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El ¨Ignorado¨ Derecho Contractual.

1/5/13. Este articulo de uno de nuestros colaboradores habituales refleja con exactitud como está la situación actual de nuestro país ¨gracias" a Mariano y su PP.

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La función ejercida durante años por el actual presidente de Gobierno, como registrador de la propiedad,  obliga a dar por sentado su  respeto a la máxima validez de los contratos y tener como principio ineludible la buena fe contractual. Por si faltase algo está rodeado de una inmensa cohorte de de abogados del Estado de ambos sexos. De su  invocación hay pruebas constantes por parte de todo interesado en el cumplimiento estricto de la literalidad de los contratos hipotecarios, por supuesto en su interpretación a beneficio del prestamista.  Como todo trabajador tuve que suscribir de forma explícita un contrato de lo que entonces se conocía como Seguro de Enfermedad por el que, a cambio de una cuota mensual fija aunque revisable al alza, se me garantizaba asistencia sanitaria adecuada y medicamentos subvencionados prescritos para cada patología por el médico asignado por la Sanidad Pública. Profesionales cualificados que previamente habían superado una selección mediante convocatoria pública. Llegados a la jubilación se mantenía el vínculo contractual de ese seguro con medicación gratuita en la edad más vulnerable. Esas eran las condiciones del Seguro de Enfermedad de carácter vitalicio suscrito entre el Estado y todo trabajador. La garantía estaba asegurada por la máxima instancia estatal. Con nuestras cuotas y una parte alícuota de nuestros impuestos se construyó un inmenso y valioso patrimonio inmobiliario, hospitales bien dotados, y profesional con unas plantillas de médicos y personal sanitario que llegó a ser envidia internacional. En el momento de hacerse efectiva la jubilación el Estado suscribe con cada ciudadano que pasa a esa nueva situación otro contrato igualmente de carácter vitalicio. En él el Estado asume explícitamente un compromiso de contraprestación obligatoria y revisable, lógicamente al alza, que garantiza unas percepciones anuales en función de los años de cotización, de la aportación acreditada por el trabajador a lo largo de su vida laboral y del nivel retributivo en el momento de ese reconocimiento del derecho. Hasta aquí una descripción de libro de lo que son clausulas contractuales literales de obligada observancia.  Ahora la pregunta obligada. ¿Conoce este Gobierno que está vulnerando principios básicos en temas tan sagrados como el respeto escrupuloso de las obligaciones contractuales de los Seguros Vitalicios? ¿Son conscientes de que bajo ningún concepto se pueden arrogar el derecho de enajenación de bienes públicos, tangibles como inmovilizado o intangibles como la Gestión Pública de Derechos Constitucionales? Si reconocen que son malos gestores (excusa recurrente para derivar a la gestión privada lo que no son capaces de gestionar públicamente) sólo tienen un camino: irse a tomar viento fresco, que buena falta les hace a sus cerebros.

Y finalmente una cuestión de primero de Derecho, porque se supone que las mentes preclaras que han diseñado todo este fangal de la privatización (de su gestión, que es donde está el beneficio) de nuestra Sanidad Pública, al menos pasarían en su momento por la Facultad.

Supongamos que el administrador de una de las fincas de la casa de Alba un mal día cae en la cuenta que está haciendo el tonto y que puede sacar una gran rentabilidad de lo que administra, por cierto bastante rutinariamente ya que el pobre no da para más. Existen unos avispados negociantes que le ofrecen unos golosos beneficios por hacerse cargo de la “gestión” de la finca; ellos tienen planes para limpiar la plantilla de peones de lo que entienden como “poco rentables” e introducir sistemas de explotaciones mucho más “racionales”.

¿Está legitimado el administrador de esa finca para ceder a terceros la gestión/explotación de la finca asignada originalmente a la administración del primer titular de esa labor, amparándose en el poder le fue otorgado en su día e incluso en contra del criterio de los legítimos propietarios, la casa de Alba, con el argumento que “una gestión profesional lo hará mucho mejor y le sacará mayor rendimiento a la finca”?  ¿A quién irá a parar ese “beneficio extra” si la administración y control de la finca es cedido por un tiempo prolongado y con una supervisión de la propiedad puramente formal? 

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