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Preocupación por el desprendimiento del techo del Pabellón Polideportivo

22/07/2011 – La mala ejecución de una obra llena de incidencias, ha podido poner en riesgo la integridad física de niños, niñas y deportistas en general, motivo por el cual los concejales de la oposición Javier Heras y Roberto Vegas preguntaron en el pasado pleno qué ha pasado exactamente y qué medidas se han tomado.

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La obra de remodelación del pabellón Dehesa Boyal, una de las pocas realizaciones del gobierno del PP en el anterior mandato, y cuya ejecución ha estado plagada de problemas, ha demostrado que pone en riesgo a los deportistas que lo utilizan.

Que conozcan los concejales de la oposición, en varias ocasiones se han desprendido planchas del techo, cayendo sobre las gradas, las pistas o incluso sobre el exterior del edificio, en la parte que el techo del pabellón sobresale.

En opinión de Izquierda Independiente e Izquierda Unida estos desprendimientos son un incidente grave del que el equipo de gobierno tiene que dar toda la información para que deportistas y familiares conozcan qué ha pasado exactamente y qué medidas se han tomado.

Javier Heras, portavoz de Izquierda Unida preguntó por las medidas adoptadas tanto por la delegación de urbanismo como por la de deportes, para Heras “En nuestra opinión el Partido Popular se ha preocupado más de silenciar el incidente que de adoptar las medidas adecuadas”.

Por su parte Roberto Vegas, concejal de Izquierda Independiente preguntó cuantos desprendimientos ha habido y qué garantías se les están dando a los clubes de cara a la reapertura del Pabellón, para Vegas “Los desprendimientos de parte de la cubierta del pabellón Dehesa Boyal pudieron ocasionar una desgracia irreparable. Si en ese momento hubiesen estado en la pista niños y niñas de los campus deportivos de verano hoy estaríamos hablando de una terrible desgracia”.

El Pabellón Polideportivo se encuentra ahora mismo cerrado.

Un contrato lleno de incidencias.

Los desprendimientos de la cubierta del pabellón seguramente se deban a una mala ejecución relacionada con las incidencias ocurridas con el contrato. Al poco de iniciarse la obra, la empresa adjudicataria presentó problemas financieros y el contado fue traspasado a una nueva, pocos meses después el gobierno popular aprueba un incremento en el coste de la obra de más de un millón de euros, superior al 20% que permite la ley para las modificaciones de proyectos. Para poder justificar legalmente este sobrecoste el PP decide dividir la obra en dos y sacar un nuevo concurso por la parte incrementada, contrato que se adjudica a una tercera empresa. Lo que hace que de facto un único proyecto se haya ejecutado por tres compañías diferentes.
 

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