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El pasado mes de febrero, Izquierda Independiente presentó una reclamación ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en la que informaba al consejero de las quejas y denuncias que el partido local había recogido tanto de familiares como de trabajadores y trabajadoras de la residencia geriátrica de Moscatelares.
Tras esta reclamación, el partido presentó, junto con sus socios de gobierno, una moción que el pleno aprobó por amplia mayoría y que pedía a la Comunidad de Madrid y a la concesionaria de la residencia, Albertia, que dieran un trato digno tanto a las personas mayores residentes como a aquellas del centro de día, pues había numerosas pruebas que mostraban falta de atención y un recorte en ciertos alimentos, lo que repercutía en un mal cuidado a las personas mayores.
En el pleno del mes de abril, el portavoz del grupo municipal del PP, Raúl Terrón, acusó a los partidos que apoyaron dicha moción en general, y creemos que a Izquierda Independiente en particular, de no tener pruebas que sustentaban dichas acusaciones. ¿Su argumento? Que la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid había enviado una carta al ayuntamiento de Sanse alegando que sus inspecciones no habían llegado a la misma conclusión y que “el referido escrito no se ajustaba a la realidad”. Cabe puntualizar que esta Consejería fue la encargada de dar a Albertia la concesión de Moscatelares.
Ante este ataque, Izquierda Independiente ha respondido al PP en el último pleno y lo va a hacer también al Consejero con la batería de pruebas aportadas tanto por los trabajadores y trabajadoras de Moscatelares como por las familias, que fueron las que instaron al partido a elevar la denuncia a la Comunidad de Madrid: levantar a los residentes durante el turno de noche (6 am), déficit de mantenimiento, retirada de bollos y fruta fresca de los desayunos y meriendas, mayores desatendidos…, debiéndose la mayoría de los problemas a la falta de personal, algo derivado de los despidos así como los recortes en el número de horas.
La Comunidad de Madrid, y ahora el PP de Sanse, se escuda en que se cumplen los ratios establecidos en el pliego, pero es precisamente dicho pliego el causante de la situación que se vive en la residencia de Moscatelares y en otras como la de Peñuelas, Las Rozas, Corredera Baja, tal y como han manifestado los tres grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid.
Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente y Primer Teniente de Alcalde, comenta: “uno de los mayores problemas es que el pliego de contratación redactado por la Comunidad de Madrid no exige un mínimo de personal de limpieza y rebaja el número de auxiliares de geriatría necesarios, lo que incumple lo establecido por las propias normas de la Comunidad de Madrid, que se basan en lo regulado por la directiva nacional y que fue elaborada en base a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Normas estatales por la que en la Residencia de Moscatelares tendría que haber más de un 50% de auxiliares de geriatría”.
Lógicamente, el responsable de esta situación es la Comunidad de Madrid y sus recortes. En 2006 la plaza del servicio se concertaba por 53,54 euros mientras que en 2014 salía por 52 euros, mermando así la calidad de la gestión de las residencias.
Para Roberto Vegas, secretario general de Izquierda Independiente, los informes de la inspecciones de los días 3 y 19 de febrero dan credibilidad a las deficiencias denunciadas por el partido, lo que confirma que no es un simple conflicto laboral.
“Estamos convencidos que los trabajadores cumplen con sus obligaciones y que puede que la empresa cumpla el pliego de condiciones, aunque con los datos obtenidos no se puede afirmar. Por eso señalamos como responsable principal de esta situación, no a la empresa concesionaria sino a la Comunidad de Madrid por hacer un pliego que no respeta la ley que estableciendo unas ratios de ancianos por gericultor superiores a los legalmente establecidos en la resolución del 2 de diciembre del 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención de la Ley 39/2006, lo que supone que haya menos personal del necesario y exigible. Podemos estar de acuerdo con la Consejería en la imposibilidad de evitar en un 100% los incidentes y caídas en los centros de mayores, pero podremos minimizarlos teniendo el número de gerocultores preciso. Para eso se requiere además de otras cosas una sensibilidad con nuestros mayores de la que parece carecen”, afirma Roberto Vegas.
“Por todo esto, volvemos a pedir que se hagan caso tanto de nuestras denuncias como de las de los familiares que pusieron sus quejas ante la OMIC del ayuntamiento de Sanse y en las que manifiestan varios actos graves, entre ellos que no se derivó inmediatamente al hospital a la persona mayor que sufrió quemaduras tras largas horas abandonado en las que nadie vino a socorrerle. Nos preguntamos por qué se da credibilidad a la versión de la empresa y no a la del anciano. Hay que reflexionar sobre las consecuencias de dar concesiones basándonos solo en el criterio económico, lo que tiene consecuencias muy graves como ya estamos viendo”, concluye Rubén Holguera.
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