Más de 7.000 millones. Esta es la cifra con la que el Estado español financia a la iglesia católica y varios millones más son los destinados a otras religiones. La orientación hacia una sociedad laica y pública es una idea que se desvanece en el mundo de las palabras para los diferentes gobiernos del Estado, tal y como se ve reflejada en el abandono estos días de la iniciada Ley de Libertad Religiosa por parte del ejecutivo de Zapatero.
Pero quizás donde mejor se ve el destacado papel que se le da a la iglesia por parte del Estado es el sistema de financiación a través del 0,7% del IRPF y la enorme presencia de la religión y de la iglesia dentro del sistema educativo.
Objetivo: evangelizar
El sistema educativo público se caracteriza por apoyarse en una red de centros concertados, la mayoría católicos. “No tenemos ninguna pretensión de ganar dinero, sino de aportar nuestra labor a la sociedad y a la Iglesia. Claro que tenemos entre nuestros objetivos la labor evangelizadora, pero eso está en nuestro ideario y los padres lo saben cuando nos eligen. Sé que hay gente que cree que para eso ya están las parroquias, pero eso claramente choca con lo que reclama la sociedad”, reconocía en El País Manuel de Castro, ex secretario general de Escuelas Católicas.
Algunos de estos concertados separan en función del sexo, lo que vulnera el principio de igualdad en el aula y que, además, ayudan a consolidar prejuicios entre géneros. A situaciones como esta hay que añadir casos de centros en los que se obliga al alumnado al rezo, como denuncia Europa Laica o la presencia de símbolos religiosos en las aulas. Según resolvió un juzgado de Valladolid, éstos hay que retiralos de oficio, incluídos en los centros concertados. “La apología de una determinada fe religiosa en el sistema público de enseñanza pugna con el pluralismo y la libertad religiosa que proclama la Constitución”, según esta sentencia.
Nombramientos a dedo
Para ejerce de docentes en un centro público debes presentarte a un concurso-oposición, salvo si vas a impartir conocimientos teológicos. Estos profesionales son elegidos por las autoridades eclesiásticas, pero sus ingresos provienen de los organismos públicos, de esta forma existe un sistema de adjudicación arbitrario que dilapida los principios de acceso a la función pública de imparcialidad y de igualdad.
A esta situación, hay que añadir la elaboración del curriculum educativo por parte de la jerarquía eclesiástica; una evaluación equiparable a las demás áreas educativas; y la obligatoriedad de los centros públicos y concertados de ofertar la materia de religión (mientras que para el alumnado es optativa). Esto contrasta con la materia de Atención Educativa que deben cursar quienes no elijan religión. Esta asignatura ni es evaluable, ni debe figurar en las actas, ni tiene curriculum desarrollado, ni el profesorado es especialista.
La férrea defensa de la religión católica como un pilar del sistema educativo por parte de la Iglesia contrasta con la belicosidad que muestra frente a la inclusión de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Una amenaza para el dogma, como se deduce de declaraciones como las del monseñor Cañizares en 2007: “quien enseña Educación para la Ciudadanía colabora con el mal”, a lo que además añadía “[la escuela] debe hablar al hombre del sentido de su vida, de la verdad, y ayudar a los hombres a encontrarse a sí mismos (por lo tanto) la enseñanza religiosa es algo fundamental en la formación de la persona”.
