Escándalo real

Es un trabajo aséptico, sin conclusiones, pero donde se analizan todos los movimientos financieros y tributarios de las empresas creadas por el duque de Palma y su socio. Y el análisis de esos datos desvela una operativa destinada a enriquecerse con fondos públicos, utilizando irónicamente como pantalla una ‘ONG’ sin ánimo de lucro, y a estafar presuntamente dinero al fisco.
 
Con este demoledor informe de la Agencia Tributaria encima de la mesa, al juez José Castro no le queda otra opción que imputar a Urdangarin. Pese a las maniobras para apartar del caso a Castro, encabezadas por el presunto corrupto Jaume Matas, hay que confiar en que la Justicia sabrá tratar igual al duque que a cualquier otro ciudadano. De momento, Castro y el fiscal del caso, Pedro Horrach, se han comportado con una valentía extraordinaria, especialmente loable en un país donde sobran cortesanos siempre dispuestos a socorrer al poderoso.
 
Si escandaloso es lo que descubre el informe de Hacienda, aún mayor perplejidad causará a los lectores otro dato que desvela hoy este diario: en cuatro años, Urdangarin y su mujer compraron propiedades valoradas en 7,3 millones de euros. La Casa Real ha guardado hasta ahora un mutismo incomprensible, pero ha llegado la hora de que aclare cuánto dinero de los impuestos de los españoles entregó a la infanta Cristina y a su marido y qué parte de esos fondos se destinó al monopoly inmobiliario.