La norma tiene “el objetivo de garantizar el derecho a la educación y la protección de menores que pudieran ser víctimas de desinterés, descuido o negligencia en este sentido”, señala María Manzanares.
El incumplimiento de la ordenanza puede acarrear la imposición de sanciones de entre 750 y 3000 €, según la gravedad de los hechos y la reincidencia en los mismos. Entre las infracciones leves se encuentran no gestionar plaza escolar para un menor en periodo de escolarización obligatoria o no procurar la asistencia al Centro escolar de dicho menor.
El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la norma es la Mesa de Absentismo, un observatorio interdisciplinar compuesto por representantes de la Consejería de Educación, técnicos municipales, fuerzas de seguridad, asociaciones de padres, directores de centros, orientadores, etc, que se encuentra presidido por María Manzanares, Concejala de Educación
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