El informe sobre vivienda que reclama para las familias en situación de quiebra procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago (es decir, que la entrega del bien hipotecado baste para saldar la deuda) ha salido adelante con la oposición de los populares. El pleno ha respaldado la petición con el voto a favor de 318 diputados, la oposición de 269 y 52 abstenciones.
La Cámara de Estrasburgo votó por separado el párrafo sobre la dación en pago del resto del informe, que salió adelante por una mayoría más amplia: 353 síes, 151 noes y 189 abstenciones. El Partido Popular Europeo había solicitado separar las dos votaciones: por un lado iría el informe y por otra la medida más polémica, que reclaman colectivos como la Plafatorma de Afectados por la Hipoteca, y que rechaza el Gobierno español. Pese a que la legislación española incluye la posibilidad de la dación en pago cuando hay acuerdo entre la entidad financiera y el cliente, la PAH exige esta medida con carácter retroactivo y generalizada para las familias que hayan perdido su primera vivienda.
El texto –un informe de iniciativa sin consecuencias legales, pero de fuerte contenido político en países como España- pide a los Gobiernos que se esfuercen por ofrecer soluciones alternativas a los desahucios y “que impidan que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios”.
La Eurocámara reclama a la Comisión Europea y a los Veintisiete "que aborden la solución del drama social que plantean los desahucios y la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis económica y el desempleo".
Además de la polémica referencia a la dación en pago, el informe, redactado por la ecologista francesa Karima Delli, pide al Consejo que reúna a los ministros responsables de la vivienda de los Estados miembros "al menos una vez al año" para debatir "la repercusión de las distintas políticas europeas sobre las políticas en materia de vivienda". Los eurodiputados piden también al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que, en colaboración con las autoridades regionales, "reserve un lugar más importante al sector de la vivienda social y asequible en sus prioridades de inversión".
