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Manuela Carmena y Baltasar Garzón, protagonistas de los Premios de Izquierda Independiente

La sexta edición de los Premios de Izquierda Independiente al compromiso social tendrá lugar el viernes 6 de abril, a las 18h, en el Centro de Formación de San Sebastián de los Reyes (Av. Ramón y Cajal, 5). El premio local será a las trabajadoras y familiares de la residencia de mayores Moscatelares.

premios 2Izquierda Independiente ha querido reconocer la trayectoria social y profesional de las personas elegidas premiándolas en la VI Edición de los Premios de Izquierda Independiente, que se celebra en un año muy especial para este partido que cumple sus 20 años de historia en la política local y que acaba de elegir a su candidato para las elecciones municipales de 2019, Juan Torres García.

De nuevo, Izquierda Independiente elige a personas y colectivos que, en su opinión, merecen un especial reconocimiento por su labor en los ámbitos asociativos, reivindicativos, políticos, sociales o ciudadanos y que encajan de lleno con los valores del partido local. Cabe recordar que Izquierda Independiente entrega estos premios en recuerdo de aquellos que fueron referente dentro la formación, como el que fuera concejal Daniel Rodríguez y el compañero Tomás Pérez. Dos integrantes que destacaron por sus valores de compromiso y esfuerzo tanto con este partido como con la ciudad de San Sebastián de los Reyes y que dan nombre a los galardones.

Personas y colectivos premiados

En esta nueva edición de los Premios de Izquierda Independiente las y los premiados tienen una categoría personal y profesional que habla por sí sola. Son Manuela Carmena, jurista y jueza emérita, defensora de a quienes luchaban y defendían la libertad durante la dictadura de Francisco Franco, cofundadora del despacho laboralista en el que se produjo la matanza de Atocha de 1977 y actual alcaldesa de Madrid desde el 13 de junio de 2015, siendo un referente de los Ayuntamientos del cambio que están demostrando que otra forma de hacer política es posible. Otro de los premios es a la Fundación Internacional Baltasar Garzón, Fundación sin ánimo de lucro que trabaja en distintos proyectos en pro de la Memoria Histórica, los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal. El conocido jurista, juez desde 1981 y magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012, que tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época como la causa que inició contra los crímenes del franquismo, la orden de arresto contra el dictador Pinochet o el inicio del caso Gürtell, recogerá este premio en nombre de la Fundación FIBGAR, de la que es presidente. Baltasar Garzón destaca la importante labor que desde su Fundación realizan: “A través de distintos programas en ámbitos como la educación, la justicia o la sociedad, FIBGAR marca un objetivo claro, el de poner a las víctimas en el lugar que se merecen. Trabajamos para defender los Derechos Humanos por encima de todo y para luchar contra la impunidad de los victimarios”.

Por otro lado Izquierda Independiente siempre da un premio local y en este caso han querido reconocer la lucha por la dignidad de las personas mayores que han demostrado las trabajadoras y familiares de la residencia de Moscatelares, quienes a pesar de las amenazas a familiares y los despidos a trabajadoras han seguido luchando por mejorar la calidad del servicio que se presta en este centro público de gestión privada.

A su vez, y acompañando al excelente cartel de personas premiadas, el acto será amenizado por la compañía teatral Los Sueños de Fausto que representará parte de su obra “Flores de España” completando así una edición tan especial como esta.

Día, hora y lugar 

La VI Edición de los Premios de Izquierda Independiente tendrá lugar el viernes 6 de abril en el Salón de Actos del Centro de Formación de San Sebastián de los Reyes (Av. Ramón y Cajal, 5). La apertura de puertas será a las 17.30h y el acto comenzará a las 18h.

La entrada, como siempre, será libre y gratuita hasta completar el aforo.

Rubén Holguera, portavoz y Secretario General de Izquierda Independiente, comenta: “queda mucho Sanse por soñar y en Izquierda Independiente soñamos con un Sanse y un mundo donde haya gente del valor de nuestros homenajeados, que trabajan por defender valores como la libertad, la igualdad o la justicia. Es un honor entregar nuestro premio a personas del nivel humano que tienen nuestros homenajeados y homenajeadas”.

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PSOE, PP y Ciudadanos se alían para cerrar la Comisión de Investigación sobre la posible trama de corrupción en Sanse

Izquierda Independiente ha vuelto a solicitar hoy que se siga investigando ya que esta Comisión no ha cumplido su objetivo ni llamado a comparecer a los principales responsables: el actual alcalde del PSOE Narciso Romero, el anterior alcalde del PP que firmó los convenios investigados, Manuel Ángel Fernández, y las empresas implicadas en la trama. Tampoco ha aclarado qué pasó con el millón y medio de euros de dinero público que se desvío a Waiter Music durante el gobierno del PP.

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Hoy se han presentado en San Sebastián de los Reyes las conclusiones de los diferentes partidos políticos a la Comisión de Investigación sobre Waiter Music. En ellas, Izquierda Independiente ha vuelto a pedir que no se cierre pues no se ha podido investigar el grueso de la trama ni preguntar a los verdaderos responsables de la misma. Sin embargo, esta propuesta no ha sido contemplada por ningún partido más y, utilizando el voto de calidad como Presidente de la Comisión, el ex concejal del PP y actual portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Martín  Perdiguero, ha votado no seguir investigando como proponía el Partido Popular en sus conclusiones.

El partido político afirma en sus conclusiones que a pesar de que la documentación aportada por Intervención, Alcaldía y Festejos ha demostrado que han desaparecido numerosos convenios, algunos de ellos relacionados con la empresa de la trama Púnica Waiter Music. Sin embargo no se ha podido profundizar en el tema porque no han comparecido ni los concejales de Festejos, las y los técnicos municipales, las empresas firmantes ni, por supuesto, ninguno de los dos alcaldes implicados tanto en la firma de los convenios investigados, como es el caso del anterior alcalde del PP el Sr. Fernández Mateo, o en la custodia de los mismos, el actual alcalde del PSOE el Sr. Romero Morro. Por esta razón Izquierda Independiente ha solicitado que se continúe indagando.

Por otro lado, en el transcurso de esta Comisión de Investigación también ha quedado claro que durante el gobierno del PP se desvío casi 1.5 millón de euros de dinero público a Waiter Music durante las fiestas de la localidad.

Esta empresa relacionada con la Púnica fue la responsable de organizar los conciertos de las fiestas entre los años 2010 y 2014 y durante ellos ingresó directamente el dinero de las taquillas de los conciertos sin existir autorización municipal ni informe técnico. Estas ganancias llegaron al millón de euros. Además de esto, Waiter Music recibió el dinero en forma de patrocinio que otras empresas acordaban con el Ayuntamiento, sin que tampoco estuviese aprobado. Esta cantidad ascendió a 423.125 euros más. De todo ese dinero no ha tenido control financiero ni la intervención ni la tesorería del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, lo que según Izquierda Independiente demuestra una connivencia entre Festejos, Alcaldía y Waiter Music.

“Esta trama ha permitido a Waiter Music disponer de dinero público de patrocinio sin control municipal, ni técnico ni político. Así, esta empresa involucrada en la trama de corrupción Púnica, se ha hecho con numerosos convenios de patrocinio y contratos que ascendían a cientos de miles de euros y que han desaparecido”, afirma Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente.

El partido local defiende que es muy probable que la desaparición de los convenios de patrocinio haya sido un intento de hacer desaparecer pruebas de este posible delito y por ello proponen que el Ayuntamiento remita toda la documentación tanto al Juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como la Fiscalía Provincial de Madrid por presunto delito de malversación de caudales públicos.

Belén Ochoa, viceportavoz de Izquierda Independiente, ha afirmado en la Comisión que “desde Izquierda Independiente defendemos que se debe continuar con esta Comisión y llamar a comparecer a las personas que verdaderamente tuvieron relación con el objeto de la misma, pues solo así podremos llegar a la verdad. Nos parece vergonzoso que un ex miembro del PP, el actual portavoz de Ciudadanos, vote a favor de las conclusiones del partido político relacionado con la trama investigada, el Partido Popular”.

“Entendemos que PP y Ciudadanos, cuyo portavoz era entonces del PP, no quieran seguir investigando, ¿pero de qué tiene miedo el PSOE? Con esta decisión hemos perdido una gran oportunidad de poder esclarecer qué ocurrió con ese millón de euros de dinero público y saber hasta qué punto llegaba la implicación del anterior gobierno del PP de Sanse con la trama de corrupción”, concluye Rubén Holguera.

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Orgullo LGTBQi: Mucho por hacer

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“Lo más duro no fue saber o reconocerme como gay, sino ver que la gente no actuaba ni hacía nada cuando alguien me discriminaba públicamente por serlo”. Estas palabras se las pronunció Nick Rattray a su hermano, el fundador de Change.org, Ben Rattray. “En ese momento me sentí avergonzado por mi actitud egoísta. Pero también fui consciente de muchas injusticias que suceden alrededor de mi y que hasta ese momento me sentía sin ningún tipo de capacidad para hacer algo contra ellas”. De aquello surgió, hace más de 10 años, la que es hoy la mayor plataforma de peticiones del mundo. De la homofobia que había sufrido su hermano nació la herramienta que hoy lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual.

Pocos años después llegó una victoria que supuso un antes y un después para el colectivo LGTBQi+. El noviembre de 2010 Luleki Sizwe inició una campaña para luchar y prohibir las violaciones correctivas. El término se utiliza para la práctica en la que los hombres violan a una mujer con la única intención de “volverlas” heterosexuales. Dramático. Sucedía en Sudáfrica, pero seguro que no es el único lugar. Entre 2000 y 2010, más de 31 mujeres lesbianas fueron asesinadas simplemente por serlo. A la semana, más de 10 lesbianas son raptadas y violadas tan sólo en Ciudad del Cabo. De cada 25 hombres acusados de violación en Sudáfrica, 24 son puestos en libertad.

Algunos años más tarde, el fin de esa discriminación llegó a un sector de Estados Unidos: los boys scouts. En esa organización juvenil existía una política antigay que, si bien permitía a las personas LGTBQi+ pertenecer al grupo, no se podía hacer ostentación de la orientación afectivo-sexual. Fueron varias las campañas iniciadas por padres y madres de menores que buscaban la inclusión de sus hijos con independencia de su identidad sexual o de género. En total más de 124 peticiones en más de 13 meses y con una suma de más de 1,8 millones de firmas se consiguió eliminar esta ley antigays en los Scouts. Cientos de héroes anónimos defensores de la diversidad como Lucien, que logró que se eliminara esa política y que su hijo le concedieran la insignia del águila.

¿Y en España?

Change.org llegó a España cuando ya existía el matrimonio homosexual. Sobre el papel ya existían leyes para evitar la discriminación, pero en la realidad cada año nos hemos ido encontrando con diferentes peticiones de personas que quieren cambiar algo concreto.

Lorena luchó contra la transfobia en esta campaña, Ricardo peleó contra la homofobia de un colegio en el que no dejaban inscribir a su hijo por tener dos papás, Miguel consiguió que dimitiera el secretario de la asociación de empresarios tras decir que “la homosexualidad es pecado” y Brenda y María José, dos mamás lesbianas, lograron que su bebe pudiera ser registrado como hijo de ambas. En la Universidad de Cádiz se logró por otro lado que no tuvieran lugar unas conferencias donde se iba a participar un señor que aseguraba que “las enfermedades mentales se dan con mayor asiduidad en personas homosexuales” y que “son ellos, los homosexuales, los más promiscuos porque tienen 6 parejas al año”.

A pesar de ello, sigue existiendo gente que defiende que la homosexualidad se puede “curar”. Es el caso de Richard Cohen, cuyo libro sigue vendiéndose -a pesar de que se ha conseguido retirar de alguna librería. También hay quien cree que algo como un World Pride no es necesario que sea retransmitido en TVE – y también alguien que lucha contra ello. Hay quienes han intentado cambiar la definición de bisexual en la RAE, y quienes como Carla Antonelli llevan años luchando contra la OMS para que entiendan que la transexualidad no es una enfermedad.

Los derechos de las personas trans, donde más camino hay por recorrer

En la ecuación LGTBQI+ hay una letra, la T -referente a las personas transexuales – que son las que más recorrido tienen por hacer en la construcción y lucha de sus derechos. Si antes hablábamos de la campaña iniciada por Carla Antonelli, también hay que recordar cómo los recortes sanitarios afectan, en no pocas ocasiones, a estas personas. Y si no que se lo pregunten a Ares Piñeiro, que vió cómo las compañías farmacéuticas dejaban de ver rentable la fabricación y distribución de medicamentos que utilizan en los tratamientos de hormonas y eso le obligó a tener que acudir a Francia para poder comprar el Reandrón. O a Marta con el Meriestra.

Como ves son muchos los avances conseguidos, pero también muchos los terrenos donde hay que seguir luchando. Es por eso que ahora, más que nunca, necesitamos tu ayuda. Si quieres que el equipo de Change.org siga ayudando a miles de campañas como esta, puedes hacerte socio de la plataforma aquí. Si quieres cambiar algo en concreto, quizás ahora sea el momento de iniciar una campaña.

https://www.change.org/l/es/orgullo-mucho-por-hacer?utm_source=action_alert_share&utm_medium=email&utm_campaign=767359&alert_id=UqreGNayRk_qA%2BT5PW4dMH%2Bf2u9czqrgArFwOPYGyWtdYbP5C%2FKzUk%3D

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El Ayuntamiento de Sanse organiza este domingo un acto por la Memoria Histórica

El ejecutivo local y familiares de represaliados por el franquismo participarán en el acto

8/03/16.- Este domingo 10 de abril el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes acoge un evento cultural de recuperación de la Memoria Histórica.

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Este acto contará con la presencia de los miembros del ejecutivo local y de una serie de familiares de represaliados por el franquismo pertenecientes, además, al ámbito de las artes y la cultura. 
 
Este evento se organiza por mandato de la moción aprobada en el pasado pleno municipal de de recuperar la Memoria Histórica en el municipio de San Sebastián de los Reyes y tendrá lugar unos días antes de la colocación de una placa en memoria de las víctimas en la Plaza de la Constitución, que tendrá lugar el jueves 14 de abril.
 
El acto del Teatro Adolfo Marsillach comenzará a las 12:00 y en él se procederá a la lectura de la moción aprobada por el Consistorio. Además, tendrán lugar diversas actuaciones teatrales y musicales como la lectura dramatizada de la ‘Última carta de un fusilado’ o la puesta en escena de un juicio del antiguo Tribunal de Orden Público. La entrada será libre hasta completar aforo.
 
Rubén Holguera, primer teniente de alcalde y portavoz de Izquierda Independiente, comenta: “Estoy muy orgulloso de formar parte de uno de los ayuntamientos pioneros  de la Comunidad de Madrid en reconocer institucionalmente a aquellos vecinos y vecinas de nuestra localidad que dieron su vida por la libertad. Para nosotros es un acto cargado de emoción y estamos contentos de que se haga por primera vez en nuestro municipio un acto de reconocimiento institucional al centenar de personas que pagaron con cárcel, represión y, en muchos casos, con su vida defender la democracia y sus sueños de libertad. En nuestro recuerdo siempre están ejemplos de entrega y sacrificio como el del entonces alcalde republicano Manuel Mateo López, asesinado en 1939”.

Por la recuperación de la memoria histórica de San Sebastián de los Reyes

18/03/16.- Llamamiento a la colaboración ciudadana.

Se ha constituido un movimiento ciudadano para la recuperación de la Memoria Histórica en San Sebastián de los Reyes, formado por familiares de las víctimas, vecinos y vecinas, movimientos sociales y partidos políticos de la zona.
 
Al amparo de lo dispuesto por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de Memoria Histórica) y, en lo que le concierne lo previsto por la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), este movimiento ciudadano viene trabajando en la recogida y ordenación de datos y de referencias de las personas que sufrieron las consecuencias del régimen que surgió de un golpe de Estado contra la legalidad de la II República Española. Este régimen fascista, despreciando los más elementales Derechos Humanos, persiguió y castigó a cientos de miles de personas en España, cuyo único delito consistió en luchar contra una de las dictaduras más sangrientas del siglo XX.
 
El grupo de trabajo ha reunido más de un centenar de nombres de vecinos y vecinas de este pueblo que sufrieron represión, cárcel y, en muchos casos, la muerte en dramáticas circunstancias, tanto en la guerra como en la dictadura que le siguió. A pesar del trabajo ya realizado falta aún mucho por hacer.
 
Desde estas líneas invitamos a toda la vecindad de este pueblo que tenga evidencias de alguna persona que fuera víctima de aquellas depuraciones, o que simplemente quiera colaborar, se ponga en contacto con el grupo de trabajo los miércoles de 18:00 h. a 20:00 h. en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Pza. de la Constitución, edificio del Caserón, preguntar en la entrada por la comisión de Memoria Histórica). 
 
Buscamos completar la relación de víctimas de la represión para rehabilitar su memoria. Todos los datos que se puedan aportar (documentos, fotografías, cartas de despedida,…) serán de enorme ayuda para poder cumplir este compromiso. No sólo hablamos de un derecho de Memoria colectiva sino de una obligación moral y cívica irrenunciable.
 
Adelantamos nuestro sincero agradecimiento a toda colaboración, por modesta que parezca, para dignificar la memoria de estos vecinos y vecinas, en este esfuerzo en favor de la Memoria Histórica de San Sebastián de los Reyes y, por extensión, de toda España, tal y como recogen las Recomendaciones de la ONU: verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, como inmensa deuda de gratitud en el reconocimiento de su memoria y sus circunstancias vitales.
 
Aquí podéis leer la moción aprobada por mayoría en el pleno del día 17.

El PP impone una reforma innecesaria que convierte al TC en un sargento del Ejecutivo

Noticia de publico.es""

17/09/15. A once días de las elecciones catalanas, el partido en el Gobierno altera una institución básica del pacto de convivencia surgido con la Constitución de 1978.

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias. La reflexión de Cicerón no parece haber sido tenida muy en cuenta por el Partido Popular para reformar el Tribunal Constitucional a uña de caballo.

La politización de Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República acabó con esta institución, al convertirla en un campo más de la batalla partidista por el poder, con el nombramiento de sus integrantes a partir de sus afinidades políticas.

Esta experiencia histórica parece que ha caído en saco roto entre los actuales partidos políticos. Ahora, el Partido Popular ha iniciado un camino de no retorno para convertir al Tribunal Constitucional actual en una suerte de sargento del Ejecutivo.

La reforma ‘exprés’ introducida por el PP en las Cortes pone en riesgo el prestigio del Tribunal Contitucional, creado en 1979 y que se convirtió en el gran referente jurídico en la década de los años 80 por la modernidad de sus resoluciones en aras interpretar la Constitución y garantizar los derechos fundamentales. Ahora, se prefiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el TC se ha convertido en un órgano lento y previsible.

El PP ha introducido la reforma del TC en el Congreso por medio de una mera proposición de ley: no es un proyecto elaborado por el Gobierno, sino propuesto por el partido en el Parlamento. Esta fórmula permite eludir la obligada consulta prelegislativa que rige para todas las propuestas de un Ejecutivo, consulta que se eleva a instituciones clave, como el Consejo de Estado, y que hubieran cuestionado y propuesto correcciones a los errores que contienen la propuesta popular.

La Ley 2/1979 que regula el TC forma parte del llamado bloque de la constitucionalidad; esto es, el conjunto de normas consensuadas y de jurisprudencia que han edificado el Estado social, democrático y de derecho surgido con la Constitución.

En esta carrera, el PP ni siquiera ha consensuado el texto con la oposición de una institución clave para la convivencia. La reforma es tramitada por la vía de urgencia, con lectura única y con un objetivo: utilizar el rodillo de la mayoría absoluta popular en el Senado y alterar las potestades del TC antes de las elecciones generales de diciembre.

El sargento que actúa ante una sospecha

El texto del PP otorga incluso al Tribunal Constitucional la capacidad para suspender de sus funciones a las autoridades o empleados públicos cuando se sospeche que van a desobedecer sus resoluciones, y sin oír a las partes. Numerosos juristas consideran que esta potestad supone convertir al TC en una suerte de sargento a las órdenes del poder ejecutivo.

Muchos olvidan que el Tribunal Constitucional no forma parte de los tribunales ordinarios, sino que su función es ser el máximo intérprete de la Constitución. En suma, interpreta la carta magna pero no es su garante último.

El TC tampoco tiene la obligación de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, en contra de lo que parece sostener esta reforma. Dicha potestad está reservada por la Constitución paralos jueces y los tribunales ordinarios por mucho que se empeñaran en llamar “magistrados” a los miembros del TC cuando se creó dicha institución.

En caso de pérdida de la mayoría absoluta en el Senado

La Ley que regula desde 1979 el Tribunal Constitucional ya establece que todas las autoridades y ciudadanos están obligados a cumplir sus resoluciones, que se publican en el Boletín Oficial del Estado para general conocimiento. Incluso otorga al TC la capacidad de imponer multas coercitivas.

Frente a la desobediencia existe el Código Penal para exigir el cumplimiento ante los tribunales cuando se aprecien delitos como los de prevaricación, desobediencia grave, obstrucción a la justicia, sedición… Sirva de ejemplo la causa abierta contra el presidente catalán, Artur Mas, y tres de sus consellers por la consulta alternativa del pasado 9 de noviembre y que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

La reforma del Partido Popular tiene un trasfondo político, en caso de que se produzca una declaración de independencia en Catalunya.

El artículo 155 de la Constitución permite a un Gobierno obligar a una autonomía y a sus autoridades a cumplir las leyes, para lo cual esta medida debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Senado.

La intervención del Gobierno no implica suspender una autonomía como tal, ni al Govern, sino obligar a sus autoridades a cumplir las leyes por medio de instrucciones que emanan del Ejecutivo central. En caso de desobediencia, cada una de las personas que participan en un incumplimiento pueden tener responsabilidades penales.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si en las elecciones generales de diciembre el PP pierde la mayoría absoluta en el Senado? Quizá no podría alcanzar el consenso necesario para aplicar el artículo 155 en caso de una declaración de independencia.

De ahí la reforma del TC que otorga a este órgano de la capacidad imponer el cumplimiento de sus resoluciones si se sospecha que no se va a cumplirlas.

Desde hace casi 36 años en el Tribunal Constitucional se ha trabajado con la certeza de que sus resoluciones vinculan a todos los poderes del Estado. Allí se considera impensableque alguna administración, incluida la Generalitat catalana, no cumpla con una resolución.

En toda su historia, el TC nunca ha tenido que pedir ayuda para hacer cumplir una sentencia en un conflicto entre administraciones. Y los más veteranos que trabajan en su sede tampoco recuerdan que se haya impuesto una multa por un incumplimiento.

Pero el conocimiento de la historia parece ser que no es el fuerte de esta reforma.

Honrar a las víctimas del franquismo: de lo urgente y de lo necesario

Articulo de Opinión del Blog Dominio Público""

31/8/15. Verdad, Justicia y Reparación deben ser los tres pilares sobre los que asiente una verdadera recuperación de nuestra historia, sobre como superar los horrores de la dictadura franquista.

Un creciente y pujante movimiento social, de organizaciones de derechos humanos y de memoria histórica se ha ido consolidando en los últimos años e impulsa diversas iniciativas en materia de verdad, justicia y reparación.

Entre ellas, la denominada querella argentina, que se interpuso en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. Es ésta una acción judicial basada en el principio de justicia universal, en virtud del cual los crímenes que lesionan a la humanidad deben ser investigados y sus responsables perseguidos universalmente en todo tiempo y lugar, con independencia de la nacionalidad de víctimas y victimarios y los intereses particulares de los Estados. Este principio -que otrora fue especial y celebradamente puesto en práctica por la misma administración de justicia española que hoy, paradójicamente, se niega a enjuiciar los crímenes del franquismo- constituye un avance civilizatorio y ha colaborado de modo trascendental para poner fin a la impunidad en aquellos países respecto de los que fue aplicado.

La querella reabrió un camino en la búsqueda de justicia cuando todos parecían clausurados. Ha sido y es impulsada por víctimas de la dictadura ante la denegación de sus derechos por parte de tribunales españoles que han vulnerado normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos, tratados internacionales suscritos por España y la propia jurisprudencia de esos mismos tribunales. Estimula y repara a las víctimas y actualiza la necesidad de que los propios juzgados españoles asuman la tarea que les es propia: hacer justicia, en este caso respecto de los más graves crímenes que puedan cometerse en contra de los seres humanos y de los pueblos.

Un gran y creciente número de personas y organizaciones están implicadas en el fomento y fortalecimiento del proceso judicial argentino. Con su esfuerzo han conseguido la adhesión al mismo de más de un centenar de ayuntamientos, de distintos parlamentos autonómicos y de otras instituciones. Realizan regularmente distintas actividades para explicar y difundir las características del proceso que se sigue ante la justicia argentina en ciudades y pueblos de España, de Argentina y de otros países. Han promovido la interposición de cientos de querellas, de múltiples denuncias que en forma gratuita son presentadas por los afectados en los consulados argentinos de todo el mundo e inmediatamente trasladadas al juzgado porteño, de la organización de videoconferencias desde el consulado argentino en Madrid, de los viajes a Argentina de un elevado número de personas que presentaron personalmente sus querellas y declararon en el juzgado o del viaje que efectuó la magistrada argentina para tomar declaración a algunas víctimas en los propios juzgados españoles con la participación y colaboración de sus titulares, entre otras muchas iniciativas.

El proceso, que instruye la jueza Servini de Cubría, ha tenido sustanciales avances. Entre otros, muchos y relevantes, debe subrayarse que en la causa se ha acumulado un enorme material probatorio de los crímenes perpetrados y que por el momento se ha incriminado, por la comisión de algunos de ellos, a un total de veintidós personas entre las que se encuentran varios ex ministros, cursándose pedidos internacionales de detención y solicitudes de extradición de los mismos. Denegadas éstas, como era previsible, las autoridades españolas no han podido sin embargo evitar la repercusión internacional de estas medidas, ni pronunciamientos en los parlamentos español, argentino y europeo confluyentes en la obligación internacional de extraditar o juzgar a los reclamados, ni el repudio y la condena por parte de los principales organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

La ley de extradición pasiva española no prevé la participación de las víctimas en el procedimiento de extradición y en consecuencia ni éstas ni las organizaciones e instituciones que las representan o que con ellas se solidarizan tuvieron la posibilidad de intervenir en el mismo, ni de recurrir las decisiones adoptadas. Sí pueden hacerlo en cambio en el proceso judicial que se desarrolla en Argentina -y a ello están convocadas- y también, y nos interesa destacarlo especialmente en el presente artículo, en los que se impulsen en los distintos juzgados de instrucción del Estado español.

No existe probablemente un solo pueblo donde no haya damnificados por el franquismo: desaparecidos; fusilados; niños robados; víctimas de trabajo esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en cuarteles, en preventorios; expresos; torturados; exiliados; perseguidos; represaliados, etc. etc.

¡Ni uno solo de ellos, repetimos, ni uno solo de ellos, y son millones, ha recibido justicia!

En España hay más de 8.000 ayuntamientos. Vecinos de prácticamente todos ellos, y sus concejales y alcaldes en muchos casos, han sido víctimas de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el franquismo. Delitos imprescriptibles; no amnistiables ni amparables en ley, norma, práctica o pronunciamiento judicial de impunidad de ningún tipo; perseguibles como ilícitos internacionales, existieren o no leyes internas que los contemplaran como tales en el momento de su comisión, como supo decir clara y contundentemente el Tribunal Supremo español en otros y mejores tiempos.

Cualquier ayuntamiento se querellaría pidiendo justicia contra los autores de un atentado terrorista que produjera víctimas entre sus miembros o entre los habitantes de su municipio. Tendría el derecho y el deber de hacerlo. !Cómo no ha de proceder contra los que las ocasionaron asaltando las instituciones democráticas y practicando sistemáticamente el terrorismo de Estado!

¿Cuánto duraría la impunidad del franquismo si las víctimas, sus asociaciones y ayuntamientos de todo el país presentaran querellas en los juzgados de la localidad en la que se han producido los crímenes, incitando así en todo lugar la actuación de la justicia?

Los fundamentos jurídicos para sostener estas acciones judiciales son sólidos e irrebatibles y las condiciones están maduras para ello: la querella argentina ha abierto una importante grieta en la política de impunidad mantenida por el Estado español y hay jueces y fiscales decididos a investigar, como lo revelan importantes y recientes medidas adoptadas por algunos de ellos.

Llevar a cabo esta iniciativa permitiría que toda víctima, asociación y/o corporación municipal, desde las de las ciudades más grandes y más pobladas hasta las de las localidades más pequeñas y con menos habitantes, reclame judicialmente su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Alcaldes y concejales de diversos ayuntamientos, y muchos abogados, se ofrecieron a colaborar en el procedimiento judicial argentino y en muchos casos lo han hecho, aunque limitadamente dadas las dificultades derivadas de su tramitación en Argentina. Unos y otros tendrán una participación activa y determinante de prosperar la propuesta que aquí se formula. Su promoción y su impulso serán sin duda trascendentales y decisivos para acabar con la impunidad del franquismo.

La calificada en su día como modélica transición española tiene logros de los que preciarse, pero también enormes y radicales injusticias que deben abochornarla. Entre ellas, y más que ninguna otra, la del olvido de quienes lucharon contra el fascismo y la dictadura; la de la sustracción al conocimiento de las nuevas generaciones de la ejemplar lucha de este pueblo por la libertad y la justicia; la de la impunidad de los responsables de los crímenes del franquismo y la del inconcebible desamparo que sufren sus víctimas. Ha llegado la hora de ponerles fin; de revertir esta realidad que cuestiona, pervierte y degrada cualquier sistema político que se pretenda democrático.

Recientemente la Corte Suprema de Chile acordó el procesamiento de los responsables de las torturas y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura de Pinochet. Ya son innumerables las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, muchas de ellas españolas, amparadas por los tribunales de distintos países hispanoamericanos. Así, haciendo justicia, se honra a las víctimas.

Es tiempo de que se honre, aquí y ahora, a tantos Carmelo Soria víctimas de la dictadura de Franco.

El franquismo conformó una sociedad a su imagen y semejanza por medio de la represión y el terror. Es preciso remodelarla a través de la justicia.

Es posible que haya tareas más urgentes, pero ninguna es tan necesaria.

La trata de personas, de la esclavitud a la exclusión

Noticia del medio digital publico.es""

31/8/15. Mabel Lozano ofrece las claves fundamentales de la trata de personas en su película documental ‘Chicas Nuevas 24 horas’, un proyecto al que ha dedicado cuatro años y en el que revela el destino de las mujeres y niñas que han sido víctimas

Cada año, 4,5 millones de mujeres y niñas son víctimas de la trata de personas para la explotación sexual. Una noticia espeluznante a la que, desgraciadamente, nuestro país contribuye de una manera muy especial. De hecho, España ocupa el tercer lugar en el mundo, solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico, en la lista de lugares en que los hombres pagan más dinero por sexo. Son datos que aparecen en la película documental Chicas nuevas 24 horas, escrita, producida y dirigida por Mabel Lozano, que ha viajado por cinco países americanos para recoger testimonios e imágenes y que ha dedicado cuatro años al proyecto.
 
Una década volcada en varios trabajos contra la trata de personas han permitido a la directora acceder ahora a las propias víctimas —varias mujeres y una niña de 15 años cuentan sus experiencias ante la cámara—, así como a personajes indispensables en la lucha contra esta aberración. Teresa Martínez, fiscal de la Unidad contra la Trata en Paraguay; la Policía Nacional española o la peruana, y Carmen Omonte, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, entre otros, desvelan en esta película muchas claves de este siniestro mercado.
 
 
Chicas Nuevas 24 horas se estrena esta semana en Cineteca (Matadero, Madrid) y en breve comenzará una gira por Latinoamérica. La película se ha traducido al guaraní y al quechua para mostrarla en universidades, colegios… y “los lugares en que las niñas son captadas”. Además, el 23 de septiembre se inaugurará una exposición en Casa de América con imágenes de la película y paneles explicativos.
 
El destino de las víctimas
 
“No he hecho pornografía del sufrimiento”. Es lo primero que dice Mabel Lozano, que en lugar de explotar emocionalmente la situación de las víctimas, dedica a éstas y a su destino final un espacio privilegiado en su película. Cuando la policía lleva a cabo una redada contra clubes, mafias… todo lo que se incauta va a parar al Gobierno, pero nada queda para las víctimas.
 
Muchas veces, cuando estas mujeres y niñas consiguen finalmente escapar de ese infierno de esclavitud y prostitución, no tienen dónde ir. Sus familias no quieren ya acogerlas y las autoridades no se hacen cargo de ellas. Yandy, la niña peruana de quince años que ofrece su testimonio en el filme, termina confesando que ella lo que quiere es volver a su casa, “con mi mamá”. Pero su madre no ha querido saber más de ella después de conocer que se había prostituido. “La sociedad rechaza a las personas que somos víctimas de este tipo de cosas”, afirma otra de las mujeres.
 
La doble moral
 
La trata de personas es, desgraciadamente, un negocio multimillonario. En España cada día se suman beneficios de cinco millones de euros, según informaciones reveladas en la película, en la que también se denuncia la participación indirecta de muchos agentes sociales. Así, Andrés Colman, un prestigioso periodista paraguayo, critica “la doble moral, una gran hipocresía” de algunos medios de comunicación, entre los que menciona los españoles El País y El Mundo. Hoy en Europa, la prensa escrita recauda 40 millones de euros con los anuncios de contactos.
 
Son datos valiosos en la campaña de información sobre la trata de personas, para la que Mabel Lozano ha arriesgado su propia vida. La ministra de la Mujer de Perú pidió al fiscal de Mazuco que hablara con ella. Y así fue hasta que un policía peruano advirtió a la directora española de que se estaba jugando la vida, pues el fiscal participaba del negocio de las minas de oro ilegales de Madre de Dios, una actividad que ha propiciado un incremento brutal de la prostitución y de la trata sobre todo de menores. “Los mineros quieren menores para evitar contagio de enfermedades”, explica Lozano.
 
Noticias de usar y tirar
 
“El policía peruano también se jugó la vida al contármelo a mí. Me lo dijo muy claro, el fiscal no estaba protegiéndome, sino que estaba vigilándome. Me pasé dos días con el malo detrás”, dice Mabel Lozano, que reconoce que ha pasado miedo en muchos momentos del rodaje. “Pero era necesario porque estamos hablando de una cosa gravísima, de esclavitud, de una violación de los Derechos Humanos. Y este es un tema del que sólo se habla desde el morbo, porque hoy las noticias son de usar y tirar, nada tiene poso. Pero hay que contar qué pasa después con esas mujeres y esas niñas, que están socialmente excluidas. Eso ya no le interesa a nadie”.
 
La globalización y la trata
 
Chicas Nuevas 24 horas se hace eco también de “la facilidad migratoria de los seres humanos”. Mientras miles de personas mueren intentando llegar a Europa desde países pobres o en los que son perseguidas, prácticamente no hay obstáculos para el paso por las fronteras de niñas y mujeres a las que captan para explotar sexualmente. “La globalización es perfecta para la trata de personas”, asegura la directora de la película.
 
Cómo se capta a niñas y mujeres, cuál es la forma en que hacen con ellas el viaje, cómo las quitan sus pasaportes y las encierran en clubes, en casas, en sótanos… de qué forman las presionan para que se prostituyan, qué métodos emplean para aterrorizarlas y que no denuncien. 
 
La película de Mabel Lozano explica todo esto, lo denuncia y, al mismo tiempo, reivindica una actuación contra ello. “Tiene que surgir un movimiento transformador, y debe ser integral, no sólo de los políticos, también de la ciudadanía y de los medios de comunicación”, afirma.

Zerolo, mi niño””

OBITUARIO | PEDRO ZEROLO

11/6/15. Tuvo un gran afán en su vida: luchar por la igualdad de derechos. Lo hacía a todas horas, en cualquier momento o circunstancia y lo convirtió en su bandera.

Pedro Zerolo (Caracas, 1960) siempre tuvo un afán en su vida: luchar por la igualdad de derechos. Lo hacía a todas horas, en cualquier momento o circunstancia. Su lucha era una bandera permanente que no dejaba esquinada ni un segundo.

Primero lo hizo desde la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), donde estuvo casi diez años como presidente. En aquellos años buscaba la visualización del movimiento LGTB, que aún era muy marginal. Llamaba constantemente a los medios de comunicación para posicionarse ante cualquier asunto o para informar de cualquier acto, y se mostraba sumamente agradecido aunque sólo se publicara media columna. “Es muy importante, mi niño, que se nos vea y se nos oiga. Pasito a pasito, un millón de gracias”, me dijo más de una vez.

Su insistencia y su perseverancia dieron sus frutos, y el movimiento del LGTB fue ganando consistencia y peso social y político, al igual que la fiesta del “Orgullo gay”, a la que acudió durante 25 años, aunque le dolió en el alma faltar a la última celebración porque la enfermedad ya no se lo permitía.

 
En 2003 pasó del activismo social a la política como concejal en la lista que encabezaba Trinidad Jiménez. Era un convencido de que las cosas se cambian desde la política, y que había muchas cosas que cambiar. Enseguida se hizo notar en las filas del PSOE. Tenía un discurso político muy bien articulado, unas ideas muy claras y una capacidad de trabajo inmensa, lo que no suele abundar en los partidos.

De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero no dudó en incorporarlo a su Ejecutiva y situarlo en el área de Movimientos Sociales. Zerolo dinamizaba a la sociedad civil como nadie, tenía reuniones todos los días y a todas horas, y creo numerosos grupos sectoriales afines al PSOE de lo más variado.

La aprobación del matrimonio homosexual fue para él un hito sin precedentes por el que había luchado toda su vida. Se casó, y no paró de casar en su condición de concejal. Cada boda se la preparaba como si fuera la última que iba a celebrar, y no dejaba de emocionarse por poder hacerlo, casi más que los contrayentes.

También tenía sus ambiciones políticas, y cuando Trinidad Jiménez anunció que no iba a repetir como candidata a la Alcaldía en 2007, se postuló tímidamente: “Ven, mi niño, yo quiero presentarme para ser alcalde de Madrid. De ZP a PZ. ¿Cómo lo ves?”.
 
Como yo lo viera importaba poco, pero quien no lo veía de ninguna forma era el entonces secretario de Organización, José Blanco, y tuvo que conformarse con volver a ir de concejal otros cuatro años, lo que tampoco le disgustaba. Siguió trabajando incansablemente tanto en el ayuntamiento, como con sus movimientos sociales y en todo lo que le pidiera el partido. Si había un acto al que nadie quería ir, siempre se podía contar con Zerolo para que el PSOE tuviera presencia.

Tras repetir en 2011 de nuevo como edil por Madrid, le llegó a enamorar la vida municipal, dio su última batalla contra Ángel Gabilondo tras la expulsión de Tomás Gómez como secretario general del PSM. La perdió, pero no tuvo el más mínimo problema en incorporarse a la lista de su contrincante, que este lunes le fue a recoger su acta de diputado.

En enero de 2014 conmocionó a toda la sociedad con el anuncio de que tenía un cáncer de páncreas. Se rapó el pelo, adelgazó hasta hacerse invisible, pero ni perdió la sonrisa, ni las ganas de trabajar, y no se escondió de nada ni de nadie. “Estoy bien, mi niño, sólo cuando recibo el tratamiento tengo dos o tres días que no puedo moverme de la cama. Pero voy a luchar hasta el final”. Y así lo hizo, como toda su vida.

Doble vara de medir: el concepto de Reconciliación Constitucional.

Articulo de Opinión de nuestro colaborador hábitual, Paco González de Tena.

24/4/15. En esta reflexión se analiza la situación de nuestro país frente a su pasado y los crimenes cometidos durante la dictadura franquista.

El 15 de octubre de 1977 las fuerzas progresistas que habían protagonizado las movilizaciones cívicas para trazar una raya con la dictadura y sus secuelas, consiguieron la aprobación de la Ley 46/1977, con la firme oposición de los siete representantes del franquismo residual, con Manuel Fraga a la cabeza. Los reaccionarios entendieron la norma como un ataque a las esencias del franquismo cuando, desde la intención legítima de la izquierda se perseguía sacar de las cárceles a los presos políticos y de conciencia para legitimar el proceso democrático que se perseguía iniciar, sin exclusiones políticas. Las intervenciones de Fraga o Licinio de la Fuente, entre otros franquistas, consiguieron como contrapartida introducir un párrafo que resultaba extemporáneo, por cuanto intentaba la inmunidad de los golpistas de 1936 sin mencionarlos explícitamente: art. 2º, a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar. Los identificados por la prensa reaccionaria como los siete magníficos (base ideológica de lo que fue luego Alianza Popular, y más tarde Partido Popular), hilaron para reforzar la continuidad del “atado y bien atado”, si bien no pudieron rehabilitar la expulsión del Ejército de los que, por su acción criminal de alta traición devinieron en ex militares, ya que el Presidente de la República, Azaña, sancionó en aplicación precisamente del Código de Justicia Militar, la expulsión del Ejército de los cabecillas, y la pérdida de todas sus prerrogativas, con su publicación como Decreto Ley en la Gaceta de Madrid (luego BOE) el 20/07/1936. El mantenimiento de ambas situaciones antagónicas resulta legalmente insostenible, ya que es demasiado grosero en su evidencia de amparo a los sediciosos.

Quedaba explícito en aquél momento histórico que la Ley 46/1977 era una norma coyuntural, tomada por una representación parlamentaria en tránsito, pues su papel como legislativo no pasaba de tomar aquellas medidas que sirvieran para cerrar la dictadura de la forma más operativa posible, dadas las circunstancias y la potente presencia condicionante de un Ejército que actuaba, de facto, como garante y amenaza.

En la mencionada Ley se coló algo que no se ha puesto en valor por los que, desde posiciones de poder legislativo y judicial, siguen pretendiendo la vigencia ad limitun de esa norma de carácter puntual, en su intencionalidad de partir de una situación política de liberación de los represaliados en situación de disminución de sus derechos civiles. En su enumeración de los actos amnistiados del artículo 1º: c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. Desde luego los asesinados y los sometidos a arbitrarios e ilegítimos Consejos de Guerra, con resultado de muerte, debieron ser, en ese mismo instante y sin dilaciones que han desdibujado la intencionalidad de reparación, restituidos en su derechos y compensados, al menos declarando ipso facto, inocentes de unos delitos imaginarios, aplicados por los golpistas y su secuaces en un estado dictatorial, y declarando solemnemente ilegales aquellas farsas con pretensiones judiciales.

Si las secuencias legislativas lógicas se hubiesen respetado, con la consideración como norma transitoria de la Ley 46/1977 con la liberación de presos ilegítimamente encarcelados por sus ideas políticas y el cierre puntual de secuelas ominosas de la dictadura, tendría pleno sentido de reducción a sus consecuencias irreversibles la interpretación del artículo Derogatorio de la Constitución promulgada un año después. La aprobación de la Constitución en 1978 es, de hecho y de derecho con toda la fuerza de Norma Suprema, el cierre legal de la dictadura y sus normas arbitrarias. No se puede seguir invocando de forma permanente una Ley transitoria y anterior a la propia Constitución como punto de sutura de la impunidad dictatorial para seguir amparando a los torturadores y sus cómplices vivos. Si el Tribunal Constitucional hubiese aplicado esa lógica jurídica hoy no tendríamos que lamentar de continuo que la Ley 46/1977 sirve lo mismo para perpetuar la vigencia de los aberrantes juicios sumarísimos, auténticas burlas sangrantes de la Justicia, ni asistir impotentes a la expulsión de la carrera judicial del único magistrado que se atrevió a poner en razón a los golpistas. Una prueba de la contumacia en mantener contra toda lógica de la legalidad internacional (de obligada observancia por todos los estados que ratificaron en su momento los Protocolos de Derecho Internacional) es la indiferencia culpable con la que se ha ignorado por todos los Poderes del Estado español las Recomendaciones, de los Relatores de NN.UU. y de la Comisión para Personas Desaparecidas, enviadas a España hace casi un año.

No es sólo esta impunidad de los criminales lo que escandaliza, ante los requerimientos de las Naciones Unidas, sino la tramposa recepción que se hace de las Directivas de la UE en aspectos sensibles para el debido amparo de las víctimas, perpetuando hoy la diferenciación entre distintos tipos de esas víctimas. La Iniciativa Legislativa identificada como “Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito (621/000103)”, para dar cumplimiento en el Derecho Interno, como estado miembro, a la Directiva identificada como “Decisión Marco 2001/220/JAI” existe una evidencia de aprovecharse de la anómala situación española, en cuanto no existe en nuestro ordenamiento jurídico la obligada tipificación de los delitos cometidos durante decenios para con las víctimas de la dictadura franquista (la mayoría, según los diferentes Informes de los Relatores de NN.UU., constitutivos de delitos permanentes de lesa humanidad, y por lo mismo imprescriptibles, para reducir a su mínima expresión la definición de “víctima” que hace el artículo 1 de la Directiva mencionada, al referirse a las mismas como “la persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro”. Se resalta en negrita la radical limitación que los ciudadanos españoles, afectados por delitos que, pese a las reiteradas demandas de los organismo internacionales de los que España es miembro de pleno derecho desde hace decenios, carecen estos delitos de la obligada tipificación en el ordenamiento penal español. Para reforzar esa injusta segregación legal se han arbitrado diferentes estrategias de consecuencias muy graves, como el descuelgue unilateral que representa con respecto al Principio de Justicia Universal. El 27/02/2014 el Partido Popular aprobó en solitario la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, segregando de un plumazo y de forma unilateral a España del Principio de Justicia Universal.

Se impone exigir al Consejo de Europa que reclame a España la aplicación, sin trampas de leguleyos, lo que debería una normalización de la legislación española para que se recojan, sin distinciones, todos los delitos que afectan muy gravemente a las víctimas de este Estado miembro por delitos imprescriptibles tipificados como permanentes por el Derecho Penal Internacional. Y de paso imputar a todos los que, una forma ilegítima, han incurrido en graves delitos de prevaricación que afectan al conjunto de los ciudadanos en sus Derecho Humanos fundamentales.

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