Entradas

La justicia tumba el acoso de los antiabortistas contra las clínicas privadas

Noticia del medio digital publico.es"."

13/9/15. La Asociación de Abogados Cristianos acusaba a varias clínicas españolas de tirar información sanitaria de los pacientes a la basura junto con residuos biológicos, y de cometer delitos fiscales. El juez ha confirmado que las imputaciones en las denuncia “se fundaban en arriesgadas conjeturas o hipótesis”.

La Asociación de Abogados Cristianos, grupo contrario a la interrupción voluntaria del embarazo, ha perdido la batalla contra cuatro clínicas privadas que practican el aborto en Madrid, después de que el juzgado de instrucción número once considere que no hay pruebas sólidas para continuar con la causa. 
 
Los autodenominados provida acusaron a las clínicas de haber tirado a la basura información sanitaria de sus pacientes, considerando éste un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por incumplir la normativa de residuos biosanitarios, inculcándoles de paso supuestos delitos fiscales. Pueden recurrir ante la Audiencia Nacional, pero han perdido el primer asalto.
 
 
José Antonio Bosch, abogado que trabaja con la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), denuncia que los antiabortistas están usando el sistema penal “de manera bastarda” para, desde su punto de vista, “conseguir titulares en la prensa”. Explica que lo que hacen habitualmente es acudir a la jurisdicción penal porque es “mucho más llamativo”, recordando que no es lo mismo denunciar una infracción administrativa que un delito. “Además duplican o triplican la denuncia. Los mismos hechos los llevan a distintos sitios, como La Consejería de Salud o la Agencia de Protección de Datos”, critica.
 
Juan Francisco Sánchez Galera, militante antiabortista, fue el que interpuso la denuncia inicial ante la Guardia Civil aportando los documentos (unas tarjetas de visita) que supuestamente se tiraban a la basura. Después fue la Asociación de Abogados la que se personó en su lugar. 
 
En opinión de Bosch, Sánchez Galera es un hombre que “lo que hace es un seguimiento de los distintos contenedores de las clínicas. En mi opinión es como un Yihadista antiaborto rebuscando en la basura”.
 
Acusaciones sin “pruebas sólidas”
 
En cuanto al posible delito de revelación de secretos, el juzgado ha determinado que no consta que los datos confidenciales de los pacientes se pudieran transmitir a terceros. Las clínicas se defendieron alegando que activistas antiabortistas robaron algunos documentos para poder utilizarlos en denuncias posteriores
 
“Uno de los doctores de la Clínica Ginecológica Callao SLP es sirio” comenta el abogado. “Un día le comunican que fallece un familiar cercano. Entonces, en ese momento de agobio y tristeza, escribió unos versos coránicos en un folio”. Asegura que no podía creerlo cuando vio que esos papeles estaban en el juzgado. Lo curioso es que, según el abogado, “que el doctor que es musulmán, me aseguró que jamás hubiese tirado a la basura un verso coránico, porque está en nombre de Dios”.
Con la denuncia por vulnerar los protocolos sobre gestión de residuos biosanitarios se pretendía demostrar que la clínica ponía en peligro la salud pública y el medio ambiente. Sin embargo, todas las clínicas formalmente tienen una compañía que cobra una cuota mensual por retirar restos biológicos. Y ésto se acreditó en el juzgado. 
 
Por último, quedaba por desmontar la acusación de delito fiscal. “Eso es para llorar” afirma Bosch, antes de resumir el modus operandi de los antiabortistas: “Calculan cuántos abortos se hacen en España y llegan a la conclusión de que ‘x’ clínica tiene que hacer tantos abortos al año. Tiran de sus cuentas anuales e intentan demostrar que facturan menos de lo calculado, lo que significaría que están cobrando en negro… y te lo cuentan así”, lamenta. Y, también en este caso, el juzgado ha confirmado que las imputaciones en esta denuncia “se fundaban en arriesgadas conjeturas o hipótesis”. 
 
El acoso a las clínicas y a las pacientes
 
Estas clínicas privadas y sus pacientes no sólo se enfrentan a las denuncias constantes por parte de los antiabortistas, sino que también tienen que ver cómo el Gobierno dificulta su situación. 
 
El pasado 18 de agosto, el Partido Popular llevó a cabo una modificación importante en la Ley de autonomía del paciente. Hasta entonces, los menores de edad, de 16 y 17 años, cuando se encontraban en una situación grave con necesidad de intervención tenían la competencia para decidir y dar el consentimiento. Sus padres, sin embargo, tenían el derecho de ser escuchados. Entonces, el PP hizo girar las tornas: ahora son los padres los que firman el consentimiento y los menores sólo son escuchados. 
 
Muchos son los que no entienden cuál era la exigencia social que pedía ese cambio legislativo. Lo mismo ha pasado con la última reforma del aborto que se aprobó este miércoles en el Senado, que obliga a las chicas de 16 y 17 años a tener el consentimiento de sus tutores legales o una autorización judicial para abortar.
 
Varios grupos antiabortistas además, según manifiesta Bosch, “acosan a cualquier chica que vaya a entrar en la clínica” y asegura que el día de máxima actividad es el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes. “Ese día en casi toda España se producen concentraciones delante de las clínicas”, lamenta.
 
Indignado, insiste en que el objetivo que tienen con las denuncias y las concentraciones es difundir el mensaje antiaborto y acabar con las clínicas privadas. “¿Qué explicación puede tener, aún en el supuesto de que una clínica tuviera una irregularidad fiscal, que a la Asociación de Abogados Cristianos le preocupe la irregularidad fiscal? Yo no he visto que hayan denunciado al PP ni que se hayan metido en los grandes casos de corrupción”, zanja. 

Más ricos los ricos, más pobres los demás

Articulo de Opinión del Blog Aqui no se fía"."

13/9/15. España, ese país con una clara desigualdad social y económica.

Son datos que han recogido recientemente los medios de comunicación:

– Entre 2007 y 2013 se duplicó el número de contribuyentes españoles que declararon un patrimonio superior a los 30 millones de euros (unos 5.000 millones de las antiguas pesetas). De 233 se pasó a 471 durante ese periodo, que abarca los años más duros de la crisis económica. Lo dicen las estadísticas del Ministerio de Hacienda. Lógicamente, en ellas no están incluidos quienes eluden sus obligaciones fiscales, con lo que la cifra real seguramente sea mayor.

– Si bajamos el listón al millón de euros de patrimonio (sin contar el valor de la primera vivienda y de los bienes consumibles), el aumento también ha sido espectacular. Un estudio de Capgemeni y Royal Bank of Canadá contabilizó en 2014 un total de 178.000 contribuyentes con ese volumen de patrimonio, frente a los 128.000 registrados en 2008, lo que representa una subida nada desdeñable del 40%.

– Según datos de la Autoridad Bancaria Europea, en 2013 había 133 directivos del sector financiero residentes en España con ingresos anuales superiores al millón de euros. Es decir, 33 más que en 2012. Su sueldo medio era de 2,18 millones y estaba por encima de los correspondientes a Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. De esos 133 banqueros, el grupo más numeroso (64) lo formaban quienes tenían una retribución de entre dos y tres millones, incluyendo fijo y variable.

Mientras tanto:

– La renta per cápita nacional se situó en 18.198 euros en 2013, la cifra más baja desde el inicio de la crisis. El punto álgido se alcanzó en 2008, con 19.599 euros, y a partir de entonces ese indicador no ha hecho más que bajar. En consecuencia, los españoles somos  ahora 1.508 euros (250.000 pesetas) más pobres que hace siete años. Y son datos oficiales; en concreto, del Instituto Nacional de Estadística (INE).

– La Encuesta de Población Activa (EPA) señala que 3,7 millones de desempleados no percibían ninguna prestación del Gobierno al término del segundo trimestre de 2015, casi el triple que en 2007. De ellos, sólo 561.000 no habían trabajado nunca y, por tanto, no tenían derecho a cobrar ayudas. El resto, sin embargo, sí; pero las habían agotado porque se trataba de parados de larga duración.

– Uno de cada cinco españoles (concretamente, el 22,2%) viven por debajo del umbral de la pobreza, que se sitúa en 7.961 euros al año. Con la particularidad de que la proporción sube al 30,1% en el caso de los menores de edad.

– España, a día de hoy, es el séptimo país más desigual de la Unión Europea, y en el que más diferencia hay entre ricos y pobres de las grandes economía del continente, como señala un reciente informe de Oxfam Intermon. La situación sólo es peor en Bulgaria, Letonia, Lituania, Grecia, Portugal y Rumanía. Incluso hay tres países del antiguo bloque soviético más igualitarios que el nuestro: Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa.

Un motivo de satisfacción –supongo– para cualquier Gobierno.

Honrar a las víctimas del franquismo: de lo urgente y de lo necesario

Articulo de Opinión del Blog Dominio Público""

31/8/15. Verdad, Justicia y Reparación deben ser los tres pilares sobre los que asiente una verdadera recuperación de nuestra historia, sobre como superar los horrores de la dictadura franquista.

Un creciente y pujante movimiento social, de organizaciones de derechos humanos y de memoria histórica se ha ido consolidando en los últimos años e impulsa diversas iniciativas en materia de verdad, justicia y reparación.

Entre ellas, la denominada querella argentina, que se interpuso en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. Es ésta una acción judicial basada en el principio de justicia universal, en virtud del cual los crímenes que lesionan a la humanidad deben ser investigados y sus responsables perseguidos universalmente en todo tiempo y lugar, con independencia de la nacionalidad de víctimas y victimarios y los intereses particulares de los Estados. Este principio -que otrora fue especial y celebradamente puesto en práctica por la misma administración de justicia española que hoy, paradójicamente, se niega a enjuiciar los crímenes del franquismo- constituye un avance civilizatorio y ha colaborado de modo trascendental para poner fin a la impunidad en aquellos países respecto de los que fue aplicado.

La querella reabrió un camino en la búsqueda de justicia cuando todos parecían clausurados. Ha sido y es impulsada por víctimas de la dictadura ante la denegación de sus derechos por parte de tribunales españoles que han vulnerado normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos, tratados internacionales suscritos por España y la propia jurisprudencia de esos mismos tribunales. Estimula y repara a las víctimas y actualiza la necesidad de que los propios juzgados españoles asuman la tarea que les es propia: hacer justicia, en este caso respecto de los más graves crímenes que puedan cometerse en contra de los seres humanos y de los pueblos.

Un gran y creciente número de personas y organizaciones están implicadas en el fomento y fortalecimiento del proceso judicial argentino. Con su esfuerzo han conseguido la adhesión al mismo de más de un centenar de ayuntamientos, de distintos parlamentos autonómicos y de otras instituciones. Realizan regularmente distintas actividades para explicar y difundir las características del proceso que se sigue ante la justicia argentina en ciudades y pueblos de España, de Argentina y de otros países. Han promovido la interposición de cientos de querellas, de múltiples denuncias que en forma gratuita son presentadas por los afectados en los consulados argentinos de todo el mundo e inmediatamente trasladadas al juzgado porteño, de la organización de videoconferencias desde el consulado argentino en Madrid, de los viajes a Argentina de un elevado número de personas que presentaron personalmente sus querellas y declararon en el juzgado o del viaje que efectuó la magistrada argentina para tomar declaración a algunas víctimas en los propios juzgados españoles con la participación y colaboración de sus titulares, entre otras muchas iniciativas.

El proceso, que instruye la jueza Servini de Cubría, ha tenido sustanciales avances. Entre otros, muchos y relevantes, debe subrayarse que en la causa se ha acumulado un enorme material probatorio de los crímenes perpetrados y que por el momento se ha incriminado, por la comisión de algunos de ellos, a un total de veintidós personas entre las que se encuentran varios ex ministros, cursándose pedidos internacionales de detención y solicitudes de extradición de los mismos. Denegadas éstas, como era previsible, las autoridades españolas no han podido sin embargo evitar la repercusión internacional de estas medidas, ni pronunciamientos en los parlamentos español, argentino y europeo confluyentes en la obligación internacional de extraditar o juzgar a los reclamados, ni el repudio y la condena por parte de los principales organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

La ley de extradición pasiva española no prevé la participación de las víctimas en el procedimiento de extradición y en consecuencia ni éstas ni las organizaciones e instituciones que las representan o que con ellas se solidarizan tuvieron la posibilidad de intervenir en el mismo, ni de recurrir las decisiones adoptadas. Sí pueden hacerlo en cambio en el proceso judicial que se desarrolla en Argentina -y a ello están convocadas- y también, y nos interesa destacarlo especialmente en el presente artículo, en los que se impulsen en los distintos juzgados de instrucción del Estado español.

No existe probablemente un solo pueblo donde no haya damnificados por el franquismo: desaparecidos; fusilados; niños robados; víctimas de trabajo esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en cuarteles, en preventorios; expresos; torturados; exiliados; perseguidos; represaliados, etc. etc.

¡Ni uno solo de ellos, repetimos, ni uno solo de ellos, y son millones, ha recibido justicia!

En España hay más de 8.000 ayuntamientos. Vecinos de prácticamente todos ellos, y sus concejales y alcaldes en muchos casos, han sido víctimas de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el franquismo. Delitos imprescriptibles; no amnistiables ni amparables en ley, norma, práctica o pronunciamiento judicial de impunidad de ningún tipo; perseguibles como ilícitos internacionales, existieren o no leyes internas que los contemplaran como tales en el momento de su comisión, como supo decir clara y contundentemente el Tribunal Supremo español en otros y mejores tiempos.

Cualquier ayuntamiento se querellaría pidiendo justicia contra los autores de un atentado terrorista que produjera víctimas entre sus miembros o entre los habitantes de su municipio. Tendría el derecho y el deber de hacerlo. !Cómo no ha de proceder contra los que las ocasionaron asaltando las instituciones democráticas y practicando sistemáticamente el terrorismo de Estado!

¿Cuánto duraría la impunidad del franquismo si las víctimas, sus asociaciones y ayuntamientos de todo el país presentaran querellas en los juzgados de la localidad en la que se han producido los crímenes, incitando así en todo lugar la actuación de la justicia?

Los fundamentos jurídicos para sostener estas acciones judiciales son sólidos e irrebatibles y las condiciones están maduras para ello: la querella argentina ha abierto una importante grieta en la política de impunidad mantenida por el Estado español y hay jueces y fiscales decididos a investigar, como lo revelan importantes y recientes medidas adoptadas por algunos de ellos.

Llevar a cabo esta iniciativa permitiría que toda víctima, asociación y/o corporación municipal, desde las de las ciudades más grandes y más pobladas hasta las de las localidades más pequeñas y con menos habitantes, reclame judicialmente su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Alcaldes y concejales de diversos ayuntamientos, y muchos abogados, se ofrecieron a colaborar en el procedimiento judicial argentino y en muchos casos lo han hecho, aunque limitadamente dadas las dificultades derivadas de su tramitación en Argentina. Unos y otros tendrán una participación activa y determinante de prosperar la propuesta que aquí se formula. Su promoción y su impulso serán sin duda trascendentales y decisivos para acabar con la impunidad del franquismo.

La calificada en su día como modélica transición española tiene logros de los que preciarse, pero también enormes y radicales injusticias que deben abochornarla. Entre ellas, y más que ninguna otra, la del olvido de quienes lucharon contra el fascismo y la dictadura; la de la sustracción al conocimiento de las nuevas generaciones de la ejemplar lucha de este pueblo por la libertad y la justicia; la de la impunidad de los responsables de los crímenes del franquismo y la del inconcebible desamparo que sufren sus víctimas. Ha llegado la hora de ponerles fin; de revertir esta realidad que cuestiona, pervierte y degrada cualquier sistema político que se pretenda democrático.

Recientemente la Corte Suprema de Chile acordó el procesamiento de los responsables de las torturas y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura de Pinochet. Ya son innumerables las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, muchas de ellas españolas, amparadas por los tribunales de distintos países hispanoamericanos. Así, haciendo justicia, se honra a las víctimas.

Es tiempo de que se honre, aquí y ahora, a tantos Carmelo Soria víctimas de la dictadura de Franco.

El franquismo conformó una sociedad a su imagen y semejanza por medio de la represión y el terror. Es preciso remodelarla a través de la justicia.

Es posible que haya tareas más urgentes, pero ninguna es tan necesaria.

El modelo de creación de empleo de Rajoy pone en peligro las pensiones

Noticia de publico.es"."

25/8/15. La recaudación media por cotizaciones sociales lleva dos años bajando debido a la caída de los salarios, las bonificaciones a la contratación y el aumento del trabajo por horas.

Los últimos datos conocidos sobre la recaudación de la Seguridad Social, correspondientes al primer semestre de 2015, revelan que los ingresos por cotizaciones están creciendo muy por debajo de lo que lo hace el empleo, con grave riesgo para el equilibrio del sistema, que lleva tres años exprimiendo el Fondo de Reserva (más conocido como la hucha de las pensiones) para estar en condiciones de atender puntualmente todos sus pagos.
 
Entre enero y junio, el número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 16.927.722, con un incremento del 3,2% frente a los 16.404.270 contabilizados en el primer semestre de 2014. Sin embargo, la recaudación creció en el mismo periodo apenas un 0,8%, al pasar de 49.601,63 a 49.982,24 millones de euros. Como consecuencia de ello, la cotización media, que en la primera mitad de 2014 había sido de 3.023 euros, bajó este año a 2.952 euros.
 
 
La caída de la cotización media resulta todavía mayor si se toma como referencia el primer semestre de 2013, cuando alcanzó los 3.039 euros. La Seguridad Social obtuvo entonces 49.389 millones gracias a las cuotas obligatorias que recaen sobre empresarios y trabajadores; es decir, sólo 1,1% menos que entre enero y junio de 2015. Y eso a pesar de que la diferencia en el número de afiliados entre un momento y otro fue del 4,2%.
 
Espejismo estadístico
 
El desfase entre el ritmo de creación de empleo y el de la recaudación de la Seguridad Social obedece a razones como la caída de los salarios, el aumento de las bonificaciones a la contratación y, muy especialmente, al recurso masivo de las empresas al trabajo por horas.
 
Este último fenómeno propicia que dos medias jornadas se reflejen en las estadísticas como dos empleos, pero en realidad coticen prácticamente como uno solo de 40 horas semanales.
 
No se trata, además, de un fenómeno aislado, sino cada vez más extendido, según puede deducirse de los datos que facilita la propia Administración. Así, por ejemplo, la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2015 cifra en 17.454.800 el número de ocupados, lo que supone medio millón más que entre enero y marzo de 2014. En cambio, el aumento de las horas de trabajo equivalió en ese periodo a sólo 310.000 jornadas completas.
 
Con el modelo de creación de empleo de baja calidad por el que ha apostado el Gobierno de Mariano Rajoy, nada tiene de particular que a la Seguridad Social le cueste cada vez más cuadrar sus cuentas. Hasta el punto de que, de un tiempo a esta parte, los ingresos dan para sufragar el coste mensual de las pensiones, pero no las pagas extras ni las retenciones por IRPF que periódicamente se ingresan en las arcas de Hacienda.
 
Para sortear la situación, desde 2012 el Gobierno viene detrayendo importantes fondos de la hucha de las pensiones, que no se creó con el fin de cubrir estos desequilibrios, sino el brusco aumento de beneficiarios que se producirá cuando empiecen a jubilarse, allá por 2023-2024, los trabajadores que nacieron durante el baby boom. Hasta ahora, Rajoy ha sacado 41.000 millones de la hucha y para 2016 está previsto sacar más de 6.000 milones más.
 
Rajoy se muestra “muy tranquilo” con el sistema de pensiones
 
El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, se ha mostrado no obstante “muy tranquilo” este sábado con el sistema de pensiones. “Las pensiones se pagan con las cotizaciones de la seguridad social y, por tanto, cuantas más personas trabajen y coticen, más y mejores pensiones habrá en el futuro”, ha relatado en su visita a la localidad lucense de Portomarín, para luego volver a hacer hincapié en que está “muy tranquilo” con el sistema de pensiones en España, pues han sido “la única partida de los presupuestos” que en “la gravísima crisis económica no ha bajado nunca”. “Ha sido la única que ha subido siempre”, ha apostillado.
 
“Ahora, otra de las cosas que se puede estudiar es que las pensiones contributivas se paguen solo con cotizaciones de seguridad social, y ya viudedad y orfandad se empiecen a pagar con impuestos”, ha avanzado Rajoy, quien considera que ésta es una cuestión “puramente técnica”, aunque “importante”. “Pero lo importante de verdad es que la gente siga recibiendo su pensión”, ha zanjado.

La hucha de las pensiones sólo da ya para tres meses

Noticia del medio digital publico.es"."

12/8/15. Rajoy le ha dado un hachazo de más de 41.000 millones de euros en lo que va de legislatura y para 2016 prevé otros 6.000. La mala calidad del empleo y el descenso de los salarios impiden que la Seguridad Social equilibre su presupuesto.

La creación de empleo de la que alardea el Gobierno no está contribuyendo a equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social, que desde 2012 cierra con déficit año tras año. Las cotizaciones de trabajadores y empresarios son suficientes para cubrir el coste mensual de las pensiones, pero no las pagas extraordinarias de julio y diciembre, ni las retenciones a cuenta del IRPF que hay que ingresar en Hacienda.

De ahí que Mariano Rajoy venga recurriendo de forma sistemática al Fondo de Reserva, constituido en 2000 con el fin de tener un colchón cuando se empiece a jubilar la cuantiosa generación del baby boom a mediados de la próxima década.

 
Ese uso de la conocida popularmente como hucha de las pensiones tiene poca relación con su concepción original, lo que no ha impedido que el Gobierno le haya dado un hachazo de más de 41.000 millones de euros durante la legislatura. Como consecuencia de ello, el fondo dispone ahora de 39.520 millones, muy por debajo de la cifra con la que contaba al cierre de 2011.

Los Presupuestos Generales del Estado prevén para el año que viene un nuevo mordisco, esta vez algo más moderado: unos 6.283 millones, aunque todo depende de que lo que suban las aportaciones por cuotas, muy perjudicadas por la baja calidad del empleo y por la caída de los salarios. 

De tres trimestres a uno

La hucha de la pensiones podría acumular ya más de 100.000 millones de euros si el Gobierno hubiera continuado nutriéndola en vez de drenarla para compensar los déficit de los últimos años, que son fruto en buena medida de la brutal destrucción de empleo derivada de la crisis y de las políticas que han contribuido a facilitarla.

Esos 100.000 millones darían, en números redondos, para pagar cubrir tres trimestres, mientras que el dinero que queda actualmente en el fondo llegaría a duras penas para sufragar uno. Algunos expertos, además, advierten de que o se acaba con el deterioro del mercado laboral o el fondo corre serio peligro de agotarse antes de 2020, en vísperas del fuerte aumento de beneficiarios por el que fue creado.
 
De todas formas, la hucha de las pensiones no ha sido utilizada sólo para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, sino también para financiar al Estado en la época en que más reacios eran a hacerlo nuestros habituales prestamistas, a pesar incluso de la existencia de una elevada prima de riesgo. La política de inversiones del fondo, no obstante, es en general muy conservadora, lo que le ha permitido capear con éxito el temporal de la crisis y obtener rentabilidades superiores a otros operadores. 


Desde 2001, en que se le dotó con los primeros 600 millones de euros, ha ganado unos 24.000 millones comprando y vendiendo activos. El fondo tiene vetado actuar en el mercado de renta variable, por razones de seguridad y porque su potencia podría ser muy perturbadora para la Bolsa española.

Según datos oficiales correspondientes a junio de este año, de las pensiones de la Seguridad Social dependen 9.293.058 españoles, casi una cuarta parte de la población total. La mayoría de ellos (concretamente, 5.632.018) están jubilados; 2.351.794 cobran por viudedad; 930.888 sufren una incapacidad laboral permanente, y 330.342 son huérfanos.

El presupuesto para 2016 ronda los 135.000 millones, de los que 83.561 irán destinados a las pensiones de jubilación, con un coste medio por beneficiario que no llega a los 15.000 euros anuales.“

La ONU advierte que reforzar las fronteras pone en riesgo vidas humanas.

Noticia del medio digital lamarea.com"."

8/8/15. Desde junio han muerto al menos diez personas tratando de cruzar el canal de la Mancha. ACNUR pide a Francia que reubique a los inmigrantes que viven en campamentos cercanos al Eurotunel.

El verano de 2015 se está tornando funesto para inmigrantes y refugiados que llegan a Europa huyendo de la violencia y la pobreza. A la dramática situación de Grecia se le une la crisis que viven Francia y Reino Unido con las personas que tratan de cruzar el canal de la Mancha hacia tierras inglesas. Desde junio han muerto allí al menos diez personas en el intento de cruzar el Eurotunel.
 
La ONU ha advertido este viernes que implementar más medidas de seguridad en el canal sólo va a dar como resultado que los inmigrantes se arriesguen más para conseguir su objetivo. ACNUR ha propuesto a Francia reubicar a los miles de inmigrantes acampados en las cercanías del Eurotunel. “Hay una multitud de cuarteles vacíos en toda Francia, tratemos esto como una emergencia civil”, ha pedido Vicent Cochetel, director del Boureau europeo de ACNUR.
 
Cochetel ha afirmado que la llegada de inmigrantes a Reino Unido es “manejable” y no tan dramática como se puede ver en televisión, si se toman las medidas adecuadas. Además, ha llamado la atención sobre el retraso que estaría ocasionando Francia a la hora de tramitar las solicitudes de asilo del país galo. Ha advertido de que dentro de estos grupos de migrantes hay “mujeres y niños que pueden ser víctimas del tráfico y la explotación”, según recoge la agencia EFE.
 
La ONU ha reclamado a la Unión Europea una acción más firme y solidaria con la situación de los refugiados e inmigrantes en suelo europeo. La crisis del Eurotunel se suma al drama que se vive en las costas griegas este verano. En julio han llegado allí 50.000 personas, un total de 124.000 en lo que va de 2015.
 
ACNUR denuncia que la infraestructura para acoger a los refugiados es muy deficiente. Si en el caso de Francia piden una reubicación a estructuras ya existentes, para Grecia reclaman una acción directa. Hay que tener en cuenta que muchos de estos inmigrantes llegan a islas griegas, y el transporte es complicado.
 
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció este viernes que su gobierno está poniendo en marcha un plan para abordar este drama, con financiación europea. Lo que califica de “resultado de una estrategia de intervención irracional de Occidente durante los últimos años en los países de origen de los refugiados” -especialmente Siria- será abordado trasladando a algunos de los refugiados a lugares acondicionados para su estancia y atención médica y el refuerzo de las infraestructuras ya existentes.

Unos presupuestos mentirosos.

Articulo de Opinión del Blog Aquí no se fía"."

8/8/15. Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año esconden” datos relevantes para la sociedad, en este análisis podemos encontrarlos. “

Si la presentación de los Presupuestos Generales del Estado suele tener una clara dimensión propagandística, sobre todo cuando hay elecciones de por medio, la que ha hecho el Gobierno esta semana de los correspondientes a 2016 ha sobrepasado con creces los límites de lo obsceno. Después de machacarnos sin misericordia durante los cuatro años de la legislatura que está a punto de concluir, a base de recortes y subidas de impuestos básicamente injustas, Mariano Rajoy pretende ofrecer su cara más amable ahora que vamos a ser llamados de nuevo a las urnas.

Si antes era prioritario reducir el déficit público costara lo que costara, aunque el bienestar de miles y miles de familias se quedase por el camino, eso ya carece de importancia y el mensaje predominante es que los ciudadanos tienen derecho a recuperar el terreno perdido. Como si ese terreno lo hubieran perdido de forma accidental, por un descuido, en vez de por culpa de las decisiones, muchas veces crueles, que el PP ha venido tomando en el conjunto de España desde que recuperó el poder en diciembre de 2011.

Rajoy primero, Cristóbal Montoro a continuación y, por supuesto, todos sus corifeos políticos y mediáticos han destacado el carácter “social” de los presupuestos con el mismo ahínco que habría puesto José Solís Ruíz, aquel ministro de Trabajo de Franco que pasaba por ser “la sonrisa del régimen”. Ese pretendido carácter social se justificaría por las subidas que experimentan algunas partidas que hasta ahora habían corrido peor suerte; pero se trata de mejoras tan ridículas que difícilmente van a tener un impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos; en particular, la de los más necesitados.

El gasto en pensiones crecerá un 2,8%, sí, pero porque habrá un mayor número de jubilados, no porque quienes ya se encuentran en esa situación vayan a cobrar mucho más, pues la subida general será sólo de un 0,25%. Los fondos destinados a dependencia aumentarán en 70 millones de euros, una minucia comparados con los 1.172 destinados en 2015 y con los sistemáticos hachazos de los últimos años, que han dejado a casi medio millón de personas en lista de espera. La dotación presupuestaria para becas, en fin, tan socavada por el Gobierno con el diligente beneplácito de aquel ministro de Educación de triste recuerdo llamado José Ignacio Wert, se incrementará un irrisorio 0,2%.

Pese a que se trata de una milonga colosal, el Gobierno ha presentado estas medidas igual que si señalaran la tierra de promisión que los españoles empezamos a atisbar gracias a sus políticas. Y, por si fuera poca su desfachatez, se ha atrevido a anunciar también nuevos beneficios para los ciudadanos en el futuro, como la rebaja del IRPF, si vuelven a otorgar la confianza al PP en las próximas elecciones generales. El mensaje es tan simple como descarado: con nosotros, el cielo está al alcance de la mano; con los otros, vamos de cabeza al precipicio. Una idea tan infantil como maniquea, pero que, debidamente sembrada en colectivos propicios a ello, puede resultar muy eficaz.

El Gobierno cierra el censo sin avisar y deja a miles de emigrantes sin votar en las generales

Noticia de publico.es"."

31/7/15. Marea Granate denuncia las enormes trabas burocráticas a las que son sometidos los españoles que viven fuera y el hecho de que su voto de castigo” nunca llegue a las urnas.”

Más de un 96% de los españoles que estaba fuera de España en las pasadas elecciones autonómicas no pudo votar, en muchos casos porque no llegaron a tiempo para apuntarse al censo. Este problema se repite de cara a las generales. El registro para inscribirse y ejercer el derecho a sufragio cerrará de nuevo y sin aviso institucional este 31 de julio, de lo que se desprende que la votación para elegir un nuevo Gobierno se celebrará como muy tarde el próximo 20 de diciembre, fecha límite por ley.

“El tipo de voto de la gente que se ha tenido que ir fuera por obligación es un voto de castigo”, dice la consultora ambiental Elia Carceller desde Berlín sobre por qué la Administración les pone tantos problemas. Miembro activo de la plataforma Marea Granate, cuenta las diferentes trabas administrativas que deben superar todos aquellos que viven fuera de España: “A la mayoría de la gente, casi un 40% de media, se le pasa el plazo y no puede votar”.

Al no tener información institucional, los componentes de la organización echan cuentas para saber cuándo realizar los trámites a través de una “calculadora de plazos” que han creado ellos mismos. “Nos ponen pegas continuamente para inscribirnos en los consulados y para demandar el voto rogado, y cuando crees que ya lo tienes todo, hay veces que las papeletas no llegan a casa”, dice Carceller.

 
“Se trata de un problema sistémico que no hace más que confirmar nuestra demanda de que es necesario derogar el voto rogado”, añade Elia Carceller desde Alemania. Las múltiples irregularidades cometidas por la administración ponen en peligro una vez más su derecho de sufragio, una cuestión que podría solucionarse apostando por un modelo similar al británico, donde todo se puede hacer de manera online. En este sentido, tanto el PP como el PSOE aprobaron la reforma de la ley electoral de 2011, que introdujo el voto rogado, y desde 2013 el partido de Mariano Rajoy lleva rechazando la reforma del voto.  
 
Muchas personas se encontraron el censo cerrado en las elecciones pasadas y en las elecciones generales se teme que pasará lo mismo. Las personas que no hayan llegado a tiempo a inscribirse en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) antes del 31 de julio, por falta de información, sólo tienen una opción: inscribirse como residentes temporales (no residentes o registro ERTA), o bien reclamar de forma presencial en los consulados, perdiendo todo un día de trabajo, la inclusión en el CERA.
 
Sin embargo, no se establece ningún tipo de parámetro para decidir quién es un residente temporal y quién no, al igual que tampoco hay una prohibición que impida inscribirse más de una vez como residente temporal. Desde la plataforma cuentan que a personas que llevaban menos de un año les han aceptado como a temporales y a otros no. “No hay ningún tipo de regulación al respecto”, señalan, por lo que habrá ciudadanos que tampoco pasarán la criba de la inscripción en el censo temporal.
 
“Es increíble que uno tenga que trazar auténticas estrategias, a un año vista, para poder ejercer su legítimo derecho a voto”, cuenta un estudiante miembro de Marea Granate y que vive actualmente en Versalles. Este joven comienza un doctorado en Bristol en septiembre, explica lo complicado de estos procedimientos: “Si a todos estos trámites le añades encima un cambio de consulado, no hace sino complicar aún más las cosas”. 
 
Los militares en el extranjero votan sin problema.
 
Un informe de esta misma plataforma refleja como un 37,2% de las papeletas de los emigrantes españoles no llegó a tiempo en las últimas elecciones autonómicas y cómo el 20% de los emigrantes españoles no pudo registrarse a tiempo. Datos que hicieron que la participación fuera de un 3,2%, es decir, que sólo 3 personas de cada 100 de las que viven fuera de España pudieron votar.

Otro agravante de esta situación, según denuncia Marea Granate, es que el 84% de los militares en el exterior hayan podido ejercer su derecho a voto con todo tipo de garantías, demostrando que “la Administración trata a los emigrantes como ciudadanos de segunda”.

Un empleo de mierda

Articulo de Opinión del Blog Aquí no se Fía"."

31/7/15. Esta reflexión analiza la creación” de empleo del Gobierno de Rajoy y sus consecuencias sociales y económicas.”

Frente a las albricias del Gobierno y sus corifeos, la realidad es tozuda y da la razón, un día sí y otro también, a quienes venimos advirtiendo de que con Rajoy se está creando un empleo de mierda. Un empleo inestable, ocasional y mal pagado, que ayuda a salir del paso a quienes no tienen otra alternativa que el paro, pero que difícilmente les sirve para poner la base del más modesto proyecto vital.

La semana pasada ya ofrecimos aquí algunos datos incontestables sobre la verdadera situación del mercado laboral, tres años y medio después de que el PP recuperara el poder bajo la taimada promesa de arreglarlo de inmediato. 286.500 empleos destruidos, 335.600 contratos indefinidos menos, 355.700 trabajadores más a tiempo parcial: ése es, por ahora, el pírrico balance de las duras políticas de Rajoy.

Como sólo dos de cada tres asalariados tienen un empleo fijo y a jornada completa, no es extraño que 1.323.300 se declaren insatisfechos, entre ellos los 704.400 universitarios que ocupan un puesto inferior a su cualificación. Tampoco puede sorprender a nadie que, en estas circunstancias, 428.400 personas hayan desistido de buscar trabajo o se hayan visto empujadas a intentarlo en el extranjero.

El empleo de quita y pon -que debe de hacer las delicias de los empresarios por la delectación con que recurren a él- se ha adornado con sueldos que muchas veces atentan contra la más mínima dignidad. No es nada original, pero viene a cuento recordarlo: los mileuristas son hoy unos envidiados, cuando antes de la crisis no despertaban en el resto de los trabajadores nada más que compasión.

Aparte del desánimo creciente, sobre todo de los más jóvenes y de los que tienen muy difícil reincorporarse en condiciones razonables al mercado laboral, todo ello está teniendo también graves consecuencias en las cuentas de la Seguridad Social. Con empleo de peor calidad y sueldos de miseria, la recaudación por cuotas ha bajado a razón de 300 millones de euros mensuales; o sea, unos 3.500 al año.

Se entiende así que el Gobierno, para seguir pagando las pensiones, haya tenido que recurrir masivamente al fondo de reserva, que ahora cuenta con 25.000 millones menos (un 38%) que al cierre de 2011. Si las cosas no cambian, según los expertos, la hucha se habrá agotado en 2024, con lo que la legislatura de Rajoy habrá servido para joder a los trabajadores no sólo antes sino también después de que se jubilen.

El negocio de las puertas giratorias, enésima cara oculta del TTIP

Noticia de publico.es"."

16/7/15. Un nuevo estudio del CEO adelantado por ‘Público’ documenta cómo altos cargos de la Comisión Europea, como el anterior responsable de Comercio, Karel De Gutcht, pasaron a la empresa privada sólo unos meses después de trabajar en áreas relacionadas con el polémico acuerdo comercial, y para seguir desarrollando su labor.

No es ningún secreto que en algunos escenarios la línea que separa la política y el sector privado es muy fina, en ocasiones casi imperceptible, pero quizás lo sorprendente es que esta frontera sea tan difusa en el más alto nivel de la política de la UE, el que afecta a la Comisión Europea. Y en ocasiones el empleo de esta puerta giratoria está directamente relacionado con el tratado de libre comercio que Bruselas y Washington negocian con secretismo (TTIP), y sobre el que la Comisión ostenta la máxima responsabilidad a nivel europeo, aunque en ocasiones sus representantes crucen la línea que les separa del sector privado, y a pesar del peligro de que se produzcan conflictos de intereses.


De hecho, y según el estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO) que verá la luz este miércoles, y al que Público ha tenido acceso en exclusiva en España, al menos siete figuras vinculadas de algún modo al TTIP han pasado desde distintas direcciones generales de la Comisión al negocio privado o viceversa. La puerta giratoria, engrasando las ruedas del lobby en torno al TTIP es el último documento elaborado por esta ONG, que centra su actividad en supervisar a las grandes empresas o los lobbies, y que se encuentra entre las organizaciones más críticas con el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
 
Precisamente son algunos de los grupos de presión más insistentes en las negociaciones sobre el TTIP en sectores como el farmacéutico o el de la agricultura los que han abierto sus puertas a los exasalariados de Bruselas; un fenómeno que a juicio del CEO “demuestra las sinergias entre los negocios de la Comisión Europea, el Gobierno de Reino Unido y otros tantos en lo que respecta al TTIP y a las negociaciones comerciales”.
 
Sin duda, el más célebre de los usuarios de la puerta giratoria que recoge el informe es el excomisario de Comercio, Karel De Gutcht, que dejó su cargo con el relevo de la antigua Comisión, en octubre de 2014, para ser reemplazado por la duramente criticada Cecilia Malmström, hoy considerada la cara más visible en defensa del TTIP. El caso de De Gutcht es especialmente emblemático porque fue él quien llevó las riendas en las etapas preparatorias y en las primeras negociaciones del TTIP; fue él quien presionó para incluir la cláusula de blindaje a las multinacionales o ISDS que ha causado tanta polémica y rechazo entre los ciudadanos del Viejo Continente.
 
Hoy De Gutcht forma parte del Consejo de Administración de Belgacom, la mayor operadora telefónica en Bélgica e integrante de la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO). Y se da la circunstancia de que este lobby mantuvo encuentros a puerta cerrada sobre el TTIP con varios representantes de la Dirección General de Comercio cuando De Gutcht era el máximo responsable de esta cartera en la Comisión. Incluso, y según recogen las actas de estas reuniones, los representantes de Comercio se comprometieron a “analizar y discutir a nivel interno” la posición del lobby, “para identificar si deberían introducirse nuevos elementos en la negociación”.
 
Con todo, y a pesar de que el sector de telecomunicaciones es el tercero en la lista de los que ejercen una mayor presión sobre las negociaciones del TTIP, el comisario belga logró el apoyo de la Comisión para cruzar la puerta giratoria, comprometiéndose a “proteger la responsabilidad colectiva y la confidencialidad” sobre temas relacionados con su labor al frente de Comercio, además de prometer no ejercer ningún tipo de presión sobre la Comisión o la Dirección General de Comercio durante 18 meses.
Inmediatamente por debajo de De Gucht en el escalafón está el que fuera su portavoz en la Comisión Durão Barroso, John Clancy, que siguiendo la línea marcada por su exjefe defendió el TTIP con uñas y dientes, y hoy está a sueldo de FTI Consulting, una consultora especializada en comunicación política que sólo en 2014 gastó entre 1,75 y 2 millones de euros en acciones de lobby. Entre sus clientes figuran Google, Facebook o Cuadrilla, una empresa que utiliza la técnica de extracción conocida como fracking -altamente contaminante-, pero las únicas restricciones planteadas por la Comisión para desarrollar su trabajo se acotan en un periodo de apenas doce meses, un plazo totalmente “inapropiado” en opinión del CEO.
En la lista también aparece la española María Trallero, en nómina de la Dirección General de Comercio entre 2005 y 2012, y hoy Directora de Política Comercial en la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA), uno de los mayores lobbies de un sector que entre 2013 y 2014 multiplicó por siete sus reuniones sobre el TTIP con la Comisión. De hecho, y según el registro LobbyFacts EFPIA pasó de invertir 551.000 euros en acciones de lobby por el TTIP en 2013 a gastar más de 5.070.000 euros al año siguiente.
 
La puerta gira 360 grados
 
Otro de los casos más interesantes es el de Jan Eric Frydman, hoy a sueldo de la firma sueca Ekenberg&Andersson, donde está a cargo del área de Prácticas Transatlánticas. Antes fue asesor especial de Política Comercial y Asuntos Transatlánticos ni más ni menos que para la comisaria Cecilia Malmström, lo que en palabras del CEO le granjeó un “acceso extraordinario a las negociaciones sobre el TTIP”, en las que ha jugado su rol en materia de Cooperación Reguladora, uno de los apartados más espinosos del acuerdo.

Y la puerta sigue girando con Eoin O’Malley, que pasó de la poderosa patronal europea Business Europe —ostenta 23 pases permanentes en el Europarlamento— afrontó una gasto en acciones de lobby de más de cuatro millones de euros sólo en 2014, según el registro de transparencia de la UE. La patronal lleva desde el arranque de las negociaciones a la cabeza de los grupos de presión, y persigue aumentar el poder de las empresas a la hora de inmiscuirse en las regulaciones, algo que preocupa a distintos partidos políticos y movimientos y pataformas sociales.
 
Y así, el informe que rubrica la investigadora Vicky Cann para el CEO recoge también otra decena de casos de utilización de puertas giratorias que afectan a distintos trabajadores y cargos de la Comisión, parlamentarios o incluso figuras vinculadas a gobiernos como el de Reino Unido. El problema es que en muchas ocasiones estos hechos pasan desapercibidos para la opinión pública, y organismos como la Comisión actúan de forma opaca “escudándose en argumentos relacionados con la privacidad”, según el CEO. “A veces el conflicto de intereses está claro, otras resulta difícil de probar”, señala el informe.
 
La Comisión sí acota parcialmente las funciones que pueden cumplir sus asalariados cuando cruzan la puerta giratoria, al menos de forma temporal, pero el Parlamento Europeo es más laxo en sus restricciones. Y eso, por no hablar de la ausencia de obligaciones de rendición de cuentas a los lobbies que fichan a políticos para aprovecharse de sus contactos e influencias: el registro de la UE es voluntario, y las empresas ni siquiera deben declarar qué cantidad invierten en estas acciones de presión.

Este mismo martes este diario ofrecía en primicia las infografías y los últimos datos recopilados por el CEO sobre los sectores que ejercen una labor de lobby más decidida en lo que respecta al TTIP, y el documento lanzado este miércoles incide sobre estas acciones de presión: “Las mayores multinacionales europeas se han unido para dar un fuerte respaldo al TTIP”, advierte el CEO. “Hay una dura batalla de lobbies en Bruselas y Washington sobre lo que debería y no debería incluir el TTIP”, apunta el organismo en su último estudio, que a lo largo de 40 páginas profundiza en los usos de puertas giratorias mencionados y arroja una conclusión preocupante: es probable que los casos detectados sean apenas una muestra, “la punta del iceberg” de la actividad lobbista en el TTIP.

Prevenir conflictos de intereses

El CEO cierra el informe pidiendo a la UE que mejore sus normativas en cuestión de puertas giratorias, que garantice su cumplimiento y que no permita a quienes trabajen para la Comisión que desarrollen tareas relacionadas con este área en el sector privado en un plazo mínimo de tres años. A juicio de este organismo las autoridades deberán aportar “garantías más sólidas para prevenir posibles conflictos de intereses” y llevar a cabo un registro obligatorio de los lobbies, especificando también qué grupos de presión centran su actividad en el TTIP.
 
De hecho, en lo que respecta a este acuerdo secreto el CEO va un paso más allá y hace suyas las peticiones de cientos de organizaciones civiles europeas: que la Comisión publique los textos de posición de cara a las negociaciones, todas las peticiones y ofertas, además de los borradores de los documentos consolidados antes de cada ronda negociadora, y las agendas de las negociaciones. A juzgar por la línea seguida por Malsmtröm y la Dirección General de Comercio, y a pesar de que la comisaria prometió traer más transparencia al llegar a su cargo, la Comisión Juncker está a años luz de tener en cuenta estas peticiones, de abrir puertas y ventanas para que los parlamentarios y los ciudadanos conozcan hasta el último y más oscuro rincón del TTIP.