Hoy el gobierno del Partido Popular se hará la foto de la primera piedra de la primera promoción de viviendas puesta en marcha íntegramente bajo su mandato: un edificio de 42 viviendas en la calle Caño Gordo. En esa foto no estará Izquierda Independiente, pues desde el principio se ha opuesto a un proyecto que dista mucho de ser social o económicamente accesible para la mayoría de la ciudadanía.
Viviendas que nadie quiere
Y es que las viviendas, calificadas como VPPL, tienen un precio de venta que no tiene nada de social. Son pisos de entre 80 y 90 metros útiles, con una o dos plazas de garaje, trastero, y un coste entre 215.000 y 256.000 euros (entre unos 35 y 43 millones de pesetas).
Un precio tan elevado que ha llevado a que después del sorteo público realizado, prácticamente todo el mundo haya renunciado a ellas; se ha agotado la lista de espera, y ha habido que poner anuncios en La Plaza a toda página recordando esta promoción. Con todo ello, aún no están reservadas ni la mitad de las viviendas ofrecidas.
Inversión millonaria que impide destinar el dinero a otro tipo de promociones
La obra costará 3,6 millones de euros, y será financiada íntegramente con recursos públicos. Esto quiere decir que el dinero ahorrado por la EMSV gracias a otras promociones, se destina a un edificio que nadie quiere, al tiempo que, con la excusa de la falta de crédito, se dejan abandonadas otras iniciativas inmobiliarias que sí podrían ser sociales y económicamente accesibles.
Es por ello que Izquierda Independiente quiere denunciar que con esta política no se están cumpliendo los objetivos que se le presuponen a una empresa municipal de suelo y vivienda.
Para Rubén Holguera, Portavoz de Izquierda Independiente, “Hoy no se entierra una piedra, sino que se entierra la vivienda social en Sanse, destinando los recursos públicos a viviendas de 250.000 euros. Desde Izquierda Independiente hemos pedido en varias ocasiones que ese dinero no se destine a las viviendas de Caño Gordo y sí a viviendas en alquiler social con precios ajustados a la renta de sus inquilinos. Por desgracia no nos han escuchado con lo que tendremos que ver cómo con esos 3,6 millones de dinero público, se lastrará la capacidad del Ayuntamiento de hacer verdaderas políticas sociales tras las elecciones del próximo Mayo”.
