La Agencia Tributaria Municipal se creó en febrero de 2007, en el último mandato de la izquierda, con la intención de municipalizar el servicio de recaudación. Un servicio que desde 1985 se estaba prestado a través de una empresa externa. Sin embargo, una vez constituida dicha Agencia en los primeros años de gobierno del Partido Popular en Sanse, en vez de ir avanzando en la estructura propia para la prestación del servicio de recaudación, se optó por prorrogar el contrato ya existente.
Todo esto hasta que por fin en 2013 la Agencia Municipal ha asumido las labores para las que fue creada, y se ha procedido a concluir el contrato con el anterior recaudador. Sin embargo para poder crear su propia estructura y debido a las limitaciones impuestas por el gobierno central para sacar ofertas de empleo público, el personal de la Agencia Tributaria Municipal se ha configurado con los anteriores trabajadores de la empresa recaudadora, que han pasado a formar parte de este organismo municipal de forma interina.
Del mismo modo, una vez asumidas esas competencias, la liquidación del anterior contrato ha permitido descubrir una serie presuntas malas prácticas por parte de la empresa prestadora del servicio: la prescripción de numerosos recibos, la mala práxis en el cobro de los intereses de demora, la demora en la realización de actuaciones cobratorias en concursos de acreedores, el cobro al Ayuntamiento de cantidades en concepto de premio especial de cobranza cuando no correspondía, o el impago del alquiler por el local municipal en el que prestaba sus servicios dicha empresa, entre otras presuntas irregularidades.
No ha sido por tanto la creación de la Agencia Tributaria Municipal la que ha posibilitado estas malas prácticas. Muy al contrario, ha sido el proyecto de municipalización de este servicio en 2013, lo que ha permitido descubrir lo ocurrido en años anteriores.
De haberse puesto en marcha dicha Agencia Municipal en 2007 o 2008, como reclamó Izquierda Independiente, las irregularidades se hubiesen podido detectar antes. Sin embargo, disolver la figura de la Agencia Tributaria Municipal como propone el PP local, es matar a un perro que ya ni siquiera tiene la rabia.
Además, su disolución supone la integración del personal de la empresa en la plantilla municipal, sin que se haya celebrado concurso oposición alguno, con el agravante de que las personas afectadas, son además parte de la estructura de la empresa que presuntamente cometió irregularidades ante el Ayuntamiento.
En opinión de Rubén Holguera, Portavoz de Izquierda Independiente, “Lo importante es determinar el alcance efectivo de las posibles irregularidades, reclamar al anterior recaudador los perjuicios que haya causado a la Hacienda municipal por malas prácticas y examinar si ha habido dejación por parte del personal municipal y de las personas responsables de la fiscalización económica en el seguimiento de este contrato. Nos corresponde entonces, exigir las responsabilidades económicas, técnicas y políticas a quien corresponda”.
