El segmento poblacional más informado sabía que la promesa estrella del PP de “crear empleo” era un simple fuego de artificio, un destello oportunista sin base alguna. Pero surtió el efecto de una mala publicidad, engañar a un número suficiente de ingenuos que se unieron esperanzados en… la nada. No hay atajos para salir de un barranco de estas dimensiones ni la varita mágica para crear empleo de la nada, por mucho que la llegada de un taumaturgo se presente como el bálsamo de Fierabrás el que, con su sola invocación, podía generar una corriente imparable ¿de confianza?. Después se ha mostrado con su verdadera cara, aunque antes no fuese un misterio. En su conjunto el equipo ministerial se ha acreditado como unos consumados trileros vicarios, al actuar siguiendo unos dictados (de dictadura germánica) que les hace irresponsables, mucho más allá de un seguidismo obligado por circunstancias planificadas externamente.
Ya veníamos de una agresión continuada, aunque mucho menos grosera y agresiva, que estaba minando las estructuras básicas e indispensables de un mínimo estado de bienestar, pero esta voladura sin conciencia cívica (controlada por agentes externos, y por lo mismo inalcanzables en su parcela blindada y ademocrática) está arrasando irremediablemente con la propia esencia de España, tal como durante décadas la hemos reconstruido. Las impúdicas y ofensivas risas de los ministros, mientras desgranan toda una serie planificada de violaciones masivas, contribuyen a la desazón de la ciudadanía que ya no tiene fechas libres para protestar en las calles. Ante la inutilidad de las protestas ciudadanas se está instalando una desconfianza creciente que afecta a las propias estructuras representativas del Estado. La impotencia desesperada se mezcla sin solución de continuidad con un estado de ansiedad (no se vislumbra salida posible con estos mimbres) y se extiende la resignación ante lo que parece insoslayable.
Por un mal entendido oportunismo político se consintió sin oposición el que la Enseñanza Pública fuera la sirvienta pobre del negocio particular en esa parcela esencial, mediante el concierto con entidades privadas y sobre todo con la permanente presencia ideológica de la Iglesia Católica, blindada, al parecer para la eternidad, por unos ilegales Acuerdos pre democráticos. Con ser esto un sinsentido en un país que se pretende moderno y superador de añejos privilegios de casta, lo que hoy ya ha colmado todo lo admisible es la liquidación, vía privatizaciones al más espabilado, de la en otro momento envidiable Sanidad Pública de España.
Cuando parecía que la venerada (por sus ultras incondicionales) Esperanza Aguirre se retiraba por ciertas discrepancias nunca publicadas, aparece en escena un gris aprendiz de bruja que, como continuidad de una estrategia ya conocida, ha dictado por sorpresa (de forma antidemocrática) normas para liquidar definitivamente la red hospitalaria madrileña. El modelo ya ha fracasado en su fase experimental en Valencia (“modelo Alzira”), pero a esta tribu eso le debe importar un rábano. Ya se sabe que cuando a uno de estos individuos lo colocas en un carril, el carril se acaba pero ellos siguen hasta que se matan; lo malo en este caso es que nos matan en masa al parecer con total impunidad, ya que con lo que están jugando es nada más y nada menos que con la seguridad sanitaria de todo el pueblo, incluso con la de sus dóciles y manipulados electores. Eso es muy grave, tanto como intentar remover los muros maestros de un edificio planificados para sustentar toda la estructura, con el agravante de que existe una idea extendida (que se ha evidenciado en los casos de corrupción de algunos políticos) de que los medios públicos no tienen dueños, cuando en realidad es precisamente el polo opuesto, son de todos los ciudadanos y no tienen precio porque tienen un valor incalculable. Sólo el necio confunde valor y precio.
Nos encontramos por tanto en una vía muerta, con muy pocas y difíciles salidas normalizadas. Comprobada la inutilidad de la protesta ciudadana es preciso optar por el recurso legal, aunque las esperanzas sean mínimas. En este panorama ayuda muy poco el comprobar cómo ni siquiera se ha tenido en cuenta el espíritu constituyente que configuró España, en su etapa de regeneración democrática, como “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1.1 de la Constitución, 1978). Si, como reza el artículo 2, “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, ¿cómo se puede legislar en contra de las bases esenciales de supervivencia de ese pueblo soberano, obedeciendo además a intereses espurios, sin control cívico por ser ajenos a la ciudadanía española, contraviniendo frontal y radicalmente el contrato social (¡por favor, releer a J.J. Rouseau!) que le sirvió a Mariano Rajoy para alcanzar la dictadura del BOE?
Frente a ese despojo, al parecer impune, de todos nuestros recursos de supervivencia digna, ¿qué hacer? Una interpretación sociológica, literal y de sentido profundo, del principio básico constituyente trascrito nos lleva, irremediablemente, a exigir la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Esto, que puede parecer al lego una ocurrencia oportuna, tiene unas bases que hay que puntualizar. En primer lugar sobre la naturaleza estatal del objeto que está siendo objeto de enajenación por parte de grupos empresariales o personas con respaldo económico necesario como para apropiarse de unos recursos con alta rentabilidad, producto acumulado de los impuestos de los ciudadanos que contribuyeron durante años a construir y sostener una red hospitalaria orgullo nacional durante lustros. La expropiación del patrimonio público, vía privatización para beneficio de especuladores, tiene todas las características legales de una enajenación fraudulenta, en el doble sentido de la palabra, venta a precio de saldo de un bien colectivo, y de pérdida de la vergüenza por parte de los que se reputan como representantes del pueblo. Cuando los representantes de la Comunidad de Madrid convocaron un encuentro con empresarios (inversores era el nombre que se les otorgó en la convocatoria al hotel Ritz de Madrid) se les presentaron las ofertas como “oportunidades de negocio”. En ningún momento se mencionó para nada el concepto de “colaboración altruista en el sostenimiento de la Sanidad Pública Madrileña. Resulta de una evidencia grosera el constatar que los cuantiosos beneficios de esas operaciones de inversión empresarial lo son a costa de la salud de los enfermos madrileños. El nombre que eso recibe es un atraco canalla.
Se podrían acumular hasta el límite los argumentos que sostienen una acción legal al máximo nivel para que se arbitren los mecanismo legales para retornar, con el necesario resarcimiento por daños y perjuicios a sus legítimos propietarios, de los bienes patrimoniales sanitarios sustraídos de forma tan burda, bajo el falso paraguas de una crisis provocada por las propias tramas especulativas de los ladrones. En su afán de tapar lo que no es sino un robo con todos los agravantes, se presentó la falacia de que “la gestión privada es más eficiente que la pública”. A las pruebas hay que remitirse. Nunca una zorra fue buena guardiana de un gallinero.
Por lo expuesto parece evidente, necesario y urgente la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra:
“Han de ser reputadas a todos los efectos como contrarias al espíritu y la letra constitucional todas las normas de cualquier rango inferior a la Constitución que busquen despojar a los ciudadanos contribuyentes del producto de años de aportaciones para construir y mantener los instrumentos materiales e inmateriales, de investigación y humanos necesarios para los Servicios Básicos en Salud y Enseñanza Públicas. Ese despojo vía enajenación o privatización hay que reputarlo como contrario al principio básico del mantenimiento de elementos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene su asiento en la Constitución Española de forma explícita en su Título I”
La vía de recurso al Tribunal Constitucional puede parecer, y de hecho lo es, un camino lento y de incierto éxito, pero el golpe de efecto político es imprescindible en momentos como los actuales, de indudable efervescencia social. El Partido Popular, que quebró el principio de confianza accediendo al poder absoluto por medio de falsedades que ni siquiera ha intentado disculpar, incurrió por vicio sobrevenido en una ilegitimidad de origen (sesgo inducido de forma dolosa, aunque sólo penalizable sociológicamente) y para colmo, como diría Max Weber, con una permanente y contumaz ilegitimidad de ejercicio, que cada día reafirma con mayor descaro e impunidad.
