En julio de 2012, en pleno verano, el entonces todavía gobierno de Esperanza Aguirre aprobó la Ley 4/2012 de modificación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Una ley que, entre otras cosas, establecía que desde ese momento ya no se concederían las ayudas para adquisición de viviendas protegidas, el conocido como "Cheque Vivienda".
Con esta decisión, que se aplicó también sobre los expedientes todavía en tramitación, miles de familias que habían solicitado la ayuda y que llevaban esperando en algunos casos desde 2009, perdían la esperanza de recibir una ayuda a la que tenían derecho, simplemente por la ineficacia de la administración regional en tramitar sus expedientes.
Para Izquierda Independiente esto es una injusticia manifiesta que debe ser corregida. Por eso el partido local pide al gobierno de San Sebastián de los Reyes que se posicione claramente en contra de aplicar de forma retroactiva la supresión del cheque vivienda y pida a la Comunidad de Madrid que conceda las ayudas a todas aquellas familias que lo solicitaron en tiempo y forma.
La injusticia cometida es mayor si cabe toda vez que algunos expedientes sí han conseguido las ayudas y otros no, lo que vulnera el principio de igualdad entre la ciudadanía.
Para Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente “Lo único que puede hacer cambiar esta situación tan injusta es que la Comunidad de Madrid rectifique, y la mejor manera de conseguirlo es que todos los municipios, independientemente del partido que gobierne, pidan a Ignacio González que dé marcha atrás en esta medida. Alcobendas lo acaba de hacer y Sanse no puede ser menos, nuestros vecinos y vecinas están esperando que su Ayuntamiento les defienda”.
La petición, que Izquierda Independiente quiere que se lleve al próximo Pleno y que espera que sea apoyada por todos los grupos, contemplaría instar a la Comunidad de Madrid a que reconozca y haga efectivo el derecho de aquellos solicitantes del “Cheque Vivienda” que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 12/2005, hubieran formulado su solicitud antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2012. Y realizar un estudio, a través de la EMSV, para valorar el número de afectados para informarles y asesorarles sobre las posibles medidas a adoptar.
