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Aguirre no destina a los dependientes los fondos que recibe con ese fin

08/07/2009. La acusación parte de UGT, que afirma que la presidenta madrileña abusa de la figura del cuidador no profesional para eludir la creación de “plazas propias”, evitando así la creación de empleo.

 

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Más de 100.000 personas dependientes en la Comunidad de Madrid carecen de la ayuda básica que deberían recibir en aplicación de la Ley de la Dependencia, según denunció hoy el sindicato UGT, que recordó además al Gobierno central su obligación de “velar por el cumplimiento” de esta ley que en su opinión está siendo vulnerada por el Ejecutivo autonómico de Esperanza Aguirre.

El sindicato estima que el número de personas dependientes en la Comunidad de Madrid supera las 112.000 personas, sin contar con los menores de 65 años. Estas personas tienen reconocido el “derecho” a ser atendidos desde 2007. Sin embargo, el Gobierno de Esperanza Aguirre “sigue sin habilitar” fondos para atender a estas personas, según denunció la secretaria de política social de UGT, Ana Sánchez de la Coba, quien reclamó la creación de “centros y plazas residenciales” en cumplimiento del espíritu de la Ley aprobada en 2006.

“Lo que están haciendo es concertar con empresas privadas el uso de esas infraestructuras que no crea en la Comunidad de Madrid”, aseguró tras recordar que a la Comunidad madrileña le correspondieron 37 millones de euros en el último reparto extraordinario que el Ejecutivo central realizó por un valor total de 400 millones, unos fondos que el Gobierno Aguirre debería haber destinado “exclusivamente” a crear infraestructuras y puestos de trabajo, aunque “desgraciadamente” no lo ha hecho, agregó De la Coba.

LO EXCEPCIONAL ES NORMA

Con la creación de la Ley en 2007, el Ejecutivo de Zapatero estableció una figura “excepcional” para atender a los dependientes que consiste en retribuir a cuidadores no profesionales con una renta mensual en torno a 450 euros, según el nivel de renta. Sin embargo, según denuncia el sindicato, el Gobierno Aguirre ha convertido la figura del cuidador no profesional en norma a fin de eludir la creación de hasta 52.000 empleos, que, según UGT, la correcta aplicación de la Ley podría crear en la región madrileña.

En este sentido, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, estimó hace unos días que la Comunidad de Madrid es la única autonomía donde el paro aumentó en junio debido a la falta de desarrollo de la Ley de la Dependencia. Para UGT, la comunidad presidida por Aguirre se sitúa a la cola, junto a Murcia y Valencia, en cuanto a la aplicación de la Ley.

El abuso de la figura del cuidador no profesional provoca, según De la Coba, que la atención a los dependientes “recaiga mayoritariamente en la mujer”. Por ello el sindicato exige a Aguirre que cree “plazas propias” e “infraestructuras” para que la atención a los dependientes se profesionalice en Madrid. “No vamos a cejar en nuestro empeño”, agrega tras constatar la saturación de los servicios municipales que asumen funciones que son competencia de la Comunidad de Madrid.

DEPENDIENTES GRAVES SIN ATENCIÓN

“De las 40.367 personas que han registrado su solicitud, se ha conseguido que el 99,81 por ciento tengan realizada la valoración de su grado de dependencia, pero no que reciban las prestaciones que les corresponde”, afirma el sindicato con datos de junio facilitados por el Gobierno central (SAAD). “Tan solo 15.601 dependientes están recibiendo prestación de los 34.850 dependientes que tienen derecho”, asegura.

Un 55 por ciento de los solicitantes en igual período “no están recibiendo absolutamente nada”, asegura De la Coba. “Y son dependientes graves y severos”, añade.

PRESUPUESTOS RIDÍCULOS

El sindicato denuncia que, a partir de la aprobación de la Ley de la Dependencia en 2006, la prestación de servicios “no es caridad, sino un derecho”. Además, la ley obliga a las comunidades autónomas a aportar “al menos” igual cantidad de fondos que el Gobierno central en el desarrollo de la ley. El sindicato denuncia que Aguirre incumplió este artículo de la ley cuando, en 2007, aportó la “ridícula” cantidad de 720 euros, tras haber recibido 23 millones de euros procedentes del Gobierno central. Un año después, en 2008, Aguirre presupuestó con 17 millones los servicios previstos por la Ley, cuando recibió 28 millones por parte del Ejecutivo Zapatero.

UGT acusa al Ejecutivo de Aguirre de hacer pagar a los más pobres su falta de desarrollo de la ley. Demanda a la Comunidad de Madrid que publique un mapa con los recursos disponibles en este asunto. “No estamos hablando de caridad. Es un derecho ciudadano”, concluye.

“La gente que está sufriendo esto son quienes tienen mayores necesidades”, concluye, tras recordar al Gobierno central su obligación de hacer “cumplir la ley”. En su opinión, el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero debe “obligar” a las comunidades autónomas a garantizar este derecho.

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