El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas ha visto indicios de delito en la operación del conocido como “caso Sotohenar”. El juez aceptó a trámite una querella presenta por los socialistas en la que se afirma que el consistorio perdió más de 12 millones de euros en la recompra de unas parcelas municipales.
Los socialistas mantienen en la querella que el regidor se apartó de la normativa aplicable y prescindió de los informes técnicos sobre la viabilidad de la operación. Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE en Alcobendas ha afirmado que la empresa constructora Sotohenar ha sido la gran beneficiada de una operación que “ha dejado a Alcobendas, 12 millones de euros más pobre”.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa declarará como imputado este viernes a las diez de la mañana en los juzgados de Alcobendas. El regidor afirmó, justo hace una semana ante los medios de comunicación, que la decisión buscaba en todo momento preservar los intereses del ayuntamiento y recordó que él es el primer interesado en que la Justicia aclare cuanto antes este asunto.
El Caso Sotohenar
Como ya le contamos en SER Madrid Norte, en el verano de 2009 el ayuntamiento deshizo una actuación iniciada en la anterior legislatura con la promotora SOTOHENAR a la que se habían “adjudicado en venta” dos parcelas situadas en el Juncal por un importe de 13 millones de euros y la construcción de un edificio de oficinas incluido en el convenio como “especie”.
El equipo de gobierno (PP) justificó esta decisión con el riesgo declarado por la empresa de entrar en suspensión de pagos lo que ante el incumplimiento de sus obligaciones financieras podría haber provocado la ejecución de la hipoteca de la parcela por parte de la entidad bancaria.
La decisión del equipo de gobierno fundamentada en no arriesgar el patrimonio de la ciudad, fue rechazada por el Partido Socialista que denunció que la recompra de las dos parcelas se realizó al mismo precio que en 2007 pese a la caída del sector inmobiliario.
En la denuncia presentada en mayo y aceptada a trámite en el mes de septiembre, los socialistas afirman que el gobierno municipal recompro las parcelas sin esperar una nueva tasación y con el informe en contra de la interventora municipal. El PSOE habla de un beneficio claro para la empresa y una perdida para las arcas municipales de 12 millones de euros.
