Dirigentes conservadores y portavoces empresariales, arremetieron contra el movimiento sindical y jalearon el Real Decreto cual bálsamo de Fierabrás contra la crisis. El conflicto social estaba servido.
Unas semanas antes, las organizaciones empresariales y sindicales suscribieron un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que mereció el elogio político e institucional. Todos alabaron la responsabilidad de los interlocutores sociales para pactar la moderación de salarios y beneficios, y encontrar fórmulas orientadas a gobernar conjuntamente la flexibilidad interna de las empresas como mejor antídoto contra la rescisión de contratos. El ataque de diálogo y concertación le duró poco a la patronal y menos al Ejecutivo, que ya tenía ultimado el Real Decreto de la Reforma Laboral, sin que poco o nada le importara el Acuerdo citado. Entre otras cosas, porque unos y otros compartían objetivos más ambiciosos para desregular el mercado de trabajo y asestar un golpe mortal a las relaciones laborales.
La reforma laboral es razón suficiente para convocar una huelga general. Constituye una operación sin precedentes para demoler el andamiaje de la negociación colectiva y quebrar el modelo de relaciones laborales de la democracia. Es un golpe al derecho del trabajo y un cheque en blanco a la intervención empresarial para despedir a su antojo, subcontratar en fraude de ley, discriminar a las personas para acceder a un empleo, acabar con la negociación colectiva como herramienta para la protección de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y, además, facilitar el despido en las Administraciones Públicas. Algunos voceros del Ejecutivo vieron en la reforma una oportunidad de oro para doblarle el espinazo al movimiento sindical, y no dudaron en emprender –mejor sería decir, intensificar- una cruzada informativa contra CCOO y UGT.
Pero se equivocan. El ataque a la capacidad contractual del sindicato y a su intervención en el proceso de negociación colectiva, que es evidente, es una cortina de humo para esconder la verdadera agresión de la reforma: poner en manos del empresario el futuro de las relaciones laborales; incentivar la individualización de la negociación entre el trabajador y el empresario; levantar acta de defunción del diálogo social. Contra esto vamos a pelear el 29 de marzo. Y si no se cambian capítulos esenciales de la reforma, no será la última batalla sino el comienzo de un largo conflicto social.
El lema de la convocatoria de huelga es altamente revelador: Quieren acabar con todo. Y efectivamente, no estamos únicamente ante una reforma del mercado de trabajo. El paquete de recortes que ya se ha anunciado, y el que se tiene previsto anunciar el 30 de marzo, constituye un verdadero programa de involución social y democrática que no podemos permitir. El Ejecutivo ya ha confirmado que su prioridad es el déficit, no el paro. Se aplaza la inversión pública, la actividad económica puede esperar y las personas en desempleo rozarán los 6 millones a finales de 2012. “La reforma no tendrá efectos este año”, confiesan. Y entonces ¿a qué viene tanta celeridad para aprobarla por el procedimiento de urgencia? Pues porque asistimos a la configuración de un cocktail explosivo: el que forman la ideología y el dinero. No solo pretenden corresponder fielmente a las autoridades monetarias del BCE y del FMI –su economista jefe, Blanchard, cuenta a quien le quiere escuchar que “ha aconsejado regularmente al Gobierno español sobre la reforma laboral que necesitaba”-, sino que además meten el bisturí ideológico para romper el equilibrio del convenio colectivo e inyectar liberalismo en vena a las relaciones laborales. “Sálvese quien pueda”, vienen a sugerir. Y claro, con estos ingredientes la negociación previa con los sindicatos ni se les pasó por la cabeza.
Pero insisto, la política de ajuste se lleva por delante la legislación laboral, pero también golpea pilares básicos del Estado de bienestar -sanidad, educación, dependencia, políticas sociales- y no conforme con los recortes, el Gobierno se dispone a recuperar instrumentos de control corporativo y no democrático de poderes muy sensibles del Estado, como la Justicia, y a introducir modificaciones legislativas en derechos civiles como el aborto o el matrimonio homosexual para adecuarlos al ideario conservador.
Estamos pues ante una huelga no solo justa sino imprescindible. Una huelga para cambiar el rumbo de la política del Gobierno y tratar de construir una vasta red de complicidad social y cultural contra las medidas anunciadas y en defensa de la política y la democracia frente a la degradación de la vida pública que imponen los mercados financieros y las políticas conservadoras.
