Las fuerzas de izquierda se comprometen a democratizar la gestión del agua en Catalunya

Noticia del medio digital ´publico.es´.

1/4/15.  Se presenta el Pacto Social para el Agua que propone considerar el suministro y saneamiento como servicios públicos fuera de la lógica del mercado y ejecutados por compañías públicas, cooperativas o comunitarias sin ánimo de lucro

 

La gestión del agua está en manos públicas en la mayoría de los municipios de Catalunya -506 de un total de 945-, pero la realidad es que el 84% de los catalanes paga su recibo a una compañía privada o mixta, según los datos recogidos por la plataforma Aigua és Vida. La razón es que los operadores privados, fundamentalmente el grupo Agbar -que pertenece al gigante francés Suez Environnement- y Aqualia -filial de la española FCC-, acaparan el servicios en baja –hasta los hogares- en casi todas las grandes ciudades catalanas, justamente donde les resulta más rentable. Con el objetivo de revertir esta situación, grupos ecologistas, movimientos sociales, sindicatos y asociaciones vecinales han promovido el Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya, que quiere impulsar una gestión integral, pública y participativa del agua.

El pacto se dará a conocer este miércoles, en un acto que contará con la presencia de las principales fuerzas de izquierda de Catalunya. En concreto, asistirán representantes de ERC, ICV, EUiA, la CUP, Barcelona en Comú, Podemos y Procés Constituent, formaciones que se adhieren al pacto y incorporarán sus principales demandas en los programas para las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. El PSC, en cambio, ha declinado sumarse. El contenido del pacto, al que ha tenido acceso Público, tiene muchos puntos en común con el que ya se presentó en Andalucía en el marco de la Iniciativa Agua 2015, campaña surgida para intentar “blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras”.

El documento del pacto exige a la “Generalitat y a los gobiernos municipales que consideren los servicios de abastecimiento y saneamiento como servicios públicos vinculados a los derechos humanos, fuera de la lógica del mercado y ajenos a criterios y prioridades de negocio privado”. Como alternativa, los colectivos firmantes reclaman “un modelo de gestión pública o comunitaria del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socioecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general”. En este sentido, se muestran convencidos que “desde la gestión pública o mediante otras formas de gestión”, como la público comunitaria o la cooperativa sin ánimo de lucro, “se pueden prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia”.

Mayor control ciudadano

La plataforma Aigua és Vida, los sindicatos CCOO y CGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC) y Ecologistas en Acción son algunas de las quince organizaciones impulsoras del Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya. El documento recuerda en su primer punto que el “derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial”, como reconoció en 2010 la Asamblea General de la ONU, y considera “fundamental” que los gobiernos español y catalán, y las fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo, “exijan a la Comisión Europea que excluya a los servicios de agua y saneamiento de las negociaciones comerciales” que se mantienen en el Tratado de Libre Comercio e Inversiones con Estados Unidos, el TTIP.

Los firmantes del pacto se comprometen a vigilar a las administraciones locales para que tomen las “decisiones oportunas que aseguren la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad”, de acuerdo con lo que establece la Directiva Marco del Agua de la UE, “desde tres ámbitos distintos”: el medioambiental, que implica preservar la cualidad y conservación de los ecosistemas, fuente de suministro de los recursos hídricos; el económico, para que se repercuta el coste real de la prestación del servicio a los usuarios y “se apliquen tarifas que se fundamenten en los principios de capacidad económica”; y el estructural, para “planificar y realizar las inversiones necesarias para que el agua llegue a las personas usuarias en las mejores condiciones”.

A parte de la gestión pública, el pacto establece que deben aparecer nuevas formas de control de la gestión del agua, que permitan la “democracia participativa” y “garanticen la transparencia”. En este ámbito, el documento propone que el “ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos como a la ciudadanía”. Uno de los mecanismos para facilitar el control ciudadano seria la constitución de un consejo social integrado en el propio ente gestor, que tenga “competencias efectivas de control sobre las cuestiones clave” que trate el consejo de administración de la compañía prestadora del servicio. Este consejo social estaría formado por una asamblea integrada por varios actores de la sociedad civil, como representantes de los trabajadores, usuarios, vecinos u organizaciones ecologistas.

El pacto del agua pública también establece eliminar del reglamento municipal de abastecimiento los cortes de suministro por impago en los hogares con “incapacidad económica contrastada”.

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