El asunto tiene en jaque a decenas de organizaciones que participan en el programa OPEA (Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo), un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo para ayudar a los parados a reincorporarse al mercado laboral. El presupuesto que la Comunidad de Madrid había asignado a esta partida es de 19 millones de euros.
El programa se inició el pasado mes de octubre, tal y como disponía la Orden 4015/2009 de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid reguladora de las ayudas. En dicha norma se establece que las entidades participantes debían depositar un aval por el 5% de la subvención, que les sería abonada de manera anticipada e íntegra a 31 de diciembre de 2010 al desarrollarse a lo largo de los ejercicios. El pago anticipado de la subvención se justifica porque un 90% de su importe se destina a gastos del personal contratado para ejecutar el proyecto. Nadie ha visto un euro dos meses y medio después de la fecha tope.
Sandra Martín es la directora de la Asociación para la Promoción del Empleo de la Mujer (APEM), una de las participantes en el programa. La Comunidad les otorgó una subvención de 64.000 euros, tras presentar el aval antes citado por el 5% de esa cantidad. Ha contratado a cinco personas –tres orientadores laboral y dos administrativos- a los que no podrá pagar la nómina del mes de marzo. “He gastado mis propios ahorros; este mes ya no podrán cobrar”, asegura a cuartopoder.es.
Martín ha reclamado por carta a la consejera Paloma Adrados tanto el pago de la subvención como el de los correspondientes intereses de demora, sin que por el momento haya recibido respuesta a sus demandas. Debe de tratarse de una consejera ocupadísima porque tampoco ha atendido la llamada de este diario. Uno de sus portavoces se limitó a manifestar que debía de tratarse de un “simple problema administrativo”.
Problemas administrativos similares han provocado, por ejemplo, que muchas de estas ONG sigan pagando a los bancos avales de 2009, correspondiente a trabajos ya realizados, por el simple hecho de que los funcionarios de la consejería tienen bloqueada la aplicación informática para darlos de baja y pese a que la justificación económica de la subvención de aquel año fue presentada en abril de 2010.
En la carta dirigida a la consejera, la responsable de APEM califica su situación de crítica y no ahorra en rapapolvos: “En la situación actual de desempleo son las instituciones públicas las que tienen, por encima de todo, que ayudar a los más necesitados. Entendemos que no pueden prestar todos los servicios públicos que son necesarios para llegar a todos los ciudadanos de la región, y por eso nosotros estamos para apoyar al máximo en esa prestación de los servicios. Eso sí, para poder hacerlo necesitamos que también respeten las reglas del juego que ustedes imponen, es decir, que paguen cuando exigen avales”.
Martín ha contactado con cerca de cuarenta organizaciones que se encuentran en idéntica situación, a las que les propone solicitar un encuentro con la consejera de Empleo. “He recibido tres respuestas. Una de ellas para decirme que me apoyaban pero que no debía enterarse la prensa; otras dos para asegurarme que irían conmigo a la Consejería. Hay mucho miedo”.
«
