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La comisión de investigación sobre los convenios del Ayuntamiento de Sanse con el Canal sigue paralizada

17/04/2018.- El gobierno de Sanse se niega a incorporar al expediente de la comisión los documentos que solicitó Izquierda Independiente para que se investiguen los posibles perjuicios para la ciudadanía que están teniendo los acuerdos entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II. La Comisión reunida ayer, tres meses después de su constitución, sigue sin tener régimen de funcionamiento, plan de comparecencias o informe técnico alguno.

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El pasado 20 de febrero Izquierda Independiente solicitó que se incorporasen a esta Comisión de Investigación los documentos necesarios para estudiar adecuadamente la relación existente entre el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Canal de Isabel II. También reclamó que se solicite a la Comunidad de Madrid otra serie de informes. Sin embargo el presidente de la Comisión, el concejal del PSOE Andrés García Caro ha denegado todas estas peticiones.

Ayer se celebró la segunda sesión de dicha Comisión con el único punto en el orden del día de dejar sin efecto el acuerdo de la sesión anterior, que tuvo lugar hace tres meses, lo que supone volver a empezar de 0. Hasta la fecha, y a pesar de que la Comisión de Investigación se aprobó hace ya casi un año, todavía no se tiene reglamento de funcionamiento y los grupos políticos no han podido proponer comparecientes o solicitar informes aún. Tampoco se ha aceptado la propuesta de retransmitir en directo la comisión, como sí se hizo con la Comisión sobre los convenios de Waiter Music.

Además, el concejal de urbanismo y presidente de la Comisión ha tardado 40 días en trasladar a los miembros de la misma la renuncia del Director de Territorio así como en emitir el informe que él mismo propuso.

Para Izquierda Independiente esta inacción es una prueba más de la falta de voluntad del PSOE de Sanse por investigar las posibles ramificaciones que las tramas de corrupción que afectan al Canal de Isabel II pudieran tener en nuestro municipio.

Los convenios que se pretende investigar, firmados en 2012 por el anterior gobierno del Partido Popular, se hicieron en relación con el proceso privatizador del Canal de Isabel II y, como ya denunció Izquierda Independiente en su momento, provocaron un aumento en las tarifas del agua en nuestro municipio.

Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, afirma que “el saqueo del Canal de Isabel II que se está destapando con la operación Lezo incluía la privatización de la empresa pública entre sus objetivos, una privatización que necesitaba de la colaboración de los Ayuntamientos a través de unos convenios que creemos han sido lesivos para los vecinos y vecinas. Pero lamentablemente el PSOE, al igual que ha hecho con la investigación de los convenios de Waiter Music, prefiere entorpecer una investigación sobre los posibles desmanes del Partido Popular en su gestión en años anteriores”.

“Es una pena que solo Izquierda Independiente tenga interés en trabajar e investigar de verdad sobre una cuestión que podría afectar al bolsillo de los vecinos y vecinas de Sanse ya que el resto de grupos políticos, por acción u omisión, están permitiendo que esta Comisión de Investigación no empiece ni a trabajar”, concluye el concejal de Izquierda Independiente Miguel Ángel Fernández.

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Pilar Esquinas: «estamos cambiando el valor del agua por dinero»

“Para parar una privatización hay que inocular el virus en el monstruo: Papel, registro, control de la documentación y empezar a cuestionar”

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“Yo siempre digo que para parar una privatización, lo más importante es que hay que inocular el virus en el monstruo. Y es: Papel, papel papel, registro, control de la documentación y empezar a cuestionar”. Pronuncia estas palabras Pilar Esquinas, abogada especialista en derecho de aguas, que pone su saber y su experiencia al servicio de causas que desembocan en la defensa del agua para todos, no para su mercadeo. En su extenso currículum, cabe destacar que ha formado parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, ha sido una de las impulsoras de la Marea Azul y se ha encontrado entre las abogadas que coordinó la consulta por la Sanidad Pública, movimiento que recabó un millón de firmas contra la privatización de los hospitales públicos de Madrid. Además, Pilar Esquinas es presidenta de la Asociación de Afectados por las expropiaciones de Las Cabezadas en Aranjuez, ha luchado por la paralización de la privatización del agua en Alcázar de San Juan y ha participado en el Foro Alternativo del Agua de Marsella en 2012 y en el foro de la ONU del Agua en Zaragoza en 2015.


¿Cómo está la situación del agua en la actualidad?

PILARESQUINAS.- Cuando se empezó a activar la Directiva Marco del Agua realmente este mercado concesional se ha ido fraguando en base a todas las barbaridades que se hicieron con el mundo del ladrillo. Es muy fuerte, porque estamos cambiando el valor del agua por dinero y sobre todo porque se va a crear una necesidad. Primero te hablan de escasez, te hablan de sequía para llegar y poder decir que tienen que crearse estas concesiones y esas concesiones son títulos para poderlo utilizar. El problema está en que aquí el agua lo que está sirviendo es para llegar y generar lo que está generando, que es una auténtica barbaridad, porque por ejemplo hace unos días se acaba de confirmar que en el Guadiana se va a llevar un 10% la Confederación de cada contrato de cesión o venta de agua. Es una venta de agua, pero luego ya hay comisionistas que cobran al que compra y al que recibe el agua y se está hablando ya de 10.000 euros la hectárea… Se están yendo los números en relación a la burbuja hídrica que se está creando y que acaba de empezar.


Esta UE que favorece a la banca y a las multinacionales tampoco ayuda. De hecho, una gran beneficiaria de la privatización del agua es Suez

PE.- Sabemos que esta burbuja que hemos vivido y todo el rescate de los bancos ha sido en torno al tema del ladrillo y cuando los cavernícolas empezamos a decir que entramos en dación en pago, que ya no queremos pagar más por nuestra cueva, de repente se ha buscado un bien en el que sí o sí vamos a pagar. Y es justamente el agua.


¿Cuáles son las empresas que tú conozcas, por tu experiencia, más depredadoras del agua?

PE.- Suez es la más grave. Además lleva un siglo funcionando. Es una empresa que sabe perfectamente cómo funcionar, cómo llegar a los gobiernos, cómo comprar voluntades y no es hablar por hablar. Es una realidad de los expedientes. Por ejemplo, en España ahora mismo está mutando a diferentes marcas, porque ya ha estado conectada con el caso Pokémon, el caso Lezo o Púnica, sobre todo con Cofely, con la rama de la energía. Sabe perfectamente cómo posicionarse en servicios estratégicos como energía, agua, comunicaciones… Sabe perfectamente dónde meterse y es muy peligrosa.


¿Alguna más que tú tengas identificada?

PE.- CocaCola, Nestlé también está siendo bastante depredadora. Por ejemplo, aquí en España ha sabido de una forma muy discreta llegar y tener esas embotelladoras porque tiene muy buena campaña de marketing. CocaCola también es otra empresa que está embotellando bastante. Pero sobre todo Suez es que es más astuta. Sabe no sólo tocar la cuota industrial, sino sobre todo la de abastecimiento y ahora la cuota agraria, porque Suez Agrícola es la que está empezando a gestionar las comunidades de regantes y ahí está lo preocupante.


También Bezoya

PE.- Sí, además el expediente Bezoya es bastante opaco, no sabemos qué canon está pagando a las poblaciones donde está implantada, no tenemos acceso al informe inicial ni al actual… hay mucha opacidad. Vale que ciudades como Segovia no tienen mucho trabajo y cualquier industria es un beneficio, pero también hay que pensar y hay que ver que estas empresas lo que están haciendo también es quedarse con los recursos, porque al fin y al cabo Bezoya lo único que hace es sacar un recurso que es de todos los segovianos. Hace unos días hacía unas declaraciones uno de los directivos de Bezoya que está sacando 183,5 millones de euros. Eso es mucho dinero, que sepamos en A, porque no sabemos cuánto será la cuenta en Z.


¿Cuál es el papel que según tu opinión está jugando la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Gobierno de España?

PE.- Ocultismo, falta de transparencia y… no me gusta hablar con el Código Penal enfrente, pero no está siendo responsable y no me da unas garantías de un trato justo, igualitario… Me preocupa mucho, porque realmente es hablar con un muro, cuando en realidad tendría que ser esa administración cercana, de acceso transparente y buscando la legalidad. En cambio, lo que se ve son trapicheos, expedientes a medio hacer, donde unos pueden llegar si son coleguitas de… En cambio, si el pequeño ciudadano quiere llegar y tener acceso a su información, no puede e incluso le ponen mil y una trabas para que se aburra y pierda sus derechos históricos. Eso no es legalidad.


¿Y qué piensas que es lo que oculta o persigue?

PE.- La CHD está ahora mismo en mínimos. Los cuadros que había antes de personal, de funcionarios, se han ido poco a poco. Las grandes constructoras también se han encargado desde hace años en irse metiendo poquito a poco, se han ido externalizando sus mantenimientos de obras, de consultoría y ahora se han quedado cuadros mínimos. Entonces es fácil comprar a la gente. Comprar voluntades, inducir… estamos viendo en prensa todos los días cómo un funcionario puede cambiar unas notas [se refiere al polémico master de Cristina Cifuentes [1]]…


¿Y quién se puede beneficiar de este ‘modus operandi’?

PE.- Todas esas concesiones, cuando se activó la Directiva Marco del Agua, tendría que haberse creado un catálogo de aguas de libre acceso donde estén registrados todos los antiguos y los nuevos que están pidiendo concesiones. No se tiene acceso a ese catálogo de aguas y además es bastante oscuro a la hora de llegar y comprobar quiénes eran los que estaban antes y quiénes son los que se se están otorgando ahora. Y sobre todo el listado de nuevas concesiones y ver esos accesos, tener acceso a ese expediente.


¿Cómo pueden ganar los regantes, el campo, los dueños de los derechos históricos del agua frente a una CHD que actúa así, en beneficio de las multinacionales?

PE.- Sobre todo, metodología de lucha. Primero, encontrar toda la documentación que tengan en su mano: Escrituras, recibos, fotografías… y empezar a hablar con el vecino. Crear una red, sobre todo de móviles, que no tengan miedo a llegar y preguntar. Porque si nuestras tribus han estado funcionando siglos y siglos ha sido por la colaboración y la gente del campo, aunque han tenido sus más y sus menos, pero siempre, cuando se ha tenido que echar una mano, se ha echado una mano, cuando ha habido que limpiar las caceras, se limpiaban las caceras todos juntos. Cuando ha habido que llegar y ha habido un problema, se ha tirado para adelante. Entonces, la única fórmula que hay es pidiendo transparencia y comprobando cuáles son tus datos y si tu documentación es mejor o apoya a que el vecino pueda también defenderse, es la única vía.


¿Y a nivel jurídico?

PE.- A nivel jurídico, la única vía es activar la Ley de Transparencia y sobre todo empezar a hacer un seguimiento burocrático. Yo siempre digo que para parar una privatización, el coste de oportunidad y el factor tiempo es fundamental, pero lo más importante es que hay que inocular el virus en el monstruo. Y es: Papel, papel papel, registro, control de la documentación y empezar a cuestionar y que justifiquen esos funcionarios cómo han procedido y qué es lo que han hecho. Para eso, significa tener mucha metodología, mucha estrategia, mucha constancia y mucha firmeza. Y sobre todo, paciencia.


P.- ¿Qué relación hay entre la burbuja del agua y la deuda?

PE.- Una vez constituida la comunidad de regantes, por parte del Ministerio se les dice que con la dotación de agua que tienen no van a poder regar y les obligan a modernizar el regadío. Casi siempre, el informe de viabilidad, técnico y económico suele ser bastante oscuro. Se hace con mucha rapidez y casi siempre dice que está subvencionado. Pero en realidad eso es mentira. Acarrea muchísimos problemas técnicos. Por los estatutos de las comunidades de regantes te dicen que cada comunero tiene los mismos derechos y obligaciones y las deudas generadas por agua suponen una carga a la tierra del comunero. Esa deuda, que suele ser millonaria, si no la puedes pagar, te ejecutan, te embargan y te subastan sin pasar por un juzgado. Hay muchos casos. Por ejemplo, la comunidad de regantes Molina de Segura, en Murcia, ya está en concurso de acreedores.

http://www.cadtm.org/Pilar-Esquinas-estamos-cambiando

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Izquierda Independiente reclama avances en la investigación de los convenios con el Canal de Isabel II

Izquierda Independiente ha solicitado, en el marco de la Comisión de Investigación sobre los convenios firmados con el Canal de Isabel II, treinta documentos a los servicios técnicos municipales y otros diez al Canal de Isabel II para conocer y entender la relación existente entre el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Canal. El partido también pide que se convoque ya la Comisión para acordar el funcionamiento y proponer comparecientes.

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La corrupción en torno al Canal de Isabel II ha desembocado en una de las mayores investigaciones sobre el expolio de dinero público, la “Operación Lezo”, en la que están siendo imputadas más de cincuenta personas y por la que ha sido encarcelado el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y firmante de los convenios investigados, Ignacio González.

Para Izquierda Independiente la firma de los convenios en el año 2012 entre el Canal de Isabel II y numerosos ayuntamientos madrileños, como el de Sanse, puede ser una pieza más en el entramado montado por Ignacio González para saquear una de las empresas públicas más importantes de la Comunidad de Madrid como es el Canal.

Por esta razón el partido local pidió en mayo del año pasado que se revisaran estos convenios y se constituyera una Comisión de Investigación que analizase la repercusión de los mismos en la ciudadanía.

Ahora Izquierda Independiente ha solicitado numerosos documentos para investigar a fondo la relación entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento. Alguno de ellos son los antecedentes a la situación actual, como los acuerdos firmados desde 1973, los informes jurídicos elaborados en materia de aguas o el mapa de todas las infraestructuras de distribución o saneamiento, cedidas o no, al Canal. También ha requerido los datos acerca de lo cobrado a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes en concepto de “alcantarillado”, servicio que ha visto multiplicadas las quejas vecinales por su deficiente servicio desde que éste depende de la empresa Canal Gestión.

Comisión de Investigación paralizada

Lamentablemente, solo se ha convocado una sesión de la Comisión de Investigación hasta la fecha y en ella solo se constituyó la misma y se solicitó un informe a un técnico municipal. De hecho, el expediente actual de la Comisión no tiene ni siquiera la relación de convenios que se supone debe investigar.

Izquierda Independiente ha solicitado se incorporen todos los datos y antecedentes en materia de agua al expediente de la Comisión. También ha pedido que se convoque cuanto antes la segunda sesión de la misma para hacer una propuesta de comparecientes que permita desgranar el funcionamiento de los convenios. Unos acuerdos que cedían una competencia municipal, la del abastecimiento, evacuación y tratamiento de las aguas, a una empresa en pleno proceso privatizador.

Presentación del libro “Más claro Agua” en Sanse

Al hilo de la corrupción en el entorno del Canal, Izquierda Independiente ha organizado, junto a la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, la presentación del libro “Más claro Agua”, que denuncia el saqueo del Canal de Isabel II, su intento de privatización y los casos de corrupción relacionados.

La presentación tendrá lugar mañana miércoles 21, a las 18.30h, en la #SedeAbierta semanal del partido, en la C/ San Vicente nº 19, y en ella participarán Enrique Ortega, miembro de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, Liliana Pineda, abogada y miembro de ATTAC, Jesús Navas, editor y Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente.

Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, afirma que “la corrupción y el intento de privatización del Canal solo ha supuesto perjuicio para los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas así como para la calidad de los servicios ofrecidos en Sanse, por eso os animamos a venir mañana a la presentación en la que podréis conocer de boca de los autores de “Más claro agua” hasta donde llega este caso de corrupción”.

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Izquierda Independiente y la Plataforma contra la privatización del Canal presentan el libro “Más claro agua”

El texto que denuncia el saqueo del Canal de Isabel II, su intento de privatización y los casos de corrupción como el que ha llevado a la cárcel al que fuera Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llega a Sanse. La presentación tendrá lugar el miércoles 21 de febrero, a las 18.30h, en la #SedeAbierta semanal del partido, en la C/ San Vicente nº 19.

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Han sido numerosas las denuncias de irregularidades desde que comenzó el proceso de privatización del Canal de Isabel II en el año 2008. Estas sospechas culminaron con la “Operación Lezo”, que destapó una trama entretejida durante el gobierno del Partido de Popular, partido que aprovechó su liderazgo para expoliar lo público y enriquecerse en detrimento del resto de la sociedad.

Desde que comenzó esta privatización numerosas plataformas y grupos ciudadanos se unieron con el objetivo de pararla e informar a la ciudadanía. “Más claro agua” es la obra colectiva, impulsada por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y la Marea Azul, resultado del trabajo de numerosas personas que buscan promover la movilización social que impida que continúe el saqueo del Canal.

Este libro cuestiona en su primera parte la mercantilización del agua reflexionando sobre el agua como un común y desmontando los modelos de privatización. En la segunda pone al descubierto el proceso de desmantelamiento y saqueo de la empresa pública CYII explicando los cambios legislativos que lo han permitido, mostrando también quién gana y quién pierde con la privatización y evidenciando las mentiras esgrimidas para justificarla.

Qué ocurre en Sanse

En San Sebastián de los Reyes el Ayuntamiento también tiene convenios con el Canal de Isabel II firmados por el PP y relacionados con el proceso de privatización. Convenios que, tras de más de cinco años funcionando, han demostrado no ser  beneficiosos para el municipio. Un claro ejemplo es el del mantenimiento del alcantarillado, que ha visto cómo se multiplican las quejas vecinales por un deficiente servicio desde que este depende de la empresa Canal Gestión.

Dado que Izquierda Independiente apuesta por la desprivatización del Canal solicitó en mayo de 2017 que se revisaran los convenios, que el Ayuntamiento se personara como acusación particular y que se creara una Comisión de Investigación para revisar la legalidad de dichos convenios analizando el posible daño causado a los intereses municipales y el coste soportado por la ciudadanía. Dicha Comisión se constituyó el pasado enero.

“Más claro Agua” en Sanse

La presentación y posterior coloquio tendrá el miércoles 21 de febrero, a las 18.30h, en la #SedeAbierta semanal de Izquierda Independiente, en la C/ San Vicente nº 19.

En ella participarán Enrique Ortega, miembro de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, Liliana Pineda, abogada y miembro de ATTAC, Jesús Navas, editor y Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente.

Liliana Pineda, abogada y miembro de ATTAC, afirma que “que lo más importante de estos procesos de denuncia es el reproche social. Es decir, que la gente que ha gestionado lo público, permitiendo o protagonizando el saqueo, responda ante la sociedad y reciba el reproche social. Esto es más importante, incluso, que la pena misma que impongan los tribunales. Pero para que esto sea posible se necesita que todas las instituciones en las que participan alcaldes, cargos públicos,  jueces y fiscales, ejerzan sus funciones”.

Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, comenta: “no podemos permanecer pasivos ante estos casos de corrupción que asolan nuestra Comunidad. La corrupción y el intento de privatización del Canal solo ha supuesto perjuicio para los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas así como para la calidad de los servicios ofrecidos en Sanse, por eso creemos que hay que tomar medidas contundentes e informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo con un bien que es de todos y todas. Os animamos a venir a la presentación del próximo miércoles 21 en la que podréis conocer de boca de los autores de “Más claro agua” hasta donde llega este caso de corrupción”.

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Pleno mayo – Presentamos moción Canal Isabel II 3

Desde que el mantenimiento del alcantarillado es responsabilidad de la empresa Canal Gestión se han multiplicado las quejas vecinales por malos olores o por la aparición de insectos o roedores, fruto de un deficiente servicio. Y, por si fuera poco, los vecinos y vecinas de Sanse pagan mucho más en el recibo del agua por el concepto de “alcantarillado”, que supone un 10% del mismo por eso pedimos que se revierta la privatización

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Pleno mayo – Presentamos moción Canal Isabel II 2

Instamos al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a que se persone como acusación particular así como a que cree una Comisión de Investigación para revisar la legalidad de los convenios firmados.

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Pleno mayo – Presentamos moción Canal Isabel II

Nuestro concejal Miguel Ángel Fernández presenta nuestra moción para pedir que se revierta el proceso de privatización del Canal de Isabel II

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Izquierda Independiente solicita que se revisen los convenios con el Canal de Isabel II

El partido local, que apuesta por la desprivatización del Canal, ha presentado una moción para instar al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a que se persone como acusación particular así como a que cree una Comisión de Investigación para revisar la legalidad de los convenios firmados. Mociones similares han sido presentadas y aprobadas por los Ayuntamientos de Madrid, Colmenar, Getafe o Móstoles.

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La corrupción es el tema más candente en los medios de comunicación y uno de los últimos casos ha sido el relacionado con la gestión del Canal de Isabel II. La denominada “Operación Lezo” está investigando esta supuesta trama de corrupción y, más concretamente, el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior Gobierno regional del Partido Popular, así como a notables empresarios vinculados con esta trama.
 
Han sido numerosas las denuncias de irregularidades relacionadas con la gestión del Canal de Isabel II desde que en 2008 se iniciara el proceso de privatización de esta empresa pública y la “Operación Lezo“ ha venido a destapar una trama que se fue entretejiendo durante el gobierno del Partido de Popular, quien aprovechó su liderazgo para expoliar lo público y enriquecerse unos pocos en detrimento del resto de la sociedad. 
 
Ante la gravedad de los hechos, un nuevo saqueo de fondos públicos, Izquierda Independiente cree que el Ayuntamiento de Sanse, que es accionista minoritario de Canal de Isabel II Gestión S.A, tiene la obligación de actuar con firmeza en defensa de los intereses de la ciudadanía.
 
Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, comenta: “las instituciones no podemos ni debemos permanecer pasivas ante estos casos de corrupción que asolan nuestra Comunidad. Tampoco bastan manifestaciones de rechazo. Debemos actuar y tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir este tipo de abusos así como para castigar a aquellas personas que han utilizado el poder para su propio beneficio”.
 
La desviación de fondos públicos que está siendo investigada ha podido suponer un importante perjuicio patrimonial para San Sebastián de los Reyes y, por tanto, para los vecinos y vecinas del municipio. Por ello, el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar en defensa de los intereses de la ciudadanía y adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito judicial, político o social.     
 
Por otro lado, después de más de cuatro años funcionando conforme a los convenios firmados con el Canal de Isabel II, el partido cree que es momento de replantearse su continuidad, pues dichos acuerdos no han sido nada beneficiosos para Sanse. 
 
Desde que el mantenimiento del alcantarillado es responsabilidad de la empresa Canal Gestión se han multiplicado las quejas vecinales por malos olores o por la aparición de insectos o roedores, fruto de un deficiente servicio. Y, por si fuera poco, los vecinos y vecinas de Sanse pagan mucho más en el recibo del agua por el concepto de “alcantarillado”, que supone un 10% del mismo.
 
Por todo ello, Izquierda Independiente ha propuesto al Pleno de Sanse no solo que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, sino que se cree una Comisión de Investigación que revise la oportunidad y legalidad de los convenios suscritos analizando el posible daño causado a los intereses municipales y el coste soportado por la ciudadanía para, posteriormente, instar a la Comunidad de Madrid a que anule las resoluciones con las que se decidió la privatización del Canal de Isabel II.    
 
“Esta privatización solo ha supuesto perjuicio para los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas así como para el mantenimiento del alcantarillado y la calidad de los servicios ofrecidos, por ello pedimos que se abra un debate sobre la futura gestión del agua que garantice un modelo público, transparente, democrático y con rendición de cuentas”, concluye Rubén Holguera.
 
Puede consultar la moción completa aquí.
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La gestión del agua de Madrid, Vitoria y Bilbao, las de mayor riesgo de ser privatizadas

Noticia de ´publico.es´.

15/5/15. Un informe alerta del riesgo de que los ayuntamientos especulen con el suministro del agua para tratar de hacer caja.

El Canal de Isabel II en Madrid, AMVISA en Vitoria-Gasteiz y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia son las tres compañías públicas de suministro de agua con más peligro de ser privatizadas. Es la principal conclusión del estudio que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) lanza este viernes y al que ha tenido acceso por adelantado este diario.

“Hemos examinado el riesgo de privatización según el interés económico que pueden tener, su transparencia y la voluntad publicada de los partidos y de los políticos que gestionan estas compañías”, explica el secretario general de AEOPAS, Jaime Morell. 

La investigación, realizada sobre una muestra de 15 operadores públicos de abastecimiento y saneamiento, divide el estado actual de las firmas en tres escalones de riesgo: bajo, medio y alto; como tres categorías estanco de una escala que va de 0 a 5. La puntuación más alta, y por ende la más próxima a esa futura privatización, la comparten el Canal de Isabel II y Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA), ambas con 3,18 puntos. En un segundo escalón se sitúa el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (3,05).

 
El comportamiento de estas tres empresas es muy similar en las tres dimensiones que analiza el Estudio sobre riesgo de privatización de empresas públicas de abastecimiento y saneamiento de agua, llevado a cabo entre abril y mayo de 2015: marco institucional, dimensión económica, además de transparencia y participación. El informe también sirve paradenunciar que “no existe regulación en el sector, no existen indicadores para ver cómo se gestiona este servicio público, que se comporta como un monopolio y sobre el que existe mucho oscurantismo”, remarca Morell.

Este profesor de la Universidad de Sevilla resume en dos los grandes problemas del sector urbano del agua en el Estado español: la falta de regulación (que sí existe, recuerda, en Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Portugal) y, por tanto, la rendición de cuentas; junto con el canon concesional, una figura prohibida en otros países. Esta controvertida herramienta es el dinero que las privadas pagan a las administraciones públicas, principalmente ayuntamientos, para lograr la concesión por un largo periodo de tiempo (entre 20 y 50 años) del suministro de agua y saneamiento.
 
“Las privatizaciones se hacen para hacer caja, para financiar a los ayuntamientos que usan ese dinero para pagar otras cosas que nada tienen que ver con el ciclo del agua. Si se prohíbe el canon o si se obliga a dedicar el dinero a las infraestructuras hidráulicas, el interés privatizador desaparecería”, explica el secretario general, que finaliza alertando cómo “la tarifa del agua sirve para financiar otras cosas y eso es antidemocrático, es una estafa social”. A pesar de la falta de datos oficiales, AOEPAS estima que el 53 por ciento de la población está abastecida por compañías privadas; un ratio que ha crecido en los últimos años ya que en 1996 el porcentaje era del 37 por ciento.

El agua, negocio en Madrid
El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua de toda la Comunidad de Madrid, estuvo a punto de ser privatizada en 2012. “Había interés por generar ingresos para la Comunidad porque hay quien considera el agua como un negocio”, recuerda Morell. La dificultad del proceso, al estar implicados múltiples ayuntamientos, por la presión ciudadana y por la coyuntura de unos mercados en crisis, provocó que el proyecto no siguiera adelante. Finalmente el Canal de Isabel II, que lidera la escala del informe de AEOPAS, se convirtió en una sociedad anónima cuyos accionistas son la Comunidad de Madrid y 111 Ayuntamientos de la región; los mismos que ahora cobran dividendos cada año. “Hay que recordar que el dinero del Canal está sirviendo para hacer negocios en otras partes del mundo, pues han creado un gran holding; y también para financiar actividades ajenas al agua, como un teatro y exposiciones”, añade Jaime Morell.

La situación y la gestión del Canal han entrado en la campaña política, lo que no había sucedido hasta ahora. Todos los partidos que se presentan a las elecciones en Madrid, excepto Ciudadanos y Partido Popular, han firmado el Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), que busca un compromiso firme para mantener la gestión pública y transparente. Podemos además ha anunciado su interés en crear un ‘banco del agua’, una especie de instituto de crédito público. Mientras, el PSOE ha insistido en que el Canal de Isabel II sea “una empresa pública gestionada con eficacia objetividad, austeridad, sostenibilidad medioambiental e imparcialidad”.

Tendencia remunicipalizadora
“La desprivatización es un fenómeno global”, asegura a Público el gerente de AEOPAS, Luis Babiano, quien enfatiza cómo “frente al modelo especulativo español, sólo 40 de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen privatizado su servicio. En todo el mundo están experimentando el fracaso de la privatización del agua”, cuyas consecuencias enumera: acceso desigual, incremento de las tarifas, pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias.

Un reciente estudio de Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), Transnational Institute (TNI) y Multinationals Observatory recoge 235 casos de remunicipalización en los últimos tres lustros, es decir la vuelta a manos públicas de empresas que habían sido previamente privatizadas. Ejemplos que englobarían a más de cien millones de personas de 37 países diferentes, vecinas y vecinos de ciudades como Atlanta e Indianápolis (en Estados Unidos), Berlín y Budapest (en Europa), Buenos Aires y La Paz (en América del Sur), Johannesburgo y Dar-es-Salaam (en África). 

Y París, tal vez el caso más emblemático, y allí donde el recibo bajó un ocho por ciento durante el primer año tras el regreso a manos públicas. La capital francesa ha prohibido además los cortes para las familias que no pueden pagar, ha creado nuevos servicios medioambientales y ha logrado una la gestión más democrática y participativa.

#Iniciativagua2015
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El Pacto Social por el Agua ha decidido aprovecharse del rebufo de este impulso mundial y ha definido un programa marco que acuerda los fundamentos y reglas básicas del modelo público de agua en el Estado español: transparencia, rendición de cuentas y participación. “Se han generalizado prácticas que no son las adecuadas para gestionar un derecho, pues se convierte al agua en una mercancía y al ciudadano en un cliente, sin ningún control, transparencia o participación”, apunta el profesor de la Universidad de Sevilla, quien lamenta que estas prácticas negativas también se realizan en compañías públicas.

Más de 300 organizaciones sociales, ecologistas, académicas y sindicales, así como operadores y partidos políticos se han sumado a esta iniciativa, que ya ha sido presentada en Catalunya, el País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y diversos municipios andaluces. La campaña recuerda que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano desde que la Asamblea de las Naciones Unidas así lo dictaminó en el verano de 2010. Tres son los objetivos que se ha marcado la propuesta, empezando por “frenar la ofensiva de las empresas privadas”, siguiendo por conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua; y terminando por impulsar un modelo transparente y participado. 

La Fundación Nueva Cultura del Agua, que aglutina a científicos y expertos en la materia, acaba de lanzar también su decálogo de propuestas para una política sostenible del agua. Apoya el Pacto Social para fomentar “una gestión transparente con controlparticipativo que garantice el derecho humano al agua, mediante la gestión integrada (abastecimiento, saneamiento, depuración, drenaje urbano y protección de ecosistemas) y tarifas social y ambientalmente justas”.

Menor riesgo de privatización
AMVISA es otra de las compañías que se cuela en el podio elaborado por AEOPAS. La empresa de Vitoria-Gasteiz encabeza el ranking del riesgo económico, con una puntuación de 4,4. Esta dimensión se basa en los datos extraídos de las cuentas y presupuestos anuales, sin obviar las declaraciones públicas a favor de convertirla en una empresa mixta (público-privada), una postura que el profesor de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medioambiente, Pedro Arrojo, ha calificado como “privatización encubierta”.

La tercera compañía en “riesgo alto” es Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia. Aunque pública, tiene externalizado un porcentaje muy alto de su gestión, “el ente no está privatizado, pero sí su actividad”, lamenta Morell.

El examen de AEOPAS establece finalmente el siguiente termómetro de privatización: con ‘riesgo alto’, el Canal de Isabel II y AMVISA (ambas 3,18 puntos) y el Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia (3,05); en el lado opuesto: Giahsa (1,33), de Huelva, y Aguas del Huesna (de Sevilla; 1,19). Entre ambos extremos, una decena de compañías con ‘riesgo medio’: Emacsa (2,91), de Córdoba; Emaya (2,72), de Palma; Emalcsa (2,54), de A Coruña; el Consorcio Aguas Rioja Alavesa (2,50), Aljarafesa (2,22), de Aljarafe, en Sevilla; Emasa (2,21), de Málaga; Galasa (2,19), de Almería; Emasesa (2,12), de Sevilla; Aguas de Gijón (2,08) y Emproacsa (1,74), de Córdoba.

Las fuerzas de izquierda se comprometen a democratizar la gestión del agua en Catalunya

Noticia del medio digital ´publico.es´.

1/4/15.  Se presenta el Pacto Social para el Agua que propone considerar el suministro y saneamiento como servicios públicos fuera de la lógica del mercado y ejecutados por compañías públicas, cooperativas o comunitarias sin ánimo de lucro

 

La gestión del agua está en manos públicas en la mayoría de los municipios de Catalunya -506 de un total de 945-, pero la realidad es que el 84% de los catalanes paga su recibo a una compañía privada o mixta, según los datos recogidos por la plataforma Aigua és Vida. La razón es que los operadores privados, fundamentalmente el grupo Agbar -que pertenece al gigante francés Suez Environnement- y Aqualia -filial de la española FCC-, acaparan el servicios en baja –hasta los hogares- en casi todas las grandes ciudades catalanas, justamente donde les resulta más rentable. Con el objetivo de revertir esta situación, grupos ecologistas, movimientos sociales, sindicatos y asociaciones vecinales han promovido el Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya, que quiere impulsar una gestión integral, pública y participativa del agua.

El pacto se dará a conocer este miércoles, en un acto que contará con la presencia de las principales fuerzas de izquierda de Catalunya. En concreto, asistirán representantes de ERC, ICV, EUiA, la CUP, Barcelona en Comú, Podemos y Procés Constituent, formaciones que se adhieren al pacto y incorporarán sus principales demandas en los programas para las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. El PSC, en cambio, ha declinado sumarse. El contenido del pacto, al que ha tenido acceso Público, tiene muchos puntos en común con el que ya se presentó en Andalucía en el marco de la Iniciativa Agua 2015, campaña surgida para intentar “blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras”.

El documento del pacto exige a la “Generalitat y a los gobiernos municipales que consideren los servicios de abastecimiento y saneamiento como servicios públicos vinculados a los derechos humanos, fuera de la lógica del mercado y ajenos a criterios y prioridades de negocio privado”. Como alternativa, los colectivos firmantes reclaman “un modelo de gestión pública o comunitaria del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socioecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general”. En este sentido, se muestran convencidos que “desde la gestión pública o mediante otras formas de gestión”, como la público comunitaria o la cooperativa sin ánimo de lucro, “se pueden prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia”.

Mayor control ciudadano

La plataforma Aigua és Vida, los sindicatos CCOO y CGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC) y Ecologistas en Acción son algunas de las quince organizaciones impulsoras del Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya. El documento recuerda en su primer punto que el “derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial”, como reconoció en 2010 la Asamblea General de la ONU, y considera “fundamental” que los gobiernos español y catalán, y las fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo, “exijan a la Comisión Europea que excluya a los servicios de agua y saneamiento de las negociaciones comerciales” que se mantienen en el Tratado de Libre Comercio e Inversiones con Estados Unidos, el TTIP.

Los firmantes del pacto se comprometen a vigilar a las administraciones locales para que tomen las “decisiones oportunas que aseguren la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad”, de acuerdo con lo que establece la Directiva Marco del Agua de la UE, “desde tres ámbitos distintos”: el medioambiental, que implica preservar la cualidad y conservación de los ecosistemas, fuente de suministro de los recursos hídricos; el económico, para que se repercuta el coste real de la prestación del servicio a los usuarios y “se apliquen tarifas que se fundamenten en los principios de capacidad económica”; y el estructural, para “planificar y realizar las inversiones necesarias para que el agua llegue a las personas usuarias en las mejores condiciones”.

A parte de la gestión pública, el pacto establece que deben aparecer nuevas formas de control de la gestión del agua, que permitan la “democracia participativa” y “garanticen la transparencia”. En este ámbito, el documento propone que el “ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos como a la ciudadanía”. Uno de los mecanismos para facilitar el control ciudadano seria la constitución de un consejo social integrado en el propio ente gestor, que tenga “competencias efectivas de control sobre las cuestiones clave” que trate el consejo de administración de la compañía prestadora del servicio. Este consejo social estaría formado por una asamblea integrada por varios actores de la sociedad civil, como representantes de los trabajadores, usuarios, vecinos u organizaciones ecologistas.

El pacto del agua pública también establece eliminar del reglamento municipal de abastecimiento los cortes de suministro por impago en los hogares con “incapacidad económica contrastada”.