Un weberiano irredento hace tiempo que habría señalado las deficiencias notables de la socorrida legitimidad de origen a la que se aferran, con la fe del converso, los portavoces del PP basándose en sus mayorías absolutas resultantes de las elecciones generales del 20/11/2011. Fueron diez millones de votos, aproximadamente, populares obtenidos gracias a la gastada argucia de prometer lo que ya sabían que no podían cumplir en ningún caso, la creación nada más llegar al poder absoluto de millones de puestos de trabajos; hoy de aquella cosecha oportunista puede quedar la mitad con suerte. Era un engaño muy burdo pero para una población que ya empezaba a sufrir seriamente el acoso de las políticas de los mercados (y de las “merkeles”, germánicas o de la City) un horizonte deseable. Aquella evidente estafa electoral se viene completando, semana tras semana, con la sobrevenida ilegitimidad de ejercicio (también según el diagnóstico de Weber), consistente a rebajar, día a día como el granjero irresponsable, el pienso de la única vaca lechera de sus sustento hasta que, finalmente lo que pretendan estos ideólogos del “déficit menguante” sea ordeñar la vaca después de fallecida por inanición.
La cantinela gastada ha sido, de forma sistemática, apelar a la “herencia recibida”, como si el papel del Partido Popular en la oposición no fuese exigible un seguimiento cotidiano del estado de las cuentas públicas y de cada decisión gubernamental, fiscalizarla y corregir, en la medida de sus posibilidades que ya eran muchas, como demostró sobradamente Dolores de Cospedal, con su pluriempleo bien remunerado en varios frentes de control parlamentario, incluyendo Castilla la Mancha en la que estuvo inédita a beneficio de inventario. Es probable que se encuentren muy pocas propuestas operativas en aquel tiempo de oposición rentable para el PP. En el activo de aquella herencia del Gobierno de Zapatero hay una partida que a su salida sumaba sesenta y siete mil millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Sólo lo menciona la inefable ministra con Trabajo, Fátima Báñez, para indicar que “está muy bien invertido”, pero ya falta cuatro mil millones de euros. En tiempos convulsos para las finanzas esa afirmación es más bien una inquietante noticia que hace temblar a los pensionistas mejor informados sobre la solvencia de esas inversiones fantasmales, de un Fondo no creado para especular sino para garantizar la seguridad de sus percepciones futuras.
Combinadas racionalmente ambas ilegitimidades evidentes, la de origen con acceso al poder absoluto mediante un trilero y falso programa ilusorio, y la de ejercicio con la destrucción sistemática de toda la estructura del Estado en materias fundamentales, como la Sanidad y las Enseñanzas Públicas garantizadas constitucionalmente (atentos a la desautorización judicial de parte de esa voladura, controlada desde Bruselas y Berlín, en Portugal), surge inevitablemente la protesta ciudadana. Llevamos meses calentando la olla a presión de la desesperación cívica, ante la inoperancia permisiva de un presidente inédito y sin explicaciones y una clase política que solo aparece en público para demostrar su incapacidad para proponer soluciones racionales o avanzar programas de verdadera reactivación económica. Hace muchos meses, cuando todavía los suicidios de desahuciados y arruinados no eran algo trágicamente cotidiano, aporté a lo que entonces era 15-M una propuesta que a algunos les pareció el cuento de la lechera. Consistía en que el sector financiero, asumiendo su parte de responsabilidad y devolviendo algo del beneficio obtenido en años de vacas gordas, utilizara el inmenso parque inmobiliario (entonces eran unos 355.000 pisos) que lastraba sus balances ficticios, para darle la vuelta a un “país de propietarios”, como ampulosamente anunció el primer ministro de Vivienda de Franco, y dinamizar el mercado de alquiler a precios sociales. Enunciaba en mi modesta propuesta el ahorro de costos de mantenimiento y los evidentes beneficios sociales de ese cambio. Hoy la propuesta, descafeinada por el veto de unos y la torpeza de otros, será otro intento fallido a pesar del aval jurídico del Tribunal Europeo.
Y aquí irrumpe lo que se ha bautizado como escrache, y que yo llamaría “efecto espejo”, por su acción de colocar a los políticos responsables de hundir las exigencias de justicia social con sus acciones, omisiones o simples manipulaciones de la voluntad popular. La salida en tromba de esa turbamulta que se esconden detrás de unas elecciones que parecen tan lejanas a muchos, y la crispación de sus amenazas, sanciones y terror ante la exigencia de responsabilidades de la ciudadanía sólo evidencia la mala conciencia de estos malos gestores. Tan malos que están buscando que les sustituyan gestores privados en algo tan esencial como la Sanidad Pública, para que de paso se forren con este servicio público esencial (¿habrá sobrado algún sobre?). No se equivoquen, detentadores de nuestra genuina representación. La Soberanía Popular inapelable reside en el pueblo, y esta ciudadanía ya hace muchas semanas que detectó que ustedes, como gobierno del Estado, están remando en sentido contrario a los intereses legítimos de los ciudadanos. Y aunque les moleste muchísimo el griterío de la calle, las pintadas frente a sus domicilios o los abucheos en cada acto público, sólo están aplicando el único recurso que les queda. Ha habido suicidios, ruinas gigantescas de empresas que estaban llamadas a fomentar los puestos de trabajo falsamente prometidos en campaña electoral, y esas muertes, desahuciados y ruinas tienen unos responsables directos. Sólo tienen que mirarse al espejo y descubrirán las falsas poses de bobos solemnes llenos de vacuidad.
Asistimos perplejos a declaraciones inadmisibles de alguien como Cristina Cifuentes, para mayor escarnio público representante del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que se permite comparar a los indignados que protestan en el legítimo ejercicio pacífico (aunque acostumbrados a la paz de los cementerios este ruido les parezca “acoso y vulneración de su intimidad”; y estemos hablando de personajes públicos que se deben a sus representados, les guste o no) con terroristas , que retorciendo la Ley ha impuesto multas desorbitadas a ciudadanos con pancartas en la vía pública y que ahora sus compadres ideológicos se han sacado de la manga normas represivas que otorgan poderes extraordinarios a la policía más propios de un sistema dictatorial que de una democracia. Naturalmente esta tribu del PP, que nunca entendieron el significado genuino de la democracia siguen actuando con los resabios de los totalitarios, y viven cómodamente instalados en una burbuja de nepotismo clientelar y apelando a su idea de democracia cuando lo que tenemos, al parecer de forma irremediable, es simplemente plutocracia de mercados opacos.
