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La comisión de investigación sobre los convenios del Ayuntamiento de Sanse con el Canal sigue paralizada

17/04/2018.- El gobierno de Sanse se niega a incorporar al expediente de la comisión los documentos que solicitó Izquierda Independiente para que se investiguen los posibles perjuicios para la ciudadanía que están teniendo los acuerdos entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II. La Comisión reunida ayer, tres meses después de su constitución, sigue sin tener régimen de funcionamiento, plan de comparecencias o informe técnico alguno.

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El pasado 20 de febrero Izquierda Independiente solicitó que se incorporasen a esta Comisión de Investigación los documentos necesarios para estudiar adecuadamente la relación existente entre el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Canal de Isabel II. También reclamó que se solicite a la Comunidad de Madrid otra serie de informes. Sin embargo el presidente de la Comisión, el concejal del PSOE Andrés García Caro ha denegado todas estas peticiones.

Ayer se celebró la segunda sesión de dicha Comisión con el único punto en el orden del día de dejar sin efecto el acuerdo de la sesión anterior, que tuvo lugar hace tres meses, lo que supone volver a empezar de 0. Hasta la fecha, y a pesar de que la Comisión de Investigación se aprobó hace ya casi un año, todavía no se tiene reglamento de funcionamiento y los grupos políticos no han podido proponer comparecientes o solicitar informes aún. Tampoco se ha aceptado la propuesta de retransmitir en directo la comisión, como sí se hizo con la Comisión sobre los convenios de Waiter Music.

Además, el concejal de urbanismo y presidente de la Comisión ha tardado 40 días en trasladar a los miembros de la misma la renuncia del Director de Territorio así como en emitir el informe que él mismo propuso.

Para Izquierda Independiente esta inacción es una prueba más de la falta de voluntad del PSOE de Sanse por investigar las posibles ramificaciones que las tramas de corrupción que afectan al Canal de Isabel II pudieran tener en nuestro municipio.

Los convenios que se pretende investigar, firmados en 2012 por el anterior gobierno del Partido Popular, se hicieron en relación con el proceso privatizador del Canal de Isabel II y, como ya denunció Izquierda Independiente en su momento, provocaron un aumento en las tarifas del agua en nuestro municipio.

Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, afirma que “el saqueo del Canal de Isabel II que se está destapando con la operación Lezo incluía la privatización de la empresa pública entre sus objetivos, una privatización que necesitaba de la colaboración de los Ayuntamientos a través de unos convenios que creemos han sido lesivos para los vecinos y vecinas. Pero lamentablemente el PSOE, al igual que ha hecho con la investigación de los convenios de Waiter Music, prefiere entorpecer una investigación sobre los posibles desmanes del Partido Popular en su gestión en años anteriores”.

“Es una pena que solo Izquierda Independiente tenga interés en trabajar e investigar de verdad sobre una cuestión que podría afectar al bolsillo de los vecinos y vecinas de Sanse ya que el resto de grupos políticos, por acción u omisión, están permitiendo que esta Comisión de Investigación no empiece ni a trabajar”, concluye el concejal de Izquierda Independiente Miguel Ángel Fernández.

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La tijera llega a Sanse y no por culpa de Montoro

Nuestra concejala y viceportavoz Belen Ochoa pide al gobierno de #Sanse que deje de recortar en materia educativa y que apueste por la juventud, ¡basta de tijera en los temas importantes para todos y todas!

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Izquierda Independiente se suma a la huelga feminista y ofrece un espacio de cuidados en Sanse

El partido local vuelve a ser pionero esta vez ofreciendo su sede como punto de cuidado el 8 de marzo. Asimismo participará activamente esta en huelga para denunciar las diferencias existentes en nuestro país por cuestiones de género.

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Izquierda Independiente lleva años trabajando por conseguir una conciliación real entre la vida personal, familiar y laboral, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar y la desaparición de la brecha salarial . Esta brecha supone en España que 7 millones de mujeres cobran casi 6.000 euros de media menos al año que los hombres. Alguna de las acciones que propone la Comisión Europea en el Plan de Acción 2017-2019 para abordar esta brecha salarial por razón de género son aplicar el principio de igualdad retributiva , luchar contra la segregación de ocupaciones y sectores o combatir la penalización de la promoción profesional que sufren las mujeres por asumir cargar familiares.

El mercado laboral español se caracteriza por el hecho de que las mujeres cobran menos y ocupan menos cargos de responsabilidad que los hombres. Belén Ochoa, concejala de Izquierda Independiente, comenta: “hay más mujeres que hombres que no llegan a los 1.000 euros al mes, la brecha se acentúa a partir de los 16.000 euros hasta el punto de que el número de mujeres con ingresos entre los 50.000 y los 80.000 euros es la mitad que el de hombres. A lo que hay que añadir que solamente una de cada cinco trabajadoras con sueldos de 140.000 euros es mujer.”

Izquierda Independiente ya presentó el pasado pleno una moción para instar al Gobierno español a poner en marcha el Proyecto de Ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres tal y como se aprobó en el Congreso de los Diputados hace ya más de un año. El partido local también ha pedido que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes realice un estudio de género en la plantilla municipal para conocer la situación de las trabajadoras municipal y si existe o no brecha profesional.

Dado que la precariedad afecta principalmente a las mujeres , pues de las que consiguen después de ser madres incorporarse de nuevo al mercado laboral cerca de 3,2 millones no llegan al salario mínimo interprofesional (9.192,8 euros anuales en 2016), la formación ha querido no solo sumarse a la huelga , sino facilitar a las mujeres de Sanse que lo puedan hacer sin tener que preocuparse ese día de los cuidados, que correrán a cargo de diversos hombres del partido local.

Por esta razón, y como novedad en Sanse, Izquierda Independiente ofrece su sede (C/ San Vicente, 19) como punto de cuidado a cargo de los hombres del partido. Aquellas personas que lo deseen tendrán ahí un espacio para dejar a sus hijos e hijas o pasar la mañana juntos (de 9.30h a 14h). De esta manera ofrece un lugar seguro en el que jugar y pasar la mañana mientras que las mujeres de Izquierda Independiente se suman a la huelga feminista del 8 de marzo.

Virginia Gijón, Responsable del Área de Mujer de Izquierda Independiente, concluye: “solo una sociedad igualitaria puede ser democrática y libre. Por ello hay que acabar de una vez por todas con las injusticias que el sistema impone a las mujeres y reivindicar un modelo social, político y económico que garantice la igualdad real y el fin de la violencia. No se trata de ayudar a las mujeres para que puedan trabajar y llevar el hogar, sino de repartir tareas y responsabilidad para que tanto hombres como mujeres disfruten y ejerzan los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Desde Izquierda Independiente nos sumamos a este movimiento internacional que propone otro mundo radicalmente distinto. Formamos parte, igual que el movimiento convocante, de las luchas contra las violencias machistas, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, por una pensión digna para todas, por la vivienda, la salud y la educación públicas”.

Por todo esto, Izquierda Independiente invita a ir mañana jueves 8, a las 19 horas, a la marcha que recorrerá las calles desde Atocha hasta Plaza de España y a contar con su espacio de cuidados para lo que se necesite.

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Izquierda Independiente reclama avances en la investigación de los convenios con el Canal de Isabel II

Izquierda Independiente ha solicitado, en el marco de la Comisión de Investigación sobre los convenios firmados con el Canal de Isabel II, treinta documentos a los servicios técnicos municipales y otros diez al Canal de Isabel II para conocer y entender la relación existente entre el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Canal. El partido también pide que se convoque ya la Comisión para acordar el funcionamiento y proponer comparecientes.

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La corrupción en torno al Canal de Isabel II ha desembocado en una de las mayores investigaciones sobre el expolio de dinero público, la “Operación Lezo”, en la que están siendo imputadas más de cincuenta personas y por la que ha sido encarcelado el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y firmante de los convenios investigados, Ignacio González.

Para Izquierda Independiente la firma de los convenios en el año 2012 entre el Canal de Isabel II y numerosos ayuntamientos madrileños, como el de Sanse, puede ser una pieza más en el entramado montado por Ignacio González para saquear una de las empresas públicas más importantes de la Comunidad de Madrid como es el Canal.

Por esta razón el partido local pidió en mayo del año pasado que se revisaran estos convenios y se constituyera una Comisión de Investigación que analizase la repercusión de los mismos en la ciudadanía.

Ahora Izquierda Independiente ha solicitado numerosos documentos para investigar a fondo la relación entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento. Alguno de ellos son los antecedentes a la situación actual, como los acuerdos firmados desde 1973, los informes jurídicos elaborados en materia de aguas o el mapa de todas las infraestructuras de distribución o saneamiento, cedidas o no, al Canal. También ha requerido los datos acerca de lo cobrado a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes en concepto de “alcantarillado”, servicio que ha visto multiplicadas las quejas vecinales por su deficiente servicio desde que éste depende de la empresa Canal Gestión.

Comisión de Investigación paralizada

Lamentablemente, solo se ha convocado una sesión de la Comisión de Investigación hasta la fecha y en ella solo se constituyó la misma y se solicitó un informe a un técnico municipal. De hecho, el expediente actual de la Comisión no tiene ni siquiera la relación de convenios que se supone debe investigar.

Izquierda Independiente ha solicitado se incorporen todos los datos y antecedentes en materia de agua al expediente de la Comisión. También ha pedido que se convoque cuanto antes la segunda sesión de la misma para hacer una propuesta de comparecientes que permita desgranar el funcionamiento de los convenios. Unos acuerdos que cedían una competencia municipal, la del abastecimiento, evacuación y tratamiento de las aguas, a una empresa en pleno proceso privatizador.

Presentación del libro “Más claro Agua” en Sanse

Al hilo de la corrupción en el entorno del Canal, Izquierda Independiente ha organizado, junto a la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, la presentación del libro “Más claro Agua”, que denuncia el saqueo del Canal de Isabel II, su intento de privatización y los casos de corrupción relacionados.

La presentación tendrá lugar mañana miércoles 21, a las 18.30h, en la #SedeAbierta semanal del partido, en la C/ San Vicente nº 19, y en ella participarán Enrique Ortega, miembro de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, Liliana Pineda, abogada y miembro de ATTAC, Jesús Navas, editor y Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente.

Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, afirma que “la corrupción y el intento de privatización del Canal solo ha supuesto perjuicio para los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas así como para la calidad de los servicios ofrecidos en Sanse, por eso os animamos a venir mañana a la presentación en la que podréis conocer de boca de los autores de “Más claro agua” hasta donde llega este caso de corrupción”.

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El varapalo del Constitucional al Gobierno desautoriza futuras amnistías fiscales

La sentencia del tribunal es un gesto simbólico con pocas consecuencias reales, al menos para los que ya se acogieron a la regularización tributaria especial. Los próximos gobiernos ya no podrán aprobar una medida así por Real Decreto Ley y fuentes próximas al Constitucional creen que esta sentencia debería “avergonzar” a todo el consejo de ministros que aprobó la iniciativa

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El Tribunal Constitucional ha declarado este jueves por unanimidad la inconstitucionalidad de la “amnistía fiscal” que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Sin embargo, la propia corte se ha encargado de rebajar las consecuencias de esta sentencia, hasta el punto de que para el Ministerio de Hacienda “ no anula nada” y todo sigue igual, aunque admiten que supone una “contrariedad”.

Los jueces han determinado que la decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda para preservar la “seguridad jurídica”. Esto es, le da un varapalo político al Gobierno sin consecuencias prácticas, al menos para los que se acogieron a la medida. “No afectará a las regularizaciones tributarias firmes”, asegura el secretario técnico del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo.

Lo que afirma el Constitucional es que el Real Decreto-ley 12/2012 de 30 de marzo infringió un precepto constitucional al utilizar esa figura concreta, el Real Decreto-ley. Recuerdan que para aprobar una medida tributaria que afecta de manera relevante o sustancial al deber constitucional, de todos, de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, no puede utilizarse este instrumento jurídico. Es a este argumento al que se agarra el Gobierno para asegurar que todo debe seguir igual, que sólo ha habido un tirón de orejas técnico.

Futuras amnistías fiscales

Según fuentes próximas al Constitucional, hay un párrafo especialmente relevante que limita las futuras decisiones políticas para adoptar otra amnistía. En el texto se falla que la medida “ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional”.

Con este varapalo, el Tribunal pone coto a que cualquier futuro Gobierno pueda volver a aprobar una amnistía fiscal por la vía del Real Decreto-Ley. Las mismas fuentes reconocen que sí podría tramitarse como una Ley que tuviera que ser aprobada en el Congreso,y que de nuevo el TC debería examinar para declarar su inconstitucionalidad.

Los magistrados se basan en que “el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular”.

Estas fuentes entienden que con la sentencia se da “un golpecito al Gobierno” en el que se ha preservado a las arcas del Estado al no anular el efecto de la amnistía, esto es, la regularización que hicieron al menos 30.000 contribuyentes que tenían dinero oculto. Esta decisión está en línea con otras que ha tomado este órgano en cuestiones que afectan a muchos usuarios como el de fijar una retroactividad en las cláusulas suelo. Esta polémica medida terminó siendo anulada por la Justicia europea.

Las citadas fuentes defienden el valor de la amonestación política que se le ha hecho al Gobierno a través de esta sentencia que debería “avergonzar” a todo el consejo de ministros que la aprobó. Con todo, estas fuentes insisten en que no hay consecuencias jurídicas en el fallo pero sí políticas.

Argumento de fondo

Además, según asesores fiscales consultados, los jueces no han querido quedarse tan solo en el argumento formal por el que anulan la regularización. Han decidido añadir un párrafo en el que indican claramente que se podría tomar también esta decisión por vulneración del principio de igualdad, tal y como alegó el PSOE en el recurso por el que ha tenido lugar este fallo jurídico. Y es este punto el que podría suponer un serio aviso de que las amnistías fiscales son inconstitucionales de cara al futuro.

En concreto, la sentencia afirma que “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica” y asegura que esto “supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

Luis del Amo sí deja abiertas algunas incógnitas, como qué ocurre con las regularizaciones que no sean firmes, y en las que se haya interrumpido  la prescripción por el contribuyente o por actuaciones administrativas.

“La única duda se plantea con inspecciones que aún están abiertas”, coincide otro asesor fiscal que prefiere conservar el anonimato. A su juicio, para los procedimientos de inspección abiertos el Tribunal Constitucional debería aclarar de alguna manera que sigue viva la anterior normativa. “Es lo que se llama ultraactividad de las normas una vez se anulan o derogan. Sería lo más razonable”, afirma.

Lo que fue la amnistía fiscal

La amnistía española salió muy barata a los que se acogieron. Montoro quiso diseñar un mecanismo tan económico que ninguna gran fortuna se pudiera resistir. Se abrió un periodo de abril a noviembre para aflorar todas las rentas no declaradas en el extranjero. Sin multas ni sanciones.

No se persiguió a los que se presentaron ni se permitía utilizar la información de la amnistía para posteriores comprobaciones. Ni siquiera era necesario traer el dinero físicamente de vuelta a España. Solo se exigían dos cosas: que el origen de los fondos fuera lícito (que no procediera de actividades como narcotráfico, por ejemplo), una comprobación que en muchos casos no se realizó, y que se pagara una cantidad que resultó ser muy pequeña.

Montoro optó por la parte más baja de las exigencias fiscales posibles. Aunque el tipo era del 10% del capital aflorado, un informe del director general de tributos de la Agencia Tributaria dictaminó una aplicación muy laxa de este tributo y rebajó este porcentaje aún más. Así, en vez de gravarse el 10% de todo el patrimonio que se quisiera aflorar, solo se impondría la tasa sobre los rendimientos de los bienes en los últimos cuatro años antes de la amnistía.

Las condiciones terminaron relajándose aún más: si la declaración se presentaba después de junio de 2012, solo era necesario tributar por los intereses desde 2008. De facto, esto ha supuesto que el tipo efectivo, es decir, lo que realmente ha pagado la gente que se ha acogido a la amnistía fuese solo del 3%.

En total, la Agencia Tributaria recibió 31.484 declaraciones que, de media, supusieron unos ingresos de 37.830 euros cada una. En total esto supuso unos ingresos para las arcas del Estado 1.191 millones de euros. En la lista terminaron apareciendo algunos nombres salpicados por la corrupción como Luis Bárcenas, José Ángel Villa y Rodrigo Rato.

http://www.eldiario.es/economia/varapalo-Constitucional-Gobierno-entredicho-amnistias_0_652335822.html

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Pleno mayo – Presentamos moción Canal Isabel II 3

Desde que el mantenimiento del alcantarillado es responsabilidad de la empresa Canal Gestión se han multiplicado las quejas vecinales por malos olores o por la aparición de insectos o roedores, fruto de un deficiente servicio. Y, por si fuera poco, los vecinos y vecinas de Sanse pagan mucho más en el recibo del agua por el concepto de “alcantarillado”, que supone un 10% del mismo por eso pedimos que se revierta la privatización

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Pleno mayo – Presentamos moción Canal Isabel II 2

Instamos al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a que se persone como acusación particular así como a que cree una Comisión de Investigación para revisar la legalidad de los convenios firmados.

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El rescate que no iba a costar un euro es incobrable

09/09/2016.- El Banco de España ha venido a confirmar este martes lo que ya se sabía, esto es que el rescate a la banca es incobrable y que la recuperación de algunos muebles y de la vajilla de la abuela dependerá de la privatización de Bankia, que a los precios actuales vale algo más de 8.700 millones de euros y de la que el Estado posee un 65%.

Dicho de otra forma, la participación pública en Bankia no llega hoy a los 5.700 millones de euros, una cuarta parte de los 22.000 millones que hubo que destinar para su saneamiento a la salida de Don Rodrigo el Tempranillo.
 
Como viene a ser costumbre de la casa, todo lo que ha rodeado el rescate bancario y su gestión ha estado salpicado de eufemismos, medias verdades y abiertas falsedades, empezando por aquella gloriosa comparecencia de Rajoy, antes de irse al fútbol, en la que afirmó que el rescate no era tal sino una línea de crédito en condiciones muy ventajosas con la que España hacía el favor de su vida a Europa y al euro. Llegaban esos 100.000 millones, de los que se han utilizado 40.000, poco después de que el presidente del Gobierno negara que España fuera a pedir dinero para la banca, que fuera a salvar con dinero público a las instituciones financieras y que hubiese pensado en crear un banco malo. Lo habitual, en definitiva.
 
Las últimas cifras muestran que el Estado sólo ha recuperado el 5,5% de los 51.303 millones de los contribuyentes que ha sepultado en el saneamiento bancario y que las predicciones periódicas de De Guindos sobre la devolución de lo invertido eran la versión moderna del cuento de la lechera pero en tapa blanda. Que estas cantidades sean casi equiparables a los recortes en sanidad y educación de los últimos años confirman el gigantesco destrozo que la crisis financiera ha tenido en la vida y el bienestar de quienes pagaremos la factura.
 
El informe del Banco de España muestra el total de lo destinado el sector. Además de los 51.303 millones en capital, el Estado dio apoyo financiero por importe de 168.812 millones, ya fuera en forma de avales (111.000 millones devueltos casi en su totalidad y cerca de 43.500 millones del banco malo que no iba a crearse), casi 10.000 millones en créditos urgentes (más otros 6.500 aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos, que son los propios bancos que luego se cobran el importe en comisiones a sus clientes) y otros 9.500 millones de los llamados Esquema de Protección de Activos, una especie de seguro multirriesgo para que las entidades que compraron de saldo y limpias de polvo y paja las cajas en quiebra duerman tranquilas.
 
Por resumir, y retomando las sabias palabras de nuestro presidente en funciones, el Estado que no iba a destinar un euro de dinero público al sector financiero ha comprometido en los últimos años más de 220.000 millones de euros en su restructuración. De lo apoquinado sólo se han recuperado 2.686 millones y si la cifra llegará a los 10.000 millones sería un éxito inconmensurable. Entre tanto, seguimos devolviendo esa ventajosa línea de crédito a la UE. Nos faltan por pagar más de 30.000. Esto ha sido el negocio del siglo.

http://blogs.publico.es/escudier/2016/09/el-rescate-que-no-iba-a-costar-un-euro-es-incobrable/  

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El PP impone una reforma innecesaria que convierte al TC en un sargento del Ejecutivo

Noticia de publico.es""

17/09/15. A once días de las elecciones catalanas, el partido en el Gobierno altera una institución básica del pacto de convivencia surgido con la Constitución de 1978.

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias. La reflexión de Cicerón no parece haber sido tenida muy en cuenta por el Partido Popular para reformar el Tribunal Constitucional a uña de caballo.

La politización de Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República acabó con esta institución, al convertirla en un campo más de la batalla partidista por el poder, con el nombramiento de sus integrantes a partir de sus afinidades políticas.

Esta experiencia histórica parece que ha caído en saco roto entre los actuales partidos políticos. Ahora, el Partido Popular ha iniciado un camino de no retorno para convertir al Tribunal Constitucional actual en una suerte de sargento del Ejecutivo.

La reforma ‘exprés’ introducida por el PP en las Cortes pone en riesgo el prestigio del Tribunal Contitucional, creado en 1979 y que se convirtió en el gran referente jurídico en la década de los años 80 por la modernidad de sus resoluciones en aras interpretar la Constitución y garantizar los derechos fundamentales. Ahora, se prefiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el TC se ha convertido en un órgano lento y previsible.

El PP ha introducido la reforma del TC en el Congreso por medio de una mera proposición de ley: no es un proyecto elaborado por el Gobierno, sino propuesto por el partido en el Parlamento. Esta fórmula permite eludir la obligada consulta prelegislativa que rige para todas las propuestas de un Ejecutivo, consulta que se eleva a instituciones clave, como el Consejo de Estado, y que hubieran cuestionado y propuesto correcciones a los errores que contienen la propuesta popular.

La Ley 2/1979 que regula el TC forma parte del llamado bloque de la constitucionalidad; esto es, el conjunto de normas consensuadas y de jurisprudencia que han edificado el Estado social, democrático y de derecho surgido con la Constitución.

En esta carrera, el PP ni siquiera ha consensuado el texto con la oposición de una institución clave para la convivencia. La reforma es tramitada por la vía de urgencia, con lectura única y con un objetivo: utilizar el rodillo de la mayoría absoluta popular en el Senado y alterar las potestades del TC antes de las elecciones generales de diciembre.

El sargento que actúa ante una sospecha

El texto del PP otorga incluso al Tribunal Constitucional la capacidad para suspender de sus funciones a las autoridades o empleados públicos cuando se sospeche que van a desobedecer sus resoluciones, y sin oír a las partes. Numerosos juristas consideran que esta potestad supone convertir al TC en una suerte de sargento a las órdenes del poder ejecutivo.

Muchos olvidan que el Tribunal Constitucional no forma parte de los tribunales ordinarios, sino que su función es ser el máximo intérprete de la Constitución. En suma, interpreta la carta magna pero no es su garante último.

El TC tampoco tiene la obligación de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, en contra de lo que parece sostener esta reforma. Dicha potestad está reservada por la Constitución paralos jueces y los tribunales ordinarios por mucho que se empeñaran en llamar “magistrados” a los miembros del TC cuando se creó dicha institución.

En caso de pérdida de la mayoría absoluta en el Senado

La Ley que regula desde 1979 el Tribunal Constitucional ya establece que todas las autoridades y ciudadanos están obligados a cumplir sus resoluciones, que se publican en el Boletín Oficial del Estado para general conocimiento. Incluso otorga al TC la capacidad de imponer multas coercitivas.

Frente a la desobediencia existe el Código Penal para exigir el cumplimiento ante los tribunales cuando se aprecien delitos como los de prevaricación, desobediencia grave, obstrucción a la justicia, sedición… Sirva de ejemplo la causa abierta contra el presidente catalán, Artur Mas, y tres de sus consellers por la consulta alternativa del pasado 9 de noviembre y que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

La reforma del Partido Popular tiene un trasfondo político, en caso de que se produzca una declaración de independencia en Catalunya.

El artículo 155 de la Constitución permite a un Gobierno obligar a una autonomía y a sus autoridades a cumplir las leyes, para lo cual esta medida debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Senado.

La intervención del Gobierno no implica suspender una autonomía como tal, ni al Govern, sino obligar a sus autoridades a cumplir las leyes por medio de instrucciones que emanan del Ejecutivo central. En caso de desobediencia, cada una de las personas que participan en un incumplimiento pueden tener responsabilidades penales.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si en las elecciones generales de diciembre el PP pierde la mayoría absoluta en el Senado? Quizá no podría alcanzar el consenso necesario para aplicar el artículo 155 en caso de una declaración de independencia.

De ahí la reforma del TC que otorga a este órgano de la capacidad imponer el cumplimiento de sus resoluciones si se sospecha que no se va a cumplirlas.

Desde hace casi 36 años en el Tribunal Constitucional se ha trabajado con la certeza de que sus resoluciones vinculan a todos los poderes del Estado. Allí se considera impensableque alguna administración, incluida la Generalitat catalana, no cumpla con una resolución.

En toda su historia, el TC nunca ha tenido que pedir ayuda para hacer cumplir una sentencia en un conflicto entre administraciones. Y los más veteranos que trabajan en su sede tampoco recuerdan que se haya impuesto una multa por un incumplimiento.

Pero el conocimiento de la historia parece ser que no es el fuerte de esta reforma.

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La justicia tumba el acoso de los antiabortistas contra las clínicas privadas

Noticia del medio digital publico.es"."

13/9/15. La Asociación de Abogados Cristianos acusaba a varias clínicas españolas de tirar información sanitaria de los pacientes a la basura junto con residuos biológicos, y de cometer delitos fiscales. El juez ha confirmado que las imputaciones en las denuncia “se fundaban en arriesgadas conjeturas o hipótesis”.

La Asociación de Abogados Cristianos, grupo contrario a la interrupción voluntaria del embarazo, ha perdido la batalla contra cuatro clínicas privadas que practican el aborto en Madrid, después de que el juzgado de instrucción número once considere que no hay pruebas sólidas para continuar con la causa. 
 
Los autodenominados provida acusaron a las clínicas de haber tirado a la basura información sanitaria de sus pacientes, considerando éste un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por incumplir la normativa de residuos biosanitarios, inculcándoles de paso supuestos delitos fiscales. Pueden recurrir ante la Audiencia Nacional, pero han perdido el primer asalto.
 
 
José Antonio Bosch, abogado que trabaja con la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), denuncia que los antiabortistas están usando el sistema penal “de manera bastarda” para, desde su punto de vista, “conseguir titulares en la prensa”. Explica que lo que hacen habitualmente es acudir a la jurisdicción penal porque es “mucho más llamativo”, recordando que no es lo mismo denunciar una infracción administrativa que un delito. “Además duplican o triplican la denuncia. Los mismos hechos los llevan a distintos sitios, como La Consejería de Salud o la Agencia de Protección de Datos”, critica.
 
Juan Francisco Sánchez Galera, militante antiabortista, fue el que interpuso la denuncia inicial ante la Guardia Civil aportando los documentos (unas tarjetas de visita) que supuestamente se tiraban a la basura. Después fue la Asociación de Abogados la que se personó en su lugar. 
 
En opinión de Bosch, Sánchez Galera es un hombre que “lo que hace es un seguimiento de los distintos contenedores de las clínicas. En mi opinión es como un Yihadista antiaborto rebuscando en la basura”.
 
Acusaciones sin “pruebas sólidas”
 
En cuanto al posible delito de revelación de secretos, el juzgado ha determinado que no consta que los datos confidenciales de los pacientes se pudieran transmitir a terceros. Las clínicas se defendieron alegando que activistas antiabortistas robaron algunos documentos para poder utilizarlos en denuncias posteriores
 
“Uno de los doctores de la Clínica Ginecológica Callao SLP es sirio” comenta el abogado. “Un día le comunican que fallece un familiar cercano. Entonces, en ese momento de agobio y tristeza, escribió unos versos coránicos en un folio”. Asegura que no podía creerlo cuando vio que esos papeles estaban en el juzgado. Lo curioso es que, según el abogado, “que el doctor que es musulmán, me aseguró que jamás hubiese tirado a la basura un verso coránico, porque está en nombre de Dios”.
Con la denuncia por vulnerar los protocolos sobre gestión de residuos biosanitarios se pretendía demostrar que la clínica ponía en peligro la salud pública y el medio ambiente. Sin embargo, todas las clínicas formalmente tienen una compañía que cobra una cuota mensual por retirar restos biológicos. Y ésto se acreditó en el juzgado. 
 
Por último, quedaba por desmontar la acusación de delito fiscal. “Eso es para llorar” afirma Bosch, antes de resumir el modus operandi de los antiabortistas: “Calculan cuántos abortos se hacen en España y llegan a la conclusión de que ‘x’ clínica tiene que hacer tantos abortos al año. Tiran de sus cuentas anuales e intentan demostrar que facturan menos de lo calculado, lo que significaría que están cobrando en negro… y te lo cuentan así”, lamenta. Y, también en este caso, el juzgado ha confirmado que las imputaciones en esta denuncia “se fundaban en arriesgadas conjeturas o hipótesis”. 
 
El acoso a las clínicas y a las pacientes
 
Estas clínicas privadas y sus pacientes no sólo se enfrentan a las denuncias constantes por parte de los antiabortistas, sino que también tienen que ver cómo el Gobierno dificulta su situación. 
 
El pasado 18 de agosto, el Partido Popular llevó a cabo una modificación importante en la Ley de autonomía del paciente. Hasta entonces, los menores de edad, de 16 y 17 años, cuando se encontraban en una situación grave con necesidad de intervención tenían la competencia para decidir y dar el consentimiento. Sus padres, sin embargo, tenían el derecho de ser escuchados. Entonces, el PP hizo girar las tornas: ahora son los padres los que firman el consentimiento y los menores sólo son escuchados. 
 
Muchos son los que no entienden cuál era la exigencia social que pedía ese cambio legislativo. Lo mismo ha pasado con la última reforma del aborto que se aprobó este miércoles en el Senado, que obliga a las chicas de 16 y 17 años a tener el consentimiento de sus tutores legales o una autorización judicial para abortar.
 
Varios grupos antiabortistas además, según manifiesta Bosch, “acosan a cualquier chica que vaya a entrar en la clínica” y asegura que el día de máxima actividad es el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes. “Ese día en casi toda España se producen concentraciones delante de las clínicas”, lamenta.
 
Indignado, insiste en que el objetivo que tienen con las denuncias y las concentraciones es difundir el mensaje antiaborto y acabar con las clínicas privadas. “¿Qué explicación puede tener, aún en el supuesto de que una clínica tuviera una irregularidad fiscal, que a la Asociación de Abogados Cristianos le preocupe la irregularidad fiscal? Yo no he visto que hayan denunciado al PP ni que se hayan metido en los grandes casos de corrupción”, zanja.