Izquierda Independiente se suma a la denuncia del gravísimo ataque a los derechos de las mujeres que implica el anteproyecto de Ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros del Gobierno del PP.
Un anteproyecto que cínicamente titulado “Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada” prevé sólo dos supuestos de despenalización de esta práctica: la violación, o el riesgo para la salud física o mental de la madre. En el primero de los supuestos deberá presentarse una denuncia previa con un plazo máximo de doce semanas. El segundo de los supuestos se podrá llevar a cabo hasta la semana 22 y bajo informe realizado por dos médicos distintos al facultativo que lo practique y que sean de diferentes centros sanitarios. Se elimina el supuesto de malformación del feto, quedando supeditado al segundo de los supuestos, añadiendo complicaciones y burocracia médica. Del mismo modo, será obligatorio para las menores el consentimiento paterno, aunque concurra alguno de los dos supuestos indicados. A su vez se regula para todos los profesionales la objeción de conciencia y prevé penas para facultativos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos aunque sea con el consentimiento de la mujer. Y como puntilla final, prohíbe la publicidad de los procedimientos para interrumpir voluntariamente el embarazo.
Sólo unas férreas convicciones machistas y antidemocráticas que entiendan que las mujeres deben cumplir con los designios de una cultura androcéntrica, donde las funciones ya están encomendadas -entre ellas la maternidad- permiten si acaso comprender la sarta de falacias que “esconde” el anteproyecto: pinta el aborto como un problema derivado de la libertad sexual de nuestro tiempo, cuando es algo que ha estado presente en cualquier momento de la historia. Intentan confundir a la sociedad con un mensaje que presenta la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad con una "obligación a abortar”. Hablan de defender la vida del "concebido" como objetivo, pero entran en contradicción al admitir que en los casos de violación se puede practicar un aborto. Y francamente no les importa la salud psicológica de la madre al quedar siempre en segundo plano ante cualquier supuesto, ni los derechos de la mujer a decidir que son negados de entrada y quedan supeditados al arbitrio de un tutor que decida sobre la vida del ser concebido -aunque este tampoco tenga asegurada la supervivencia.
Estableciendo paralelismos en lo que al “derecho a la vida” se refiere, resulta paradójico, cínico e inaceptable que se emplee hasta un triple rasero: en el caso de los maltratadores en violencia machista, debe ser la justicia quien decida si se coloca o no una pulsera para controlar el cumplimiento de la distancia de seguridad a la víctima, puesto que esto limita sus derechos. En cambio, se puede obligar a una mujer a llevar hacia delante un embarazo en condiciones que afectan a sus derechos y a su propio proyecto de vida. Y en el caso de anomalías fetales compatibles con la vida, la vida del feto se protege solamente hasta que se produce el nacimiento, ya que a continuación, y de por vida, esa persona y su familia quedan desamparadas por la Ley, toda vez que de facto ha quedado sin efecto la Ley de Dependencia.
“Resulta verdaderamente indignante que el ministro Gallardón intente confrontar la decisión de las mujeres versus la trascendencia de una "vida concebida", con el exclusivo argumento de protección a esa supuesta vida, teniendo la mujer que asumir todos los riesgos que se presenten; cuando en otras circunstancias personales y profesionales a nadie se le obliga a asumir determinados riesgos para salvar la vida de una persona con todo un proyecto vital real y en marcha” manifiesta Laura Vallejo, concejala de Izquierda Independiente.
“Un embarazo no deseado no dura nueve meses sino toda una vida. Por eso creemos que la libertad de decisión debe estar siempre por encima de la voluntad o creencia de quienes critican a las mujeres que deciden abortar. Esconder la realidad no la va a cambiar. Pero una vez más ha ganado la hipocresía de la moral católica. Se seguirán produciendo abortos en nuestro país al margen de la Ley, bajo una inseguridad sanitaria y jurídica; o más allá de la frontera que será donde vayan quienes económicamente se puedan permitir el viaje y la intervención” denuncia Rubén Holguera, portavoz de esta formación local.
