Para ser exactos se debería identificar esta variante de falsa solidaridad como directamente egoísta. En un mundo tan interdependiente, con flujos financieros inmateriales que mueven miles de millones enmascarados en fracciones de segundo sin posibles controles ni fronteras (y libres de impuestos, es decir con total opacidad e impunidad para sus orígenes criminales de los capitales de referencia de esas fortunas exponenciales), los circuitos de esa economía de humo tienen tal nivel de vinculación con el delito (blanqueo de capitales y procedencias directamente delictivas) que por fuerza cada acción financiera ficticia provoca y trae causa de reacciones multiplicadas en cadena.
Por ser el ejemplo más próximo e influyente es obligado referirse a la Alemania surgida desde la caída del muro de Berlín hasta hoy. En el conjunto de la UE estamos hablando de una clara posición dominante, cuya avaricia económica ha introducido distorsiones que refuerzan su papel de moderno bucanero con patente de corso. Occidente, deslumbrado por las perspectivas de una Alemania reunificada y sus posibilidades industriales y económicas, se volcó en una acción coordinada de apoyo sin límites financieros. Ese nuevo actor principal europeo, que se perfilaba como la locomotora de un centro de poder formidable, contó con un colchón de fondos para superar los enormes retos de integrar a la antigua zona oriental que ya aparece como, no sólo amortizado sino incluso olvidado. Los herederos directos de aquellos beneficiarios exigen a los demás unas condiciones de financiación y déficit nacional impensables e imposibles para ellos mismos hace treinta años. Hoy el antiguo demandante de ayuda económica se ha tornado un implacable casero que incrementa sus beneficios industriales y bancarios a costa de la ruina calculada de lo que despectivamente califican como derrochadores desde la City británica, socios en la sombra de una especie de usureros reunidos a beneficio de inventario.
Las dos décadas finales del siglo XX asistieron, cegados por una ficticia “adaptación especializada a los mercados mundiales”, al desmantelamiento planificado de todo el tejido industrial, especialmente el español. La jugada que estaba enriqueciendo a la banca alemana, en paralelo al endeudamiento hasta la ruina irremediable de los países a los que ahora se mira por encima del hombro. Se les ha agrupados, para mayor escarnio, con acrónimo de PIGS (cerdos), es decir Portugal, Irlanda, Grecia y España. Como paliativo, y con estímulos de créditos fáciles a intereses artificialmente bajos, se estimuló una carrera desenfrenada de enladrillamiento irracional de todo espacio libre, edificable o no. De aquella diabólica combinación son los resultados actuales con un destrozo irremediable de toda la estructura social española, y con unas destrozadas clases medias que no levantarán cabeza al menos en toda una generación.
Pero una mirada macroeconómica requiere abarcar, además, un contexto internacional en el que juegan otras variables que intervienen de forma decisiva. El dumping social ejercido por un grupo de países emergentes, con China a la cabeza, incide con fuerza en esa combinación de factores como marcha atrás en todas las prestaciones básicas del estado de bienestar conseguido tras la II Guerra Mundial, como antídoto frente a las demandas. China, con sueldos de miseria, que son la envidia de los empresarios especuladores españoles (y que aunque no se publicite lo suficiente también son moneda corriente en la próspera Alemania actual) inunda impunemente los mercados mundiales, pirateando al tiempo la tecnología que les interesa cuando no duplicando sin escrúpulos las patentes que luego utilizarán para dinamizar su producción y así arruinar sin contemplaciones los restos de las industrias residuales que no habían sucumbido a la previa oleada de desmantelamientos. Hoy las naves industriales más apetitosas de los polígonos en los extrarradios de todas las ciudades españolas son la evidencia del desembarco de los comerciantes chinos en España. Y han llegado para quedarse ante la pasividad del gobierno y la sociedad vampirizada en su propio terreno. Se ha pirateado de forma sistemática todos los sectores de interés de la economía española, al igual que realizado inversiones multimillonarias en lugares estratégicos mundiales, África o Sudamérica. Desde posiciones de ilegítimas de competencia desleal, y apoyándose en salarios de hambre con tecnologías propias, duplicadas o directamente plagiadas impunemente, se han extendido como una desnaturalizada mancha de aceite haciendo realidad temores antiguos de los más avisados.
En una combinación diabólica nada casual en España se está urdiendo el desmontaje de un mecanismo que es una obligación de la fiscalidad redistributiva, la base de todo Estado que asegure la cohesión: que aporten más quienes más beneficios obtengan de la sociedad. Y esto por una lógica tan irrebatible como que una parte, pequeña pero fundamental, del beneficio extraído del consumo de esa sociedad, es obligado retornarlo y ponerlo en manos del Estado para reforzar la propia capacidad del consumo que soportará en el futuro el mantenimiento de la prosperidad de las empresas. Las voces más críticas con el mantenimiento del sistema de redistribución fiscal siguen clamando de forma suicida por una reducción de la fiscalidad empresarial aduciendo, como hace la CEOE, que “la reducción de impuestos a las empresas es la única forma de prosperidad”. De forma imbécil se olvidan que esa redistribución, partiendo de una recaudación racionalmente progresiva en los beneficios e igualitaria en su exigencia está en la base de todos los sistemas fiscales avanzados. Las falsas teorías de evasión de las grandes fortunas (que se está produciendo pero por motivos distintos y más vergonzosos) está siendo el chantaje utilizado, cuestionando con la lógica del insolidario por los mayores beneficiados por el consumo de la sociedad. Si no hay un cambio radical en los planes de este gobierno (chantajeado por señuelos políticos de difícil defensa, con la amenaza de una “independencia” que nadie en su sano juicio puede justificar precisamente en un mundo globalizado) se rebajará la aportación proporcional de las zonas más ricas, precisamente las que deben su prosperidad y beneficios al consumo de sus productos por los ciudadanos del resto de España a los que, teóricamente, deberían ir esos beneficios, teóricamente solidarios, pero que son en realidad un retorno obligado.
Ésta sería otra vuelta de tuerca en el falso concepto de la proporcionalidad, vista con el temor de lo inevitable por los destinatarios de las migajas excedentes de la solidaridad interterritorial. Sin las aportaciones redistributivas el consumo de la producción que reportan esos beneficios extraordinarios, se resentirá irremediablemente el propio consumo en un grado exponencial. Los ciudadanos perjudicados por esa reducción harán muy bien con boicotear los productos de los insolidarios aunque al tiempo aumenten la presión deflacionista sobre toda la producción, y al mismo tiempo habremos reforzado la espiral de paro, depresión, bajada de la recaudación e incremento paralelo de los gastos en subsidios de supervivencia. Se cumplirá, en ese horizonte inmediato diseñado hace años por las fuerzas que nadie vota, una estructura social radicalmente injusta.
