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“La Lomce es una ley aberrante e incostitucional”

ENTREVISTA | Elisa Pérez Vera, primera rectora en España
Esta jurista ocupó en 1982 el máximo cargo de la UNED. Fue miembro del Tribunal Constitucional y cuestiona el apoyo de esta institución a la Ley Wert: “Estoy convencida de que la enseñanza que separa por sexos es contraria a nuestra Constitución”.
“¿Qué porvenir le espera a una universidad que es incapaz de atraer a los mejores de cada generación?”, lamenta sobre el envejecimiento del claustro

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Elisa Pérez Vera (Granada, 1940) fue la primera mujer que ocupó el rectorado de una universidad pública en nuestro país. Hija de una maestra de la República, esta catedrática de Derecho Internacional Privado y exmiembro del Tribunal Constitucional es una defensora de la educación pública. Cuenta que en 1982 decidió presentarse a las elecciones de la UNED para “devolverle” a la Universidad parte de lo que le “había dado”.

 35 años después de que Pérez Vera ganase las elecciones al Rectorado, la cifra de rectoras sigue siendo reducida en comparación con sus homólogos masculinos. Actualmente solo cinco de los 50 campus públicos están dirigidos por una mujer, dos más tomarán posesión en las próximas semanas en la Jaume I y Rovira i Virgili.

¿Qué supuso en 1982 que por primera vez una mujer estuviese al frente de una universidad pública?

En ese momento no fui muy consciente de que suponía un paso adelante importante en la situación de la mujer en España. Lo único que pensé es que llevaba bastantes años en la universidad. Hasta ese momento, tenía la impresión de que la Universidad me lo había dado todo y yo, por el contrario, me había concentrado en mi trabajo, mis estudios y en mi cátedra. Así que me pareció que era una forma de devolverle a la universidad parte de lo que me había dado, quería contribuir a hacer mejor la UNED.

Después sí que fui muy consciente de lo que suponía que una mujer llegase al rectorado. Entre otras cosas, lo fui porque el mismo día de la elección me hicieron una entrevista para el telediario de las nueve. La pregunta fue: “¿Qué siente cómo mujer?”. Y mi respuesta fue de lo menos feminista. “Lo mismo que siente un hombre. Que he ganado, que me hace ilusión haber vencido a tantos compañeros varones que se presentaron”, dije. Después sí que he sido consciente de lo que supuso. Creo que demostré que se puede hacer política con otro talante, de otra forma.

Han pasado más de 30 años y la proporción sigue siendo reducida. Teniendo en cuenta que hay más mujeres matriculadas que hombres, ¿hay machismo en la universidad?

Cuando yo estudié Derecho éramos cinco mujeres de un conjunto de 100 alumnos. Ahora, felizmente, hay más mujeres que hombres en la Universidad porque en la sociedad somos más mujeres. En cargos directivos hay más mujeres, por ejemplo en decanatos y departamentos. ¿Por qué hay menos mujeres en el rectorado? Te exige una dedicación a tiempo completo. Y hay muchas a las que puede no compensarles, [supone] sacrificar otras alternativas vitales.

Sobre todo hay una razón consustancial al cargo: para ser rector hay que ser catedrático. La proporción de catedráticas en relación con los catedráticos sigue siendo reducida, estamos alrededor del 20%. Es lógico que entre los rectores haya también solo una cuarta parte de mujeres respecto de hombres. Creo que la razón esencial es que el número de catedráticas es muy inferior al número de catedráticos.

¿Qué políticas educativas se podrían implementar para que haya más catedráticas?

Hay que evitar que se obstaculice un desarrollo natural que deberá conducir a que aumente el número de catedráticas a medida que en los tribunales de oposición haya también más mujeres. Es una cadena lenta. Siempre digo que los cambios que se resuelven publicando una orden en el BOE son cambios fáciles. El problema llega cuando la modificación tiene que ir acompañada de un cambio de mentalidad. Las mentalidades evolucionan lentamente.

Lo normal es que la evolución se haga en la generación siguiente. Al haber llegado a una edad avanzada, creo que tengo la suerte de haber podido cambiar yo misma, he realizado la evolución en mí misma. Pero muchas veces la evolución requiere de cambios generacionales. Por eso, siempre he pensado que está muy bien que los mandatos sean limitados y que no hay que eternizarse en ningún puesto.

En determinados sectores sociales el feminismo ha conseguido ese cambio de mentalidad al que alude. En un encuentro con rectoras Patricia Botín se reinvindicaba como feminista y reconocía que su percepción de la desigualdad de género ha ido cambiando con el paso de los años. ¿Cómo vivió usted la huelga del 8M?

Las manifestaciones del 8M fueron maravillosas. Creo que el hecho de que nos reafirmemos todas es un paso adelante, pero sobre todo las más jóvenes. Para mí ha sido una tranquilidad ver que el recambio está asegurado y que la bandera de las mujeres la han tomado las más jóvenes con fuerza.

La sentencia de La Manada prendió una mecha de movilizaciones feministas en muchas ciudades. A usted, que es jurista, ¿qué le ha parecido ese fallo?

Creo que las sentencias hay que verlas tanto en el resultado como en el razonamiento jurídico. Creo que la pena impuesta es similar a las penas que se imponen por violación. Por lo tanto, no objeto las penas. Creo que el razonamiento es equivocado. Pensar que se puede decir que no hay violencia cuando estamos ante una cría de 18 años, frente a cinco tíos como cinco armarios, que ha bebido más de la cuenta y que tiene sus elementos de control disminuidos, decir que eso no es violencia me parece una interpretación poco razonable de la ley.

Mi crítica es básicamente a ese razonamiento, a esa interpretación de la ley. ¿Hay que modificar la ley? Posiblemente no. Lo que hay que cambiar es la mente de los que interpretan la ley. Hablo en genérico masculino porque creo recordar que en el tribunal había también una mujer. El problema de una interpretación que no me gusta de la ley no depende del sexo, depende del seso, con ese.

Retomando las cuestiones educativas, ¿a qué retos hace frente actualmente la universidad pública?

Tras mi vuelta a la universidad procedente del Tribunal Constitucional, me encontré una Universidad envejecida. En mi departamento la persona más joven tiene más de 50 años y no es catedrática, es titular. ¿Qué porvenir le espera a una Universidad que es incapaz de atraer a los mejores de cada generación?

Ahora mismo, la falta de apoyo de las instituciones públicas a la investigación tiene que cambiar, salvo que aceptemos que nos vamos a suicidar como país y que vamos a convertirnos en un país de camareros y kellys. Con todos los respetos, dicho así puede resultar clasista pero no podemos ser un país de servicios. Un país que cifre todo en el desarrollo en el turismo de sol y playa está renunciando a su futuro.

Colectivos de estudiantes también critican que la formación impartida en la Universidad está centrada en el mundo laboral y no en contenido más filosófico o científico…

En un viaje a Cuba me pidieron que diera una conferencia en la Universidad de La Habana. No era masiva, era un seminario muy selecto. Se abrió el debate y me preguntaron: “¿Cree que son necesarios currículos muy volcados al mundo laboral o por el contrario un currículum generalista?” Contesté que el problema de buscar contenidos muy centrados en el mundo laboral es que evolucionan rápidamente y la formación que damos en la universidad requiere de cuatro o cinco años. Cuando los titulados llegan al final de sus estudios, el mundo laboral puede haber cambiado por lo que la formación que le hemos dado no sirve para acceder a ese mundo laboral.

Por lo tanto, creo que sin olvidar la vertiente práctica de la enseñanza universitaria, es más indispensable dar unos conocimientos generales y sólidos, de tal forma que se puedan adaptar al mercado laboral. Me respondieron: “Justamente, lo que dice el comandante”. (Se ríe). “Menos mal que he acertado, eso se dice antes”, respondí. Imagínate que de pronto le hubiese llevado la contraria al comandante. No sé si hubiese sido despedida con tanta sonrisa.

¿Qué papel ha jugado la universidad para el ejecutivo de Mariano Rajoy? ¿Se ha tratado bien o mal a los campus públicos?

La universidad ha sido tratada muy mal en esta crisis. Han optado por la salida fácil, recortar en todas las partes por igual. No se puede recortar en Sanidad, ni en Educación y no se debe recortar en dependencia o servicios sociales. Hay cuatro patas del Estado social que no deberían nunca tocarse. Si una de ellas es nuclear, es la enseñanza, y de forma específica, la universitaria. La Universidad está destinada a liderar los cambios futuros ¿qué liderazgo podemos pedir a una Universidad que está a la defensiva y a la que se le imponen nuevas obligaciones sin permitirle aumentar plantilla?

El cambio del sistema de becas me pilló cuando me reincorporé a la universidad [procedente del TC]. En la UNED, donde tenemos un alumnado que trabaja al mismo tiempo que estudia, tuvimos que adoptar decisiones como mantener la nota a los estudiantes que no pudieron terminar de pagar la matrícula. Desde la Universidad hemos intentando paliar lo posible, pero ha sido muy maltratada.

Usted formó parte del Tribunal Constitucional durante 11 años. Recientemente este organismo ha avalado los artículos más polémicos de la Lomce (peso de la Religión en el currículum educativo o la financiación pública a colegios que segregan por sexos). ¿Qué le ha parecido esta decisión?

Me ha producido una auténtica desolación. Estoy [de acuerdo] con los votos particulares, son convincentes.

¿Cuál es su opinión personal sobre este fallo?

En mi opinión, llevaban razón los que impugnaron la ley. Creo que la normativa es inconstitucional. La sentencia no se justifica de una manera que me resulte asumible o aceptable. Cuando digo que avalo los votos particulares, estoy convencida de que la enseñanza que separa por sexos es contraria a nuestra Constitución. Por lo tanto, es inconstitucional y debería suprimirse.

En cuanto a la enseñanza de la religión como alternativa a la enseñanza sobre valores cívicos o éticos, también me parece aberrante e inconstitucional. Me parece aberrante como docente y como demócrata que la enseñanza en valores democráticos pueda ser sustituida por la enseñanza de una concreta religión.

Esta semana hemos vivido un cambio de Gobierno, ¿qué le ha parecido la llegada del PSOE al Ejecutivo?

Los números no permiten que tengamos demasiada esperanza. La composición actual de las Cortes hace difícil que prosperen las medidas que se proponen. Aun contando que cada medida tuviese el apoyo de Podemos, también necesitaría el de los nacionalistas y este es muy conyuntural, destinado a sacar del Gobierno al PP. Dependiendo de la materia, a lo mejor puede lograrse el apoyo de Ciudadanos.

No me gustaría que se prolongara, es una opinión personal. Un Gobierno que no pudiera gobernar resultaría agónico y malo para los que en estos momentos mantenemos una ilusión en que el país mejore. Creo que en el caso de que se compruebe que es imposible gobernar con la lógica matemática, lo mejor sería llamar de nuevo a las urnas.

https://www.eldiario.es/sociedad/Igualdad-Universidad-Lomce_0_779022705.html

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La comisión de investigación sobre los convenios del Ayuntamiento de Sanse con el Canal sigue paralizada

17/04/2018.- El gobierno de Sanse se niega a incorporar al expediente de la comisión los documentos que solicitó Izquierda Independiente para que se investiguen los posibles perjuicios para la ciudadanía que están teniendo los acuerdos entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II. La Comisión reunida ayer, tres meses después de su constitución, sigue sin tener régimen de funcionamiento, plan de comparecencias o informe técnico alguno.

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El pasado 20 de febrero Izquierda Independiente solicitó que se incorporasen a esta Comisión de Investigación los documentos necesarios para estudiar adecuadamente la relación existente entre el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Canal de Isabel II. También reclamó que se solicite a la Comunidad de Madrid otra serie de informes. Sin embargo el presidente de la Comisión, el concejal del PSOE Andrés García Caro ha denegado todas estas peticiones.

Ayer se celebró la segunda sesión de dicha Comisión con el único punto en el orden del día de dejar sin efecto el acuerdo de la sesión anterior, que tuvo lugar hace tres meses, lo que supone volver a empezar de 0. Hasta la fecha, y a pesar de que la Comisión de Investigación se aprobó hace ya casi un año, todavía no se tiene reglamento de funcionamiento y los grupos políticos no han podido proponer comparecientes o solicitar informes aún. Tampoco se ha aceptado la propuesta de retransmitir en directo la comisión, como sí se hizo con la Comisión sobre los convenios de Waiter Music.

Además, el concejal de urbanismo y presidente de la Comisión ha tardado 40 días en trasladar a los miembros de la misma la renuncia del Director de Territorio así como en emitir el informe que él mismo propuso.

Para Izquierda Independiente esta inacción es una prueba más de la falta de voluntad del PSOE de Sanse por investigar las posibles ramificaciones que las tramas de corrupción que afectan al Canal de Isabel II pudieran tener en nuestro municipio.

Los convenios que se pretende investigar, firmados en 2012 por el anterior gobierno del Partido Popular, se hicieron en relación con el proceso privatizador del Canal de Isabel II y, como ya denunció Izquierda Independiente en su momento, provocaron un aumento en las tarifas del agua en nuestro municipio.

Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, afirma que “el saqueo del Canal de Isabel II que se está destapando con la operación Lezo incluía la privatización de la empresa pública entre sus objetivos, una privatización que necesitaba de la colaboración de los Ayuntamientos a través de unos convenios que creemos han sido lesivos para los vecinos y vecinas. Pero lamentablemente el PSOE, al igual que ha hecho con la investigación de los convenios de Waiter Music, prefiere entorpecer una investigación sobre los posibles desmanes del Partido Popular en su gestión en años anteriores”.

“Es una pena que solo Izquierda Independiente tenga interés en trabajar e investigar de verdad sobre una cuestión que podría afectar al bolsillo de los vecinos y vecinas de Sanse ya que el resto de grupos políticos, por acción u omisión, están permitiendo que esta Comisión de Investigación no empiece ni a trabajar”, concluye el concejal de Izquierda Independiente Miguel Ángel Fernández.

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La tijera llega a Sanse y no por culpa de Montoro

Nuestra concejala y viceportavoz Belen Ochoa pide al gobierno de #Sanse que deje de recortar en materia educativa y que apueste por la juventud, ¡basta de tijera en los temas importantes para todos y todas!

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Izquierda Independiente se suma a la huelga feminista y ofrece un espacio de cuidados en Sanse

El partido local vuelve a ser pionero esta vez ofreciendo su sede como punto de cuidado el 8 de marzo. Asimismo participará activamente esta en huelga para denunciar las diferencias existentes en nuestro país por cuestiones de género.

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Izquierda Independiente lleva años trabajando por conseguir una conciliación real entre la vida personal, familiar y laboral, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar y la desaparición de la brecha salarial . Esta brecha supone en España que 7 millones de mujeres cobran casi 6.000 euros de media menos al año que los hombres. Alguna de las acciones que propone la Comisión Europea en el Plan de Acción 2017-2019 para abordar esta brecha salarial por razón de género son aplicar el principio de igualdad retributiva , luchar contra la segregación de ocupaciones y sectores o combatir la penalización de la promoción profesional que sufren las mujeres por asumir cargar familiares.

El mercado laboral español se caracteriza por el hecho de que las mujeres cobran menos y ocupan menos cargos de responsabilidad que los hombres. Belén Ochoa, concejala de Izquierda Independiente, comenta: “hay más mujeres que hombres que no llegan a los 1.000 euros al mes, la brecha se acentúa a partir de los 16.000 euros hasta el punto de que el número de mujeres con ingresos entre los 50.000 y los 80.000 euros es la mitad que el de hombres. A lo que hay que añadir que solamente una de cada cinco trabajadoras con sueldos de 140.000 euros es mujer.”

Izquierda Independiente ya presentó el pasado pleno una moción para instar al Gobierno español a poner en marcha el Proyecto de Ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres tal y como se aprobó en el Congreso de los Diputados hace ya más de un año. El partido local también ha pedido que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes realice un estudio de género en la plantilla municipal para conocer la situación de las trabajadoras municipal y si existe o no brecha profesional.

Dado que la precariedad afecta principalmente a las mujeres , pues de las que consiguen después de ser madres incorporarse de nuevo al mercado laboral cerca de 3,2 millones no llegan al salario mínimo interprofesional (9.192,8 euros anuales en 2016), la formación ha querido no solo sumarse a la huelga , sino facilitar a las mujeres de Sanse que lo puedan hacer sin tener que preocuparse ese día de los cuidados, que correrán a cargo de diversos hombres del partido local.

Por esta razón, y como novedad en Sanse, Izquierda Independiente ofrece su sede (C/ San Vicente, 19) como punto de cuidado a cargo de los hombres del partido. Aquellas personas que lo deseen tendrán ahí un espacio para dejar a sus hijos e hijas o pasar la mañana juntos (de 9.30h a 14h). De esta manera ofrece un lugar seguro en el que jugar y pasar la mañana mientras que las mujeres de Izquierda Independiente se suman a la huelga feminista del 8 de marzo.

Virginia Gijón, Responsable del Área de Mujer de Izquierda Independiente, concluye: “solo una sociedad igualitaria puede ser democrática y libre. Por ello hay que acabar de una vez por todas con las injusticias que el sistema impone a las mujeres y reivindicar un modelo social, político y económico que garantice la igualdad real y el fin de la violencia. No se trata de ayudar a las mujeres para que puedan trabajar y llevar el hogar, sino de repartir tareas y responsabilidad para que tanto hombres como mujeres disfruten y ejerzan los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Desde Izquierda Independiente nos sumamos a este movimiento internacional que propone otro mundo radicalmente distinto. Formamos parte, igual que el movimiento convocante, de las luchas contra las violencias machistas, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, por una pensión digna para todas, por la vivienda, la salud y la educación públicas”.

Por todo esto, Izquierda Independiente invita a ir mañana jueves 8, a las 19 horas, a la marcha que recorrerá las calles desde Atocha hasta Plaza de España y a contar con su espacio de cuidados para lo que se necesite.

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Izquierda Independiente reclama avances en la investigación de los convenios con el Canal de Isabel II

Izquierda Independiente ha solicitado, en el marco de la Comisión de Investigación sobre los convenios firmados con el Canal de Isabel II, treinta documentos a los servicios técnicos municipales y otros diez al Canal de Isabel II para conocer y entender la relación existente entre el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Canal. El partido también pide que se convoque ya la Comisión para acordar el funcionamiento y proponer comparecientes.

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La corrupción en torno al Canal de Isabel II ha desembocado en una de las mayores investigaciones sobre el expolio de dinero público, la “Operación Lezo”, en la que están siendo imputadas más de cincuenta personas y por la que ha sido encarcelado el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y firmante de los convenios investigados, Ignacio González.

Para Izquierda Independiente la firma de los convenios en el año 2012 entre el Canal de Isabel II y numerosos ayuntamientos madrileños, como el de Sanse, puede ser una pieza más en el entramado montado por Ignacio González para saquear una de las empresas públicas más importantes de la Comunidad de Madrid como es el Canal.

Por esta razón el partido local pidió en mayo del año pasado que se revisaran estos convenios y se constituyera una Comisión de Investigación que analizase la repercusión de los mismos en la ciudadanía.

Ahora Izquierda Independiente ha solicitado numerosos documentos para investigar a fondo la relación entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento. Alguno de ellos son los antecedentes a la situación actual, como los acuerdos firmados desde 1973, los informes jurídicos elaborados en materia de aguas o el mapa de todas las infraestructuras de distribución o saneamiento, cedidas o no, al Canal. También ha requerido los datos acerca de lo cobrado a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes en concepto de “alcantarillado”, servicio que ha visto multiplicadas las quejas vecinales por su deficiente servicio desde que éste depende de la empresa Canal Gestión.

Comisión de Investigación paralizada

Lamentablemente, solo se ha convocado una sesión de la Comisión de Investigación hasta la fecha y en ella solo se constituyó la misma y se solicitó un informe a un técnico municipal. De hecho, el expediente actual de la Comisión no tiene ni siquiera la relación de convenios que se supone debe investigar.

Izquierda Independiente ha solicitado se incorporen todos los datos y antecedentes en materia de agua al expediente de la Comisión. También ha pedido que se convoque cuanto antes la segunda sesión de la misma para hacer una propuesta de comparecientes que permita desgranar el funcionamiento de los convenios. Unos acuerdos que cedían una competencia municipal, la del abastecimiento, evacuación y tratamiento de las aguas, a una empresa en pleno proceso privatizador.

Presentación del libro “Más claro Agua” en Sanse

Al hilo de la corrupción en el entorno del Canal, Izquierda Independiente ha organizado, junto a la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, la presentación del libro “Más claro Agua”, que denuncia el saqueo del Canal de Isabel II, su intento de privatización y los casos de corrupción relacionados.

La presentación tendrá lugar mañana miércoles 21, a las 18.30h, en la #SedeAbierta semanal del partido, en la C/ San Vicente nº 19, y en ella participarán Enrique Ortega, miembro de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, Liliana Pineda, abogada y miembro de ATTAC, Jesús Navas, editor y Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente.

Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, afirma que “la corrupción y el intento de privatización del Canal solo ha supuesto perjuicio para los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas así como para la calidad de los servicios ofrecidos en Sanse, por eso os animamos a venir mañana a la presentación en la que podréis conocer de boca de los autores de “Más claro agua” hasta donde llega este caso de corrupción”.

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El varapalo del Constitucional al Gobierno desautoriza futuras amnistías fiscales

La sentencia del tribunal es un gesto simbólico con pocas consecuencias reales, al menos para los que ya se acogieron a la regularización tributaria especial. Los próximos gobiernos ya no podrán aprobar una medida así por Real Decreto Ley y fuentes próximas al Constitucional creen que esta sentencia debería “avergonzar” a todo el consejo de ministros que aprobó la iniciativa

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El Tribunal Constitucional ha declarado este jueves por unanimidad la inconstitucionalidad de la “amnistía fiscal” que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Sin embargo, la propia corte se ha encargado de rebajar las consecuencias de esta sentencia, hasta el punto de que para el Ministerio de Hacienda “ no anula nada” y todo sigue igual, aunque admiten que supone una “contrariedad”.

Los jueces han determinado que la decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda para preservar la “seguridad jurídica”. Esto es, le da un varapalo político al Gobierno sin consecuencias prácticas, al menos para los que se acogieron a la medida. “No afectará a las regularizaciones tributarias firmes”, asegura el secretario técnico del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo.

Lo que afirma el Constitucional es que el Real Decreto-ley 12/2012 de 30 de marzo infringió un precepto constitucional al utilizar esa figura concreta, el Real Decreto-ley. Recuerdan que para aprobar una medida tributaria que afecta de manera relevante o sustancial al deber constitucional, de todos, de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, no puede utilizarse este instrumento jurídico. Es a este argumento al que se agarra el Gobierno para asegurar que todo debe seguir igual, que sólo ha habido un tirón de orejas técnico.

Futuras amnistías fiscales

Según fuentes próximas al Constitucional, hay un párrafo especialmente relevante que limita las futuras decisiones políticas para adoptar otra amnistía. En el texto se falla que la medida “ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional”.

Con este varapalo, el Tribunal pone coto a que cualquier futuro Gobierno pueda volver a aprobar una amnistía fiscal por la vía del Real Decreto-Ley. Las mismas fuentes reconocen que sí podría tramitarse como una Ley que tuviera que ser aprobada en el Congreso,y que de nuevo el TC debería examinar para declarar su inconstitucionalidad.

Los magistrados se basan en que “el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular”.

Estas fuentes entienden que con la sentencia se da “un golpecito al Gobierno” en el que se ha preservado a las arcas del Estado al no anular el efecto de la amnistía, esto es, la regularización que hicieron al menos 30.000 contribuyentes que tenían dinero oculto. Esta decisión está en línea con otras que ha tomado este órgano en cuestiones que afectan a muchos usuarios como el de fijar una retroactividad en las cláusulas suelo. Esta polémica medida terminó siendo anulada por la Justicia europea.

Las citadas fuentes defienden el valor de la amonestación política que se le ha hecho al Gobierno a través de esta sentencia que debería “avergonzar” a todo el consejo de ministros que la aprobó. Con todo, estas fuentes insisten en que no hay consecuencias jurídicas en el fallo pero sí políticas.

Argumento de fondo

Además, según asesores fiscales consultados, los jueces no han querido quedarse tan solo en el argumento formal por el que anulan la regularización. Han decidido añadir un párrafo en el que indican claramente que se podría tomar también esta decisión por vulneración del principio de igualdad, tal y como alegó el PSOE en el recurso por el que ha tenido lugar este fallo jurídico. Y es este punto el que podría suponer un serio aviso de que las amnistías fiscales son inconstitucionales de cara al futuro.

En concreto, la sentencia afirma que “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica” y asegura que esto “supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

Luis del Amo sí deja abiertas algunas incógnitas, como qué ocurre con las regularizaciones que no sean firmes, y en las que se haya interrumpido  la prescripción por el contribuyente o por actuaciones administrativas.

“La única duda se plantea con inspecciones que aún están abiertas”, coincide otro asesor fiscal que prefiere conservar el anonimato. A su juicio, para los procedimientos de inspección abiertos el Tribunal Constitucional debería aclarar de alguna manera que sigue viva la anterior normativa. “Es lo que se llama ultraactividad de las normas una vez se anulan o derogan. Sería lo más razonable”, afirma.

Lo que fue la amnistía fiscal

La amnistía española salió muy barata a los que se acogieron. Montoro quiso diseñar un mecanismo tan económico que ninguna gran fortuna se pudiera resistir. Se abrió un periodo de abril a noviembre para aflorar todas las rentas no declaradas en el extranjero. Sin multas ni sanciones.

No se persiguió a los que se presentaron ni se permitía utilizar la información de la amnistía para posteriores comprobaciones. Ni siquiera era necesario traer el dinero físicamente de vuelta a España. Solo se exigían dos cosas: que el origen de los fondos fuera lícito (que no procediera de actividades como narcotráfico, por ejemplo), una comprobación que en muchos casos no se realizó, y que se pagara una cantidad que resultó ser muy pequeña.

Montoro optó por la parte más baja de las exigencias fiscales posibles. Aunque el tipo era del 10% del capital aflorado, un informe del director general de tributos de la Agencia Tributaria dictaminó una aplicación muy laxa de este tributo y rebajó este porcentaje aún más. Así, en vez de gravarse el 10% de todo el patrimonio que se quisiera aflorar, solo se impondría la tasa sobre los rendimientos de los bienes en los últimos cuatro años antes de la amnistía.

Las condiciones terminaron relajándose aún más: si la declaración se presentaba después de junio de 2012, solo era necesario tributar por los intereses desde 2008. De facto, esto ha supuesto que el tipo efectivo, es decir, lo que realmente ha pagado la gente que se ha acogido a la amnistía fuese solo del 3%.

En total, la Agencia Tributaria recibió 31.484 declaraciones que, de media, supusieron unos ingresos de 37.830 euros cada una. En total esto supuso unos ingresos para las arcas del Estado 1.191 millones de euros. En la lista terminaron apareciendo algunos nombres salpicados por la corrupción como Luis Bárcenas, José Ángel Villa y Rodrigo Rato.

http://www.eldiario.es/economia/varapalo-Constitucional-Gobierno-entredicho-amnistias_0_652335822.html

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Pleno mayo – Presentamos moción Canal Isabel II 3

Desde que el mantenimiento del alcantarillado es responsabilidad de la empresa Canal Gestión se han multiplicado las quejas vecinales por malos olores o por la aparición de insectos o roedores, fruto de un deficiente servicio. Y, por si fuera poco, los vecinos y vecinas de Sanse pagan mucho más en el recibo del agua por el concepto de “alcantarillado”, que supone un 10% del mismo por eso pedimos que se revierta la privatización

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Pleno mayo – Presentamos moción Canal Isabel II 2

Instamos al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a que se persone como acusación particular así como a que cree una Comisión de Investigación para revisar la legalidad de los convenios firmados.

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El rescate que no iba a costar un euro es incobrable

09/09/2016.- El Banco de España ha venido a confirmar este martes lo que ya se sabía, esto es que el rescate a la banca es incobrable y que la recuperación de algunos muebles y de la vajilla de la abuela dependerá de la privatización de Bankia, que a los precios actuales vale algo más de 8.700 millones de euros y de la que el Estado posee un 65%.

Dicho de otra forma, la participación pública en Bankia no llega hoy a los 5.700 millones de euros, una cuarta parte de los 22.000 millones que hubo que destinar para su saneamiento a la salida de Don Rodrigo el Tempranillo.
 
Como viene a ser costumbre de la casa, todo lo que ha rodeado el rescate bancario y su gestión ha estado salpicado de eufemismos, medias verdades y abiertas falsedades, empezando por aquella gloriosa comparecencia de Rajoy, antes de irse al fútbol, en la que afirmó que el rescate no era tal sino una línea de crédito en condiciones muy ventajosas con la que España hacía el favor de su vida a Europa y al euro. Llegaban esos 100.000 millones, de los que se han utilizado 40.000, poco después de que el presidente del Gobierno negara que España fuera a pedir dinero para la banca, que fuera a salvar con dinero público a las instituciones financieras y que hubiese pensado en crear un banco malo. Lo habitual, en definitiva.
 
Las últimas cifras muestran que el Estado sólo ha recuperado el 5,5% de los 51.303 millones de los contribuyentes que ha sepultado en el saneamiento bancario y que las predicciones periódicas de De Guindos sobre la devolución de lo invertido eran la versión moderna del cuento de la lechera pero en tapa blanda. Que estas cantidades sean casi equiparables a los recortes en sanidad y educación de los últimos años confirman el gigantesco destrozo que la crisis financiera ha tenido en la vida y el bienestar de quienes pagaremos la factura.
 
El informe del Banco de España muestra el total de lo destinado el sector. Además de los 51.303 millones en capital, el Estado dio apoyo financiero por importe de 168.812 millones, ya fuera en forma de avales (111.000 millones devueltos casi en su totalidad y cerca de 43.500 millones del banco malo que no iba a crearse), casi 10.000 millones en créditos urgentes (más otros 6.500 aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos, que son los propios bancos que luego se cobran el importe en comisiones a sus clientes) y otros 9.500 millones de los llamados Esquema de Protección de Activos, una especie de seguro multirriesgo para que las entidades que compraron de saldo y limpias de polvo y paja las cajas en quiebra duerman tranquilas.
 
Por resumir, y retomando las sabias palabras de nuestro presidente en funciones, el Estado que no iba a destinar un euro de dinero público al sector financiero ha comprometido en los últimos años más de 220.000 millones de euros en su restructuración. De lo apoquinado sólo se han recuperado 2.686 millones y si la cifra llegará a los 10.000 millones sería un éxito inconmensurable. Entre tanto, seguimos devolviendo esa ventajosa línea de crédito a la UE. Nos faltan por pagar más de 30.000. Esto ha sido el negocio del siglo.

http://blogs.publico.es/escudier/2016/09/el-rescate-que-no-iba-a-costar-un-euro-es-incobrable/  

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El PP impone una reforma innecesaria que convierte al TC en un sargento del Ejecutivo

Noticia de publico.es""

17/09/15. A once días de las elecciones catalanas, el partido en el Gobierno altera una institución básica del pacto de convivencia surgido con la Constitución de 1978.

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias. La reflexión de Cicerón no parece haber sido tenida muy en cuenta por el Partido Popular para reformar el Tribunal Constitucional a uña de caballo.

La politización de Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República acabó con esta institución, al convertirla en un campo más de la batalla partidista por el poder, con el nombramiento de sus integrantes a partir de sus afinidades políticas.

Esta experiencia histórica parece que ha caído en saco roto entre los actuales partidos políticos. Ahora, el Partido Popular ha iniciado un camino de no retorno para convertir al Tribunal Constitucional actual en una suerte de sargento del Ejecutivo.

La reforma ‘exprés’ introducida por el PP en las Cortes pone en riesgo el prestigio del Tribunal Contitucional, creado en 1979 y que se convirtió en el gran referente jurídico en la década de los años 80 por la modernidad de sus resoluciones en aras interpretar la Constitución y garantizar los derechos fundamentales. Ahora, se prefiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el TC se ha convertido en un órgano lento y previsible.

El PP ha introducido la reforma del TC en el Congreso por medio de una mera proposición de ley: no es un proyecto elaborado por el Gobierno, sino propuesto por el partido en el Parlamento. Esta fórmula permite eludir la obligada consulta prelegislativa que rige para todas las propuestas de un Ejecutivo, consulta que se eleva a instituciones clave, como el Consejo de Estado, y que hubieran cuestionado y propuesto correcciones a los errores que contienen la propuesta popular.

La Ley 2/1979 que regula el TC forma parte del llamado bloque de la constitucionalidad; esto es, el conjunto de normas consensuadas y de jurisprudencia que han edificado el Estado social, democrático y de derecho surgido con la Constitución.

En esta carrera, el PP ni siquiera ha consensuado el texto con la oposición de una institución clave para la convivencia. La reforma es tramitada por la vía de urgencia, con lectura única y con un objetivo: utilizar el rodillo de la mayoría absoluta popular en el Senado y alterar las potestades del TC antes de las elecciones generales de diciembre.

El sargento que actúa ante una sospecha

El texto del PP otorga incluso al Tribunal Constitucional la capacidad para suspender de sus funciones a las autoridades o empleados públicos cuando se sospeche que van a desobedecer sus resoluciones, y sin oír a las partes. Numerosos juristas consideran que esta potestad supone convertir al TC en una suerte de sargento a las órdenes del poder ejecutivo.

Muchos olvidan que el Tribunal Constitucional no forma parte de los tribunales ordinarios, sino que su función es ser el máximo intérprete de la Constitución. En suma, interpreta la carta magna pero no es su garante último.

El TC tampoco tiene la obligación de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, en contra de lo que parece sostener esta reforma. Dicha potestad está reservada por la Constitución paralos jueces y los tribunales ordinarios por mucho que se empeñaran en llamar “magistrados” a los miembros del TC cuando se creó dicha institución.

En caso de pérdida de la mayoría absoluta en el Senado

La Ley que regula desde 1979 el Tribunal Constitucional ya establece que todas las autoridades y ciudadanos están obligados a cumplir sus resoluciones, que se publican en el Boletín Oficial del Estado para general conocimiento. Incluso otorga al TC la capacidad de imponer multas coercitivas.

Frente a la desobediencia existe el Código Penal para exigir el cumplimiento ante los tribunales cuando se aprecien delitos como los de prevaricación, desobediencia grave, obstrucción a la justicia, sedición… Sirva de ejemplo la causa abierta contra el presidente catalán, Artur Mas, y tres de sus consellers por la consulta alternativa del pasado 9 de noviembre y que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

La reforma del Partido Popular tiene un trasfondo político, en caso de que se produzca una declaración de independencia en Catalunya.

El artículo 155 de la Constitución permite a un Gobierno obligar a una autonomía y a sus autoridades a cumplir las leyes, para lo cual esta medida debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Senado.

La intervención del Gobierno no implica suspender una autonomía como tal, ni al Govern, sino obligar a sus autoridades a cumplir las leyes por medio de instrucciones que emanan del Ejecutivo central. En caso de desobediencia, cada una de las personas que participan en un incumplimiento pueden tener responsabilidades penales.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si en las elecciones generales de diciembre el PP pierde la mayoría absoluta en el Senado? Quizá no podría alcanzar el consenso necesario para aplicar el artículo 155 en caso de una declaración de independencia.

De ahí la reforma del TC que otorga a este órgano de la capacidad imponer el cumplimiento de sus resoluciones si se sospecha que no se va a cumplirlas.

Desde hace casi 36 años en el Tribunal Constitucional se ha trabajado con la certeza de que sus resoluciones vinculan a todos los poderes del Estado. Allí se considera impensableque alguna administración, incluida la Generalitat catalana, no cumpla con una resolución.

En toda su historia, el TC nunca ha tenido que pedir ayuda para hacer cumplir una sentencia en un conflicto entre administraciones. Y los más veteranos que trabajan en su sede tampoco recuerdan que se haya impuesto una multa por un incumplimiento.

Pero el conocimiento de la historia parece ser que no es el fuerte de esta reforma.