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El Tribunal Superior de Madrid desmonta la privatización hospitalaria.

11/09/13. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso rechazó un recurso similar del PSM. Ahora sí admite a los médicos de Afem como una parte legitimada para impugnar este concurso.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado hoy el que podría ser el golpe definitivo al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales impulsado por el Gobierno regional. Ha dictado un auto en el que ordena la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los seis hospitales públicos a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem). Esta vez es un tribunal superior el que se manifiesta en contra del plan regional, y lo hace confirmando que esta asociación está legitimada y obligando explícitamente a la Comunidad de Madrid a mantener la prestación sanitaria tal y como está ahora "hasta que el recurso se resuelva". Es decir, el TSJM aclara las dudas de interpretación que pudiera tener el Gobierno regional, que consideró, tras otra suspensión cautelar (de un tribunal de menor rango) que no afectaba al concurso por estar ya adjudicados los centros a las empresas concesionarias.

De momento, la Consejería de Sanidad no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, Afem ha mostrado su "satisfacción" tras conocer el contenido del auto, que estudian ahora para hacer una valoración más profunda. "Ahora esperamos poder trabajar con la Consejería de Sanidad para empezar entre todos la reforma que necesita el sistema, y que no era el plan calamitoso que plantearon ellos y que solo beneficiaba económicamente a unas empresas y no a los pacientes", ha afirmado su portavoz, Patricia Alonso.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha acordado la paralización del proceso, que ya congeló de forma cautelar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid la pasada semana también como consecuencia de un recurso de Afem, tras justificar el sindicato médico que era una parte legitimada para recurrir este concurso, que adjudicó en agosto a tres empresas la gestión de los seis hospitales. Los contratos de gestión que se tienen que firmar tras la adjudicación, sin embargo, aún no han sido rubricados.

Esta misma Sección Tercera paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Se trató de la primera suspensión, pero duró poco. Dos semanas después, el TSJM levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —cada uno residente en una de las zonas de influencia de los hospitales— que pidieron la suspensión “no ostentan un interés legítimo”, justo lo que ahora sí se reconoce a AFEM.

En concreto, lo que el TSJM suspende 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad por la que se hizo pública la convocatoria del concurso público para gestionar los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sudeste y del Tajo, al que se presentaron tres empresas sin hacerse la competencia entre sí.

Según el auto, la modificación del sistema de gestión "es de unas dimensiones tan extraordinarias que harían muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso volver a la situación anterior", precisamente el mismo argumento que usa para paralizar la privatización el juzgado de lo Contencioso. El auto da la razón a Afem, en cuyo informe jurídico sostiene que los pliegos del concurso perjudican al personal estatutario fijo y a los interinos, presentan "graves lagunas y defectos" y afectan a la formación de los médicos residentes, la investigación y la docencia.

Según el auto, en los pliegos elaborados por la Consejería de Sanidad no se indica “por qué al personal interino no se le garantizan iguales derechos que al personal fijo”. A comienzos de mes, las empresas adjudicatarias habían comenzado a comunicar a los trabajadores sin plaza fija cambios en sus condiciones laborales que afectaban a la baja a la retribución y aumentaban las horas de trabajo.

La sala de lo Contencioso es muy expeditiva al referirse a la “corrección de errores” incluida en el último momento por el Gobierno regional en las condiciones de los pliegos, que redujo en cerca de un 90% el aval que debían aportar las concesionarias —de 233 millones hasta apenas 28—. Según el auto, esta incorporación “en realidad esconde y trata de disimular una manifiesta rebaja ilegal y fraudulenta en beneficio de las empresas adjudicatarias y desprotegiendo absolutamente intereses generales a los que debe salvaguardar”. “Resulta contraria a derecho, adultera las condiciones de transparencia , publicidad y concurrencia, e incluso, podría ser constitutiva de conductas punibles, añade la ponente, la magistrada Fátima Arana Azpitarte.

Izquierda Unida ha exigido hoy al Gobierno regional que paralice de forma definitiva la privatización sanitaria. Su coordinador general, Eddy Sánchez, ha advertido a Lasquetty que "de persistir, podría estar bordeando la prevaricación" y ha reclamado a González que "saque del gobierno al Consejero" puesto que "alguien que provoca este estropicio, tiene que tener consecuencias políticas". Por su parte, el portavoz de Sanidad, Rubén Bejarano, ha declarado que "ya que no hacen caso a los profesionales ni a la ciudadanía, que al menos respeten los acuerdos judiciales y paralicen urgentemente esta privatización".

En total, el plan privatizador de la Comunidad de Madrid tiene pendientes en los tribunales 14 procedimientos. Cuatro de ellos están promovidos por AFEM, este proceso de hoy abierto por la vía de lo contencioso pero ante el TSJM y el otro el del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, en el que los médicos apelan a la protección de los derechos fundamentales.

La tercera causa de AFEM es también ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid, que denegó el pasado 5 de septiembre la petición de suspender de forma cautelar el concurso. A diferencia del recurso presentado ante el Juzgado número 4, el presentado ante el Juzgado número 16 era muy específico, ya que no se impugnaba todo el proceso sino única y exclusivamente la modificación de última hora de los pliegos del concurso.

Además, presentaron una querella al juzgado de instrucción 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad están citados en calidad de imputados y a la espera de prestar declaración. La declaración de los altos cargos está suspendida porque la Comunidad no ha entregado la documentación requerida.

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