante, que en la cúspide de ese Poder Legislativo se posaron hace muchos años unas aves de rapiña a quienes nadie había convocado: los detentadores del Poder Financiero, que mudó sus estrategias desde la Economía Real (la que crea puestos de trabajo y riqueza material) a un campo inmaterial y prácticamente incontrolable como son los tremendos flujos financieros especulativos.

Para comenzar con lo que debiera ser el marco condicionante de todo ese edificio del Poder efectivo, Legislativo y Ejecutivo, tendremos que acudir a una fórmula que abrió la puerta a la Modernidad: el Contrato Social. Los principios filosóficos que idearon ese Gran Pacto para hacer realidad la máxima inicialmente señalada fueron los mismos que estuvieron en la base de la Revolución y, más tarde para darle savia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conviene pues tenerlos presentes si queremos remozar para este siglo lo que constituye la base civilizatoria de convivencia social. 

El cimiento de todo ese edificio de la convivencia política reside en una relación consensuada entre la ciudadanía, como depositaria original de la Soberanía Popular en los depositarios temporales de ese Poder de ejercicio, los Representantes legítimos como Parlamentarios. A la vista de la degradación actual de esa delegación parlamentaria, el primer punto que ha de tratarse de poner con claridad encima de la mesa, en ese deseable y renovado Contrato Social es sin duda el alcance, calidad, ejercicio y acreditación de esa delegación de Poder. Y este diseño consensuado de los mecanismos de delegación periódica y control de esa representación parlamentaria es lo que la actual ciudadanía está exigiendo con su voto de protesta (en blanco o nulo), el desistimiento en el ejercicio de sus derecho de sufragio (abstención) o la deriva hacia opciones políticas que se pueden calificar de oportunistas, populistas, políticamente sin viabilidad o de simbolismo dudoso por corresponderse con propuestas carentes de sentido (“silla vacía” ó X), si tenemos en cuenta el principio indicado.

Para que los ciudadanos puedan ser conscientes del ejercicio responsable de su empoderamiento político deben ver reflejado en un programa común, transversal, transparente y que recoja con nitidez sus carencias, objetivos y la defensa de sus derechos, tienen que tener garantías ciertas de que ese Programa Cívico Común será el referente de todas las opciones políticas que merezcan esa delegación de Soberanía. Para que esa delegación de Gestión Política tenga el rango de Contrato Cívico debe tener, irremediablemente dos características fundamentales: la transparencia en su ejercicio y la rendición periódica fehaciente de esa gestión éticamente intachable. Al tener calidad de Contrato Público la contrapartida esencial es sin duda el derecho regulado del Principio Revocatorio, única garantía que tienen los ciudadanos electores de revocar su mandato cuando tengan evidencias de un mal uso de esa Delegación Apoderada. 

No es ésta, aunque lo parezca, una propuesta ni revolucionaria ni utópica, ya que tiene en sus mimbres la savia de un pensamiento político con tres siglos de antigüedad y que, a su vez, bebió en las fuentes originarias de la Democracia Participativa. La gran diferencia es que los atenienses nunca pudieron ni soñar con disponer de herramientas como las conexiones hoy existentes y la potencia de redes ciudadanas para las que la distancia no es un problema insalvable. Dejar nuevamente en manos de “expertos” el diseño de algo tan vital como los mecanismos por los que nos vamos a regir y los acuerdos para hacerlos efectivos, sería nuevamente suicida. El espacio que no ocupen los ciudadanos, que sostienen al Estado, sin duda lo ocupará la Mano Invisible del Capital Especulativo sin Barreras. Ponerle controles racionales a esa apisonadora internacional es nuestro derecho y deber.

 

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