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Redistribución

Aparece de nuevo la consabida doblez esquizoide a que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno, que verbalmente alardea de defender los derechos de los desfavorecidos, mientras se dispone a hacer justamente lo contrario de lo que predica.

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El proyecto de Presupuestos para el año próximo, que prevé una fuerte subida de impuestos al consumo (además de eliminar la desgravación de 400 euros a las rentas del trabajo), ha sido presentado por el Gobierno como si estuviera presidido por el principio de la solidaridad de los españoles más afortunados para con los desfavorecidos.

Pero semejante justificación recuerda más bien al título de una comedia española: ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Pues, parafraseando su sentido, también cabría pensar: ¿por qué lo llaman solidaridad cuando quieren decir redistribución de la renta? Para poder considerarse tal, la solidaridad ha de implicar una decisión voluntaria que en el caso de la exacción fiscal no se da. Pues, si de verdad el Gobierno nos invitase a ser solidarios, debería incluir en la declaración de la renta una casilla que rezase: "¿Acepta usted pagar más impuestos para sufragar el subsidio del desempleo, en lugar de hacerlo a otros fines benéficos, como el sostén de la Iglesia católica?". Pero, además, esta pretendida solidaridad no es sólo falaz a fuer de forzosa, sino también injusta en tanto que regresiva, dado que quienes van a estar fiscalmente obligados a solidarizarse con los desempleados no son las rentas altas (evasoras habituales tan opacas como impunes), sino las medias y bajas, incapaces de evitar el control del fisco. 

Aparece así de nuevo la consabida doblez esquizoide a que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno, que verbalmente alardea de defender los derechos de los desfavorecidos, mientras en la práctica se dispone a hacer justamente lo contrario de lo que predica. Una esquizofrenia que también se traduce en su política de alianzas pues, si de verdad pretendiera gravar las rentas altas para favorecer a las inferiores, debería estar pactando ahora mismo con las formaciones de izquierda (ERC, IU, ICV y BNG) una reforma fiscal del IRPF y del impuesto de sociedades para incrementar el gravamen de las infames Sicav. Pero, incapaz de tocar los intereses de los poderosos, y asustado por lo que diría la prensa conservadora si se decidiese a formar un bloque de izquierda progresista, el presidente Zapatero ha optado por aliarse con la derecha nacionalista (PNV) o regionalista (Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro) para descargar linealmente el coste de la redistribución fiscal sobre las rentas medias y bajas mediante impuestos indirectos.

Y otra muestra de duplicidad esquizoide es la de proclamar verbalmente su apuesta por reformas estructurales hacia una economía sostenible a la vez que se recortan en un 9% las inversiones reales y en un 15% las partidas destinadas a I+D+i. En suma: retórica progresiva y realización regresiva. O sea, esquizofrenia política. Al menos, eso es lo que se desprende del anteproyecto presentado la semana pasada en las Cortes. Un borrador incoherente en el que, además, no cuadran las cuentas, pues el aumento de la presión fiscal (5.000 millones del IVA y otro tanto de los 400 euros, sin que el ahorro aporte más que 800 millones), no resulta suficiente para enjuagar el enorme déficit estructural (es decir, no corriente ni cíclico, como el derivado de los estabilizadores automáticos) que se ha acumulado tras el derrumbe de la economía del ladrillo que hasta ahora financiaba la hacienda española, y que Funcas o el BBVA estiman en más de la mitad del déficit total. De ahí la necesidad de duplicar el recurso a la deuda pública (que pasará del 36% del PIB en 2007 al 63% en 2010, creciendo a mayor ritmo a partir de ahí), lo que también desequilibra los Presupuestos, al elevar en un 33% el pago de sus intereses sólo este año.

La única explicación atenuante, ante tamaño engendro, es atribuirlo a una estrategia que opta por apostar contra el tiempo. Se ha decidido presentar desde un principio la medida más impopular (subida del IVA, supresión de los 400 euros) para amortizar cuanto antes sus peores efectos. Y a partir de ahí se espera negociar con los demás grupos otras medidas fiscales más progresivas que serán las que marquen al final el tono de los Presupuestos. Además, la subida de impuestos que ahora se anuncia sólo empezará a surtir efectos retardados el año que viene: en junio, cuando ya no se podrán descontar los 400 euros en la declaración de la renta, y en julio, cuando entrará en vigor la subida del IVA. Un momento cuidadosamente elegido, tras acabarse el semestre español de presidencia europea y justo cuando finalice la recesión económica, pues el consenso unánime de los expertos sondeados por Funcas augura para entonces el inicio de nuestra reactivación. Es ésta la carrera contra reloj que el Gobierno espera ganar. Pero ¿lo conseguirá o se estrellará contra el muro del déficit antes de tiempo? 

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