Inicio Noticias `Si antes los inmigrantes eran invisibles, ahora no tendrán ni servicios básicos´

`Si antes los inmigrantes eran invisibles, ahora no tendrán ni servicios básicos´

17/09/2009. La Red Estatal por los Derechos del Inmigrante ha mostrado su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería que ha iniciado su tramitación parlamentaria. Los irregulares no tendrán servicios sociales. Las personas que quieran ayudarles pueden ser sancionadas con multas de 10.000 euros y la expulsión de las mujeres maltratadas primará a sus derechos humanos. CEAR habla con nuevatribuna.es y expone los puntos más negros de la nueva Ley.

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La Ley de Extranjería empieza su andadura en el Congreso entre polémicas y muchas críticas de ONG y asociaciones de inmigrantes. El anteproyecto de Ley ya fue muy discutido y las asociaciones de inmigrantes presentaron tres enmiendas en las que planteaban nuevas soluciones.

Sin embargo no se han hecho modificaciones, y los puntos que antes incomodaban hoy molestan todavía más. El secretario general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) sintetiza para nuevatribuna.es las tendencias que más preocupan de la nueva Ley: “Hay un gran endurecimiento de los derechos sociales y del régimen sancionador”, explica Alfredo Abad.

Uno de los puntos más críticos es el que se refiere al acceso del padrón municipal. Según la nueva Ley, sólo se podrán empadronar los ciudadanos que se encuentren en una situación regular, algo que antes no sucedía, ya que el padrón no se relacionaba con temas migratorios. “El problema que supone es que servicios sociales como la vivienda, la sanidad o la educación están vinculados con el padrón municipal. Ahora además de ser invisibles se quedarán sin cubrir sus necesidades básicas”, dice Alfredo Abad.

Con la educación las reglas también han cambiado. Antes de la futura Ley cualquier inmigrante irregular podía acceder a la educación pública. Ahora, los estudiantes irregulares se tendrán que conformar con acceder sólo a la educación obligatoria. Si alguno estuviera interesado en ir a la universidad, ya no tendrá la posibilidad de hacerlo: “De este modo lo único que conseguimos es cerrar las puertas a la verdadera integración de los inmigrantes, les estamos excluyendo de nuestra sociedad y de los derechos básicos de cualquier ser humano”, denuncia Abad.

MÁS INTERNAMIENTO, MENOS PROTECCIÓN

El plazo de retención de los inmigrantes en los CIE (Centro Internamiento Español) que se amplía de 40 a 60 días, fue el centro de la discordia del anteproyecto. Hoy la plataforma REDI (Red Estatal por los Derechos del Inmigrante) se ha reunido con diputados del PSOE, PNV y e IU-ICV para trasladar su rechazo ante dicha modificación.

Desde el Gobierno la excusa dada para ampliar el periodo de retención, es la necesidad de más tiempo para poder tramitar las órdenes de expulsión: “Con la práctica que tenemos sabemos que eso no es cierto”, asegura el secretario general de CEAR. “Es una locura que los tengan tantos días encerrados en este tipo de centros que reciben denuncias a diario. Estos lugares tienen un perfil penitenciario, pero están en peor situación que las cárceles. El encierro, hay que recordar, que se produce por un delito administrativo, no penal”, explica Abad.

El miedo a estar encerrados hace que muchos inmigrantes que quieren solicitar el derecho de asilo no lo hagan: “Con la nueva Ley la solicitud del derecho asilo hace que se suspendan los días que antes habían pasado encerrados y se cuenta desde cero, con lo cual si quieren pedir este derecho se ven amenazados a estar más tiempo del previsto en el CIE”, señala Alfredo Abad.

Las amenazas también llegan de otros lados todavía más peligrosos. A pesar del empeño de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, porque las mujeres inmigrantes denuncien los malos tratos, la política migratoria hace que muy pocas se atrevan a hacerlo. A partir de ahora cualquier mujer víctima de violencia de genero o de trata de blancas, una vez que vaya a la Policía a denunciar su situación, se le empezará a tramitar la orden de expulsión: “Estas medidas no animan mucho a que las mujeres irregulares denuncien la vulneración a los derechos humanos a las que son sometidas”, señalan desde CEAR.

MULTAS PARA TODOS

El endurecimiento de las multas se ha visto ampliado e incrementado. El aumento de las sanciones supone que las que eran muy graves pasan de 60.000 euros a 100.000 y las graves, de 6.000 a 10.000.

En esta área una de los puntos más polémicos es cómo la Ley pretende acotar la solidaridad con el inmigrante. Aquella persona que haga una carta de invitación a un extranjero irregular y él decida quedarse en el país, será sancionada con una multa de 10.000 euros: “Es vergonzoso. Antes el que invitaba tenía que hacerse responsable en términos de ayuda social, pero nunca podía ser sancionado. Ahora pretenden que los ciudadanos seamos controladores aduaneros”, denuncia Alfredo Abad.

Los matrimonios de conveniencia y la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido las autorizaciones previas comportarán multas de hasta 100.000 euros.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR LIMITADA

Desde ONG de inmigrantes como Rumiñahui o AESCO han manifestado en diversas ocasiones su rechazo a la reforma de la reagrupación familiar. A partir de ahora sólo podrán trasladar su residencia por este motivo a España los cónyuges, hijos menores de edad y ascendientes mayores de 65 años.

Para esto, la ley incluye una nueva cláusula: el inmigrante reagrupador deberá llevar en España más de cinco años (frente a la norma actual, que lo permite a partir del primero). Raúl Jiménez, portavoz de Rumiñahui se pregunta “¿Qué pasará si por ejemplo, el padre tiene 67 años y la madre 60? ¿Sólo podría venir a España el padre?. Es una medida absurda y desproporcionada”.

En la mañana de hoy REDI se ha reunido con los diputados Óscar Seco del PSOE, Emilio Olabarria del PNV y con el Secretario del Grupo Parlamentario IU-ICV, José Manuel Fernández, a quienes les han informado de “Los motivos por los que las más de treinta organizaciones que integran REDI rechazan la nueva reforma de la Ley de Extranjería”. La denuncia está hecha. Ahora falta escuchar las respuestas.
 

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