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Izquierda Independiente denuncia la precarización de los contratos municipales

Cuando el Ayuntamiento decide externalizar o privatizar servicios con contratos a la baja fomenta el empleo precario, el empeoramiento de las condiciones labores y el mal servicio. El último caso ha sido el recorte de 20.000€ para los cursos de la Universidad Popular.

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El gobierno de Sanse, formado por el PSOE, GS y la concejala tránsfuga, la Sra. Pérez, está primando el presupuesto frente a la calidad ofrecida a la hora de adjudicar concursos públicos. Así, potencian la temporalidad y los sueldos bajos, lo que tiene una relación directa con la pérdida de calidad en el servicio prestado.

Un ejemplo de ello es la Universidad Popular “José Hierro” de San Sebastián de los Reyes. Pese a ser un referente en lo que a educación no reglada se refiere, así como un espacio formativo de calidad para aquellas personas que no pueden acceder a otro tipo de formación, el actual gobierno de Sanse ha decidido eliminar 20.000€ del presupuesto de Cultura para los cursos impartidos en la UP. Esto supone un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado y repercutirá negativamente en el servicio ofrecido a la ciudadanía. De hecho, ninguna empresa ha presentado su oferta debido a las malas condiciones ofrecidas por el Ayuntamiento quedando desierto el concurso. Esto obliga ahora a iniciar un procedimiento para negociar un contrato sin publicidad e intentar llegar a tiempo al inicio del curso en octubre.

Esta forma de hacer “caja” resulta aún más grave porque la delegación que ha recortado esos 20.000€ es Cultura, gestionada por la concejala tránsfuga, la Sra. Pérez. Disminuir el presupuesto destinado a una formación al alcance de todos los vecinos y vecinas va contra el programa electoral del partido que la presentó a las elecciones, Izquierda Independiente.

El partido local defiende la importancia de apostar por contratos municipales de calidad con empresas que garanticen tanto un buen servicio como buenas condiciones laborales. Un gran ejemplo es el Ayuntamiento de Barcelona, que incorporando criterios sociales y laborales ha garantizado que las empresas adjudicatarias de los contratos paguen un salario superior a los 1.000 euros.

Esperando a la municipalización de servicios

Izquierda Independiente sigue denunciando que hay numerosos servicios que se subcontratan con empresas privadas y que se podrían prestar a través de una empresa municipal, ahorrando costes y mejorando las condiciones laborales. Para ello el Ayuntamiento de Sanse, a instancias del partido local, creó la Comisión para el Estudio de la Municipalización de Determinados Servicios. Esta Comisión aprobó el año pasado elevar al pleno del Ayuntamiento una propuesta de modificación de los estatutos de la EMSV para convertirla en Empresa Municipal de Servicios y Vivienda y posibilitar así la municipalización. Pero ni el Alcalde ni el resto del gobierno formado por el PSOE, GS y la concejala tránsfuga han avanzado en este tema.

Otros ayuntamientos como de Cádiz ya han comenzado a remunicipalizar servicios que antes realizaban empresas privadas garantizando además el trabajo a las trabajadoras, demostrando que la municipalización no solo supone un ahorro económico.

“El gobierno debe apostar por contratos que ofrezcan un buen servicio para los vecinos y vecinas y que garanticen unas condiciones laborales buenas, por eso no podemos permitir que se sigan ofertando contratos a la baja como el de la Universidad Popular”, comenta Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente. “Asimismo, la municipalización no es solo una opción política viable jurídica y económicamente, sino que también es más eficiente, sostenible y garantista de los derechos de las y los trabajadores. Está en manos del gobierno mejorar el servicio y el salario de la gente”, concluye.

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El 3+2 de Wert, una tomadura de pelo y un atraco

Articulo de Opinión del Blog ¨Aquí no se fía¨

24/3/15. Esta reflexión analiza la reforma del PP sobre la educación universitaria y sus "nefastas" consecuencias, precisamente hoy que es una jornada de huelga en este ámbito. 

El nuevo diseño de la enseñanza superior, contra el que están llamados a la huelga el próximo martes los estudiantes y profesores de toda España, es una tomadura de pelo y un atraco. Una tomadura de pelo a la universidad, que se verá obligada a poner patas arriba sus planes de estudios apenas cinco años después de la revolución que supuso la implantación de los grados. Y un atraco a los futuros alumnos, que por culpa de este empeño del ministro Wert deberán pagar más si quieren obtener un título competitivo en el mercado de trabajo.

La implantación de los grados en sustitución de las tradicionales licenciaturas, derivada del llamado Plan Bolonia, obligó a comprimir en cuatro cursos los estudios que antes se desarrollaban en cinco. Como consecuencia de ello y en términos generales, las materias se abordan ahora de una forma más superficial, suponiendo que hayan sobrevivido a la poda que en su momento se hizo. En tales circunstancias no hay motivo ninguno para pensar que los nuevos titulados salgan con una mejor preparación, sino más bien todo lo contrario.

Por si fuera el menoscabo no fuera suficiente, la reforma da otra vuelta de tuerca y reduce los grados a tres cursos, con lo que los niveles de formación se volverán a resentir inevitablemente. Para compensar este déficit, las universidades ofertarán másteres de dos años, que los jóvenes harán siempre y cuando puedan permitírselo, porque son bastante más caros que los grados. Si actualmente, por término medio, una carrera cuesta en España del orden de 4.440 euros, con el 3+2 superará los 8.000 si no cambian los precios de las matrículas.

Wert, con el desparpajo que le caracteriza, sostiene que los nuevos grados supondrán en realidad un alivio para las familias, pues sale más barato estudiar tres cursos que cuatro. Lo que no dice, aunque resulta obvio, es que quienes no tengan la posibilidad de hacer luego un máster estarán en inferioridad de condiciones a la hora de encontrar empleo. Sobre todo si las enseñanzas recibidas en las aulas son puramente generalistas y la especialización que tanto valoran la inmensa mayoría de las empresas se deja para el posgrado.

Eso significa que en el futuro habrá universitarios de segunda y universitarios de primera, no en función de su rendimiento o de su valía, sino en función de su capacidad económica. Por supuesto que siempre ha habido y habrá quien pueda proporcionar a sus hijos la formación que otros no tienen medios suficientes para darles. Pero el Estado está, precisamente, para procurar que todo el mundo goce de las mismas oportunidades, no para institucionalizar la desigualdad.

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¡A la huelga!

Articulo de Opinión aparecido en ´publico.es´.

27/02/15. El autor de esta reflexión es  Luis García Montero (Granada, 4 de diciembre de 1958) es una de las principales figuras de la actual poesía española. Autor de más de 25 poemarios, recibió el Premio Adonais en 1982 por El jardín extranjero, el Premio Loewe en 1993 y el Premio Nacional de Literatura en 1994 por Habitaciones separadas. En 2003, con La intimidad de la serpiente, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica.

 
A lo largo de su vida, García Montero también ha publicado ensayos, es autor de ediciones críticas de poetas como Federico García Lorca o Rafael Alberti y tiene en su haber obras de prosa como la novela Impares, fila 13, escrita junto a Felipe Benítez Reyes, además de haber colaborado en prensa de forma asidua.
 

La noticia más importante de esta semana es la huelga de estudiantes convocada contra las políticas del Ministerio de Educación. La Universidad vive una situación de urgencia que es, desde luego, una urgencia social y democrática. Las autoridades han perdido el pudor y afirman que el modelo de Universidad pública española es insostenible. Cuando se piensa el significado de esta declaración y el significado del contrato pedagógico en una sociedad ilustrada, comprendemos lo que se nos está diciendo: la democracia real es insostenible. En España vivimos de forma descarada las consecuencias del Plan Bolonia que vino a santificar hace unos años la privatización del saber y la venta de la instrucción pública a los mercados.

Como en otros muchos asuntos, la configuración de Europa se utilizó en el Plan Bolonia como una máscara para imponer el predominio de la mentalidad neoliberal. Se abandonaron así las aspiraciones pedagógicas como formación de ciudadanos y se sustituyeron por unos mecanismos de información superficial aplicados a la producción de mano de obra barata. Al mismo tiempo, se diseñó una descarnada política de privatizaciones. Frente a la movilidad social e independiente de un saber público, la educación se convirtió en negocio y en frontera. Sólo quien pertenezca a una familia con poder adquisitivo alto, podrá optar a los estudios de élite, unos estudios sometidos, además, a los intereses comerciales de los poderes económicos.

El contrato social de la democracia moderna es inseparable del contrato pedagógico. Sólo unos ciudadanos formados (sólo la mayoría de una clase obrera con posibilidad de formarse) pueden participar con libertad e independencia en la firma de un contrato social. Ni las redes sociales, ni los medios de comunicación manipulados en la sociedad del espectáculo suponen una alternativa razonable. Conviene insistir en que se trata de “formar ciudadanos”, porque esto supone una conciencia capaz de convivir en libertad en un espacio laico. Y laico no significa que se prohíban las creencias privadas, sino que se articule un ámbito público en el que convivan con respeto todas las creencias, sin que una de ellas invada de forma identitaria a las otras. No es extraño que la huelga de estudiantes en defensa de la educación pública coincida con las decisiones católicas de un Ministerio agresor que devuelve las aulas del Estado a la oración católica. Se buscan siervos, no ciudadanos.

El pacto con la Iglesia más conservadora, el recorte en inversiones, la criminalización de los profesores y el encarecimiento de las tasas forman parte de todo el proceso de privatización que plantean los que consideran insostenible la democracia social. La debilidad democrática de España -con unas élites decididas a vender la nación una vez más, siempre que Alemania asegure la perpetuidad de sus privilegios-, acentúa aquí el vértigo de Bolonia. Es un verdadero síntoma la dureza del Gobierno español contra unas reivindicaciones griegas que de forma objetiva son buenas también para evitar la degradación de España.

La separación entre el contrato social y el contrato pedagógico se parece mucho a la separación entre el Parlamento y la calle. La huelga de los estudiantes se convoca en la misma semana en la que asistimos de lejos al debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. El presidente Rajoy hizo una lectura de la realidad parecida a un cuento de hadas, silenció problemas graves y falseó datos. El líder del PSOE lo calificó de mentiroso y de corrupto para calentar el debate, y el presidente reaccionó con la estrategia del “y tú más”. Ante las elecciones próximas, el bipartidismo se olvida por unos meses de la deriva hacia la gran coalición, buscando rédito en su estrategia de siempre: la alianza en el insulto, la escenificación de unas diferencias más oficiales que reales. Pero uno tiene la sensación de que esa estrategia ya no afecta a una calle distanciada del Parlamento, dispuesta tal vez a creerse las acusaciones de unos contra otros (corrupción, mentiras, sectarismo), pero no las promesas y la sinceridad de sus propuestas. Hay una separación tajante entre la calle y la España oficial, la misma separación que se abre entre el contrato pedagógico y el contrato social, la misma barrera que se pone entre la mayoría de los españoles y una educación diseñada para las élites.

La huelga de los estudiantes, además, sirve para recordarnos la importancia de la movilización. Después de meses de grandes mareas y de marchas por la dignidad, corremos el peligro de que desaparezca la movilización, confiando la suerte social a una próxima respuesta de castigo en las urnas. Los cambios de mayorías en la política institucional son muy importantes, pero corren el peligro de diluirse si los separamos de la movilización.

Por eso creo que la noticia de la semana, con la triste realidad de un Parlamento separado de la calle y sometido a su propia farsa, es la huelga de los estudiantes que recogen hoy la antorcha de todos los que se movilizaron contra el Plan Bolonia y contra la voladura de la educación pública.

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Izquierda Independiente apoya la Huelga estudiantil del 25 y 26 de Febrero

Ante la nueva reforma del Ministerio

25/02/2015. Los motivos principales para convocar una huelga a nivel nacional son la subida de tasas y el decreto "3+2", que eliminará un año de grado para añadir uno más de máster, los cuales son cada vez más caros e ineficientes.

Tras varios años sufriendo recortes en derechos sociales, los cuales han castduramente a la clase media trabajadora de nuestro país, nos encontramos ante una nueva medida que va a hacer más daño si cabe nuestro sistema educativo.

Se trata del decreto 3+2, mediante el cual el gobierno pretende reducir la duración de los grados que actualmente duran 4 años, y añadir un año más de máster, movimiento mediante el cual las universidades privadas sacarán un enorme beneficio promocionando programas educativos más caros que solo se podrá permitir aquellas familias y estudiantes que puedan pagarlos con sus recursos.

Han sido ya muchos los recortes y subidas de tasas que ha sufrido la educación pública, y este nuevo decreto sólo servirá para agravar la situación, pues antes cualquier persona estudiaba 5 años de licenciatura que le permitían una formación completa a un coste razonable.

Sin embargo tras esta medida sólo se estudiarán 3 años en la universidad, a los que se tendrán que añadir 2 años de máster a precios desorbitados para poder alcanzar una formación que permita ser competitivo dentro de un mercado laboral en el que la tasa de desempleo juvenil es del 50%.

Por estos motivos, Izquierda Independiente muestra su firme apoyo tanto al Sindicato de Estudiantes en su papel de convocante como a todos y cada uno de los y las estudiantes de institutos y universidades que van a participar en la huelga que tendrá lugar durante los días 25 y 26 de Febrero.

Cabe destacar que en Madrid se ha convocado una manifestación el día 26 a las 12:00 cuyo recorrido empezará en Atocha y terminará en Sol. Es el momento de participar y luchar por un sistema educativo de calidad y accesible a la mayoría y que las políticas privatizadoras de los ministros del PP nacional quieren destruir.

Para Víctor García Maganto, responsable de Movimientos Sociales de Izquierda Independiente “Como estudiante de máster considero que se está cometiendo un ataque directo a las y los estudiantes que quieren disfrutar de una educación digna y de calidad a un precio razonable. Este decreto no solo disminuirá la calidad de nuestra educación eliminando titulaciones y fusionando grados, sino que aumentará considerablemente el precio que deberemos pagan para conseguir la educación universitaria completa de 5 años que antes disfrutábamos con las antiguas licenciaturas”.

Por su parte para Rubén Holguera, Portavoz y Candidato de Izquierda Independiente a la Alcaldía “Nuestro partido siempre ha estado del lado de colectivos y propuestas que trabajen por una educación accesible para todos y todas las españolas, independientemente de las posibilidades económicas o nivel de ingresos que tenga. Este decreto, con la falsa excusa del ahorro de las familias, quiere acabar precisamente con ese principio al diferenciar claramente entre universidades y estudiantes en base a lo que sean capaces de pagar. Por ello, sumamos nuestro nombre al de los colectivos que se manifiestan y solicitan esa educación de calidad y accesible”.

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Los rectores desafían a Wert y aplazan a 2017 la reforma de las carreras

Noticia del medio digital ´infolibre.es´.

3/2/15.  El Gobierno aprobó este viernes un decreto que da a los campus la posibilidad de ofrecer carreras de tres años a completar con másteres de dos. Las universidades manifiestan su rechazo a la implantación de la reforma de manera "apresurada" como pretendía Educación y plantean una moratoria casi por unanimidad.

 

Las carreras de tres años no llegarán a los campus españoles, al menos, hasta el curso 2017-2018. Así lo ha decidido este martes la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) –el colectivo en el que están representados los responsables de las universidades públicas y privadas– que ha acordado casi por unanimidad (57 votos a favor, 5 abstenciones y uno en contra) establecer una moratoria de dos años al decreto que da a los campus la posibilidad de ofrecer carreras de tres años a completar con másteres de dos. Para adaptarse a Bolonia las universidades españolas asumieron mayoritariamente el esquema de grados de cuatro años y másteres de uno.

Las universidades manifiestan de esta forma su rechazo a la implantación de la reforma de manera “apresurada” como, aseguran, pretendía Educación. Y señalan que antes de abordar un cambio de estructura, es prioritario culminar primero la evaluación de las titulaciones actualmente vigentes, así como llevar a cabo una “profunda reflexión” sobre el futuro de los campus españoles. “No discutimos la flexibilización, sino que decimos que no es el mejor momento. Siempre hemos insistido en hacerlo con prudencia, con tiempo”, señaló en una convocatoria ante los medios Manuel López, presidente de la CRUE.

Autorregulación 

De ahí, explicó López, que los rectores hayan optado por autorregularse con el objetivo de “mantener la cohesión del sistema” y “evitar que exista un grado de tres en una universidad y uno de cuatro en la de enfrente o en otra comunidad”, señaló. En este sentido, señaló que aprovecharán estos dos años para “hacer la evaluación del sistema que está ahora entrando en procesos de acreditación” e “intentar explicar” con claridad lo que supone este hecho a las familias. “Queremos hacer una labor clara de difusión”, amplió.

Asimismo, el presidente de la CRUE insistió en que los rectores no comparten que una reordenación del sistema de tal calado “esté en función de situación financiera”. Y cuantificó en 750 millones de euros el ahorro aproximado que la puesta en marcha de este decreto tendría para las arcas públicas tomando como referencia los 150 millones de euros que el ministro José Ignacio Wert dijo que tendría para las familias, pues se calcula que los estudiantes sufragan con las tasas una quinta parte del coste total de los estudios universitarios.

Por otro lado, explicó que algunos rectores han tenido “algunas dudas” sobre la moratoria pero se mostró convencido de que “en el ámbito de todos está cumplir con la moratoria”. Y expresó la necesidad de que las administraciones educativas de las comunidades autónomas respeten la decisión de las universidades. “No sería deseable que las comunidades autónomas tomaran medidas contradictorias. Nosotros hemos hecho lo que podíamos hacer, que es darnos dos años para pensar sobre el tema”, apuntó.

López señaló también que la moratoria contribuirá también a extraer del debate electoral la medida, en un año en el que habrá elecciones tanto autonómicas como generales. “Queremos que haya tranquilidad y reflexión para actuar con prudencia, sentido común y cohesión en todo el sistema universitario español, permitiendo que todos puedan ejercer su autonomía pero sobre unos criterios establecidos”, aseveró.

Críticas de la comunidad educativa 

Estudiantes y sindicatos se habían mostrado muy críticos con esta reforma, pues consideran que la implantación de los grados de tres años, al no ir acompañada de un refuerzo del sistema de ayudas, supondría “un daño irreparable en la equidad de los estudiantes universitarios en el acceso y permanencia en la educación superior”. El número de becados universitarios aumentó un 10% el curso pasado, aunque aún no es posible concluir si ha sido por el cambio de requisitos o por el empobrecimiento de las familias. Los becados recibirán una media de 300 euros menos, según las estimaciones facilitadas la semana pasada por el ministerio.

Campaña en defensa de la Educación Pública- Yo Estudié en la Pública

Editado por www.yoestudieenlapublica.org / Asociación Ciudadan@s por la Educación Pública

Ante la Huelga de Educación de de la semana que viene, recomendamos el visionado de este vídeo `Yo estudié en la pública´. Intervienen Ricardo Gómez, Ignacio Martínez Mendizabal, Federico Mayor Zaragoza, @ChemaCaballero, David Trueba y muchos más…

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