Inicio Opinión ¿A quien le interesa que se odie al funcionario? Quien nos maneja para sentir este odio y qué se persigue

¿A quien le interesa que se odie al funcionario? Quien nos maneja para sentir este odio y qué se persigue

7/2/12. Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

por

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado.
Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en
el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es
comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de
independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada
momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia,
se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función
pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La
expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al
funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino
en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de
turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en
términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso
rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es
corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del
funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan
acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones
personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que
se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones,
como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan
que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía
popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su
función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad
personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la
oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número,
los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas
salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre
designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés
en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego
tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto
cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la
intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección
de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de
sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este
modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción,
tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el
fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que
se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos
mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea
personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es
general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios
y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser
una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean
de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte
económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su
dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún
problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle
como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de
libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en
especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la
Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir
a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los
compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal
que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los
gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura
demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el
poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples
emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni
en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su
mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se
engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha
frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos
de manera más discreta.

 

 

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