Más de un 96% de los españoles que estaba fuera de España en las pasadas elecciones autonómicas no pudo votar, en muchos casos porque no llegaron a tiempo para apuntarse al censo. Este problema se repite de cara a las generales. El registro para inscribirse y ejercer el derecho a sufragio cerrará de nuevo y sin aviso institucional este 31 de julio, de lo que se desprende que la votación para elegir un nuevo Gobierno se celebrará como muy tarde el próximo 20 de diciembre, fecha límite por ley.
«El tipo de voto de la gente que se ha tenido que ir fuera por obligación es un voto de castigo», dice la consultora ambiental Elia Carceller desde Berlín sobre por qué la Administración les pone tantos problemas. Miembro activo de la plataforma Marea Granate, cuenta las diferentes trabas administrativas que deben superar todos aquellos que viven fuera de España: «A la mayoría de la gente, casi un 40% de media, se le pasa el plazo y no puede votar».
Al no tener información institucional, los componentes de la organización echan cuentas para saber cuándo realizar los trámites a través de una «calculadora de plazos» que han creado ellos mismos. «Nos ponen pegas continuamente para inscribirnos en los consulados y para demandar el voto rogado, y cuando crees que ya lo tienes todo, hay veces que las papeletas no llegan a casa», dice Carceller.
Otro agravante de esta situación, según denuncia Marea Granate, es que el 84% de los militares en el exterior hayan podido ejercer su derecho a voto con todo tipo de garantías, demostrando que «la Administración trata a los emigrantes como ciudadanos de segunda».
«
