Un país fuera de la Ley Universal

A los responsables políticos españoles se les llena la boca, en sus grandilocuentes declaraciones públicas, del enorme respeto a la Ley, en su versión interna, pero olvidan al parecer que el derecho interno debe ser un reflejo fiel del Derecho Internacional y el respeto escrupuloso, como mínimo, a la Carta Fundacional de NN.UU. y a la Declaración Universal de los DD.HH.

justicia

No pasa ni una hora en que la realidad grosera desmienta esa pretendida fe en la Justicia Universal. Por tanto se puede afirmar que estamos gobernados por unos delincuentes contumaces, ya que por tal se tiene a quién de forma hipócrita dice respetar su ley pero ignora todas aquellas normas que no le convienen. Bastaría con recordar la impunidad vergonzosa con la que el gobierno del PP suprimió de un plumazo, obedeciendo instrucciones de los invasores sionistas, lo que constituye el máximo referente internacional en Justicia Universal. Como toda ruptura del marco legal trae consecuencias indeseables, a partir de esa ilegalidad en materia del cumplimiento obligado del Derecho Penal Internacional, en muy poco tiempo España se encontró con que no tenía instrumentos legales para, por ejemplo, abordar y reprimir con eficacia directa el tráfico de drogas en barcos con bandera ajena en zonas marítimas próximas, que son el paso frecuente de estas redes criminales, ni siquiera pudo enjuiciar determinados delitos cometidos contra ciudadanos indefensos, fuera de los estrechos límites como el que el desmantelamiento legal había dejado inerme al estado español. Esa lamentable situación se mantiene inalterable.

Vamos a poner el foco en un caso concreto que muestra el nulo respeto que, al parecer con carácter general, distingue negativamente a España en el cumplimiento de unas normas que debieran ser de obligado cumplimiento. En julio de 2015 los Relatores Especiales de Naciones Unidas entregaron a los tres Poderes del Estado un detallado Informe con evidencias de vulneraciones muy graves en materia de Derechos Humanos, otorgando un plazo concreto de noventa días para acreditar el cumplimiento de esos detallados requerimientos, viniendo de una instancia internacional de la que España forma parte, e incluso se ha vanagloriado de tener a un representante en el Consejo de Seguridad, convencido de que esa seguridad ampara a los demás pero no a los ciudadanos españoles. Unos días antes de que se materializara la exigencia del Comité de DD.HH. recibí, en un descanso del Curso “Gritos silenciados. Robo y tráfico de niños en España”  que dirigía esa semana en El Escorial, una llamada de Bruselas, concretamente de la Comisión de Peticiones. Venía a confirmar que se me invitaba, como unos de los que habían encabezado el Expediente por Robo, Alteración de sus Identidades y Tráfico de menores en España, a defender en el Pleno del 17 de Septiembre la permanencia de ese recurso ante la Unión Europea, ya que de no hacerlo se archivaría y habría sido inútil el esfuerzo de Víctimas y Asociaciones por denunciar la inacción del Estado español en ese crimen colectivo contra Derechos Humanos básicos. Sólo dispondría de tres minutos para apelar al derecho de mantener el Expediente, y al tiempo se me invitaba a que señalara a dos Víctimas, éstas ya a título personal no representativo, para presentar sus propias alegaciones de forma verbal en esa sesión.

El Pleno fue muy concreto en cuanto a las intervenciones de los que estábamos defendiendo el Derecho de los afectados. Por mi parte me centré en las trabas puestas por la Administración española para que las familias afectadas por estos presuntos delitos, y los delegados por ellas en calidad de investigadores (tal como señala la Ley Orgánica de Protección de Datos, 15/1999) tengan acceso a la documentación que contenga datos relevantes para sus casos, sin cuya evidencia documental no se puede sustentar de forma fehaciente ninguna acción aclaratoria sobre los hechos relativos al delito que se pretende probar. Y señalé en concreto dos instancias que impiden, con diversas excusas y dilaciones inconsistentes, ese acceso legítimo: la Administración del Estado en sus diferentes Agencias y la Iglesia Católica, ésta última con una cerrazón decimonónica alegando la privacidad de los Archivos que debieran ser públicos para los Datos de los Afectados, y que contienen claves esenciales en los momentos iniciales de la vida y de identificación civil de todos los neonatos, por su papel delegado en esa función.

Sólo votó a favor del archivo de nuestro Expediente la eurodiputada del Grupo Popular Europeo la española Rosa Esterás. Y el Pleno acordó enviar sendos requerimientos formales al Estado español, por medio de su embajador permanente ante la UE, y al Vaticano, en la persona del Nuncio en España, para que se abran los Archivos a los afectados que así lo requieran.

Diecisiete meses después de ese Acuerdo en Pleno de la Comisión de Peticiones los Archivos, tanto civiles como eclesiásticos siguen en España cerrados en su inmensa mayoría a las Víctimas, casi siempre recurriendo a interpretaciones sesgadas de la Ley y olvidando que los Derechos Humanos están por encima de la letra muerta de leyes particulares proteccionistas.  Con este panorama ¿cómo vamos a esperar que desaparezcan de una vez todos los símbolos de la dictadura totalitaria, si los que tienen que agilizar esa limpieza, moral y cívica, se sienten herederos legítimos del franquismo sociológico?

Hoy, con una rapidez inusitada, el Tribunal Supremo (el mismo que condenó al ahora demandante Baltasar Garzón, ante la perplejidad de los organismos internacionales que asistieron como observadores a la vista en la Sala de Plenos, precisamente por defender a las víctimas del franquismo) ha desestimado la petición para exhumar los restos de Franco y José Antonio de sus enterramientos en la basílica ordenada construir por el dictador, a su mayor gloria póstuma. Volvemos a tropezar en la barrera jurídica cuando la decisión es sencillamente política, propia del Poder Legislativo que está obligado y legitimado para ellos. 

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