Inicio Opinión ¡Pónganse a salvo! La reforma laboral avanza implacable

¡Pónganse a salvo! La reforma laboral avanza implacable

En Derecho, la carga de la prueba suele corresponder a la parte que alega algo o que acusa y eso es así por el principio básico de la presunción de inocencia que se suele aplicar al acusado o a la parte demandada.

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Pero a los redactores de la reforma del Gobierno, que este jueves se vota en la Comisión de Trabajo del Congreso, esto ni les suena. En el proyecto de reforma, se contempla que el trabajador con un contrato de fomento del empleo indefinido que sea despedido de forma improcedente por causas objetivas -económicas, tecnológicas, organizativas o de producción-, no esté de acuerdo con la sentencia judicial y aspire a una indemnización más elevada tendrá que demostrar él mismo que el empresario ha hecho un uso fraudulento de la extinción del contrato por causas objetivas en lugar de por motivos disciplinarios.

Por otra parte, y por lo que se refiere al despido por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado, el PSOE ha introducido una enmienda en la que se limita a mencionar que la situación económica negativa, a justificar por la empresa, permitirá la extinción de contratos de trabajo. Hasta ahora era necesario que la empresa demostrara que dicho despido era necesario para su supervivencia. Ahora sólo tendrá que probar que "se deduce mínimamente la razonabilidad" del despido de su "situación económica negativa". La patronal debe estar más que contenta teniendo en cuenta que el despido va a ser prácticamente libre y que sólo va a costar 12 días por año en caso de dificultades mínimas, ya que los otros 8 los pagará el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).

Es más, se va a dar la escalofriante circunstancia de que va a ser más barato y fácil despedir a los trabajadores que trasladarles o cambiarles el horario. En casos de traslado o cambios de horario perjudiciales, el trabajador tiene derecho a rescindir su contrato cobrando una indemnización de 20 días por año, que pagará totalmente la empresa. Además tendría muchas posibilidades de ganar el juicio porque esos traslados y cambios de horario sólo se pueden hacer por necesidades probadas, muy al contrario de lo que va a suceder con los despidos por causas objetivas o económicas.

Estos son sólo algunos detalles del proyecto que se vota este jueves en la Comisión de Trabajo del Congreso y que ha hecho exclamar a los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que "nadie está a salvo" de la reforma laboral. "De la resignación se puede pasar a la crispación fácilmente, y sólo hay un pasito", ha dicho el secretario general de CC.OO. y se ha detenido especialmente en un punto: la "aberración" que supone el hecho que un trabajador ha de demostrar que no concurren las causas en un despido en fraude cuando debería ser el empresario quién lo hiciese.

En cuanto al despido por razones económicas en todas las empresas, independientemente de su tamaño, Méndez lo ha explicado en pocas palabras: con esta "ruptura laboral" -tal y como ha apodado a la reforma- un trabajador fijo al que actualmente le corresponden 45 días pagados por año trabajado "puede ser despedido por el empresario con una indemnización de veinte días, de la que sólo pagará la empresa doce días", en función de que ésta "esgrima que se han reducido los beneficios o, incluso, que tiene problemas persistentes de liquidez". Y ha añadido que esta reforma tendrá como "daño colateral" el "abandono del cambio del modelo productivo", puesto que la Ley de economía sostenible pasará a ser "prácticamente papel mojado" dado que se "vuelve a apostar por el abaratamiento del despido".

En síntesis, lo que significa esta reforma es que la indemnización por despido baja de 45 a 20 días por año y que más que acabar con la temporalidad abusiva -el objetivo que dice perseguir el Ejecutivo- se acabará con los contratos indefinidos con una indemnización decente como la que les corresponde actualmente. No es de extrañar que los empresarios hayan dicho ya que la enmiendas introducidas en la reforma "van por el buen camino".

Toxo ha alertado de que, tras analizar las más de 340 enmiendas transaccionales que han presentado los diferentes grupos a la reforma laboral y el propio texto del Gobierno, se llega a la conclusión de que se está "ante el riesgo del mayor retroceso de los derechos laborales en la historia de la democracia española". Asimismo, ha agregado que, de esta manera, "el cuadro de protección del derecho del trabajo" que quedaría configurado sería el "peor" del ámbito de "la Europa más desarrollada". Ambos líderes sindicales han coincidido en que esta reforma laboral no va a reducir el desempleo, sino que más bien va a "consagrar" la temporalidad en los contratos, "abaratar el despido" y "debilitar la negociación colectiva".

El líder de CC.OO. ha aseverado que es "lamentable" que el Gobierno pretenda aprobar la reforma laboral por la vía de urgencia en el mes de agosto, cuando "la mayoría" de la ciudadanía está de vacaciones y ha opinado que esta manera de proceder es un intento de "introducir elementos que desanimen a la población" para que no participe en la huelga general. Por todo ello, y porque "nadie está a salvo de la reforma laboral", Méndez ha incidido en que "hay que parar el 29 de septiembre para que se muevan en un sentido distintos las cosas en el ámbito de la política económica, social y laboral" del Gobierno. A su juicio, la reforma laboral es "una pieza de un cambio de carril de la política económica, social y laboral del Gobierno que va a provocar un retroceso en la recuperación de la economía y un aumento del paro".

Toxo se ha dirigido directamente a la vicepresidenta económica, que dijo que la cifra del paro no se reduce sensiblemente porque los sectores más intensivos en empleo todavía no han empezado la recuperación, para asegurar que Elena Salgado "sabe perfectamente que no sólo no se va a reducir el desempleo", sino que en esos sectores "el plan del Gobierno va a reducir sensiblemente la actividad". En su opinión, la reducción de obra pública va a suponer "no menos de 100.000 empleos" y el crecimiento del paro "resultará inevitable a partir del mes de septiembre" debido a las políticas económicas.

Por último, ha recordado que la ministra ha dicho que la subida de la edad de jubilación hasta los 67 años se va a llevar a cabo y que es "un compromiso", por lo que ha pedido a Salgado que aclare de qué compromiso habla y con quién lo ha contraído. Toxo ha exigido a la responsable económica del Ejecutivo que diga "quién está imponiendo la línea política del Gobierno y el sentido de la reformas" que está impulsando.

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