Según un comunicado de UGT-Madrid, esta medida está recogida en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento que el pasado día 17 fue remitido al Consejo Económico y Social (CES) para su consideración.
En dicho anteproyecto se autoriza al Canal de Isabel II para que constituya una sociedad anónima (49 por ciento) encargada de gestionar estos servicios hidráulicos.
Del 51 por ciento del capital restante, el 19 por ciento se destina a los municipios, que podrán enajenar el 17 por ciento, con lo que, tras la privatización, "sólo el 34 por ciento de los bienes del Canal tendrán titularidad pública".
El sindicato recuerda que la empresa cerró 2010 con unos 80 millones de euros de beneficios, y que unos 2.500 trabajadores "altamente cualificados" integran su plantilla.
Sin embargo, según denuncia, apenas se convocan oposiciones a plazas libres para sustituir los puestos vacantes por jubilación o baja, lo que lleva a UGT a considerar que el Gobierno regional está adecuando la relación de puestos de trabajo a un modelo de empresa "totalmente privada".
La Federación de Industria y de Trabajadores Agroalimentarios de (FITAG) de este sindicato añade a todo lo expuesto "otro problema": la búsqueda de beneficios que va a requerir una empresa privada.
Para esta Federación, la posibilidad de reducir la formación de los trabajadores o la desaparición de las campañas de concienciación ciudadana para rebajar el consumo de agua -"la empresa cobrará por cantidad de agua consumida"- son dos amenazas reales que verán cumplirse con la capitalización.
