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El Gobierno aprueba recortar el gasto público a la mitad sin informar de ello

Este “ajuste del 50%” no se mencionó en el resumen de acuerdos del Consejo de Ministros celebrado el último viernes. La prórroga presupuestaria obliga al Gobierno a recortar a la mitad el gasto en inversiones, dependencia y becas

montoro

A la espera de un nuevo presupuesto, que puede llegar a mitad de este año si fructifican las negociaciones políticas del Gobierno con sus socios, el ejecutivo recorta de forma considerable el gasto de los ministerios para este ejercicio. El último acuerdo del Consejo de Ministros, celebrado el pasado 29 de diciembre, aprobó recortar a la mitad el gasto público de los ministerios para respecto a lo ejecutado el año pasado.

Este ajuste concreto no figuraba en la referencia del Consejo de Ministros en la que sí se informaba de las condiciones de la prórroga presupuestaria de este año con estos argumentos. “Con estas medidas se persigue garantizar el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal y financiera, para asegurar que en el escenario de prórroga presupuestaria se cumpla con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, en coherencia con el Plan Presupuestario del Reino de España del 16 de octubre de 2017 remitido a la Unión Europea”.

Sin embargo , en el texto del acuerdo al que ha tenido acceso la SER se especifica que “desde el 1 de enero de 2018 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2018, los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social así como del resto de entidades con presupuesto limitativo, no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los correspondientes presupuestos”, se afirma.

Quedan fuera de estos recortes, la revalorización de las pensiones que será este año del 0,25%. La falta de apoyos políticos ha impedido al ejecutivo aprobar un nuevo presupuesto para este año, lo que le ha obligado a prorrogar los del 2017. El objetivo del Gobierno es garantizarse un férreo control del gasto público para poder salir del procedimiento de déficit excesivo que impuso la Unión Europea.

En caso de que necesiten afrontar un gasto urgente y de extrema necesidad, tendrán que pedir permiso a Cristóbal Montoro, que lo autorizará si lo considera conveniente. Además, el interventor de cada ministerio estará obligado a informar y documentar ante Hacienda todos los gastos que realice.

Enfado entre los ministros: “¡Así cualquiera hace un presupuesto!”

El malestar es evidente entre algunos miembros del Ejecutivo consultados por la SER. Aseguran a esta emisora que ya habían comprometido gastos que sobrepasan el límite que les permite Cristobal Montoro y afirman, de manera gráfica: “¡Así cualquiera hace un presupuesto”!

Desde el ministerio de Hacienda dicen que no entiende este malestar porque “todo el gabinete sabe que el objetivo es contener el gasto, y más en un año en el que se puede salir del procedimiento del déficit excesivo que la UE impuso a España”.
El PSOE denuncia que se ha aprobado este acuerdo con absoluta opacidad,oscuridad y cree que Montoro recorta el gasto de manera indiscriminada en inversiones, transferencias y ayudas a empresas públicas, comunidades y ayuntamientos. Ha pedido la comparecencia del ministro de Hacienda en el Congreso para explicar estos ajustes presupuestarios.

http://cadenaser.com/ser/2018/01/12/economia/1515740446_907301.html

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El varapalo del Constitucional al Gobierno desautoriza futuras amnistías fiscales

La sentencia del tribunal es un gesto simbólico con pocas consecuencias reales, al menos para los que ya se acogieron a la regularización tributaria especial. Los próximos gobiernos ya no podrán aprobar una medida así por Real Decreto Ley y fuentes próximas al Constitucional creen que esta sentencia debería “avergonzar” a todo el consejo de ministros que aprobó la iniciativa

rajoy

El Tribunal Constitucional ha declarado este jueves por unanimidad la inconstitucionalidad de la “amnistía fiscal” que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Sin embargo, la propia corte se ha encargado de rebajar las consecuencias de esta sentencia, hasta el punto de que para el Ministerio de Hacienda “ no anula nada” y todo sigue igual, aunque admiten que supone una “contrariedad”.

Los jueces han determinado que la decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda para preservar la “seguridad jurídica”. Esto es, le da un varapalo político al Gobierno sin consecuencias prácticas, al menos para los que se acogieron a la medida. “No afectará a las regularizaciones tributarias firmes”, asegura el secretario técnico del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo.

Lo que afirma el Constitucional es que el Real Decreto-ley 12/2012 de 30 de marzo infringió un precepto constitucional al utilizar esa figura concreta, el Real Decreto-ley. Recuerdan que para aprobar una medida tributaria que afecta de manera relevante o sustancial al deber constitucional, de todos, de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, no puede utilizarse este instrumento jurídico. Es a este argumento al que se agarra el Gobierno para asegurar que todo debe seguir igual, que sólo ha habido un tirón de orejas técnico.

Futuras amnistías fiscales

Según fuentes próximas al Constitucional, hay un párrafo especialmente relevante que limita las futuras decisiones políticas para adoptar otra amnistía. En el texto se falla que la medida “ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional”.

Con este varapalo, el Tribunal pone coto a que cualquier futuro Gobierno pueda volver a aprobar una amnistía fiscal por la vía del Real Decreto-Ley. Las mismas fuentes reconocen que sí podría tramitarse como una Ley que tuviera que ser aprobada en el Congreso,y que de nuevo el TC debería examinar para declarar su inconstitucionalidad.

Los magistrados se basan en que “el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular”.

Estas fuentes entienden que con la sentencia se da “un golpecito al Gobierno” en el que se ha preservado a las arcas del Estado al no anular el efecto de la amnistía, esto es, la regularización que hicieron al menos 30.000 contribuyentes que tenían dinero oculto. Esta decisión está en línea con otras que ha tomado este órgano en cuestiones que afectan a muchos usuarios como el de fijar una retroactividad en las cláusulas suelo. Esta polémica medida terminó siendo anulada por la Justicia europea.

Las citadas fuentes defienden el valor de la amonestación política que se le ha hecho al Gobierno a través de esta sentencia que debería “avergonzar” a todo el consejo de ministros que la aprobó. Con todo, estas fuentes insisten en que no hay consecuencias jurídicas en el fallo pero sí políticas.

Argumento de fondo

Además, según asesores fiscales consultados, los jueces no han querido quedarse tan solo en el argumento formal por el que anulan la regularización. Han decidido añadir un párrafo en el que indican claramente que se podría tomar también esta decisión por vulneración del principio de igualdad, tal y como alegó el PSOE en el recurso por el que ha tenido lugar este fallo jurídico. Y es este punto el que podría suponer un serio aviso de que las amnistías fiscales son inconstitucionales de cara al futuro.

En concreto, la sentencia afirma que “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica” y asegura que esto “supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

Luis del Amo sí deja abiertas algunas incógnitas, como qué ocurre con las regularizaciones que no sean firmes, y en las que se haya interrumpido  la prescripción por el contribuyente o por actuaciones administrativas.

“La única duda se plantea con inspecciones que aún están abiertas”, coincide otro asesor fiscal que prefiere conservar el anonimato. A su juicio, para los procedimientos de inspección abiertos el Tribunal Constitucional debería aclarar de alguna manera que sigue viva la anterior normativa. “Es lo que se llama ultraactividad de las normas una vez se anulan o derogan. Sería lo más razonable”, afirma.

Lo que fue la amnistía fiscal

La amnistía española salió muy barata a los que se acogieron. Montoro quiso diseñar un mecanismo tan económico que ninguna gran fortuna se pudiera resistir. Se abrió un periodo de abril a noviembre para aflorar todas las rentas no declaradas en el extranjero. Sin multas ni sanciones.

No se persiguió a los que se presentaron ni se permitía utilizar la información de la amnistía para posteriores comprobaciones. Ni siquiera era necesario traer el dinero físicamente de vuelta a España. Solo se exigían dos cosas: que el origen de los fondos fuera lícito (que no procediera de actividades como narcotráfico, por ejemplo), una comprobación que en muchos casos no se realizó, y que se pagara una cantidad que resultó ser muy pequeña.

Montoro optó por la parte más baja de las exigencias fiscales posibles. Aunque el tipo era del 10% del capital aflorado, un informe del director general de tributos de la Agencia Tributaria dictaminó una aplicación muy laxa de este tributo y rebajó este porcentaje aún más. Así, en vez de gravarse el 10% de todo el patrimonio que se quisiera aflorar, solo se impondría la tasa sobre los rendimientos de los bienes en los últimos cuatro años antes de la amnistía.

Las condiciones terminaron relajándose aún más: si la declaración se presentaba después de junio de 2012, solo era necesario tributar por los intereses desde 2008. De facto, esto ha supuesto que el tipo efectivo, es decir, lo que realmente ha pagado la gente que se ha acogido a la amnistía fuese solo del 3%.

En total, la Agencia Tributaria recibió 31.484 declaraciones que, de media, supusieron unos ingresos de 37.830 euros cada una. En total esto supuso unos ingresos para las arcas del Estado 1.191 millones de euros. En la lista terminaron apareciendo algunos nombres salpicados por la corrupción como Luis Bárcenas, José Ángel Villa y Rodrigo Rato.

http://www.eldiario.es/economia/varapalo-Constitucional-Gobierno-entredicho-amnistias_0_652335822.html

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Unos presupuestos mentirosos.

Articulo de Opinión del Blog Aquí no se fía"."

8/8/15. Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año esconden” datos relevantes para la sociedad, en este análisis podemos encontrarlos. “

Si la presentación de los Presupuestos Generales del Estado suele tener una clara dimensión propagandística, sobre todo cuando hay elecciones de por medio, la que ha hecho el Gobierno esta semana de los correspondientes a 2016 ha sobrepasado con creces los límites de lo obsceno. Después de machacarnos sin misericordia durante los cuatro años de la legislatura que está a punto de concluir, a base de recortes y subidas de impuestos básicamente injustas, Mariano Rajoy pretende ofrecer su cara más amable ahora que vamos a ser llamados de nuevo a las urnas.

Si antes era prioritario reducir el déficit público costara lo que costara, aunque el bienestar de miles y miles de familias se quedase por el camino, eso ya carece de importancia y el mensaje predominante es que los ciudadanos tienen derecho a recuperar el terreno perdido. Como si ese terreno lo hubieran perdido de forma accidental, por un descuido, en vez de por culpa de las decisiones, muchas veces crueles, que el PP ha venido tomando en el conjunto de España desde que recuperó el poder en diciembre de 2011.

Rajoy primero, Cristóbal Montoro a continuación y, por supuesto, todos sus corifeos políticos y mediáticos han destacado el carácter “social” de los presupuestos con el mismo ahínco que habría puesto José Solís Ruíz, aquel ministro de Trabajo de Franco que pasaba por ser “la sonrisa del régimen”. Ese pretendido carácter social se justificaría por las subidas que experimentan algunas partidas que hasta ahora habían corrido peor suerte; pero se trata de mejoras tan ridículas que difícilmente van a tener un impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos; en particular, la de los más necesitados.

El gasto en pensiones crecerá un 2,8%, sí, pero porque habrá un mayor número de jubilados, no porque quienes ya se encuentran en esa situación vayan a cobrar mucho más, pues la subida general será sólo de un 0,25%. Los fondos destinados a dependencia aumentarán en 70 millones de euros, una minucia comparados con los 1.172 destinados en 2015 y con los sistemáticos hachazos de los últimos años, que han dejado a casi medio millón de personas en lista de espera. La dotación presupuestaria para becas, en fin, tan socavada por el Gobierno con el diligente beneplácito de aquel ministro de Educación de triste recuerdo llamado José Ignacio Wert, se incrementará un irrisorio 0,2%.

Pese a que se trata de una milonga colosal, el Gobierno ha presentado estas medidas igual que si señalaran la tierra de promisión que los españoles empezamos a atisbar gracias a sus políticas. Y, por si fuera poca su desfachatez, se ha atrevido a anunciar también nuevos beneficios para los ciudadanos en el futuro, como la rebaja del IRPF, si vuelven a otorgar la confianza al PP en las próximas elecciones generales. El mensaje es tan simple como descarado: con nosotros, el cielo está al alcance de la mano; con los otros, vamos de cabeza al precipicio. Una idea tan infantil como maniquea, pero que, debidamente sembrada en colectivos propicios a ello, puede resultar muy eficaz.

Uno de cada tres menores de 16 años vive bajo el umbral de la pobreza en España

Noticia de publico.es"."

27/5/15. Más de un tercio de ceutíes, murcianos, extremeños y andaluces son pobres, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

Uno de cada cinco españoles, el 22,2 %, vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 7.961 euros anuales, un porcentaje que ha aumentado dos puntos en un año, y que es más alarmante en el caso de los menores de 16 años, ya que afecta a casi uno de cada tres (30,1 %), y sigue en aumento.

El porcentaje de menores en situación de pobreza ha aumentado 3,4 puntos en un año, lo que ha hecho que su tasa sea 7,9 puntos superior a la del conjunto de la población, mientras que los ingresos de los hogares se han reducido un 2,3 % hasta los 26.154 euros netos anuales, un descenso que no ha parado desde 2009.

Por el contrario, y gracias a la estabilidad de sus pensiones, la tasa de pobreza de los mayores de 65 años se ha reducido 1,3 puntos hasta el 11,4 %.

 
Estos son algunos de los datos que arroja la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la primavera de 2014 con los ingresos medios percibidos por los hogares en 2013.

Además, dado que el umbral de riesgo de pobreza aumenta o disminuye en función del reparto de la renta entre la población, y ésta se ha reducido, en 2014 el citado umbral bajó un 1,9 %respecto a 2013 (8.114 euros). 

Si para los hogares de una sola persona los ingresos anuales a partir de los que se considera que está en situación de pobreza son 7.961 euros, para los formados por dos adultos y dos menores de 14 años este límite se ha fijado en 16.719 euros anuales.

En España el 16,1 % de los hogares llega a fin de mes con “mucha dificultad”, el 42,4 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y casi la mitad (45 %) no puede ir de vacaciones ni siquiera una semana al año.

La actual situación económica hace que el 10,2 % de los hogares no pueda llevar al día el pago de la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad de vecinos.
 
Si se desglosan los datos por comunidades, Andalucía (24,3 %), Murcia (22,7 %) y Galicia (20,8 %) son las que tienen más hogares que llegan a fin de mes con “mucha dificultad”.

En el lado opuesto se colocan Navarra (4,2 %), Asturias (4,6 %) y Aragón (9,8 %).

Además, el porcentaje de la población española que vive en riesgo de pobreza se eleva hasta el 29,2 % (con un aumento de 1,9 puntos en un año) si se utiliza el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

Este indicador, además del riesgo de pobreza, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.
 
La formación también mide la pobreza

Así, según el INE, el 29,1 % de quienes tienen un nivel educativo equivalente a la primera etapa de la educación secundaria se encuentra en situación de pobreza, un porcentaje que se reduce hasta el 10,2 % para quienes han cursado educación superior.

Tampoco es igual para todos los hogares. La pobreza afecta más, hasta alcanzar el 42 %, a las personas que forman parte de hogares compuestos por un adulto con hijos dependientes a cargo, y mucho menos, al 14,8 %, a los formados por dos adultos.

En relación con la actividad que se realiza, el 45,1 % de los parados esta en riesgo de pobreza, un porcentaje que contrasta con el de los jubilados de los que sólo el 9 % se encuentra en esa situación.

Por nacionalidad, los más afectados son los extranjeros de fuera de la UE (55,4 %), seguidos de los de la UE (35,7 %), mientras que la pobreza afecta al 18,4 % de los españoles.

Las tasas de riesgo de pobreza más elevadas son las de Murcia (37,2 %), Andalucía (33,3 %) y Extremadura (33,1 %), mientras que las menores son las del País Vasco (10,2 %), Navarra (11,9 %) y Madrid (14,7 %).

En cuanto a los ingresos, los más elevados son los del País Vasco (14.281 euros por persona), Navarra (13.221) y Madrid (12.597) y los más bajos los de Extremadura (7.729), Murcia (7.767) y Andalucía (8.079).