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Izquierda Independiente denuncia la precarización de los contratos municipales

Cuando el Ayuntamiento decide externalizar o privatizar servicios con contratos a la baja fomenta el empleo precario, el empeoramiento de las condiciones labores y el mal servicio. El último caso ha sido el recorte de 20.000€ para los cursos de la Universidad Popular.

P.MANCEBO

El gobierno de Sanse, formado por el PSOE, GS y la concejala tránsfuga, la Sra. Pérez, está primando el presupuesto frente a la calidad ofrecida a la hora de adjudicar concursos públicos. Así, potencian la temporalidad y los sueldos bajos, lo que tiene una relación directa con la pérdida de calidad en el servicio prestado.

Un ejemplo de ello es la Universidad Popular “José Hierro” de San Sebastián de los Reyes. Pese a ser un referente en lo que a educación no reglada se refiere, así como un espacio formativo de calidad para aquellas personas que no pueden acceder a otro tipo de formación, el actual gobierno de Sanse ha decidido eliminar 20.000€ del presupuesto de Cultura para los cursos impartidos en la UP. Esto supone un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado y repercutirá negativamente en el servicio ofrecido a la ciudadanía. De hecho, ninguna empresa ha presentado su oferta debido a las malas condiciones ofrecidas por el Ayuntamiento quedando desierto el concurso. Esto obliga ahora a iniciar un procedimiento para negociar un contrato sin publicidad e intentar llegar a tiempo al inicio del curso en octubre.

Esta forma de hacer “caja” resulta aún más grave porque la delegación que ha recortado esos 20.000€ es Cultura, gestionada por la concejala tránsfuga, la Sra. Pérez. Disminuir el presupuesto destinado a una formación al alcance de todos los vecinos y vecinas va contra el programa electoral del partido que la presentó a las elecciones, Izquierda Independiente.

El partido local defiende la importancia de apostar por contratos municipales de calidad con empresas que garanticen tanto un buen servicio como buenas condiciones laborales. Un gran ejemplo es el Ayuntamiento de Barcelona, que incorporando criterios sociales y laborales ha garantizado que las empresas adjudicatarias de los contratos paguen un salario superior a los 1.000 euros.

Esperando a la municipalización de servicios

Izquierda Independiente sigue denunciando que hay numerosos servicios que se subcontratan con empresas privadas y que se podrían prestar a través de una empresa municipal, ahorrando costes y mejorando las condiciones laborales. Para ello el Ayuntamiento de Sanse, a instancias del partido local, creó la Comisión para el Estudio de la Municipalización de Determinados Servicios. Esta Comisión aprobó el año pasado elevar al pleno del Ayuntamiento una propuesta de modificación de los estatutos de la EMSV para convertirla en Empresa Municipal de Servicios y Vivienda y posibilitar así la municipalización. Pero ni el Alcalde ni el resto del gobierno formado por el PSOE, GS y la concejala tránsfuga han avanzado en este tema.

Otros ayuntamientos como de Cádiz ya han comenzado a remunicipalizar servicios que antes realizaban empresas privadas garantizando además el trabajo a las trabajadoras, demostrando que la municipalización no solo supone un ahorro económico.

“El gobierno debe apostar por contratos que ofrezcan un buen servicio para los vecinos y vecinas y que garanticen unas condiciones laborales buenas, por eso no podemos permitir que se sigan ofertando contratos a la baja como el de la Universidad Popular”, comenta Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente. “Asimismo, la municipalización no es solo una opción política viable jurídica y económicamente, sino que también es más eficiente, sostenible y garantista de los derechos de las y los trabajadores. Está en manos del gobierno mejorar el servicio y el salario de la gente”, concluye.

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Izquierda Independiente solicita que se revisen los convenios con el Canal de Isabel II

El partido local, que apuesta por la desprivatización del Canal, ha presentado una moción para instar al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a que se persone como acusación particular así como a que cree una Comisión de Investigación para revisar la legalidad de los convenios firmados. Mociones similares han sido presentadas y aprobadas por los Ayuntamientos de Madrid, Colmenar, Getafe o Móstoles.

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La corrupción es el tema más candente en los medios de comunicación y uno de los últimos casos ha sido el relacionado con la gestión del Canal de Isabel II. La denominada “Operación Lezo” está investigando esta supuesta trama de corrupción y, más concretamente, el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior Gobierno regional del Partido Popular, así como a notables empresarios vinculados con esta trama.
 
Han sido numerosas las denuncias de irregularidades relacionadas con la gestión del Canal de Isabel II desde que en 2008 se iniciara el proceso de privatización de esta empresa pública y la “Operación Lezo“ ha venido a destapar una trama que se fue entretejiendo durante el gobierno del Partido de Popular, quien aprovechó su liderazgo para expoliar lo público y enriquecerse unos pocos en detrimento del resto de la sociedad. 
 
Ante la gravedad de los hechos, un nuevo saqueo de fondos públicos, Izquierda Independiente cree que el Ayuntamiento de Sanse, que es accionista minoritario de Canal de Isabel II Gestión S.A, tiene la obligación de actuar con firmeza en defensa de los intereses de la ciudadanía.
 
Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, comenta: “las instituciones no podemos ni debemos permanecer pasivas ante estos casos de corrupción que asolan nuestra Comunidad. Tampoco bastan manifestaciones de rechazo. Debemos actuar y tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir este tipo de abusos así como para castigar a aquellas personas que han utilizado el poder para su propio beneficio”.
 
La desviación de fondos públicos que está siendo investigada ha podido suponer un importante perjuicio patrimonial para San Sebastián de los Reyes y, por tanto, para los vecinos y vecinas del municipio. Por ello, el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar en defensa de los intereses de la ciudadanía y adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito judicial, político o social.     
 
Por otro lado, después de más de cuatro años funcionando conforme a los convenios firmados con el Canal de Isabel II, el partido cree que es momento de replantearse su continuidad, pues dichos acuerdos no han sido nada beneficiosos para Sanse. 
 
Desde que el mantenimiento del alcantarillado es responsabilidad de la empresa Canal Gestión se han multiplicado las quejas vecinales por malos olores o por la aparición de insectos o roedores, fruto de un deficiente servicio. Y, por si fuera poco, los vecinos y vecinas de Sanse pagan mucho más en el recibo del agua por el concepto de “alcantarillado”, que supone un 10% del mismo.
 
Por todo ello, Izquierda Independiente ha propuesto al Pleno de Sanse no solo que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, sino que se cree una Comisión de Investigación que revise la oportunidad y legalidad de los convenios suscritos analizando el posible daño causado a los intereses municipales y el coste soportado por la ciudadanía para, posteriormente, instar a la Comunidad de Madrid a que anule las resoluciones con las que se decidió la privatización del Canal de Isabel II.    
 
“Esta privatización solo ha supuesto perjuicio para los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas así como para el mantenimiento del alcantarillado y la calidad de los servicios ofrecidos, por ello pedimos que se abra un debate sobre la futura gestión del agua que garantice un modelo público, transparente, democrático y con rendición de cuentas”, concluye Rubén Holguera.
 
Puede consultar la moción completa aquí.
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Sanse y Alcobendas se manifiestan para exigir una sanidad pública de calidad

Éxito de la manifestación convocada por la plataforma Sanidad Pública Zona Norte

20/06/16.- Izquierda Independiente califica “un éxito” la manifestación que recorrió ayer las calles de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas para exigir el centro de salud en el barrio de Dehesa Vieja y que se vuelva a dotar adecuadamente el centro de especialidades Blas de Otero.

La plataforma por la Sanidad Pública Zona Norte en el norte de Madrid lleva años denunciando el continuo deterioro de la sanidad pública en este área y, en concreto, la saturación de la atención pública en San Sebastián de los Reyes, donde existe una ratio de pacientes por médico y enfermero muy superior a la media regional. 
 
Los recortes, la privatización de muchos servicios, la disminución de 7.500 profesionales de la sanidad, el cierre de 2.500 camas o el desvío de fondos a la atención privada tiene su reflejo en que las cada vez las citas se posponen y  alargan más.
 
Por esta razón este colectivo ha convocado una manifestación conjunta en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas que tuvo lugar ayer y que fue un éxito. Izquierda Independiente estuvo presente en ella junto a más de 400 personas exigiendo la apertura inmediata del centro de salud en Dehesa Vieja y la recuperación del centro de especialidades Blas de Otero.
 
Rubén Holguera, primer teniente de alcalde de San Sebastián de los Reyes y portavoz de Izquierda Independiente, comenta: “la sanidad pública está cada vez más deteriorada y la situación en Sanse es aún más preocupante que en Madrid. No podemos seguir permitiendo que se sigan cerrando servicios, camas, plantas, etc., solo para justificar la derivación a la sanidad privada”.
 
La plataforma por la Sanidad Pública Zona Norte, de la que forma parte el partido local Izquierda Independiente, ha denunciado en numerosas ocasiones que las citas en algunos centros se dan con una demora de hasta siete días y que hay médicos de la localidad que tienen que atender, en algunos casos, a entre 50 y 70 pacientes cada día, lo que provoca saturación y que muchos casos cotidianos tengan que tratarse en el servicio de urgencias de los hospitales, lo que deriva en un caos en ese servicio.
 
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, conocedor de la necesidad de un nuevo centro de salud en la localidad, ya ha cedido un terreno a la Comunidad de Madrid para que construya un nuevo centro en el barrio de Dehesa Vieja. 
 
Por otro lado, el centro de especialidades Blas de Otero de Alcobendas está infrautilizado, de ahí que se pida su recuperación inmediata, lo que también evitará desplazamientos al Hospital Infanta Sofía, ubicado en San Sebastián de los Reyes.
 
“Es fundamental que concienciemos a la población de que la sanidad es un bien fundamental que hay que defender, por eso seguiremos luchando y apoyando a la plataforma Sanidad Pública Zona Norte en sus reivindicaciones”, concluye Rubén Holguera.
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Izquierda Independiente apoya la concentración en defensa de la sanidad pública

Por una sanidad 100% pública, universal y de calidad

7/06/16.- La plataforma “Confluir Sanidad” convoca a los madrileños a la concentración del 9 de junio en la Asamblea de Madrid para pedir soluciones a problemas como las listas de espera o la falta de personal.

Los problemas de la sanidad madrileña son cada vez mayores con el nuevo gobierno regional de Cristina Cifuentes: las listas de espera aumentan a diario, las urgencias hospitalarias están colapsadas, existe una gran carencia de recursos humanos, se está deteriorando la calidad asistencial, cada vez hay más precariedad laboral en este sector, se están externalizando y privatizando servicios esenciales, cada vez se recorta más el presupuesto para I+D+I, etc.
 
Por eso la plataforma, “Confluir Sanidad” ha convocado para el 9 de junio a las 18h, en la Asamblea de Madrid, una concentración para reclamar soluciones a estos problemas que están empeorando la calidad de la sanidad pública. En dicha concentración se pedirán medidas concretas y reales como la utilización del 100% de los recursos, el aumento de personal, que se abran todas las camas existentes y que no se sigan derivando pacientes a la privada.
 
Rubén Holguera, primer teniente de alcalde de San Sebastián de los Reyes y portavoz de Izquierda Independiente, comenta: “la insuficiencia de recursos se suma a la privatización y a la inutilización de lo público. Cada vez se cierran más servicios, camas, plantas, etc., solo para justificar la derivación a la sanidad privada, algo que no es sino la transmisión del dinero público a manos de empresas privadas. Y mientras, ya son 20.000 los profesionales sanitarios que han visto cómo la Comunidad eliminaba su puesto de trabajo”.
 
“Confluir Sanidad” busca impulsar una movilización social masiva utilizando para ello el altavoz que se le pueda prestar desde las instituciones y está trabajando para crear una red en la Comunidad de Madrid que informe y movilice a la sociedad. Esta plataforma está compuesta por profesionales de varios hospitales madrileños (2 de Octubre, La Princesa, El Clínico, Ramón y Cajal…), usuarios y pacientes, colectivos sociales, entidades ciudadanas, asociaciones vecinales y representantes políticos.
 
Como no se puede permitir que las empresas y la Comunidad sigan haciendo negocio a costa de la salud, Izquierda Independiente pide a los vecinos y vecinas de Sanse que se movilicen y acudan el jueves 9 a defender sus derechos sanitarios. 
 
“Es fundamental que concienciemos a la población de que la sanidad es un bien fundamental que hay que defender así como luchar por la reversión de las privatizaciones y despidos, por un aumento presupuestario y, en definitiva, por una mejora de los servicios para trabajadores y pacientes”, concluye Rubén Holguera.

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La Sanidad invisible

En los últimos años la Sanidad Pública ha sufrido un importantísimo proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización que han provocado un retroceso en un servicio público fundamental.

sanidad-jpegSin embargo no parece importar a los políticos, ni a los viejos ni a los nuevos, el hecho de que el sistema sanitario público haya tenido un recorte presupuestario de mas de 15.000 millones €, que haya 55.000 trabajadores sanitarios menos, que se hayan cerrado plantas en los hospitales, quirófanos, puntos de atención continuada, que se haya expulsado de la atención sanitaria a importantes colectivos, que las listas de espera para consultas de especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas sigan aumentando, que un numero importante de personas que reciben una prescripción farmacéutica (un 14,76%) no la retiren de las farmacias por problemas económicos, que se haya incrementado la mortalidad, todo ello parecen ser anécdotas irrelevantes en las mentes y en las agendas de los políticos.

Tenemos un serio problema, porque cuando lo evidente y lo básico no aparece en una campaña electoral es por uno de los tres siguientes motivos, o bien desconocen la realidad, o les parece bien lo que sucede, o conociéndolo y no pareciéndoles bien, no  quieren o no saben como arreglarlo y por eso prefieren hacer como si no existiese el problema, aunque también pudiera ser que no lo abordasen por motivos de estrategia electoral. Como siempre sucede, lo más probable es que se produzca una combinación de todos ellos. En cualquier caso resulta preocupante el desinterés que demuestran por un asunto crucial para la vida de la mayoría de la población.

Nuestra Sanidad Pública, un servicio esencial para el buen funcionamiento de la sociedad, tiene muchos problemas, pero lo esencial que debería preocuparle a cualquier político es conseguir 4 cuestiones claves:

  • Una, financiación suficiente, acabar con los recortes y conseguir recuperar una financiación pública en la media de la Unión Europea, y además que sea finalista para garantizar la cohesión y la equidad entre las CCAA.
  • Dos, eliminar los copagos y las exclusiones, compromiso de derogación inmediata del DRL 16/2012.
  • Tres, reforzar la Sanidad Pública: reponer el empleo perdido y garantizar la utilización intensiva de los recursos públicos.
  • Cuatro, acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado.

Por supuesto hay muchas más cosas que habría que abordar, pero estas son las urgentes y las que supondrían un cambio de rumbo y la garantía de una atención sanitaria de calidad para todos, universal y accesible. Entérense y pónganse a ello, nos estamos jugando la salud de la población.

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La izquierda de San Sebastián de los Reyes presenta una moción para fomentar la contratación pública en los Ayuntamientos

Moción para pedir un cambio en los presupuestos generales

17-12-2015. En el documento que se presentará al pleno que se celebra esta tarde se solicita al nuevo gobierno que saldrá elegido el 20D que permitan a los Ayuntamientos municipalizar sus servicios.

El nuevo gobierno de izquierdas de Sanse, formado por Izquierda Independiente, PSOE Sanse y Ganemos Sanse, junto al partido Sí Se Puede Sanse, va a presentar hoy una moción para pedir al gobierno que salga elegido el 20D que cambie la Ley de presupuestos ya aprobados por el PP, pues solo benefician a las empresas privadas frente a las públicas. 
 
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes quiere municipalizar servicios privatizados para mejorar su gestión y rendimiento. Por ello se ha iniciado un estudio de los costes de cada uno de estos servicios, valorando las ventajas que tendría poder gestionarlos de manera pública, como es el ahorro del IVA u otras ventajas añadidas. 
 
Sin embargo, el pasado 30 de octubre, el PP aprobó unos Presupuestos Generales del Estado para 2016 que limitan el margen de maniobra de las empresas públicas, propiciando que los servicios públicos se presten a través de empresas privadas, incluso aunque los estudios demuestren que mantener la privatización supone un mayor coste para los Ayuntamientos y afectara negativamente a los servicios prestados.
 
Con esta moción, la izquierda de Sanse pide al gobierno que salga elegido el 20D que derogue estos presupuestos y el resto de normas impuestas por el Partido Popular para que los Ayuntamientos puedan organizar y gestionar sus recursos en función de lo que más convenga a la ciudadanía. 
 
“Este planteamiento del PP no obedece a una búsqueda de eficiencia en la gestión, sino que responde exclusivamente a su política de privatización que favorece a las empresas privadas y dificulta a las administraciones que, como el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, queremos poner en valor lo público”, comenta Rubén Holguera, Primer Teniente de Alcalde y Concejal por Izquierda Independiente. “Somos muchas las localidades que queremos primar la calidad en la prestación ofrecida así como apostar por la creación de empleo, y creemos que esto se puede hacer sin que los vecinos y vecinas tengan que asumir el coste”, concluye.
Aquí podéis descargaros el texto completo de la moción.
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La AMPA del CEIP Antonio Buero Vallejo de Sanse vuelve a ser referente educativo

Noticia de Ser Madrid Norte.

27/6/15. Los proyectos solidarios y de ayuda mutua que ha puesto en marcha la Asociación de Madres y Padres de este colegio público de San Sebastián de los Reyes han tenido eco en la revista “Padres y Madres”. Esta publicación de educación que edita semestralmente la CEAPA ha destacado en su último número la solidaridad ejemplar y generosa de la comunidad educativa del Buero Vallejo.

Proyectos como el Banco de Alimentos o el Banco de Libros de Texto y Material Escolar son algunas de las iniciativas que ha puesto en marcha la AMPA del colegio público de Educación Primaria Buero Vallejo de San Sebastián de los Reyes y que la revista “Padres y Madres” ha querido destacar dentro de su apartado “Las ampas ante la crisis”. Un artículo que ha sido recibido con mucha satisfacción y cierto pudor, ya que consideran que los gestos necesarios que hay que hacer como afirma su presidente, Juan Torres.

Solidaridad que no sería posible son la colaboración de toda comunidad escolar del centro y del tiempo y dedicación altruista de cuantos participan. Gracias a ellos se han conseguido reutilizan cerca del 65% de los libros de texto de 3º a 6º. También se ha conseguido ejercer de intermediario entre familias que necesitan ropa, juguetes u diversas necesidades, y otras familias a las que les sobra. Asimismo, se ha conseguido facilitar alimentos a quienes más lo demandaban y colaborar con otras ong’s como Cáritas o el Banco de Alimentos de Madrid.

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“Está en juego nuestra salud”

Articulo de Opinión de Ser Comunidad"."

27/5/15. Esta reflexión analiza lo que tod@s nos jugamos en defensa de nuestra sanidad pública, antes y después de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 24 de mayo.

El 24 de mayo próximo se eligen los representantes en los parlamentos autonómicos que a su vez serán quienes decidan los gobiernos de la mayoría de las CCAA, entre ellas la de Madrid.

Aunque la Sanidad es la principal competencia de las CCAA y la que consume la mayor parte de su presupuesto (en torno a un 40%), sin embargo, y de manera un tanto sorprendente, no ocupa un lugar prioritario en el debate público, que esta perdido en los encuentros/ desencuentros entre las directivas de los partidos y en cuestiones metafísicas.

El sistema sanitario público español, gozaba hasta la llegada del PP al gobierno de un gran prestigio internacional por su elevada eficiencia (bajo coste y buenos resultados en salud); su carácter universal; su naturaleza redistributiva y equitativa financiada por impuestos; sin barreras económicas para acceder a la asistencia; su integralidad basada en una potente Atención Primaria que garantizaba la promoción de salud, la continuidad de la atención y la distribución racional de los paciente en el sistema.

Sin embargo la Política del   PP a nivel central y en las CCAA esta orientada a desmantelar y privatizar el sistema sanitario publico para ponerlo en manos de entidades bancarias, multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales, una política que ha alentado muchos de los casos de corrupción que van saliendo a la luz.

A ello, y no tanto por la crisis, sino como elemento fundamental para reforzar estas políticas privatizadoras (ya lo dice el Roto “hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona”) hay que unir los brutales recortes que ha sufrido el sistema sanitario a partir de 2009, año de máximo gasto sanitario público, que suponen, según las fuentes entre 13.000 y 20.000 millones € de recortes en la Sanidad Pública.

Obviamente el resultado de los recortes ha sido el esperado y básicamente en dos aspectos claves: una disminución del personal sanitario (alrededor de 55.000 trabajadores menos) y de los recursos del sistema (cierres de camas, de consultas, de actividad de tarde, de puntos de atención continuada, etc); y paralelamente un aumento del gasto privado que solo moderadamente reflejan las encuestas (el % de gasto sanitario privado paso del 25,7% en 2009 al 27% en 2011 según la OCDE), de esta manera recortes y privatización de la financiación han ido de la mano, pero además hay que ser conscientes de que el aumento del gasto privado supone mayor inequidad porque muchas personas, especialmente con la crisis, no tienen ninguna posibilidad de incrementar su gasto sanitario privado y quedan sin opciones de acceder a prestaciones sanitarias que precisan (un buen ejemplo son los copagos que han producido que un 14,76% de la población no pueda acceder, por motivos económicos, a los medicamentos prescritos).

Pero el problema ha sido aún mayor porque la privatización de centros sanitarios (mayoritariamente hospitales, pero también centros de salud en algunas CCAA), no solo no ha mejorado la calidad de la atención, en algún caso la ha empeorado, sino que además ha incrementado los costes de una manera muy importante (entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de provisión pública), empobreciendo así aún mas a los centros públicos, un ejemplo paradigmático es la Comunidad de Madrid donde en los 3 últimos años el presupuesto de los hospitales públicos ha descendido el 16,09, el 7 y el 1,08% cada año mientras los centros privados tuvieron un incremento del 5,el 2 y el 34% en los mismos años.

Todo ello ha supuesto una disminución de los trabajadores de la Sanidad Pública conllevando el cierre de camas, de puntos de atención continuada, de actividad de tarde, etc, disparado las listas de espera quirúrgicas, de consultas de especialistas, de pruebas diagnósticas e incluso de medicina general y enfermería en Atención Primaria, y ha empeorado notablemente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Como la ausencia de transparencia es la norma entre las administraciones sanitarias no se puede constatar un empeoramiento en los parámetros de funcionamiento del sistema sanitario (los últimos datos publicados son de 2011 cuando los mayores recortes y exclusiones se producen a partir de septiembre de 2012), pero también hay que tener en cuenta que si el sistema no ha colapsado se debe sobre todo al esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios, su compromiso con la Sanidad Pública, que como es lógico tiene un limite, y de continuar las cosas por el mismo camino acabaran totalmente desbordados (ya están desincentivados y cercanos al colapso).

La Sanidad es un mecanismo básico de solidaridad social y una de las claves del estado del bienestar, además interviene de una manera importante en toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte estamos en constante relación con el sistema sanitario y nuestra calidad de vida, nuestra autonomía y nuestra dignidad como personas, dependen en gran parte de que exista un sistema sanitario público que responda a las necesidades de atención que se van produciendo a lo largo de la vida.

Por eso, es fundamental el resultado de las próximas elecciones autonómicas, porque se va a decidir en ellas si culmina el proceso de desmantelamiento de la Sanidad Pública o si se produce un cambio de rumbo que suponga la recuperación de un sistema sanitario público de calidad y del derecho a la atención sanitaria para toda la población. Por eso debemos de votar y a la hora de hacerlo tener en cuenta quienes son los que garantizan un sistema sanitario de calidad y quienes solo están interesados en su desmantelamiento y privatización y en los intereses económicos de sus empresas.

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Cinco comunidades plantan a Wert tras oponerse a las reválidas

Noticia del periódico digital ´publico.es´.

21/4/15.  Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya y Euskadi abandonan la reunión sectorial con el ministro, al que acusan de "despreciar al profesorado y devaluar las competencias autonómicas" con la LOMCE.

 

Los representantes de educación de Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya y País Vasco se han levantando de la reunión sectorial de este martes con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para protestar contra las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato y la “falta de diálogo” del Ministerio.

“Nos negamos a asistir como meros espectadores al continuo desprecio al profesorado y a la devaluación constante de las competencias de la autonomía que persigue la Lomce”, según un documento conjunto leído a la prensa por el consejero de Canarias, José Miguel Pérez.

Tras permanecer 15 minutos en la reunión, que ha comenzado en torno a las 12.10 horas, han salido de la sala Pérez, así como el consejero de Andalucía, Luciano Alonso; la de Asturias, Ana González; el secretario general de Políticas Educativas de Cataluña, Joan Mateo, y la viceconsejera vasca, Arantza Aurrekoetxea.

El Ministerio había convocado a todas las comunidades para tratar los proyectos de real decreto de estructura de las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato y de umbrales de renta de becas generales para el curso próximo.

Pérez ha explicado que han planteado al ministro que “paralice” el calendario de implantación de las evaluaciones y que se revise “conjuntamente y con datos objetivos” el impacto que está teniendo el modelo actual de becas y ayudas al estudio.

“Si se compromete a paralizar ambos proyectos e iniciar un proceso de revisión de su contenido, continuaremos trabajando juntos —dice el documento—, pero si persiste en su tramitación, le expresamos también nuestra determinación de abandonar en este mismo momento esta sesión”, como finalmente ha ocurrido.

Estos consejeros opinan que el modelo de becas “perjudica gravemente” al alumnado y las familias y es un “daño injusto” que podría tener mayor alcance si las comunidades no lo hubiesen “amortiguado” con sus propios recursos.

“Es un despropósito seguir dando pasos en una dirección que no conduce a ninguna parte”, aducen en relación con las evaluaciones, que consideran “reválidas” con un objetivo “claramente centralizador y excluyente”, pues reduce el papel de las comunidades al de “mero vigilante y corrector”.

El plante de Catalunya tiene un precedente también relacionado con la Lomce, cuando la consejera Irene Rigau abandonó una reunión sectorial, el 4 de diciembre de 2012, por considerar que el entonces anteproyecto legislativo “minusvaloraba el catalán”.

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Cinco instrumentos legales que están detrás del desmantelamiento y privatización de la Sanidad

Noticia del medio digital ´nuevatribuna.es´.

8/4/15.  Los recortes, el desmantelamiento y la privatización del sistema sanitario público en nuestro país no son un invento del gobierno de Mariano Rajoy sino una estrategia perfectamente diseñada por un conjunto de poderes financieros.

 

Los recortes, el desmantelamiento y la privatización del sistema sanitario público en nuestro país no son un invento del gobierno de Mariano Rajoy sino una estrategia perfectamente diseñada por un conjunto de poderes financieros y corporativos, que conforman el denominado neoliberalismo.

Desde hace años estos grupos vienen desarrollando una estrategia destinada a controlar y privatizar el comercio internacional, los servicios públicos, las relaciones internacionales, las comunicaciones, los sistemas de información, la justicia, la acción legislativa de los gobiernos    y cualquier actividad de la que obtener beneficio económico (incluida la gestión de las ayudas al tercer mundo o a las personas marginadas). Todo ello con la complicidad de los poderosos organismos internacionales controlados por los gobiernos de los países más desarrollados como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización  Mundial de la Salud y la Unión Europea.

La aplicación de las estrategias neoliberales en los servicios sanitarios están orientadas por la denominada “Tríada neoliberal” : Disminución del Estado e introducción de Copagos; expansión del Sector Privado en los Sistemas de Salud (Privatización de los servicios sanitarios); y la desregulación del Sector Público Sanitario (fragmentación,  competencia y  Mercado Interno).

Como consecuencia de esta política, los llamados Derechos Humanos Fundamentales han sido transformados en papel mojado, debido al brutal incremento de las desigualdades entre países y personas, mientras la violencia, el terror y la inseguridad se han instalado en todas las áreas del planeta, que se enfrenta a una catástrofe ecológica por la sobre-explotación de los recursos naturales.

Principales determinantes del desmantelamiento de la sanidad pública en el Estado Español.

1.- La estrategia del Banco Mundial: una apuesta por el sector sanitario privado

En su informe de 1987 sobre “Financiación de los servicios sanitarios: un programa de reformas” recomendó cuatro medidas para aplicar en los sistemas de salud de los gobiernos a nivel mundial:

Trasladar gasto a los usuarios de los sistemas sanitarios públicos

Introducir Seguros Privados para cubrir los principales riesgos para la salud

Potenciar la utilización de los servicios privados con cargo a fondos públicos

Descentralizar y fragmentar los sistemas de salud pública para promover la competencia interna de proveedores

Posteriormente, en 1993 el Banco Mundial publica su “Informe sobre el Desarrollo en el Mundo” donde se propone la introducción de empresas privadas en los sistemas sanitarios públicos y se recomiendan dos medidas para la mejora de la eficiencia en la asignación y gestión de los recursos sanitarios:

La introducción del mercado en los sistemas sanitarios, promoviendo la competencia entre proveedores públicos y privados.

Recortes de recursos y externalización (privatización) de los servicios, potenciando las intervenciones de alta efectividad y bajo coste.

La concesión al sector privado de servicios públicos lleva implícita la aceptación de los servicios de salud como un valor de cambio en vez de un valor de uso, pasando de concebir los servicios sanitarios como instrumentos para satisfacer las necesidades de salud de la población a un área de negocio. Esta reorientación estratégico-ideológica está orientada a introducir el mercado en espacios que antes les estaban vetados y reservados al Estado.

La reducción del papel de los Estados en materia de salud a favor de la responsabilidad y elección individual, promovida por la OMC está generando e incrementando la desigualdad y dificultando el acceso a los servicios a la población con menos recursos. Esta estrategia ha conseguido (con el apoyo de los gobiernos de los países desarrollados) modificar la orientación de la Organización Mundial de la Salud que ya no rechaza la participación privada en los sistemas públicos, si bien propone la necesidad de control y seguimiento continuo de la aplicación de estas medidas.

En España estas recomendaciones fueron recogidas por el llamado Informe Abril, realizado en 1992 para reformar el sistema sanitario y han servido de guion a los sucesivos gobiernos, especialmente al actual presidido por Mariano Rajoy, para promover las privatizaciones.

Los propósitos generales del Informe eran:

Promover la responsabilidad de los gestores, para lograr una mayor eficiencia de los recursos: Autonomía empresarial.

Libertad de elección para poder introducir el mercado y la competencia en el Sistema

Promover la conciencia de coste en el profesional y en el usuario (copagos).

Suscitar la creación de estructuras más flexibles y autónomas en su gasto. Trasformar los centros en empresas.

Para conseguirlos planteaba:

Promover la colaboración con el sector privado  separando la compra de la financiación de los servicios, para que el sector privado compita con seguridad jurídica con el público

Modificar el régimen jurídico del sistema sanitario (nuevas formas de gestión) para trasformar los centros sanitarios públicos en empresas.

Flexibilizar el régimen de personal (laboralización) para estimular la productividad empresarial, incrementar la flexibilidad normativa para adaptar las necesidades de recursos humanos (precarización y capacidad para trasladar y despedir) y acabar con las garantías del sistema estatutario

Abandonar la gestión pública en la asistencia sanitaria, para utilizar las modernas técnicas de gestión empresarial que agilizan los trámites, definen responsabilidades y delegan autoridad (autonomía), que han servido de inspiración para la actual propuesta de Unidades de Gestión Clínica, que fragmentaran los centros sanitarios en múltiples empresas independientes que compiten entre sí.

Desarrollar sistemas de información para la clasificación de los pacientes y la facturación de los servicios, según los costes empresariales de los procesos.

Contratación externa: Hacer con medios propios sólo lo que no se puede hacer con medios ajenos, priorizando la subcontratación de los servicios.

2.- El acuerdo sobre liberalización de servicios en Europa negociado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Europea (UE): Eliminar los servicios públicos

La negociación entre la OMC y la UE del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS), fue llevada a cabo con total opacidad por Pascal  Lamy, Comisario responsable de Comercio de la Comisión Europea, miembro del Partido Socialista Francés y directivo de la Rand Corporation y Michael Servoz principal negociador de la Comisión para los Servicios. Este proceso fue supervisado y controlado por importantes lobbies multinacionales como la Transatlantic Business Dialogue, el European Services Forum y la Coalición Estadounidense de Servicios Industriales. El propio Pascal Lamy, nombrado posteriormente Presidente de la OMC, llegó a plantear en el US Council for Internacional Bussnines en 1999 que “si la UE quiere acceder a los mercados sanitarios de otros países no puede mantener sus mercados protegidos “lo que exige aceptar ciertos costes y sacrificios”, es decir facilitar la entrada de empresas multinacionales estadounidenses en la sanidad pública y “negociar fuera de las miradas curiosas de los ciudadanos atentos”.

Los puntos del Acuerdo están dirigidos a:

Eliminar barreras para la implantación de empresas sanitarias en cualquier país

Abrir los sistemas sanitarios a la libre competencia

Permitir la libre circulación de capitales y empresas sanitarias  en países de la Unión Europea

La aplicación de estas medidas en la UE y en España esta suponiendo:

El desmantelamiento de los sistema sanitarios públicos.

Recortes en los presupuestos sanitarios para reducir gasto público.

Restricciones en la capacidad reguladora de los gobiernos para legislar en sanidad.

Traslado de los gastos por utilizar los servicios de salud  a los usuarios  (copagos)

Apoyo a los Seguros Privados para afrontar  principales riesgos para la salud

Potenciación de la utilización de servicios sanitarios privados (aumento de conciertos).

Descentralización y fragmentación de los sistemas públicos (Unidades de Gestión Clínica, Consorcios, Fundaciones, etc.)

3.- La estrategia para la creación del euro como Moneda Única en la Unión Europea: El tratado de Maastricht: Trampa en el control del endeudamiento para favorecer a los consorcios privados

Para evitar tensiones inflacionistas y garantizar el control de la unión monetaria por los países con economías más potentes (Alemania, Austria, Holanda, Finlandia, etc.) el Tratado estableció un férreo control del déficit público que no deberá superar el 3% del PIB de cada país; de la Deuda Pública que no podrá estar por encima del 60% PIB; y una inflación que no podrá superar en 3 puntos la de los 3 países que la tengan más baja.

Sin embargo en el Tratado se introdujo una trampa contable destinada a favorecer y potenciar al sector privado ya que, aunque limita el endeudamiento público, se admite que si este se contrae recurriendo a la Financiación Público Privada (PPP) el Sistema de Contabilidad Europea (Eurostat) no lo contabilizará como tal. Esto supone potenciar y subvencionar los Consorcios Privados con dinero público y la privatización durante largos períodos (20-40 años) de los nuevos centros sanitarios. Gracias a esta medida, las constructoras, las multinacionales de servicios, las grandes auditoras (PWC, Deloitte) y los bancos están consiguiendo enormes beneficios económicos a  costa de  los fondos públicos que los gobiernos europeos destinan a sanidad (que suponen entre el 5 y el 12% del PIB).

La realidad es que la colaboración Privada (PPP) está incrementando exponencialmente el endeudamiento real de los países de la UE, especialmente España: Los centros son mucho más costosos (entre 5 y 8  veces más que por financiación pública) como consecuencia de que, los bancos prestan al sector privado a un interés más elevado que a las administraciones públicas; las constructoras deben garantizar ganancias a sus accionistas (15-25%); los costes  administrativos  de negociación de los contratos y de consultoría  son muy elevados (7 veces más  que en la pública); y la renegociación  de los cambios no contemplados en los contratos (los 14 primeros hospitales PFI incrementaron un 72% sus  costes, lo mismo que en el Hospital de Alzira de la Comunidad Valenciana o los nuevos hospitales PFI de Madrid). Estos enormes sobrecostes están poniendo en riesgo el sostenimiento del sistema.

4.- Las estrategias para afrontar la crisis financiera: Rescatar los bancos a costa del gasto social

La crisis financiera de 2008 fue la consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y de la crisis de las hipotecas subprime, que contagió posteriormente al sistema bancario internacional. Para hacer frente a la misma las autoridades económicas de la UE optaron por rescatar la banca con dinero público, comprar los activos dañados (banco malo) y garantizar la deuda bancaria con fondos públicos. En España esto supuso el rescate bancario por parte de la Unión Europea a devolver en 15 años. El Tribunal de Cuentas admite que el coste directo para el contribuyente será superior a los 52.000 millones de euros. Este rescate ha engordando la deuda del Estado y ha servido de coartada para los recorte de recursos sanitarios y del derecho a la asistencia.

El rescate bancario convirtió la deuda privada en pública y determinó los cambios macroeconómicos que han derivado en un recorte brutal del gasto público y en una revisión del Estado de bienestar, con el objetivo de adelgazarlo.

Para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea (que reclama nuevos recortes por valor de 35.000 millones hasta el año 2016), el Gobierno aprobó remitir al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y la actualización del Programa de Estabilidad de España 2012-2015.

Estos programas establecen la estrategia en política económica del Gobierno para los próximos años, en el caso que continúe gobernando, que está orientada a contener el gasto público  para pagar la deuda generada por el rescate cumpliendo con las demandas de la UE y de los  “mercados” (fondos de inversión, sociedades de capital riesgo, etc.) que exigen reducir  el déficit  hasta llegar al equilibrio presupuestario en 2016.

Para alcanzar este objetivo los programas establecen medidas a corto, medio y largo plazo para repercutir sobre el usuario el coste de los servicios que recibe,  gestionar los recursos públicos y contener el gasto para reducir los desequilibrios de las cuentas públicas.

Estas medidas se presentan como imprescindibles para modernizar, racionalizar y hacer sostenibles los Servicios Públicos, y poder cumplir con el Programa de Estabilidad impuesto por la UE para garantizar el pago de la deuda. Pero la realidad muestra que han servido para cambiar el Sistema Sanitario acabando con sus principales señas de identidad: Universalidad, Accesibilidad y Equidad.

Entre ellas es importante destacar por su trascendencia:

Reducción de personal Congelando la oferta de empleo público, y la jubilación obligatoria a los 65 con una tasa de reposición de tan solo el 10% de las plazas vacantes.

Real Decreto-ley 16/2012 para la mejora de la eficiencia y para garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario, que generalizó los copagos, incluyendo los medicamentos de los pensionistas, el recorte de la cartera de servicios públicos y  la vinculación del derecho a la asistencia a la cotización laboral, dejando sin atención a inmigrantes y jóvenes sin empleo.

La reforma del Sistema de Atención a la Dependencia que suprimió los recursos materiales y económicos; redujo el salario y dejó sin derecho a la pensión a las cuidadoras familiares, además de incrementar el copago de los afectados.

La privatización de la financiación y gestión de las nuevas infraestructuras sanitarias recurriendo a la financiación Privada (modelo PFI o Colaboración Público-Privada)

5.- El Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos: Blindar las privatizaciones

Desde junio de 2013 la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de EEUU están negociando el denominado Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Europa (TTIP), que se aprobará a finales del 2015. El Tratado se presenta como una oportunidad para eliminar los aranceles que limitan el comercio; abrir los mercados de USA y la UE a las multinacionales en la prestación de servicios sanitarios y la contratación pública; y homogeneizar los estándares, normas y requisitos para comercializar bienes y servicios.

Este Tratado es una continuación de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea para la liberalización de servicios, que supusieron la privatización de los servicios públicos en los países de la UE.

La negociación se ha caracterizado por la opacidad y falta de transparencia, aunque los grandes grupos empresariales, las multinacionales y los lobbies de presión han tenido la oportunidad de participar e influenciar en las propuestas

Sus objetivos en materia sanitaria están dirigidos a eliminar medidas reguladoras que afectan al comercio sanitario:

Normas y marcos legales europeos y nacionales sobre ensayos clínicos, regulaciones ambientales y alimentarías que protegen a usuarios y consumidores.

Consolidar los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas, prolongando los períodos de las patentes de medicamentos e innovaciones tecnológicas.

Proteger las inversiones financieras y los contratos con el sector público europeo: Financiación y gestión de hospitales (colaboración Público Privada);  gestión de servicios de apoyo como almacenamiento y gestión de las historias clínicas, receta electrónica, centrales de llamadas, laboratorios centrales, investigación,  docencia, que se han externalizado a corporaciones multinacionales de la informática, la tecnología sanitaria, la industria farmacéutica, las grandes consultoras, controladas por bancos y fondos de inversión ubicados en paraísos fiscales.

Las amenazas más importantes para la sanidad pública contenidas en el Tratado son:

1.-  Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS):

Supone la privatización de la justicia ya que las diferencias entre los gobierno y las multinacionales no se resolverán en los tribunales de justicia de las Estados sino en Comisiones de Arbitraje, en las que estarán representantes del sector privado.

Los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque sean un desastre y sus gastos exorbitantes, como ocurre con los hospitales de colaboración público privada de Valencia, Madrid o Galicia. Gracias a este mecanismo las empresas y corporaciones podrán demandar a los gobiernos que adopten decisiones que perjudiquen sus ganancias, al margen de los tribunales de justicia. Las indemnizaciones para compensar las inversiones de las multinacionales en sanidad pública, impuestas por las comisiones privadas de arbitraje, limitarán la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones que protejan intereses sociales.

2.-  Garantías Procesales

Supone la incorporación de los laboratorios farmacéuticos y de la industria sanitaria a los organismos estatales que planifican, regulan y fijan las políticas de compra y de precios de medicamentos y recursos.

Gracias a esto las multinacionales controlarán la capacidad de los gobiernos para decidir en temas claves para la sostenibilidad del sistema: Medidas para reducir el gasto farmacéutico (que en España supone el 30% del gasto sanitario);  control de la promoción de nuevos medicamentos; apoyo a los genéricos de menor precio por tener agotadas la patentes y que garantizan el acceso a los mismos; instrumentos para el control y evaluación de la compra de nuevas tecnologías  por el sistema público  ( estamos a la cabeza de la UE en TAC, RNM, y otros aparatos de elevado precio y su sobreutilización puede suponer un peligro para la  salud); o la adopción de normas de protección de la salud pública como el control del tabaquismo, seguridad y calidad de los alimentos o protección del medio ambiente.

Ante estos hechos tenemos que avanzar en las siguientes cuestiones:

Rechazar las estrategias neoliberales que anteponen los grandes beneficios empresariales a los derechos básicos de las personas, como el derecho a la salud

Desvelar y denunciar las estrategias privatizadoras y sus consecuencias

Exigir que los tratados internacionales  y las legislaciones de los estados reconozcan derechos fundamentales como el derecho a la salud y blinden la provisión sanitaria pública como una garantía de su ejercicio.

Separar los intereses públicos y las organizaciones internacionales de las empresas privadas, acabando con la llamada “colaboración público – privada” que no es otra cosa que poner los organismos y el dinero público en manos de las empresas privadas.

Favorecer las movilizaciones  sociales y profesionales a escala de cada país y a nivel internacional para frenar la estrategia privatizadora (como por ejemplo el movimiento STOP-TTIP)

Tenemos que ser conscientes de las dificultades que tiene enfrentarse a estas elaboradas y potentes estrategias internacionales, pero también que estamos defendiendo los derechos de la inmensa mayoría de la población frente a las políticas de deterioro, desmantelamiento y privatización de los servicios públicos.