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El cine español será el gran protagonista de la XI Muestra de Cine y Derechos Humanos de Sanse

* “La noche de 12 años” de Álvaro Brechner, candidata al Oscar por Uruguay y basada en la biografía de Pepe Mújica, abrirá el certamen con la presencia de su director
* “Entre dos aguas”, Concha de Oro en San Sebastián y “Un día más con vida”, Premio del Público en el mismo Festival también forman parte de la programación
* Cristóbal Fernández y Almudena Carracedo, directores de “Mudar la piel” y “El silencio de otros” (dos de los documentales más premiados del año) acompañarán sus películas en Sanse


La Muestra de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián de los Reyes alcanza su undécima edición con su programación más ambiciosa: un ramillete selecto de títulos contrastados aplaudidos y premiados en los festivales más importantes del mundo con un protagonista claro, el cine español.

En un año en el que las películas españolas han tenido un recorrido importante por certámenes internacionales poniendo de manifiesto la pluralidad de enfoques y temas de nuestra cinematografía, resulta oportuno poner el foco sobre algunos de los títulos más relevantes de la producción nacional.

Películas y documentales que forman la muestra

Para inaugurar la Muestra contaremos con el cineasta uruguayo Álvaro Brechner que presentará “La noche de 12 años” el jueves 29 de noviembre a las 20h. en el Teatro Adolfo Marsillach. Esta coproducción entre España y Uruguay está basada en la experiencia carcelaria de quien fuera presidente del país, Pepe Mújica, y en el plan de tortura sistemático que idearon para él y para sus compañeros tupamaros los responsables de la Junta Militar que gobernó el país durante los años 70. La película, que ganó el Premio del Público en el Festival de Biarritz el pasado mes de septiembre es el título seleccionado por Uruguay para competir por el Oscar a la mejor película extranjera y se exhibirá en Sanse de manera simultánea a su estreno en salas comerciales. Junto a su director, acudirán a la Muestra, el actor Alfonso Tort (coprotagonista del film junto a Antonio de la Torre y Chino Darín) y la productora Mariela Besuievsky.

La Muestra continuará el viernes 30 de noviembre en el Centro Joven con la proyección de “Un día más con vida”, una de las películas españolas más exitosas del año. Dirigida por el cineasta navarro Raúl de la Fuente y por el polaco Damian Nenow, “Un día más con vida” mezcla animación e imagen real a la hora de evocar la figura de Ryszard Kapuściński, uno de los grandes nombres del periodismo dado el compromiso que siempre mantuvo a la hora de ofrecer a la ciudadanía una aproximación crítica a las realidades más complejas. La película adapta el libro homónimo que Kapuściński escribió sobre su experiencia como reportero de guerra en Angola tras la descolonización del país en 1975, un conflicto cuyas secuelas siguen vivas en la actualidad.

Ese mismo día, también en el Centro Joven a las 22:30, tendrá lugar la proyección de la película polaca “Demon”, dirigida por Marcin Wrona donde se evoca la fuerza de la memoria histórica de un país a la hora de despertar los demonios más íntimos de una serie de personajes en una narración que se ajusta al canon del cine de terror en su vertiente más clásica. Conscientes de que la vulneración de los derechos humanos es un tema transversal que puede ser abordado apelando a cualquier registro de representación, la Muestra de Cine de Sanse reservará las noches del fin de semana al cine fantástico con dos propuestas insólitas destinadas a los paladares menos convencionales. A la proyección de “Demon” el viernes 30 de noviembre se sumará la de “Jupiter’s moon” el sábado 1 de diciembre también a las 22:30. Este largometraje húngaro, que se hizo con el premio a la Mejor Película en el Festival de Sitges, presenta una alegoría en clave onírica sobre el problema de los refugiados.

El sábado 1 de diciembre, antes de la proyección de “Jupiter’s Moon”, el Centro Joven de Sanse acogerá la presentación de dos de los documentales españoles más laureados del año. A las 17:30h., en una sesión organizada por el grupo local de Amnistía Internacional, se podrá ver “La cifra negra”, galardonada con el premio del público en el último Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Posteriormente, a las 20h. será el turno para “Mudar la piel”. Estrenado en el Festival de Locarno y presentado también en San Sebastián, este film aborda una historia de amistad y traición entre Juan Gutiérrez, mediador entre ETA y el Estado y el agente del CESID que se dedicó a espiarle por orden del gobierno. Para presentar este apasionante largometraje contaremos con uno de sus directores, Cristóbal Fernández y con el productor Juan Barrero.

Finalmente, el domingo 2 de diciembre la Muestra se clausurará en el Centro Joven con un poderoso programa doble. A las 17:15 tendrá lugar la proyección de “Entre dos aguas”, flamante Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián. Un film donde su director, Isaki Lacuesta, vuelve sobre los personajes de su película “La leyenda del tiempo” (2006) para reflejar el paso de los años y la falta de oportunidades en un territorio desahuciado como el que constituye la bahía de Cádiz, en una insólita mezcla de documental y ficción. Sin duda, una de las películas del año.

La clausura correrá a cargo de la directora Almudena Carracedo, ganadora de un premio Emmy, quien presentará su documental “El silencio de otros”, sobre la memoria de las víctimas del franquismo. Este estremecedor largometraje, producido por los hermanos Almodóvar, fue presentado en el último Festival de Berlín, donde cosechó el aplauso de la crítica internacional y donde se hizo con el Premio del Público. La propia directora estará presente en Sanse para mantener un coloquio con los espectadores tras la proyección de su película.

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Palestina: 50 años de sometimiento

Israel mantiene desde hace medio siglo en los territorios ocupados, a ojos del derecho internacional, un régimen de colonización que viola los derechos humanos básicos, confisca tierras, construye asentamientos, se apropia de recursos, restringe los movimientos de las personas, divide poblaciones y ejerce represión militar y policial.

Cinco palestinos de Gaza sentados frente a un autobús y un edificio destruidos, en el 2014, por ataques aéreos israelís. AFP/ROBERT SCHMIDT

Cinco palestinos de Gaza sentados frente a un autobús y un edificio destruidos, en el 2014, por ataques aéreos israelís. AFP/ROBERT SCHMIDT

“Esta tierra nos pertenece, fue un regalo de Dios en 1967”, defiende Nahum Schwartz, pionero de la colonia judía de Amona, construida en el territorio palestino de Cisjordania en 1996 con el beneplácito extraoficial del gobierno.

Schwartz se refiere al año en que los israelís originaron la guerra de los seis días (5–10 de junio de 1967) y ocuparon Gaza, Cisjordania, Jerusalén este (territorios donde la comunidad internacional apoya crear el futuro Estado palestino), la península egipcia del Sinaí y una parte de los Altos del Golán sirios. Luego, Israel se anexionó Jerusalén este y el Golán.

Los terrenos de Amona pertenecían a familias palestinas que llevaron su caso al Tribunal Supremo de Israel. Tras años de lucha, ganaron y las autoridades israelís demolieron Amona hace cuatro meses. Sin embargo, los palestinos no pueden acceder a su tierra porque el Ejército israelí la ha declarado zona restringida.

Mariam Hammad, dueña de una de las parcelas, tiene 82 años y hace 20 que no pone un pie en su terreno, que para ella es “como un hijo”.

“Cuando Egipto e Israel hicieron la paz, en 1979, había 6.000 colonos. Cuando en 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo (entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina), había 160.000. Ahora hay más de 600.000”, apunta Nabil Shaath, asesor de asuntos internacionales del presidente palestino.

Según datos de la oenegé israelí B’Tselem, en Cisjordania se han edificado 127 asentamientos judíos con la aprobación del gobierno (sin incluir las colonias de Hebrón). En Jerusalén este, la parte de la ciudad ocupada por Israel, hay 15 colonias y casas de colonos diseminadas.

En Cisjordania hay un centenar de asentamientos llamados ‘outposts’, ilegales ante la ley israelí, aunque muchos obtuvieron el visto bueno oficial para fundarse, como Amona. El derecho internacional considera ilegales todas las colonias. La oenegé israelí Yesh Din indica que el ejecutivo ha legalizado de forma retroactiva –o está en proceso de hacerlo– un tercio de los outposts. La Kneset (Parlamento israelí) aprobó en febrero la ley de regularización de casi 4.000 viviendas en tierra palestina privada.

B’Tselem señala que los colonos de Cisjordania, incluida Jerusalén este, son más de 588.000. En los Altos del Golán viven 23.000 colonos, mientras la población nativa siria es de 25.000 habitantes que controlan solo el 5% de la tierra.

En el valle del Jordán vivían antes de 1967
unos 250.000 palestinos. Ahora quedan 70.000

La inversión de dinero público en las colonias es enorme y hay incentivos para los que se instalan en ellas. También el dinero privado es clave en su expansión. “Las asociaciones de ultraderecha israelís y de colonos tienen más fondos para invertir en la colonización de Jerusalén este que la Autoridad Palestina para todo su proyecto”, asegura Sergio Yahni, codirector del Centro de Información Alternativa, una oenegé palestino-israelí.

Los asentamientos suponen la confiscación de tierras y la apropiación de recursos naturales. Los israelís controlan ahora el 87% del acceso al acuífero en Cisjordania, según la coalición de oenegés EWASH.

Un colono consume de media 300 litros de agua por persona al día, un palestino de Cisjordania, 73 litros.Una de las zonas de Cisjordania más ricas en agua y tierras fértiles es el Valle del Jordán. Los palestinos tienen vetado el acceso al 91,5% de este área donde los colonos poseen granjas, plantaciones de palmeras, verduras y flores que en el 2015 (último año computado) les supuso un beneficio de 547 millones de euros, según la OLP. En este territorio fértil vivían antes de 1967 unos 250.000 palestinos. Ahora quedan 70.000.

HUNDIMIENTO DE LA ECONOMÍA

La ocupación es responsable de una buena parte del hundimiento de la economía palestina, según un informe reciente de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD). El documento denuncia “destrucción de bienes productivos, fragmentación de mercados locales, separación de mercados internacionales y dependencia forzosa de la economía israelí”.

Cisjordania está dividida en tres zonas: A, B y C, según el pacto de Oslo. El área C, que representa el 60% de Cisjordania, está bajo control militar y administrativo israelí. La CNUCD calcula que la ocupación en el área C cuesta a los palestinos el 35% de su PIB (4.000 millones de euros en 2015).

En Gaza, los israelís niegan el acceso de los campesinos a la mitad de las tierras cultivables y privan a los pescadores del 85% de sus recursos. Israel desalojó de la franja a su Ejército y sus colonos en el 2005, pero la mantiene sometida desde el 2007 a un bloqueo por tierra, mar y aire, con ayuda de Egipto, y entre el 2008 y el 2014 lanzó en Gaza tres ofensivas militares.

Otra fuente de ingresos que los palestinos ven diezmada por la ocupación es el turismo. En la zona C de Cisjordania, Jerusalén este y el Golán, los israelís controlan el acceso a los lugares de interés turístico y los administran como propios.

En el área C y en Jerusalén este, los colonos edifican sin problemas, pero los palestinos casi nunca obtienen permisos de construcción. Por necesidad, acaban construyendo sin licencia y se exponen a la demolición de sus viviendas.

Israel ha destruido a lo largo de los años miles de edificaciones: casas, escuelas, clínicas, granjas, parques infantiles. Hay pueblos enteros, como Susia, sobre los que pesan órdenes de demolición.

Las excavadoras israelís arrasaron el hogar de Mariam Majambre, de 71 años, en la aldea de Yinba, en las colinas del sur de Hebrón, una zona que el Ministerio de Defensa israelí declaró ‘Zona de Fuego 918’ para entreno militar.

“Es la segunda casa que me destruyen los militares”, cuenta Majambre, que vivía con 10 familiares, entre ellos cinco niños. En Yinba y Halaweh, el Ejército israelí aplastó estructuras financiadas por la UE y la ONU.

ATAQUES DE COLONOS

En la zona C, los palestinos son a menudo víctimas de ataques de colonos: asesinatos, violencia física, quema de casas, destrucción de árboles y cultivos y robo de cosechas.Yesh Din asegura que solo el 1,9% de las denuncias palestinas acaba en condena de los perpetradores. Varias oegenés alertan del alto grado de impunidad de las fuerzas de seguridad israelís, cuyos miembros casi nunca son procesados aunque haya pruebas de que dispararon a un palestino sin justificación. Los palestinos que lanzan piedras en protesta contra las fuerzas israelís, en cambio, se enfrentan a duras condenas. En Israel –donde se aplica la ley civil, a diferencia de Cisjordania, donde rige la ley militar–, la Kneset dio luz verde a las sentencias a 20 años de cárcel por tirar piedras.

En Cisjordania, los palestinos son juzgados en tribunales castrenses, en procesos que según las oenegés no cumplen con los estándares internacionales de juicios justos. Los arrestados denuncian malos tratos, amenazas y torturas en los interrogatorios. Entre los que sufren estas medidas hay menores, algunos detenidos con 12 años.

A mediados del 2016, según datos de B’Tselem, 319 menores estaban encerrados en cárceles israelís como “presos de seguridad”, 10 de ellos bajo detención administrativa (sin cargos ni juicio y prorrogable indefinidamente).

En Cisjordania, los niños palestinos cumplen penas de cárcel a partir de los 14 años. Y desde el 2015, en Israel los adolescentes también pueden ser encarcelados a esa edad por “actos de terrorismo”. El objetivo son los palestinos de Jerusalén este.

Desde el inicio de la ocupación, casi 800.000 palestinos han pasado por cárceles de Israel

Desde que empezó la ocupación, casi 800.000 palestinos (aproximadamente el 20% de la población), según la oenegé palestina Addameer, han pasado por las prisiones de Israel. Actualmente, hay unos 6.300 encarcelados.

Entre los civiles que han estado en prisión se encuentra el actor y cineasta Ramzi Maqdisi, nacido en Jerusalén hace 36 años. “Todo lo que pienso está relacionado con la ocupación, no tengo valores como las personas normales, como mis amigos europeos. Siempre pienso en contar historias de Palestina, echo de menos hacer una no vinculada al sufrimiento de vivir bajo ocupación”, dice Maqdisi.

Israel restringe la libertad de movimientos de los palestinos y eso afecta a todas las facetas de la vida. La cultura no es una excepción. Una obra con actores de Cisjordania no puede llevarse sin permiso israelí a Jerusalén este, donde la policía sigue suspendiendo espectáculos.

“La ocupación corta y limita nuestra identidad, separa a unos palestinos de otros, bajo un régimen de ‘apartheid’. No puedo ir a Gaza a presentar una película a mi gente”, subraya Maqdisi.

Su carnet de identidad es de residente en Jerusalén este, que los israelís consideran suyo. Con este estatus puede moverse por Israel y Cisjordania sin permiso, pero no entrar en Gaza.

PÉRDIDA DE LA RESIDENCIA

“A los palestinos de Jerusalén, Israel nos puede despojar de la residencia cuando quiera. Me siento privada de mi identidad nacional. Soy como una extranjera, no una ciudadana con derechos”, lamenta Nora Kurt, nacida en 1954 y que gestiona el Centro Cultural Wujoud en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén.

Los jerosolimitanos palestinos pueden perder su residencia si están en el extranjero más de siete años, según la ley. A los tres años de residir fuera tienen que regersar a Jerusalén para renovar su permiso de salida. Desde 1967, Israel ha retirado la residencia en Jerusalén a al menos 14.000 palestinos. Los de Cisjordania y Gaza necesitan permiso para entrar en Jerusalén este y en territorio israelí. Hay más de cien tipos de autorizaciones, entre ellas de trabajo y médicas.

“Hay palestinos de 30 años que no saben lo que es ser libre”, afirma el activista israelí Yehuda Shaul

Unos 70.000 palestinos de Cisjordania, según la Coordinación de las Actividades del Gobierno (israelí) en los Territorios (COGAT), trabajan en Israel con permiso y unos miles lo hacen de forma ilegal. Estos últimos cruzan a Israel franqueando de diversas maneras el muro que los israelís levantaron en este territorio, que confisca tierras y divide poblaciones.

Miles de palestinos reciben permisos para que los atiendan en hospitales en Israel –gastos pagados por la ANP– porque en Cisjordania y Gaza no hay tratamiento para sus enfermedades. A veces, porque Israel impide que llegue el material necesario. El ministerio de Sanidad de la ANP asegura que en el 2016 Israel rechazó la mitad de los permisos para enfermos de Gaza.

“La ocupación es una realidad donde millones de personas están despojadas de derechos y dignidad”, opina Yehuda Shaul, de 34 años y fundador de la oenegé israelí Rompiendo el Silencio. “Hay palestinos de mi edad que ni siquiera entienden lo que significa ser libre, que nunca han visto el mar. ¡Es demencial!”.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/historia-apartheid-6080103

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La IX Muestra de Cine y Derechos Humanos de Sanse presenta su programación más completa

10/11/2016.- Grandes directores y películas que muestran una lado diferente y menos amable de la vida llegan a Sanse.

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El 17 de noviembre, y hasta el día 20, comenzará la IX Muestra de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián de los Reyesque en esta edición apuesta por la diversidad y por abrir el debate sobre los Derechos Humanos a una audiencia amplia y heterogénea. Con esta idea en mente se ha decidido la programación que, por primera vez, ofrecerá diez largometrajes de una gran calidad.
 
Miryam Pérez Meliá, concejala de Cultura por Izquierda Independiente, comenta: “a pesar de que a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 diferentes países adoptaron medidas legislativas a favor de los mismos considero que estas son insuficientes y no se respetan de forma completa y universal como estamos pudiendo comprobar con la crisis de refugiados que estamos viviendo. Por esta razón, desde Sanse queremos apostar por todas aquellas acciones transversales que visibilicen y faciliten la reflexión y el significado de la vulneración de los derechos”.
 
La Muestra se inaugurará el jueves 17 con el preestreno de ‘Desierto’, de Jonás Cuarón y protagonizada por Gael García Bernal, que aún no ha llegado a las salas comerciales y que ha sido seleccionada por la Academia Mexicana de Cine para representar a su país en los Oscar. 
 
El viernes 18 la Muestra se traslada al Centro Joven donde los conflictos migratorios volverán a ser protagonistas con la proyección de ‘Amurallados’ y ‘Niebla’. El día se completa con un título facilitado por el Consejo Local de ONG’s de Sanse, el documental ‘The Lab’.
 
Por su parte, el sábado 19 se proyectarán en el Centro Joven, con la presentación previa de sus directores, la cinta de animación japonesa: ‘One piece Gold’ además de la comedia negra ‘El rey tuerto’ y el documental ‘Osvaldão’. Además de esto, se podrá ver en la Biblioteca Municipal ‘Y el cine marcha, una historia del cine al servicio de los derechos humanos’ gracias también al Consejo Local de ONG’s. 
 
Para finalizar, el cineasta Alfonso Domingo presentará el domingo su documental El ángel rojo’ sobre Melchor Rodríguez, director general de prisiones durante la II República. La Muestra cerrará con la proyección de ‘Rabin: el último día’, film israelí del prestigioso director Amos Gitai.
 
“Esta Muestra de Cine y Derechos Humanos es un compromiso político en la defensa y la protección de la dignidad e igualdad inherente de todos los seres humanos, por eso seguiremos luchando para llegar y concienciar al mayor número de personas posible pues solo así conseguiremos cambiar el rumbo social”, concluye Miryam Pérez.
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Las nuevas medidas antiterroristas en Europa disparan las violaciones de derechos humanos en 2015

Según el informe, en Europa, las medidas antiterroristas están dirigidas a limitar la entrada de personas migrantes y refugiadas

1/3/2016.- El último informe anual de Amnistía Internacional denuncia la represión a la que muchos ciudadanos se ven sometidos a causa de medidas nacionales creadas para garantizar la seguridad y el orden público

La reacción de los gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional en el último año ha supuesto una represión severa de la sociedad civil y la consecuente violación de sus libertades y derechos. Así lo pone de manifiesto el último Informe anual de Amnistía Internacional, en el que se analiza la situación de los derechos humanos en más de 160 países de todo el mundo.
 
“Millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los “valores” nacionales”, ha advertido el secretario general de la organización, Salil Shetty, en la presentación del informe de la gravedad de las medidas represorias.
 
2015 ha sido un año especialmente convulso en lo que a conflictos armados se refiere. La gravedad de los conflictos armados y el incremento del terrorismo ha obligado a 60 millones de personas a abandonar sus países y desplazarse forzosamente. Según Amnistía Internacional, ante tal situación, muchos gobiernos se han aferrado al pretexto de la necesidad de garantizar la seguridad nacional, el orden público o la protección de los valores nacionales, para llevar a cabo programas que, lejos de solucionar esa falta de derechos, la agravan. Las autoridades de numerosos países han reprimido la libertad de expresión y han reforzado y aplicado medidas como detenciones arbitrarias, reclusiones sin cargos ni juicio, torturas o la pena de muerte.
 
En el caso de Europa, el informe indica que las medidas antiterroristas de amplio alcance estaban, en gran medida, dirigidas a limitar la entrada de personas migrantes y refugiadas. En un principio, la mayoría recogía ciertas salvedades y casos de excepción que limitaban su aplicación a los abusos contra los derechos humanos.
 
Sin embargo, tal y como apunta Amnistía Internacional, poco a poco éstas fueron “vaciándose de contenido”, de manera que los Estados miembros de la Unión Europea, “pasaron por alto violaciones de derechos humanos que en otra época habrían condenado con firmeza, al tiempo que negociaban acuerdos económicos y buscaban el apoyo de terceros países para luchar contra el terrorismo y contener a las personas refugiadas y migrantes”.
 
Las otras consecuencias de los atentados de París
Francia, a raíz de los ocho ataques coordinados que causaron la muerte de 130 personas en noviembre, el gobierno declaró un estado de excepción que el Parlamento aprobó prolongar hasta el 26 de febrero. Además se modificó la ley permitiendo a la policía llevar   a cabo 2.090 registros domiciliarios entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre, y 296 personas fueron sometidas a localización permanente. El informe de Amnistía recalca que muchas de esas personas eran musulmanas, y que se vieron sometidas a ese tipo de medidas excepcionales en función de criterios poco específicos, como prácticas religiosas que las autoridades consideraban “radicales y que los convertían inmediatamente en una amenaza para el orden público y la seguridad internacional.
Tras los ataques de noviembre, Luxemburgo, Eslovaquia, Paises Bajos y otros países de la región endurecieron sus leyes antiterroristas que contemplaban alargar el periodo que podían pasar en prisión preventiva los sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo, sin que fuera necesario demostrar tales sospechas. En Reino Unido, esto se acompañó de medidas diseñadas para identificar y prevenir los “extremismos violentos” que, como apuntan desde la organización pro derechos humanos, entrañaban el peligro de estigmatizar a la población musulmana.
En la misma línea, en Australia se aprobó una ley que quitaba la ciudadanía australiana a quienes tuvieran doble nacionalidad y fueran sospechosos de participar en actividades relacionadas con el terrorismo, sin que los criterios para considerar a alguien “sospechoso” estuvieran claramente definidos, por lo que tales personas podían perder la ciudadanía sin haber sido previamente condenadas.
 
El caso de los titiriteros, un ejemplo más
Con la entrada en vigor en julio de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, España ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión. Las fuerzas de seguridad han adquirido una mayor competencia y pueden multar hasta con 30.000 euros a quienes graben imágenes de agentes de policía en algunas circunstancias. “Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado a la libertad de expresión”, destacó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Beltrán ha señalado que el problema no es tanto la existencia de estas medidas, sino su prolongación en el tiempo: “Es legítimo que los gobiernos se defiendan de los ataques. El gran problema es que lo que debe ser algo excepcional, se convierte en algo habitual y estas leyes acaban aplicándose a personas que no tienen nada que ver con la amenaza inicial. No sólo es ilegal e inaceptable en el marco internacional, sino que es contraproducente y puede contribuir a prolongar los conflictos”
La extensión continua de una medida creada con carácter supuestamente excepcional, tal y como señala Beltrán, tiene como caso paradigmático a Estados Unidos, en donde nadie ha comparecido aún ante la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detención secreta e interrogatorio de la CIA que se inició a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe completo sobre dicho programa sigue aún clasificado como alto secreto, lo que facilita la impunidad, y la mayoría de los detenidos siguen recluidos en Guantánamo, sin cargos ni juicio.
“Técnicas de interrogatorio mejoradas”: las torturas
La tortura se ha calificado bajo el eufemismo de “técnicas de interrogatorio mejoradas”, tal y como se empezó a denominar durante la llamada “guerra contra el terror” antes de la Primavera Árabe. A día de hoy Amnistía Internacional sigue denunciando la existencia de torturas sistemáticas y malos tratos a detenidos en toda la región de Oriente medio y en el Norte de África. En Egipto, las fuerzas de seguridad agreden a menudo a personas en el momento de la detención para, una vez encarcelados, someterlas a palizas y descargas eléctricas, aún siendo prácticas ilegales. En Irán, sin embargo, su práctica se incluye en las penas que imponen los tribunales, entre las que no es raro encontrar la flagelación, la lapidación, la ceguera o la amputación de miembros a los condenados.
A día de hoy, las autoridades de Arabia Saudí siguen deteniendo, enjuiciando y encarcelando a defensores pacíficos de los derechos humanos aplicando la legislación antiterrorista de 2014. Es el caso de las activistas de los derechos de las mujeres Loujain al Hathloul y Maysaa al Amoudi, que fueron acusadas de delitos tipificados en la legislación tras ser detenidas a finales de 2014 por desafiar la prohibición de conducir vehículos que pesaba sobre las mujeres. Algo similar a lo que ocurre en la República de Chad, donde la definición de “terrorismo” que recoge el proyecto de ley que entró en vigor el pasado agosto es muy general.
Desde entonces, Amnistía Internacional ha detectado un incremento en las operaciones de registro en domicilios, controles de seguridad y lugares públicos, en un país donde se prohibió la mendicidad pública y el uso de velos que cubrieran totalmente el rostro alegando motivos de seguridad.
Amnistía Internacional denuncia también los graves abusos y violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto de los conflictos   acontecidos en el último año en Burundi, en donde se intensificó la violencia y se aconteció una crisis política cuyas revueltas se intentaron disolver con un uso brutal y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica, en donde además se empleó la fuerza excesiva en operaciones de “limpieza” con el fin de deshacerse de personas inmigrantes indocumentadas.
8 de los 10 países más violentos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. En   Brasil, Colombia, México y Venezuela se cometen un 25% de los homicidios violentos a nivel mundial, según señala el informe. El grave problema de esta región es la impunidad. Únicamente un 20% de los homicidios cometidos en América Latina terminan en condena.
Además, los activistas de derechos humanos especializados en la defensa de la tierra y los recursos naturales son cada vez más expuestos a la violencia al ser víctimas potenciales de homicidio y desaparición forzada. Sin embargo, aquí los gobiernos no han hecho más que reforzar esa situación de impunidad al insistir en la inclusión de disposiciones que respaldan legislaciones nacionales que ignoran la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Desde Amnistía Internacional denuncian la necesidad de que los Estados refuercen la protección internacional de los derechos humanos con campañas de seguridad nacional que no los perjudiquen, sino refuercen: “La mayoría de esas campañas obedecen a intereses particulares y han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades fundamentales”.
 
 

Gaza un año después de la guerra: en ruinas y sin esperanza

Noticia de publico.es"."

9/7/15. Un año después del inicio de la última invasión israelí de Gaza, la situación en la Franja ha empeorado significativamente debido al bloqueo impuesto por Israel. La reconstrucción prácticamente no ha comenzado y 1,8 millones de civiles pagan las consecuencias a diario.

La situación de la Franja de Gaza siempre es susceptible de empeorar. Es el camino que emprendió tras la guerra de 1948 y el que ha seguido desde entonces, especialmente tras las tres guerras de la última década, que han hecho del sufrimiento de la población civil palestina moneda corriente ante la pasividad de la comunidad internacional.

En la noche del 7 al 8 de julio de hace un año Israel desencadenó la Operación Margen Protector, que se prolongó durante 50 días y dejó más de 2.200 palestinos muertos, el 70 por ciento civiles, incluidos 551 niños, según las Naciones Unidas, mientras que en el lado israelí murieron 67 soldados y seis civiles.

 
La invasión causó además una destrucción descomunal, sin precedentes en la historia de la Franja. Se contabilizó la destrucción completa o severa de 18.000 viviendas, así como la destrucción parcial de otras 138.000 viviendas. Algunos escombros se han retirado de las zonas más castigadas por los bombardeos, pero la mayoría siguen donde estaban.

Puede decirse con propiedad que la reconstrucción no ha comenzado. A Gaza tan solo ha llegado un 1 por ciento de los materiales que se necesitan para devolver las zonas castigadas a la situación en que estaban en junio de 2014, según ha señalado la UNRWA, que es la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.

Esto se debe al bloqueo que Israel ha declarado sobre Gaza, un bloqueo que ya dura más de siete años y que ha atravesado por momentos de una agresividad extraordinaria que incluso ha afectado a alimentos y medicinas, y que en las circunstancias actuales se centra sobre todo en los materiales de construcción.

“Si no se abordan el bloqueo y la ocupación de Palestina, asistiremos de nuevo a este ciclo absurdo de destrucción y reconstrucción, como lo hemos visto en los últimos siete años, con consecuencias catastróficas para palestinos e israelíes”, ha dicho Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para el Refugiado.

El bloqueo vulnera el derecho humanitario internacional y afecta a 1,8 millones de civiles que residen en la Franja. Esta situación se ha agravado desde el golpe de Estado de hace dos años en Egipto, puesto que la primera decisión de los golpistas fue destruir cientos de túneles que comunicaban la Franja con Egipto y por donde entraban todo tipo de bienes y alimentos.

En consecuencia, el precio de algunos productos básicos se ha disparado. Israel permite la entrada de productos desde Israel pero no de todos los productos que precisan los gazatíes. El gobierno hebreo sostiene que algunos productos son de doble uso, de ahí que no haya autorizado la entrada de materiales de construcción.

En las circunstancias actuales, el 80 por ciento de la población de Gaza depende de la ayuda internacional que en su mayor parte se gestiona a través de la UNRWA. La ayuda que se prometió después de la guerra del año pasado no siempre se ha materializado, de manera que la agencia de las Naciones Unidas no puede asistir a todas las personas necesitadas.

Las dos terceras partes de la población son refugiados o descendientes de los refugiados de la guerra de 1948, a quienes no se les permite salir de la Franja salvo en contadas ocasiones. Esto se debe tanto al cierre de la Franja por parte de Israel como al cierre por parte de Egipto, que únicamente abre el paso de Rafah en contadas ocasiones.

Como consecuencia de la destrucción de la guerra de 2014 hubo casi medio millón de desplazados, es decir casi la tercera parte de la población. Todavía hoy hay alrededor de 100.000 personas que carecen de techo puesto que sus casas no se han podido reconstruir debido a la persistencia del bloqueo. Otros damnificados están viviendo en casas ajenas, bien de familiares bien de personas de buena voluntad.

La economía se basaba en el comercio, pero a causa del bloqueo han desaparecido los medios de subsistencia de buena parte de la población. Por todas partes se ven negocios cerrados y la tasa de desocupación supera holgadamente el 50 por ciento, mientras que muchas de las personas ocupadas trabajan a cambio de salarios simbólicos. Según Robert Turner, director de operaciones de la UNRWA, el bloqueo “ha destruido” la precaria economía local.

La UNRWA estima que al nivel al que actualmente están entrando materiales de construcción se tardará más de medio siglo reconstruir las viviendas destruidas durante la operación Margen Protector. Sin embargo, la comunidad internacional asiste pasiva a la tragedia de los palestinos de la Franja.

Una de las consecuencias de la guerra de 2014 ha sido la decisión de Palestina dedenunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El proceso judicial ha comenzado pero puede durar años. De momento la fiscalía de La Haya está estudiando los informes presentados por los palestinos y todavía no ha tomado una decisión al respecto.

Naturalmente, que la CPI adopte una decisión favorable a los palestinos no significa que se vaya a acabar con el conflicto puesto que existen un montón de resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU que Israel nunca ha cumplido. Los israelíes cuentan con el apoyo incondicional de Estados Unidos mientras que los países europeos han optado por permanecer con los brazos cruzados.