Izquierda Independiente y Sí Se Puede! pedirán mañana al Pleno del Ayuntamiento de Sanse que inste al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados la eliminación de las Disposiciones Adicionales 27 y 35 del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Dichas disposiciones limitan la incorporación de personal laboral a las administraciones públicas en los supuestos en los que un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma decidan apostar por la gestión directa de los servicios públicos, revirtiendo la contratación de proveedores externos.
Ambos partidos denuncian que esta nueva medida regresiva ataca al principio de autonomía del Artículo 140 de la CE que recoge que “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos (…)”. Asimismo, obstaculiza los procesos de remunicipalización al no poder incorporar con garantías a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios.
El gobierno ya endureció la capacidad de los Ayuntamientos para contratar personal y ahora pretende impedir que personas que ya trabajan para el consistorio, pero a través de una empresa externa, pasen a depender directamente de una administración pública, con el consiguiente amparo de sus derechos laborales.
Estas disposiciones obvian que la gestión privada de los servicios públicos locales presenta numerosos inconvenientes como costes financieros superiores, rigidez por la larga duración de los contratos o la opacidad del sistema dado su carácter comercial y la posible existencia de mercados secundarios.
Iván Cardador, portavoz de Sí Se Puede!, comenta: “Este es un paso más en nuestra línea de defensa del municipalismo como eje clave en las políticas del cambio y de servicio a la ciudadanía. Lo expuesto en las disposiciones adicionales del proyecto de presupuestos no es más que un nuevo intento de intentar cercenar la buena gestión que se ya está realizando desde los Ayuntamientos del cambio y que debemos usar como modelo a seguir también aquí en Sanse”
Por su lado Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, concluye que “la gestión directa de los servicios públicos no es solo una opción política legítima, jurídicamente viable y económicamente sostenible sino que también es más eficiente, más sostenible y más garantista de los derechos de las y los trabajadores, por ello debemos trabajar para derogar estas disposiciones de los PGE de 2017″.
