Y la imagen no puede ser más gráfica ni desoladora; el resultado práctico, ya irreversible, que figuraba en el diabólico guión que trazó la caverna reaccionaria (y con voluntarios de todos los pelajes que se han sumado con entusiasmo al acoso y derribo del magistrado), es que el jarrón se rompió en el primer momento y su contenido se derramó sin remedio. Don Baltasar Garzón ya no volverá a ejercer su magistratura judicial en España; eso es definitivo y él lo sabe perfectamente desde el inicio, a pesar de la magnífica muestra de coherencia jurídica que está ofreciendo. Su enorme experiencia y preparación ya no volverá a estar al servicio de la Justicia desde el puesto de juez en España.
Esto es así a pesar de que, abrumados por unas pruebas que se agolpan con rotundidad, los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no tengan más remedio que redactar sendas sentencias de absolución. También ellos saben perfectamente que esa absolución no devolverá nunca la imprescindible seguridad jurídica para el ejercicio responsable de la judicatura al magistrado injustamente encausado en tres alucinantes procesos. Para muestra me remito a las valoraciones, que en la misma dirección de las ya apuntadas en mi escrito anterior, presentaban ayer día 17 de enero un numeroso grupo de letrados en ejercicio al Consejo General de la Abogacía con el número de entrada 01078. Uno de sus párrafos dice:
“…este Consejo se abstiene, por ejemplo, de efectuar consideración alguna sobre la irregular actuación del abogado querellante José Ignacio Peláez Marques, al comunicar en prisión, estando su cliente en situación de libertad provisional con los acusados de ser los principales cabecillas de la trama “Gürtel" sin ser su abogado ni ellos sus clientes, sin la autorización del Juez instructor ni del Colegio de Abogados y sin haber podido acreditar a lo largo de todo el procedimiento que hubiera sido expresamente llamado por cualquiera de los internos con los que comunicó. Y dicho letrado ya ha sido objeto de investigación porque prevaliéndose de su condición consiguió el acceso de 2 personas a los calabozos de la Audiencia Nacional, como falsos compañeros de su despacho, con el fin de que pudieran comunicar con un militar argentino extraditado por España por crímenes contra la Humanidad perpetrados en la dictadura militar argentina.”
Estaremos al decurso de los acontecimientos, como no puede ser de otro modo, pero la confabulación coordinada de fuerzas muy poderosas para llegar a esta situación, bochornosa para España en general y su Justicia en particular, no tiene vuelta atrás. Lo que he querido demostrar es que el objetivo básico perseguido se consiguió desde el momento en que el CGPJ reaccionó de inmediato al auto de Varela apartando al juez de su puesto. Lo que ha seguido después es resultado del drama perfectamente diseñado sin posible remedio. Ni siquiera es seguro que los prevaricadores, ya evidentes por los hechos demostrables, vayan a pagar por el inmenso daño causado.
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