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“La Lomce es una ley aberrante e incostitucional”

ENTREVISTA | Elisa Pérez Vera, primera rectora en España
Esta jurista ocupó en 1982 el máximo cargo de la UNED. Fue miembro del Tribunal Constitucional y cuestiona el apoyo de esta institución a la Ley Wert: “Estoy convencida de que la enseñanza que separa por sexos es contraria a nuestra Constitución”.
“¿Qué porvenir le espera a una universidad que es incapaz de atraer a los mejores de cada generación?”, lamenta sobre el envejecimiento del claustro

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Elisa Pérez Vera (Granada, 1940) fue la primera mujer que ocupó el rectorado de una universidad pública en nuestro país. Hija de una maestra de la República, esta catedrática de Derecho Internacional Privado y exmiembro del Tribunal Constitucional es una defensora de la educación pública. Cuenta que en 1982 decidió presentarse a las elecciones de la UNED para “devolverle” a la Universidad parte de lo que le “había dado”.

 35 años después de que Pérez Vera ganase las elecciones al Rectorado, la cifra de rectoras sigue siendo reducida en comparación con sus homólogos masculinos. Actualmente solo cinco de los 50 campus públicos están dirigidos por una mujer, dos más tomarán posesión en las próximas semanas en la Jaume I y Rovira i Virgili.

¿Qué supuso en 1982 que por primera vez una mujer estuviese al frente de una universidad pública?

En ese momento no fui muy consciente de que suponía un paso adelante importante en la situación de la mujer en España. Lo único que pensé es que llevaba bastantes años en la universidad. Hasta ese momento, tenía la impresión de que la Universidad me lo había dado todo y yo, por el contrario, me había concentrado en mi trabajo, mis estudios y en mi cátedra. Así que me pareció que era una forma de devolverle a la universidad parte de lo que me había dado, quería contribuir a hacer mejor la UNED.

Después sí que fui muy consciente de lo que suponía que una mujer llegase al rectorado. Entre otras cosas, lo fui porque el mismo día de la elección me hicieron una entrevista para el telediario de las nueve. La pregunta fue: “¿Qué siente cómo mujer?”. Y mi respuesta fue de lo menos feminista. “Lo mismo que siente un hombre. Que he ganado, que me hace ilusión haber vencido a tantos compañeros varones que se presentaron”, dije. Después sí que he sido consciente de lo que supuso. Creo que demostré que se puede hacer política con otro talante, de otra forma.

Han pasado más de 30 años y la proporción sigue siendo reducida. Teniendo en cuenta que hay más mujeres matriculadas que hombres, ¿hay machismo en la universidad?

Cuando yo estudié Derecho éramos cinco mujeres de un conjunto de 100 alumnos. Ahora, felizmente, hay más mujeres que hombres en la Universidad porque en la sociedad somos más mujeres. En cargos directivos hay más mujeres, por ejemplo en decanatos y departamentos. ¿Por qué hay menos mujeres en el rectorado? Te exige una dedicación a tiempo completo. Y hay muchas a las que puede no compensarles, [supone] sacrificar otras alternativas vitales.

Sobre todo hay una razón consustancial al cargo: para ser rector hay que ser catedrático. La proporción de catedráticas en relación con los catedráticos sigue siendo reducida, estamos alrededor del 20%. Es lógico que entre los rectores haya también solo una cuarta parte de mujeres respecto de hombres. Creo que la razón esencial es que el número de catedráticas es muy inferior al número de catedráticos.

¿Qué políticas educativas se podrían implementar para que haya más catedráticas?

Hay que evitar que se obstaculice un desarrollo natural que deberá conducir a que aumente el número de catedráticas a medida que en los tribunales de oposición haya también más mujeres. Es una cadena lenta. Siempre digo que los cambios que se resuelven publicando una orden en el BOE son cambios fáciles. El problema llega cuando la modificación tiene que ir acompañada de un cambio de mentalidad. Las mentalidades evolucionan lentamente.

Lo normal es que la evolución se haga en la generación siguiente. Al haber llegado a una edad avanzada, creo que tengo la suerte de haber podido cambiar yo misma, he realizado la evolución en mí misma. Pero muchas veces la evolución requiere de cambios generacionales. Por eso, siempre he pensado que está muy bien que los mandatos sean limitados y que no hay que eternizarse en ningún puesto.

En determinados sectores sociales el feminismo ha conseguido ese cambio de mentalidad al que alude. En un encuentro con rectoras Patricia Botín se reinvindicaba como feminista y reconocía que su percepción de la desigualdad de género ha ido cambiando con el paso de los años. ¿Cómo vivió usted la huelga del 8M?

Las manifestaciones del 8M fueron maravillosas. Creo que el hecho de que nos reafirmemos todas es un paso adelante, pero sobre todo las más jóvenes. Para mí ha sido una tranquilidad ver que el recambio está asegurado y que la bandera de las mujeres la han tomado las más jóvenes con fuerza.

La sentencia de La Manada prendió una mecha de movilizaciones feministas en muchas ciudades. A usted, que es jurista, ¿qué le ha parecido ese fallo?

Creo que las sentencias hay que verlas tanto en el resultado como en el razonamiento jurídico. Creo que la pena impuesta es similar a las penas que se imponen por violación. Por lo tanto, no objeto las penas. Creo que el razonamiento es equivocado. Pensar que se puede decir que no hay violencia cuando estamos ante una cría de 18 años, frente a cinco tíos como cinco armarios, que ha bebido más de la cuenta y que tiene sus elementos de control disminuidos, decir que eso no es violencia me parece una interpretación poco razonable de la ley.

Mi crítica es básicamente a ese razonamiento, a esa interpretación de la ley. ¿Hay que modificar la ley? Posiblemente no. Lo que hay que cambiar es la mente de los que interpretan la ley. Hablo en genérico masculino porque creo recordar que en el tribunal había también una mujer. El problema de una interpretación que no me gusta de la ley no depende del sexo, depende del seso, con ese.

Retomando las cuestiones educativas, ¿a qué retos hace frente actualmente la universidad pública?

Tras mi vuelta a la universidad procedente del Tribunal Constitucional, me encontré una Universidad envejecida. En mi departamento la persona más joven tiene más de 50 años y no es catedrática, es titular. ¿Qué porvenir le espera a una Universidad que es incapaz de atraer a los mejores de cada generación?

Ahora mismo, la falta de apoyo de las instituciones públicas a la investigación tiene que cambiar, salvo que aceptemos que nos vamos a suicidar como país y que vamos a convertirnos en un país de camareros y kellys. Con todos los respetos, dicho así puede resultar clasista pero no podemos ser un país de servicios. Un país que cifre todo en el desarrollo en el turismo de sol y playa está renunciando a su futuro.

Colectivos de estudiantes también critican que la formación impartida en la Universidad está centrada en el mundo laboral y no en contenido más filosófico o científico…

En un viaje a Cuba me pidieron que diera una conferencia en la Universidad de La Habana. No era masiva, era un seminario muy selecto. Se abrió el debate y me preguntaron: “¿Cree que son necesarios currículos muy volcados al mundo laboral o por el contrario un currículum generalista?” Contesté que el problema de buscar contenidos muy centrados en el mundo laboral es que evolucionan rápidamente y la formación que damos en la universidad requiere de cuatro o cinco años. Cuando los titulados llegan al final de sus estudios, el mundo laboral puede haber cambiado por lo que la formación que le hemos dado no sirve para acceder a ese mundo laboral.

Por lo tanto, creo que sin olvidar la vertiente práctica de la enseñanza universitaria, es más indispensable dar unos conocimientos generales y sólidos, de tal forma que se puedan adaptar al mercado laboral. Me respondieron: “Justamente, lo que dice el comandante”. (Se ríe). “Menos mal que he acertado, eso se dice antes”, respondí. Imagínate que de pronto le hubiese llevado la contraria al comandante. No sé si hubiese sido despedida con tanta sonrisa.

¿Qué papel ha jugado la universidad para el ejecutivo de Mariano Rajoy? ¿Se ha tratado bien o mal a los campus públicos?

La universidad ha sido tratada muy mal en esta crisis. Han optado por la salida fácil, recortar en todas las partes por igual. No se puede recortar en Sanidad, ni en Educación y no se debe recortar en dependencia o servicios sociales. Hay cuatro patas del Estado social que no deberían nunca tocarse. Si una de ellas es nuclear, es la enseñanza, y de forma específica, la universitaria. La Universidad está destinada a liderar los cambios futuros ¿qué liderazgo podemos pedir a una Universidad que está a la defensiva y a la que se le imponen nuevas obligaciones sin permitirle aumentar plantilla?

El cambio del sistema de becas me pilló cuando me reincorporé a la universidad [procedente del TC]. En la UNED, donde tenemos un alumnado que trabaja al mismo tiempo que estudia, tuvimos que adoptar decisiones como mantener la nota a los estudiantes que no pudieron terminar de pagar la matrícula. Desde la Universidad hemos intentando paliar lo posible, pero ha sido muy maltratada.

Usted formó parte del Tribunal Constitucional durante 11 años. Recientemente este organismo ha avalado los artículos más polémicos de la Lomce (peso de la Religión en el currículum educativo o la financiación pública a colegios que segregan por sexos). ¿Qué le ha parecido esta decisión?

Me ha producido una auténtica desolación. Estoy [de acuerdo] con los votos particulares, son convincentes.

¿Cuál es su opinión personal sobre este fallo?

En mi opinión, llevaban razón los que impugnaron la ley. Creo que la normativa es inconstitucional. La sentencia no se justifica de una manera que me resulte asumible o aceptable. Cuando digo que avalo los votos particulares, estoy convencida de que la enseñanza que separa por sexos es contraria a nuestra Constitución. Por lo tanto, es inconstitucional y debería suprimirse.

En cuanto a la enseñanza de la religión como alternativa a la enseñanza sobre valores cívicos o éticos, también me parece aberrante e inconstitucional. Me parece aberrante como docente y como demócrata que la enseñanza en valores democráticos pueda ser sustituida por la enseñanza de una concreta religión.

Esta semana hemos vivido un cambio de Gobierno, ¿qué le ha parecido la llegada del PSOE al Ejecutivo?

Los números no permiten que tengamos demasiada esperanza. La composición actual de las Cortes hace difícil que prosperen las medidas que se proponen. Aun contando que cada medida tuviese el apoyo de Podemos, también necesitaría el de los nacionalistas y este es muy conyuntural, destinado a sacar del Gobierno al PP. Dependiendo de la materia, a lo mejor puede lograrse el apoyo de Ciudadanos.

No me gustaría que se prolongara, es una opinión personal. Un Gobierno que no pudiera gobernar resultaría agónico y malo para los que en estos momentos mantenemos una ilusión en que el país mejore. Creo que en el caso de que se compruebe que es imposible gobernar con la lógica matemática, lo mejor sería llamar de nuevo a las urnas.

https://www.eldiario.es/sociedad/Igualdad-Universidad-Lomce_0_779022705.html

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‘Los Ángeles’ De Guindos: ya son tres las sobrinas enchufadas en Washington

8/09/2016.- María Luisa Pedrosa de Guindos ocupa un puesto en Estados Unidos de manera irregular.

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La familia de Luis de Guindos se podría definir como la de los enchufes. Si ya conocíamos cómo sus sobrinas Leticia y Beatriz de Guindos Talavera habían sido colocadas en puestos de libre designación en la embajada en Washington y en el Banco Mundial respectivamente, a ellas se debe sumar María Luisa Pedrosa de Guindos.
 
La tercera sobrina del ministro de Economía en funciones es hija de su hermana María Dolores de Guindos, fallecida el año pasado, y del coronel de Intervención Militar ya retirado, Ángel Pedrosa. Desde 2015, ocupa el cargo de secretaria general de Educación en la embajada en Washington.
 
El puesto en el que se encuentra es dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encabezado en el momento de su nombramiento discrecional por José Ignacio Wert, otro popular que se benefició de las recolocaciones a dedo del Gobierno del PP cuando dejó su cartera y se fue a la OCDE en París.
 
Todo por quedarse en EEUU
 
María Pedrosa de Guindos ocupó ese mismo puesto durante cinco años consecutivos desde 2010 hasta el 31 de agosto de 2014.En este momento, la sobrina del ministro tuvo que dejar su cargo, obligada por el Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, que regula la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el exterior, y el cual en su artículo nueve recoge que el plazo máximo de permanencia de los funcionarios en el exterior será de un máximo de cinco años.
 
Desde el día 1 de septiembre de ese año Pedrosa de Guindos se convirtió en agregada de Educación en el Consulado de España en Los Ángeles, tal y como también recogió el BOE. Lo doblemente escandaloso es que, según han informado a ELPLURAL.COM fuentes conocedoras del caso de Pedrosa De Guindos, nunca ejerció ese puesto en la propia ciudad estadounidense y continuó residiendo en Washington durante todo el año, desde donde dirigía la Agregaduría.
 
Re-recolocada
En el verano de 2015, el Ministerio de Educación decidió colocar a José Ignacio Sánchez Pérez, antiguo director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, en la Agregaduría de Los Ángeles y la sobrina del ministro se quedó sin su puesto de agregada. Como no quería regresar a España, el Ministerio sacó la plaza de secretaria general, su puesto anterior que se mantuvo vacante mientras ella fue agregada, a convocatoria pública en el BOE.     
A pesar de este concurso, el Ministerio, que ya dirigía Iñigo Méndez de Vigo, declaró la plaza desierta e inmediatamente se situó a María Luisa Pedrosa de Guindos de nuevo en la Secretaría General de la Consejería de Educación. Esta reocupación del puesto de Secretaria General es flagrantemente irregular pues contraviene lo establecido en los artículos 6 (apartado 3, sección b) y 8.2 del mismo Real Decreto antes mencionado, por el cual no se puede ocupar nuevamente este puesto si ya lo ha hecho en los tres años anteriores a la fecha de convocatoria.
 
Sin respuesta del Ministerio
 
Desde ELPLURAL.COM hemos intentado ponernos en contacto con María Luisa Pedrosa de Guindos en la embajada de Washington, donde nos han confirmado su cargo, pero aseguran que se encuentra durante toda la semana en un curso en Atlanta.
 
Contactados también con la Subsecretaría General del Ministerio de Educación, de la cual depende el cargo de la sobrina del ministro, hasta el momento no han confirmado su puesto ni han dado explicaciones sobre los traslados y los tiempos sobrepasados en ellos.
 
Las ‘guindas’
 
María Luisa Pedrosa de Guindos consiguió con estos tejemanejes no separarse de sus dos primas, las ‘guindas’, como se las conoce entre los funcionarios españoles en Washington.
 
Leticia de Guindos Talavera es agregada a la embajada de España en Washington, en la Consejería de Agricultura, gracias al exministro Miguel Arias Cañete, y su hermana Beatriz, también trabaja en la capital estadounidense como directora ejecutiva suplente del Banco Mundial, ambos puestos de libre designación.
 

http://www.elplural.com/2016/09/07/los-angeles-de-de-guindos-ya-son-tres-sobrinas-las-enchufadas-en-washington  

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Izquierda Independiente comprometida con la Escuela Pública en el principio del curso

Se inicia el curso escolar

8/09/15. Miles de niños y niñas comienzan hoy sus clases, en un curso en el que llama la atención el registro de recortes, pérdida de calidad y precariedad que ha supuesto la gestión que sobre la educación pública ha desarrollado en estos años pasados el gobierno local y regional del Partido Popular.

El compromiso con la calidad de la escuela pública es uno de los puntos primordiales del trabajo de Izquierda Independiente, por entender que la escuela pública es garante de la igualdad, libertad, pluralidad formativa para nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 

Esa es la razón que ha llevado a este partido -tanto en anteriores gobiernos como en la oposición- a implicarse y participar en mareas y plataformas, presentar decenas de mociones, preguntas y cuestiones ante los gobiernos del Partido Popular, en defensa de la Escuela Pública. Un compromiso que se materializa ahora en la nueva etapa de trabajo en el gobierno de izquierdas de San Sebastián de los Reyes.

 

Sin embargo, este curso escolar comienza con una serie de sombras y amenazas que Izquierda Independiente y el gobierno local quieren denunciar y dar a conocer a las familias de la localidad. Estas son:

 

Ley Wert: El curso comienza con la aplicación íntegra de la Ley Wert en la Comunidad de Madrid, ley contra la que Izquierda Independiente se ha manifestado repetidas veces por entender que es una ley injusta, retrógrada y clasista, que ahonda en la privatización y ahogamiento de la educación pública. Así se ha podido ver con la aprobación del decreto 3+2 para universidades, la subida súbita de tasas, el recorte de becas, ayudas e inversiones, y la cesión -gratuita en el caso de San Sebastián de los Reyes- de parcelas de suelo público a empresas y entidades privadas de educación.

 

Retraso en Tempranales: Uno de los puntos más conflictivos está siendo el incumplimiento en los plazos de la entrega y realización de las obras del nuevo colegio de Tempranales. Un colegio que se encuentra a día de hoy sin licencia de primera ocupación y funcionamiento, ya que los propios técnicos municipales fueron los que en días pasados presentaron diversos informes denunciando la precariedad de dicha obra. Una precariedad que la Consejería de la Comunidad de Madrid parece no querer atender  al mantener su propuesta de apertura parcial y desordenada de este centro. Una exigencia que el gobierno local, por boca de su concejala Belén Ochoa, ha rechazado de plano por entender que incumple los mínimos de seguridad, higiene y calidad exigidos y exigibles para las familias de San Sebastián de los Reyes.

 

Grave déficit de limpieza: A su vez, el curso escolar comienza con la preocupación con el incumplimiento de las tareas de limpieza que debe desarrollar en los colegios la empresa Clece, adjudicataria del servicio. Un incumplimiento que Izquierda Independiente viene denunciando en pasados años, y que va a perseguir ahora en el gobierno. Es por ello que el partido local comparte las quejas en este punto de las direcciones de los centros, situación que emana de los recortes y contratos “a la baja” promovidos por el Partido Popular local en su etapa de gobierno en San Sebastián de los Reyes.

 

Por todo esto, Izquierda Independiente manifiesta su exigencia con el cumplimiento estricto de los compromisos que esta empresa tiene. Con este objetivo se reunía la semana pasada con directores de los centros, y en próximos días se reunirá con dicha empresa. Un cumplimiento que para Izquierda Independiente pasa por el cuidado estricto y urgente de la limpieza de los centros en condiciones de salubridad, al tiempo que atiende a la calidad el trabajo de su personal, antes de comenzar otro tipo de acciones legales y posibles para el Ayuntamiento.

 

Es así que para Belén Ochoa, concejala de Educación por Izquierda Independiente “A este gobierno no le va a temblar el pulso en defender la escuela pública, razón por la que no podemos dejar de denunciar la situación que hemos encontrado. Un rastro de recortes, desatención y precariedad con la que queremos luchar desde este partido y gobierno”.

 

A su vez para Rubén Holguera, 1er Teniente de Alcalde y Portavoz de este partido “Queremos mandar un mensaje de tranquilidad y normalidad a la ciudadanía, dejando claro que este equipo de gobierno trabaja  duro para exigir el cumplimiento de plazos y contratos a empresas y consejerías, y que en ningún momento va a dejar que nuestros niños y niñas comiencen en colegios y aulas a medio hacer, como ya pasó con el Miguel Delibes por parte del anterior gobierno del Partido Popular”.

 

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Cinco comunidades plantan a Wert tras oponerse a las reválidas

Noticia del periódico digital ´publico.es´.

21/4/15.  Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya y Euskadi abandonan la reunión sectorial con el ministro, al que acusan de "despreciar al profesorado y devaluar las competencias autonómicas" con la LOMCE.

 

Los representantes de educación de Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya y País Vasco se han levantando de la reunión sectorial de este martes con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para protestar contra las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato y la “falta de diálogo” del Ministerio.

“Nos negamos a asistir como meros espectadores al continuo desprecio al profesorado y a la devaluación constante de las competencias de la autonomía que persigue la Lomce”, según un documento conjunto leído a la prensa por el consejero de Canarias, José Miguel Pérez.

Tras permanecer 15 minutos en la reunión, que ha comenzado en torno a las 12.10 horas, han salido de la sala Pérez, así como el consejero de Andalucía, Luciano Alonso; la de Asturias, Ana González; el secretario general de Políticas Educativas de Cataluña, Joan Mateo, y la viceconsejera vasca, Arantza Aurrekoetxea.

El Ministerio había convocado a todas las comunidades para tratar los proyectos de real decreto de estructura de las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato y de umbrales de renta de becas generales para el curso próximo.

Pérez ha explicado que han planteado al ministro que “paralice” el calendario de implantación de las evaluaciones y que se revise “conjuntamente y con datos objetivos” el impacto que está teniendo el modelo actual de becas y ayudas al estudio.

“Si se compromete a paralizar ambos proyectos e iniciar un proceso de revisión de su contenido, continuaremos trabajando juntos —dice el documento—, pero si persiste en su tramitación, le expresamos también nuestra determinación de abandonar en este mismo momento esta sesión”, como finalmente ha ocurrido.

Estos consejeros opinan que el modelo de becas “perjudica gravemente” al alumnado y las familias y es un “daño injusto” que podría tener mayor alcance si las comunidades no lo hubiesen “amortiguado” con sus propios recursos.

“Es un despropósito seguir dando pasos en una dirección que no conduce a ninguna parte”, aducen en relación con las evaluaciones, que consideran “reválidas” con un objetivo “claramente centralizador y excluyente”, pues reduce el papel de las comunidades al de “mero vigilante y corrector”.

El plante de Catalunya tiene un precedente también relacionado con la Lomce, cuando la consejera Irene Rigau abandonó una reunión sectorial, el 4 de diciembre de 2012, por considerar que el entonces anteproyecto legislativo “minusvaloraba el catalán”.

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El 3+2 de Wert, una tomadura de pelo y un atraco

Articulo de Opinión del Blog ¨Aquí no se fía¨

24/3/15. Esta reflexión analiza la reforma del PP sobre la educación universitaria y sus "nefastas" consecuencias, precisamente hoy que es una jornada de huelga en este ámbito. 

El nuevo diseño de la enseñanza superior, contra el que están llamados a la huelga el próximo martes los estudiantes y profesores de toda España, es una tomadura de pelo y un atraco. Una tomadura de pelo a la universidad, que se verá obligada a poner patas arriba sus planes de estudios apenas cinco años después de la revolución que supuso la implantación de los grados. Y un atraco a los futuros alumnos, que por culpa de este empeño del ministro Wert deberán pagar más si quieren obtener un título competitivo en el mercado de trabajo.

La implantación de los grados en sustitución de las tradicionales licenciaturas, derivada del llamado Plan Bolonia, obligó a comprimir en cuatro cursos los estudios que antes se desarrollaban en cinco. Como consecuencia de ello y en términos generales, las materias se abordan ahora de una forma más superficial, suponiendo que hayan sobrevivido a la poda que en su momento se hizo. En tales circunstancias no hay motivo ninguno para pensar que los nuevos titulados salgan con una mejor preparación, sino más bien todo lo contrario.

Por si fuera el menoscabo no fuera suficiente, la reforma da otra vuelta de tuerca y reduce los grados a tres cursos, con lo que los niveles de formación se volverán a resentir inevitablemente. Para compensar este déficit, las universidades ofertarán másteres de dos años, que los jóvenes harán siempre y cuando puedan permitírselo, porque son bastante más caros que los grados. Si actualmente, por término medio, una carrera cuesta en España del orden de 4.440 euros, con el 3+2 superará los 8.000 si no cambian los precios de las matrículas.

Wert, con el desparpajo que le caracteriza, sostiene que los nuevos grados supondrán en realidad un alivio para las familias, pues sale más barato estudiar tres cursos que cuatro. Lo que no dice, aunque resulta obvio, es que quienes no tengan la posibilidad de hacer luego un máster estarán en inferioridad de condiciones a la hora de encontrar empleo. Sobre todo si las enseñanzas recibidas en las aulas son puramente generalistas y la especialización que tanto valoran la inmensa mayoría de las empresas se deja para el posgrado.

Eso significa que en el futuro habrá universitarios de segunda y universitarios de primera, no en función de su rendimiento o de su valía, sino en función de su capacidad económica. Por supuesto que siempre ha habido y habrá quien pueda proporcionar a sus hijos la formación que otros no tienen medios suficientes para darles. Pero el Estado está, precisamente, para procurar que todo el mundo goce de las mismas oportunidades, no para institucionalizar la desigualdad.

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La Educación Infantil, a subasta

Articulo de Opinión del Blog ¨Números Rojos¨.

18/3/15.  Dos nuevas escuelas infantiles públicas, esta vez en Leganés, pueden ser las próximas víctimas de la política educativa de la Comunidad de Madrid, dispuesta a dejar las aulas en manos de grandes empresas sin especialización alguna y con ánimo de lucro que logran concesiones con ofertas a la baja, aunque ello suponga deteriorar la educación de los alumnos y las condiciones laborales de sus trabajadores. Profesores y familias de Las Flores de la Fortuna y Rosa Caramelo, los centros ahora amenazados, se movilizan para impedirlo.

 

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No es algo nuevo. Es un episodio más del progresivo desmantelamiento de la Educación Pública Infantil, modélica hasta no hace mucho, que se ha convertido en nicho de negocio por el que pululan empresas multiservicios que lo mismo se dedican a la seguridad privada, al mantenimiento o montan una red de teleoperadoras. En manos de este tipo de gestores pueden acabar, el curso que viene, las escuelas Las Flores de la Fortuna y Rosa Caramelo. Sus contratos acaban en agosto y el Ayuntamiento de Leganés, en lugar de prorrogarlos otros cuatro años –acogiéndose a la posibilidad que el propio contrato les brinda-, los sacará a concurso.

Y lo hará siguiendo las directrices impuestas por la Comunidad de Madrid, responsable con los sucesivos gobiernos del PP de un cambio de modelo que prima la oferta económica por encima de la educativa y reduce exigencias que redundan directamente en la calidad de la enseñanza y el bienestar de los niños. Es decir, que en agosto, cuando esas escuelas salgan a concurso, la empresa que pida menos dinero por hacerse con ellas tiene muchas posibilidades de ganar, a pesar del riesgo, confirmado por los años, de que acabe fichando equipos sin experiencia, con sueldos bordeando el salario mínimo y sin proyectos educativos consolidados.

Es lo que temen los impulsores de una recogida de firmas en change.org para paralizar el concurso. En la campaña, la Asociación de Padres y Madres y el equipo directivo de Las Flores de la Fortuna, especializado en niños de 0 a 3 años, muestran su preocupación por la “radical ruptura con la labor social y educativa que viene desarrollando el equipo actual” que supondría la llegada de una nueva empresa y que, incluso, podría provocar “una pérdida en la calidad educativa”.

“El actual equipo –añaden los peticionarios-, estable, con vocación púbica, sin ánimo de lucro, con una gran trayectoria, coordinado entre sí, con los demás profesionales que intervienen en la acción educativa, con los Servicios Sociales y con las familias, gestiona la escuela desde su comienzo y demuestra día a día su sobrada preparación, su constante inquietud por la formación continuada, su interés por la Educación y la primera infancia y su sensibilidad y compromiso con el barrio en el que, en estos primeros cuatro años de andadura, hemos puesto en marcha un proyecto con miras de futuro”.

Las bases de este deterioro de la Educación Pública Infantil se pusieron en 2008, cuando la Comunidad de Madrid modificó los pliegos de condiciones que definían los requisitos para optar a gestionar una escuela infantil pública. No solo se rebajaron exigencias objetivas de calidad –subiendo las ratios alumnos/profesor; bajando el número de profesores de apoyo; disminuyendo los metros cuadrados por niño; suprimiendo la exigencia de un espacio exterior…-, sino que se abrió por primera vez la posibilidad de que las empresas optaran a la gestión de la escuela, antes reservada a cooperativas de profesores. Y, además, se cambiaron los criterios de valoración de cada oferta, de forma que la propuesta económica pasó a cobrar un papel protagonista por encima del programa educativo.

En esta apuesta por el ahorro de las autoridades madrileñas, los concursos salen a licitación con presupuestos inferiores en una media del 12% a los del curso pasado. Si a eso se une que las empresas aspirantes ofrecen aún más baratos sus servicios para ganar la adjudicación, la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (Ameigi) calcula que las escuelas están funcionando este año con un 30% menos de dinero que en el ejercicio anterior. A las antiguas cooperativas de profesores no les queda más remedio entonces que recortar sus presupuestos al máximo, con drásticas bajadas de sueldo, pero ni aun sí consiguen competir con las ‘temerarias’ ofertas de las multinacionales.

De las aproximadamente 350 escuelas de educación infantil existentes en la Comunidad de Madrid, algo más de 90 son de gestión directa, es decir, en manos del Ayuntamiento o la Comunidad con personal contratado directamente por una u otra administración. Difícil que esa cifra crezca: hace años que este modelo se dejó de lado en aras del ahorro. Las otras, las de gestión indirecta, son las afectadas por los recortes del PP. De ellas, según datos de Ameigi, el 70% están ya en manos de grupos empresariales, como Clece, Eulen o Grupo Norte, todos ellos emporios multiservicios.

“El proyecto educativo ha dejado de ser lo más importante –explica María López, de la Junta de Portavoces 0-6- y los pliegos se han convertido en una subasta a las que acuden empresas con ofertas económicas que podrían calificarse de temerarias, lo que se traducen en equipos educativos con sueldos de 750 euros, y en número tan reducido y con tan escasos materiales que solo pueden dedicarse a evitar que los niños y niñas se peleen, sacrificando enseñanzas tan importantes a esa edad como las relacionadas con el desarrollo del lenguaje, la motricidad o la educación plástica y visual”.

CAMBIO DE GOBIERNO EN LEGANÉS

En el caso de la dos escuelas de Leganés ahora en peligro se dan, además, unas circunstancias especiales. Las Flores de la Fortuna y Rosa Caramelo firmaron contrato en 2011 con el Ayuntamiento de Leganés, entonces en manos de un equipo de gobierno formado por PSOE e IU que se negó a plegarse a las condiciones de la Comunidad de Madrid por entender que suponían un “ataque directo a la calidad de la educación infantil”. Quedaron, por tanto, fuera de su paraguas, pero también de su financiación, con lo que fue el Ayuntamiento y los padres y madres con las cuotas de escolarización quienes tuvieron que asumir el coste de su funcionamiento.

Nada más llegar el PP al Gobierno municipal, negoció la incorporación de ambas escuelas a la Red Pública de la Comunidad de Madrid y que esta accediera a sufragar, como en otros casos, aproximadamente una tercera parte de su coste. Pero la Consejería de Educación, en manos de Lucía Figar, puso sus condiciones: en cuanto el contrato de las escuelas finalizara, se ignoraría la posibilidad legal de prorrogarlo otros cuatro años y ambas escuelas saldrían a concurso y volverían al redil.

Y eso es lo que va a hacer, cuando este curso finalice, el Ayuntamiento de Leganés… si no lo impiden las movilizaciones de padres y madres de alumnos y los equipos de las escuelas, como la concentración convocada para las 17:00 de la tarde de hoy (18 de marzo) en la Plaza España de Leganés. Movilizaciones, por cierto, a las que la Concejalía de Educación de la ciudad ha respondido con un bronco comunicado en el que las califica de “chantaje” y acusa a los gestores de las escuelas de “manipular” a las familias y los menores.

Todo por el ahorro, cabría pensar. Pero no. Un dato parece avalar la sospecha de que, cuando la Comunidad de Madrid impuso el modelo al que ahora pretende acogerse el Ayuntamiento de Laganés, lo que pretendía era incentivar la iniciativa privada y abrir el sector a las empresas. Se trata del cheque-guardería, una beca creada en 2002 por el Gobierno regional del PP y a la que los Presupuestos han destinado este curso 34 millones de euros. ¿Para quién? Para cualquier familia que matricule directamente a sus hijos en una escuela privada. Sin mayores requisitos, salvo el de solicitar esa ayuda, de entre 100 y 160 euros al mes, antes de que se abra el plazo de matriculación en la red pública, es decir, que sea la primera opción de los padres y madres. Es tan atractiva que hasta la propia consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, la disfruta, por tener a su hijo de dos años en un centro completamente privado y ser familia numerosa, a pesar de que los ingresos entre ella y su pareja superan los 120.000 euros.

LAS CUENTAS DE LUCÍA FIGAR

Los pliegos de condiciones fijados por la Comunidad de Madrid para adjudicar la gestión de una escuela pública infantil conceden el 45% de la puntuación a la mejor oferta económica; dejan otro 45% para el proyecto educativo y el restante 10% para quienes propongan dotaciones de personal por encima de lo exigido. La semana de estos dos últimos porcentajes es lo que permite a la consejera de Educación, Lucía Figar, afirmar que se sigue primando el proyecto educativo por encima del criterio económico. Pero sus cuentas son tramposas. Nos explicamos:

En el caso de la oferta económica, la más baja recibe automáticamente esos 45 puntos. Y, a partir de ahí, se calculan proporcionalmente la valoración que merecen las restantes. Es, por tanto, un criterio objetivo.

También los 10 relativos al personal se conceden por criterios objetivos, es decir, se conceden en su totalidad a quien oferta más plantilla ‘extra’, es decir, por encima de la exigida, y proporcionalmente a los restantes. Pero no ocurre lo mismo con el proyecto educativo, cuya valoración es completamente subjetiva, por lo que no hay obligación de dar la máxima puntuación a ningún proyecto. De hecho, fuentes de la asociación de escuelas de gestión indirecta Ameigi aseguran que nunca han visto que se concedan los 45 puntos en este apartado, lo que concede un peso prácticamente definitivo a la oferta económica.

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¡A la huelga!

Articulo de Opinión aparecido en ´publico.es´.

27/02/15. El autor de esta reflexión es  Luis García Montero (Granada, 4 de diciembre de 1958) es una de las principales figuras de la actual poesía española. Autor de más de 25 poemarios, recibió el Premio Adonais en 1982 por El jardín extranjero, el Premio Loewe en 1993 y el Premio Nacional de Literatura en 1994 por Habitaciones separadas. En 2003, con La intimidad de la serpiente, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica.

 
A lo largo de su vida, García Montero también ha publicado ensayos, es autor de ediciones críticas de poetas como Federico García Lorca o Rafael Alberti y tiene en su haber obras de prosa como la novela Impares, fila 13, escrita junto a Felipe Benítez Reyes, además de haber colaborado en prensa de forma asidua.
 

La noticia más importante de esta semana es la huelga de estudiantes convocada contra las políticas del Ministerio de Educación. La Universidad vive una situación de urgencia que es, desde luego, una urgencia social y democrática. Las autoridades han perdido el pudor y afirman que el modelo de Universidad pública española es insostenible. Cuando se piensa el significado de esta declaración y el significado del contrato pedagógico en una sociedad ilustrada, comprendemos lo que se nos está diciendo: la democracia real es insostenible. En España vivimos de forma descarada las consecuencias del Plan Bolonia que vino a santificar hace unos años la privatización del saber y la venta de la instrucción pública a los mercados.

Como en otros muchos asuntos, la configuración de Europa se utilizó en el Plan Bolonia como una máscara para imponer el predominio de la mentalidad neoliberal. Se abandonaron así las aspiraciones pedagógicas como formación de ciudadanos y se sustituyeron por unos mecanismos de información superficial aplicados a la producción de mano de obra barata. Al mismo tiempo, se diseñó una descarnada política de privatizaciones. Frente a la movilidad social e independiente de un saber público, la educación se convirtió en negocio y en frontera. Sólo quien pertenezca a una familia con poder adquisitivo alto, podrá optar a los estudios de élite, unos estudios sometidos, además, a los intereses comerciales de los poderes económicos.

El contrato social de la democracia moderna es inseparable del contrato pedagógico. Sólo unos ciudadanos formados (sólo la mayoría de una clase obrera con posibilidad de formarse) pueden participar con libertad e independencia en la firma de un contrato social. Ni las redes sociales, ni los medios de comunicación manipulados en la sociedad del espectáculo suponen una alternativa razonable. Conviene insistir en que se trata de “formar ciudadanos”, porque esto supone una conciencia capaz de convivir en libertad en un espacio laico. Y laico no significa que se prohíban las creencias privadas, sino que se articule un ámbito público en el que convivan con respeto todas las creencias, sin que una de ellas invada de forma identitaria a las otras. No es extraño que la huelga de estudiantes en defensa de la educación pública coincida con las decisiones católicas de un Ministerio agresor que devuelve las aulas del Estado a la oración católica. Se buscan siervos, no ciudadanos.

El pacto con la Iglesia más conservadora, el recorte en inversiones, la criminalización de los profesores y el encarecimiento de las tasas forman parte de todo el proceso de privatización que plantean los que consideran insostenible la democracia social. La debilidad democrática de España -con unas élites decididas a vender la nación una vez más, siempre que Alemania asegure la perpetuidad de sus privilegios-, acentúa aquí el vértigo de Bolonia. Es un verdadero síntoma la dureza del Gobierno español contra unas reivindicaciones griegas que de forma objetiva son buenas también para evitar la degradación de España.

La separación entre el contrato social y el contrato pedagógico se parece mucho a la separación entre el Parlamento y la calle. La huelga de los estudiantes se convoca en la misma semana en la que asistimos de lejos al debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. El presidente Rajoy hizo una lectura de la realidad parecida a un cuento de hadas, silenció problemas graves y falseó datos. El líder del PSOE lo calificó de mentiroso y de corrupto para calentar el debate, y el presidente reaccionó con la estrategia del “y tú más”. Ante las elecciones próximas, el bipartidismo se olvida por unos meses de la deriva hacia la gran coalición, buscando rédito en su estrategia de siempre: la alianza en el insulto, la escenificación de unas diferencias más oficiales que reales. Pero uno tiene la sensación de que esa estrategia ya no afecta a una calle distanciada del Parlamento, dispuesta tal vez a creerse las acusaciones de unos contra otros (corrupción, mentiras, sectarismo), pero no las promesas y la sinceridad de sus propuestas. Hay una separación tajante entre la calle y la España oficial, la misma separación que se abre entre el contrato pedagógico y el contrato social, la misma barrera que se pone entre la mayoría de los españoles y una educación diseñada para las élites.

La huelga de los estudiantes, además, sirve para recordarnos la importancia de la movilización. Después de meses de grandes mareas y de marchas por la dignidad, corremos el peligro de que desaparezca la movilización, confiando la suerte social a una próxima respuesta de castigo en las urnas. Los cambios de mayorías en la política institucional son muy importantes, pero corren el peligro de diluirse si los separamos de la movilización.

Por eso creo que la noticia de la semana, con la triste realidad de un Parlamento separado de la calle y sometido a su propia farsa, es la huelga de los estudiantes que recogen hoy la antorcha de todos los que se movilizaron contra el Plan Bolonia y contra la voladura de la educación pública.

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Los estudiantes convocan huelgas el 25 y 26 de febrero y el 17 y 18 de marzo

Noticia del medio digital ´publico.es´.

24/02/15. El Sindicato de Estudiantes exige la retirada del real decreto que flexibiliza la ordenación de titulaciones universitarias y acusa a los rectores de "hipócritas" y "cómplices" de Wert por limitarse a pedir que los cambios no se apliquen antes de 2017.

El Sindicato de Estudiantes (SE) ha convocado dos huelgas generales de 48 horas con el objetivo de frenar el real decreto aprobado por el Gobierno que permite a las universidades ofrecer grados de tres años —ahora son de cuatro— y másteres de dos —ahora son de uno—. Las fechas elegidas son el 25 y 26 de febrero y el 17 y 18 de marzo.

Los estudiantes denuncian que la “flexibilización” —en palabras del Ministerio de Educación— de las titulaciones universitarias supone “expulsar de la universidad a la mayoría de familias” porque los grados ya no serán suficientes para adquirir la formación que requieren los puestos de alta cualificación, sino que los estudiantes deberán cursar un máster —cuyos precios oscilan ya entre 4.000 y 7.000 euros— que además durará dos años, un año más que ahora.

El SE espera que tanto los padres como los profesores se sumen a la movilización porque el cambio que pretende el ministerio que dirige José Ignacio Wert afecta, según la organización, a “toda la comunidad educativa”.

En este sentido, la secretaria general del sindicato, Ana García, considera que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) debería llamar también a la movilización y califica de “actitud hipócrita” su decisión, anunciada este lunes, de pedir a las universidades una moratoria de dos años para la implantación del real decreto. “Si la decisión de Wert es un escándalo, la de la CRUE es un doble escándalo porque es, claramente, una señal dictada por el ministerio”, afirma García.

En su opinión, los rectores han intentado “calmar los ánimos” con una “actitud cómplice con el ministerio” cuando lo que deberían haber hecho es “exigir la retirada del real decreto y ponerse en el centro de la movilización”. “Los rectores no nos representan y no nos engañan, ellos saben muy bien que esta reforma nos va a afectar a todo”, concluye García.

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Los rectores desafían a Wert y aplazan a 2017 la reforma de las carreras

Noticia del medio digital ´infolibre.es´.

3/2/15.  El Gobierno aprobó este viernes un decreto que da a los campus la posibilidad de ofrecer carreras de tres años a completar con másteres de dos. Las universidades manifiestan su rechazo a la implantación de la reforma de manera "apresurada" como pretendía Educación y plantean una moratoria casi por unanimidad.

 

Las carreras de tres años no llegarán a los campus españoles, al menos, hasta el curso 2017-2018. Así lo ha decidido este martes la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) –el colectivo en el que están representados los responsables de las universidades públicas y privadas– que ha acordado casi por unanimidad (57 votos a favor, 5 abstenciones y uno en contra) establecer una moratoria de dos años al decreto que da a los campus la posibilidad de ofrecer carreras de tres años a completar con másteres de dos. Para adaptarse a Bolonia las universidades españolas asumieron mayoritariamente el esquema de grados de cuatro años y másteres de uno.

Las universidades manifiestan de esta forma su rechazo a la implantación de la reforma de manera “apresurada” como, aseguran, pretendía Educación. Y señalan que antes de abordar un cambio de estructura, es prioritario culminar primero la evaluación de las titulaciones actualmente vigentes, así como llevar a cabo una “profunda reflexión” sobre el futuro de los campus españoles. “No discutimos la flexibilización, sino que decimos que no es el mejor momento. Siempre hemos insistido en hacerlo con prudencia, con tiempo”, señaló en una convocatoria ante los medios Manuel López, presidente de la CRUE.

Autorregulación 

De ahí, explicó López, que los rectores hayan optado por autorregularse con el objetivo de “mantener la cohesión del sistema” y “evitar que exista un grado de tres en una universidad y uno de cuatro en la de enfrente o en otra comunidad”, señaló. En este sentido, señaló que aprovecharán estos dos años para “hacer la evaluación del sistema que está ahora entrando en procesos de acreditación” e “intentar explicar” con claridad lo que supone este hecho a las familias. “Queremos hacer una labor clara de difusión”, amplió.

Asimismo, el presidente de la CRUE insistió en que los rectores no comparten que una reordenación del sistema de tal calado “esté en función de situación financiera”. Y cuantificó en 750 millones de euros el ahorro aproximado que la puesta en marcha de este decreto tendría para las arcas públicas tomando como referencia los 150 millones de euros que el ministro José Ignacio Wert dijo que tendría para las familias, pues se calcula que los estudiantes sufragan con las tasas una quinta parte del coste total de los estudios universitarios.

Por otro lado, explicó que algunos rectores han tenido “algunas dudas” sobre la moratoria pero se mostró convencido de que “en el ámbito de todos está cumplir con la moratoria”. Y expresó la necesidad de que las administraciones educativas de las comunidades autónomas respeten la decisión de las universidades. “No sería deseable que las comunidades autónomas tomaran medidas contradictorias. Nosotros hemos hecho lo que podíamos hacer, que es darnos dos años para pensar sobre el tema”, apuntó.

López señaló también que la moratoria contribuirá también a extraer del debate electoral la medida, en un año en el que habrá elecciones tanto autonómicas como generales. “Queremos que haya tranquilidad y reflexión para actuar con prudencia, sentido común y cohesión en todo el sistema universitario español, permitiendo que todos puedan ejercer su autonomía pero sobre unos criterios establecidos”, aseveró.

Críticas de la comunidad educativa 

Estudiantes y sindicatos se habían mostrado muy críticos con esta reforma, pues consideran que la implantación de los grados de tres años, al no ir acompañada de un refuerzo del sistema de ayudas, supondría “un daño irreparable en la equidad de los estudiantes universitarios en el acceso y permanencia en la educación superior”. El número de becados universitarios aumentó un 10% el curso pasado, aunque aún no es posible concluir si ha sido por el cambio de requisitos o por el empobrecimiento de las familias. Los becados recibirán una media de 300 euros menos, según las estimaciones facilitadas la semana pasada por el ministerio.